Sentencia sin número de marzo 14 de 1938

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN EN LO CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Ricardo Hinestrosa Daza

Bogotá, marzo catorce de mil novecientos treinta y ocho.

Va a decidirse el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del Tribunal Superior de Pereira que, revocando la primera instancia pronunciada por el juzgado 2 Civil de ese circuito, absolvió al demandado de todos los cargos de la demanda en el juicio ordinario por perjuicios incoado el 2 de noviembre de 1931 por el señor Rosendo Echeverri en su propio nombre y en el de su consorte señora Lucrecia Botero, así como en el de la sociedad conyugal existente entre los dos, contra el señor Pablo Villegas.

Antecedentes.

Del aludido matrimonio nació el 12 de abril de 1913 un niño bautizado en seguida con el nombre de Arnulfo. Este iba a la izquierda de un compañero, en sendas bicicletas, en la tarde del domingo 29 de septiembre de 1929 por la carretera de Nacederos hacia la ciudad de Pereira, cuando en la misma dirección apareció detrás de ellos un automóvil conducido por el señor Pablo Villegas. En distancia entre treinta y quince metros el joven Arnulfo, por el temor de verse alcanzado o por insuficiente pericia o por ambos o cualesquiera otros motivos, comenzó a zigzaguear cambiando de línea transversalmente, y cuando ya casi estaba contra el automóvil, en momentos en que Villegas lo desviaba para evitar el choque, Arnulfo impensadamente cayó al suelo y la rueda derecha trasera del auto le pasó por encima, de resultas de lo cual esa noche murió.

Este relato de los hechos se formula como resumen de las diversas probanzas que obran al respecto en el expediente, entre ellas las posiciones absueltas por Villegas, múltiples declaraciones de testigos recibidas a solicitud de una y otra de las partes litigantes y, de su lado, las correspondientes actas de estado civil.

En la actuación seguida ante las autoridades de lo criminal se sobreseyó por el juzgado Superior de Pereira definitivamente en providencia de 9 de diciembre de ese año, la que el Tribunal confirmó en la de 18 de marzo de 1930.

Distinguiendo entre la actuación criminal y la civil y llamando la atención reiteradamente hacia la diferencia entre las dos y hacia el hecho de que el sobreseimiento pone término a un juicio que versa exclusivamente sobre el delito, el libelo inicial del presente juicio ordinario se concreta a la indemnización por la culpa civil, con expresa prescindencia de la calidad del hecho que la origina como delictuoso o no y antes bien situándose en el pie de que no lo es.

La súplica, repítese, es solo de indemnización, fijada por el actor, no sin salvedad sobre alteración mediante avalúo pericial, en diez mil y cinco mil pesos, respectivamente, por los daños materiales y morales.

El juzgado acogió el pedimento y condenó por todo al pago de $ 4.200, en sentencia de 7 de abril de 1934, de que ambas partes apelaron. El Tribunal desechó la acción y absolvió al demandado, en fallo de 15 de febrero de 1937, de cuya casación se trata.

Se funda cardinalmente en que el sobreseimiento por ser definitivo tiene fuerza de cosa juzgada, según el art. 33 de la Ley 104 de 1922, y en que ello es así en el presente caso no solo para lo penal, sino también sobre este pleito civil en que se busca la indemnización del daño, observando que juzgado y Tribunal sobreseyeron definitivamente porque hallaron que no había delito ni cuasi delito en el accidente causa causarum de todo ello, o sea, la muerte del joven Arnulfo en las circunstancias ya expuestas sucintamente aquí.

El recurso.

Así las cosas, el primer problema del recurso es la determinación del alcance de aquel sobreseimiento, para establecer si llega a la acción civil y la abarca. Y en efecto, el recurrente formula como principal cargo la violación de los arts. 63, 2341 y 2356 del C. Civil por haberlos interpretado erróneamente y haber dejado de aplicar el último, confundiendo la sentencia recurrida las dos culpas, la delictual y la civil y las dos acciones, la pública para el castigo del delito y la privada para la indemnización del daño.

Acogiendo la Sala este cargo, por lo que se ve en seguida, a él se concreta, sin considerar los restantes, de conformidad con el art. 538 del C. J.

La obligada distinción jurídica entre delito y culpa civil la hace nuestra ley escrita en diversas oportunidades, de ellas en el art. 39 de la 169 de 1896, en cuya parte última se refiere a los cuasi delitos y culpas para establecer que la acción civil encaminada a indemnizar el daño puede intentarse “sin sujeción a lo criminal”, después de haber establecido en sus incisos precedentes algo atañedero al delito tan solo y a las dos acciones, la criminal y la de reparación del daño, para decir que pueden intentarse conjuntamente, sin necesidad de constituirse acusador el interesado, o que puede la civil intentarse por separado, caso para el cual advierte que esta acción estará en suspenso hasta que la criminal se decida.

Y es obvio que esto no podía suceder de otro modo, puesto que cuando se trata del delito como fuente de la reparación, mal podría decidirse sobre esta, que es efecto, sin tenerse como base la decisión sobre aquel, que es la causa; y del propio modo, cuando no se trata de delito, no siendo este la causa de la reparación, no hay lugar ni motivo para aquella espera.

Posible y hasta frecuente es que a la vez se esté ante un delito y una mera culpa; y posible consiguientemente que se incoe, sin sujeción a lo criminal, la acción civil correspondiente a la indemnización por la culpa, a tiempo que el proceso netamente criminal esté cursando por separado. En tal evento, no habría motivo alguno para demorar el pleito civil sobre indemnización por la culpa en espera de la decisión en lo criminal, siendo así que, como empieza en este evento por suponerse, lo indicado como fuente de la acción civil no es el delito.

Y si (siguiendo el mismo supuesto), ya se ha decidido sobre el delito, es igualmente claro que esta decisión en nada obsta a la acción civil de indemnización por la culpa, porque, siendo distintos el delito y la culpa y no tratándose en el pleito civil de aquel sino de esta, la decisión sobre aquel, extraña por ende a la fuente de la acción civil, que se repite es la sola culpa, no puede tener alcance de cosa juzgada.

Muy distinta modalidad de problema es la que se presenta cuando se ha decidido sobre el delito y en que la acción civil sobre indemnización del daño se ejercita aduciendo ese delito como fuente o causa, porque entonces, habiendo esta conexión o vinculación, ese alcance es incuestionablemente decisivo, haya habido absolución o condena; sí lo primero, cegada con ella esa fuente o negada la causa, no puede producirse el efecto; si lo segundo, establecida la fuente y causa, ya no habrá cómo ni para qué contender sobre ello en el pleito civil y este será solo contienda sobre el perjuicio en sí y su monto, a que se agrega lo que oficiosamente ha de hacer el juez por virtud del art. 113 de la Ley 57 de 1887, sobre lo cual ocurre citar el art. 9º de la Ley 92 de 1920, según el cual “De la acción civil que resulte de una sentencia ejecutoriada, dictada en causa criminal, corresponde conocer a los jueces civiles, conforme a las reglas generales sobre jurisdicción y competencia”.

La acción civil derivada de la sola culpa no puede ser afectada ni detenida por la acción criminal, dada la diferencia de causales y de fines. El estudio de aquella y de la sola culpa en que se basa no puede significar violación de la cosa juzgada en el juicio criminal y establecida sobre el delito en la sentencia dictada respecto de este, tanto por las razones ya expresadas, cuanto porque la controversia civil sobre la indemnización no puede entenderse surtida y decidida en el fallo de la autoridad en lo criminal que se ha concretado y debe concretarse, en su caso, a absolver sobre el delito.

Claro es que esta autoridad puede y aún debe en muchas ocasiones adentrarse en el estudio íntimo del respectivo caso —y de ello es ejemplo el presente— en forma de considerar si hubo o no algo inevitable o casual que exonere de responsabilidad al autor de un suceso dado o impida ver en este un delito. En la actuación contra Villegas, v. gr., quedó para él establecida la situación de que habla el art. 614 del Código Penal. Pero la responsabilidad a que esta disposición mira es a la que el delito, cuando lo hay, lleva consigo o genera. No puede ser la simplemente civil. La ley, que tan nítidamente distingue entre esas dos responsabilidades, no ha atribuido a los jueces en lo criminal, de suyo, la decisión de lo tocante a la última, ni impone la actuación sobre esta como incidente de la actuación sobre aquella. Distintas las fuentes, distintas las acciones, distintos los fines, no puede conceptuarse que la absolución por el delito tenga fuerza de cosa juzgada para absolver de la indemnización o impedir controversia por esta.

Si en un caso dado se ha condenado por delito, es claro que el juez civil violaría la cosa juzgada si decidiese el ulterior litigio civil de indemnización fundándose en no haber delito; pero si por este se ha absuelto, no se viola la cosa juzgada ni por tanto se incurre en los males y peligros de todo orden que esto traería consigo, por el hecho de que en el juicio civil sobre indemnización derivada, no de delito, sino de culpa civil, se contienda ante este juez y él decida absolviendo o condenando tal como corresponde a las probanzas de este procesó civil y a las pertinentes disposiciones civiles.

Si toda absolución en lo criminal o, digamos, una proveniente de que la autoridad de ese ramo no ha hallado delito en el hecho respectivo, hubiera de cegar toda fuente o posibilidad de acción civil se podría producir una situación conflictiva demasiado extraña, cual sería la de que el interesado en esta última se aplicase a activar su acción civil por la culpa con prescindencia de la criminal, a fin de lograr que aquella se le decidiese antes que esta y de evitar así que una posible absolución en lo criminal le sacrificase su derecho pecuniario; y que, del propio modo, el imputado se empeñase en apresurar el fallo en el proceso criminal a fin de, absuelto en él, estar armado de la excepción de cosa juzgada que lo librase de indemnizar la culpa. Se asistiría así a algo como un espectáculo deportivo en que de dos contendores sería vencedor el primero en llegar a la meta. Salta a la vista lo inaceptable de esa interpretación del procedimiento y de la ley (art. 39 citado).

Y si se habla de actividad del imputado en obtener fallo que de antemano puede confiar le será favorable, porque a la verdad, particularmente tratándose de accidentes automoviliarios, lo sorprendente por excepcional sería que un homicidio, v. gr., obedeciese a propósito deliberado del chofer de matar al chofer, transeúnte, jinete, carrero o ciclista a quien atropelle o con quien choque empleando su propio vehículo como arma y valiéndose de la apariencia de un mero accidente fortuito para disimular su ánimo homicida. Lo habitual, lo cuotidiano, lo de ocurrencia constante es la falta de intención dañada y que quien viene a resultar autor de la muerte de otro sufra tanto que sinceramente se crea víctima; a que se agrega que él pasó por igual peligro, lo que concurre a rechazar, dentro de lo general, hasta la sospecha de haber mediado animus nocendi.

De ahí que lo frecuente sea la absolución en lo penal del que iba dirigiendo el automóvil que hirió o golpeó a quien quieto o en marcha, en dirección contraria o igual, a pie, o a caballo o en automóvil u otro vehículo, chocó contra aquél o se vio alcanzado por el mismo; y más probable y hasta segura esa absolución en lo penal, si no se trata de simple herida sino de muerte.

Si el juez en lo penal, conceptuando que no hubo delito, sobresee o dicta sentencia absolutoria, el imputado queda libre en razón del delito; y cualesquiera que hayan sido las razones de aquel concepto, las que, como es de rigor, se exponen en la parte motiva del fallo, este deja juzgado solo el delito, que es lo que en la parte resolutiva se decide. Y no sobra recordar que la cosa juzgada consiste o se halla en la parte resolutiva de la respectiva sentencia y no en la motiva. 

Una sentencia condenatoria en lo criminal anticipa base firme a la del pleito civil que se siga por la indemnización patrimonial procedente del delito, en el caso de que esta acción no se haya ejercitado conjuntamente con esotra; y una sentencia absolutoria en lo penal o sobreseimiento definitivo, que a tanto equivale, no prejuzga sobre la acción civil cuando después se demanda indemnización aduciendo como fuente, no el delito sobre el cual ya la autoridad competente juzgó en definitiva absolviendo, sino la culpa civil, acerca de la cual la autoridad en lo criminal no ha tenido por qué decidir, ya que la mera culpa es algo diferente del delito, y que es este y no la indemnización lo sentenciado en el juicio criminal. 

Siguiendo la frecuente comparación de los dos consabidos círculos concéntricos, se halla con radio menor el penal; de suerte que un acto dado que escapa a la acción criminal o que no está o no podría estar bajo ella, bien puede ser fuente de indemnización pecuniaria. En otras palabras: si, por regla general, todo delito determina indemnización, el solo hecho de no hallarse delictuoso un acto dado no autoriza para decir a priori que no hay lugar a indemnización, puesto que no es necesario a esta un delito como causa única y perfectamente puede caber indemnización, aun sin pensarse en delito, tan solo porque haya culpa civil.

En realidad, más que tales dos círculos concéntricos de radios diferentes, lo que hay es dos grupos distintos de hechos, según sean o no delictuosos, y pari pasu con cada uno van sus respectivas acciones. Los delictuosos con solo serlo generan indemnización de esta precisa procedencia, y los otros, que no siendo delictuosos no tienen por qué condenarse en sentencia penal, pueden generar indemnización si constituyen culpa. Estos últimos no determina siquiera estudio del problema de si son o no delito cuando se les aduce en su mera calidad de culpa como fundamento o razón de la demanda de indemnización por el daño patrimonial. En juicios de esta clase no hay sentencia criminal que esperar para decidirlos y del propio modo la sentencia absolutoria que se haya dictado en el juicio criminal seguido por si eran delito y en que resultaron no siéndolo, no obsta en manera alguna a que la controversia civil se incoe, se tramite y se falle ni a que el fallo sea, en su caso, condenatorio.

Así, en el presente caso, Villegas fue absuelto en el juicio criminal y en éste quedó juzgado definitiva y negativamente el delito; de suerte que no podía válidamente seguírsele nuevo juicio sobre ese delito para, decidir si lo hubo o no, o si es inocente o culpado, y por el mismo motivo no podía prosperar demanda de indemnización por el delito. Pero cosa muy distinta es este litigio civil que se está sentenciando, en que se pide no que se le considere delincuente o que como tal pague, sino que se demanda la indemnización por algo muy diferente del delito, como es la mera culpa, el mero daño en sí, abstracción hecha de si el acto que lo causó es o no delictuoso, más aún: dentro del concepto y sobre la base de no serlo.

No obsta la circunstancia de haber llegado el juez en lo criminal a la decisión expresada en la extrema plenitud del citado art. 614, ya porque aquí no se trata del delito sino de la culpa civil como fuente de la acción, según acaba de recordarse y ahincadamente lo advierte la demanda, ya porque hay, además, otras razones sobre improcedencia de la cosa juzgada. Alúdese con esto a la identidad jurídica requerida por el art. 474 del C. J., la que aquí falta. En el proceso criminal se ejercita por el Estado una acción pública y se busca la intención, la peligrosidad y el castigo de un delincuente; en la civil el actor ejercita para sí una acción privada que mira a su interés patrimonial. 

Si la absolución en lo criminal se reputase cosa juzgada contra la demanda de indemnización por culpa, se incurriría hasta en quebranto de precepto constitucional (codificación de la Constitución, art. 22), pues el interesado en la reparación civil, no oído en la actuación criminal en que no ha sido parte y en que la indemnización no fue debatida, quedaría vencido de antemano. Es de esta suerte como en el presente juicio el actor ha visto embotada su acción con el referido sobreseimiento por el alcance que le dio el Tribunal, sin haber intervenido en manera alguna en la actuación criminal en que se sobreseyó, sin que ella, como ya se observó, versara sobre la indemnización y sin que él (Echeverri), por tanto, tuviera oportunidad ni manera de alegar, de invocar su derecho, ni de aducir prueba alguna sobre su interés patrimonial debatido ahora en el presente juicio civil.

La limitación que en fuerza de las consideraciones hasta aquí hechas tiene la absolución en lo penal, no solo es consecuencia e interpretación de disposiciones legales nuestras, lo que bastaría en su caso, sino que no es algo aislado que nos singularizara. “Con frecuencia —dice Von Tuhr— el acto ilícito es a la vez punible, porque constituye igualmente un delito en el sentido del derecho penal. El legislador se coloca en puntos de vista diferentes cuando instituye una pena o cuando prescribe indemnización de perjuicios; la solución diferirá por consiguiente a menudo en derecho civil y en derecho penal, especialmente en lo concerniente a la responsabilidad. Según los términos del inciso 1º del art. 53, el juez civil, que estatuye sobre los perjuicios no está vinculado por las disposiciones del derecho penal en materia de imputabilidad. De igual manera el procedimiento penal difiere del procedimiento civil sobre numerosos puntos, en particular sobre la apreciación de la prueba, el juez civil no se halla, pues, vinculado por una absolución pronunciada en lo penal; a pesar del texto muy estrecho del art. 53, inciso 1º, esta regla se aplica no solamente cuando se trata de decidir si ha habido culpa o si el actor era capaz de discernimiento sino aun en otras consideraciones: así, el juez civil aprecia libremente si el acto era lícito. Ninguna sentencia penal, aun de condena, vincula al juez civil en lo que concierne a la apreciación de la culpa y a la fijación del daño, art. 53, inciso 2º. Se deriva de esta disposición que la sentencia penal cuando es de condena vincula al juez civil para otras cuestiones, por ejemplo en la medida de la comprobación del hecho y de su carácter ilícito”.

El art. 53 a que se refiere este comentario es del Código Suizo de las Obligaciones y reza: “El juez no queda vinculado por las disposiciones del Derecho Criminal en materia de imputabilidad, ni por la absolución pronunciada en lo penal, para decidir si ha habido culpa cometida o si el autor del acto ilícito era capaz de discernimiento”.

“La sentencia penal no vincula tampoco al juez civil en lo que concierne a la apreciación de la culpa y a la fijación del daño”. 

La presunción de inocencia en favor de todo imputado y la de buena fe en pro del poseedor implican, como toda presunción, la carga de la prueba en contrario. No es excepción al principio que informa las disposiciones legales a que así se alude la que hace responsable de la pérdida del cuerpo cierto a quien debe su entrega, puesto que está obligado a conservarlo hasta que la haga y, por ende, a poner en ello la diligencia y cuidado correspondientes según la naturaleza o estipulaciones del respectivo contrato o las pertinentes disposiciones legales. A ese mismo principio, determinante de lo que sucede en los ejemplos que brevemente acaban de invocarse, obedece el art. 2341 del C. C., según el cual la obligación de indemnizar en él mismo impuesta cae sobre el que ha cometido un delito o culpa: tal su categórica redacción. 

El art. 2356 ibídem, que mal puede reputarse como repetición de aquel ni interpretarse en forma que sería absurda si a tanto equivaliese, contempla una situación distinta y la regula, naturalmente, como a esta diferencia corresponde. Así es de hallarse desde luego en vista de su redacción y así lo persuaden, a mayor abundamiento los ejemplos que aduce o plantea para su mejor inteligencia, a manera de casos en que especialmente se debe reparar el daño a que esta disposición legal se refiere, que es todo el que “pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona”. 

Exige, pues, tan solo que el daño pueda imputarse. Esta es su única exigencia como base o causa o funte (sic) de la obligación que en seguida pasa a imponer. 

Esos ejemplos o casos explicativos corresponden, y hasta sobra observarlo, a la época en que el código se redactó, en que la fuerza del hombre como elemento material y los animales eran el motor principal, por no decir único en la industria en las labores agrícolas, en la locomoción, todo lo cual se ha transformado de manera pasmosa en forma que junto con sus indecibles favores ha traído también extraordinarios peligros. Innecesario expresar el protuberante contraste, por ejemplo, entre la locomoción de hoy y la de entonces. Si para aquella edad fueron escogidos ejemplos el disparo imprudente de un arma de fuego; la remoción o descubrimiento de las losas de acequia, cañería, calle o camino sin las precauciones necesarias para que no caiga el transeúnte, o el dejar en estado de causar daño la obra de construcción o reparación de acueducto o fuente a través de un camino, apenas se podrá imaginar de qué ejemplos se habría valido el legislador en disposición dictada cuando el ferrocarril eléctrico queda a la zaga del automóvil y este parece lento ante el velívolo, y en que los caminos y las calles se atestan y congestionan por obra del paralelo crecimiento y desarrollo de la población, de la producción y del intercambio comercial.

La teoría del riesgo, según la cual al que lo crea se le tiene por responsable, mira principalmente a ciertas actividades por los peligros que implican, inevitablemente anexos a ellas y miran a la dificultad, que suele llegar a imposibilidad, de levantar las respectivas probanzas los damnificados por hechos ocurridos en razón o con motivo o con ocasión de ejercicio de esas actividades. Un depósito de sustancias inflamables, una fábrica de explosivos, así como un ferrocarril o un automóvil, por ejemplo, llevan consigo o tienen de suyo extraordinaria peligrosidad de que generalmente los particulares no pueden escapar con su sola prudencia. De ahí que los daños de esa clase se presuman, en esa teoría, causados por el agente respectivo, como sería en estos ejemplos el autista, el maquinista, la empresa ferroviaria, etc. Y de ahí también que tal agente o autor no se exonere de la indemnización, sea en parte en algunas ocasiones, sea en el todo otras veces, sino en cuanto demuestre caso fortuito, fuerza mayor o intervención de elemento extraño. 

A esta situación se ha llegado en algunos países por obra de una labor jurisprudencial ardua en cuyo desenvolvimiento no han dejado de tropezar los juristas, en su camino hacia la humanización del derecho, con la rigidez de los textos legales.

Fortuna para el juzgador colombiano es la de hallar en su propio código disposiciones previsivas que sin interpretación forzada ni descaminada permiten atender al equilibrio a que se viene aludiendo o, por mejor decir, a la concordancia o ajustamiento que debe haber entre los fallos y la realidad de cada época y de sus hechos y clima.

Porque, a la verdad, no puede menos de hallarse en nuestro citado art. 2356 una presunción de responsabilidad. De donde se sigue que la carga de la prueba, onus probandi, no es del mismo damnificado sino del que causó el daño, con solo poder este imputarse a su malicia o negligencia.

No es que con esta interpretación se atropelle el concepto informativo de nuestra legislación en general sobre presunción de inocencia, en cuanto aparezca crearse la de negligencia o malicia, sino que simplemente teniendo en cuenta la diferencia esencial de casos, la Corte reconoce que en las actividades caracterizadas por su peligrosidad, de que es ejemplo el uso y manejo de un automóvil, el hecho dañoso lleva en sí aquellos elementos, a tiempo que la manera general de producirse los daños de esta fuente o índole impide dar por provisto al damnificado de los necesarios elementos de prueba. La máquina, en el estado actual de la civilización, es algo que sencillamente supera al hombre, lo que vale como decir que él debe estar prevenido a este respecto, entre otros fines con el de no perder el control indispensable sobre ella. Por él comienza la peligrosidad, quien la usa y maneja es el primer candidato como víctima.

No es el art. 2356 caso único en que nuestro legislador con sabia amplitud haya prevenido o resuelto por anticipado problemas que en otros países no han venido a solverse sino a poder de lucha jurisprudencial tesonera por la falta o contra la rigidez de textos legales. Nuestro Código de Comercio suministra ejemplos de aquel avance. Baste en este sentido traer a cuento aquí la manera discriminada como nuestro Código Civil reglamenta el error y su influencia sobre la validez del consentimiento. Al distinguir el error in negatio, in corpore, in substantia, contiene respecto de este último la disposición del inciso segundo del art. 1511, a cuya luz nuestros abogados y jueces se han visto libres de ponderosas dificultades que los de Francia, por ejemplo, reducidos al texto de su art. 1110, no han podido vencer sino a poder de la referida labor de que dan fe sus admirables construcciones.

Entendido de la manera aquí expuesta nuestro art. 2356 tantas veces citado, se tiene que al autor de un hecho no le basta alegar que no tuvo culpa ni puede con esta alegación ponerse a esperar que el damnificado se la compruebe, sino que para excepcionar eficazmente ha de destruir la referida presunción demostrando uno al menos de estos tres factores: caso fortuito, fuerza mayor, intervención de elemento extraño.

Como caso de esta intervención nuestra misma ley presenta en el art. 2357 del C. C. la imprudencia con que el damnificado se haya expuesto al daño. Y aquí ese elemento concurrió por parte del joven Echeverri, según se ve en el breve relato de los hechos que se expone en el encabezamiento de esta sentencia como resumen de las probanzas respectivas a que allí se aludió.

La reducción de la indemnización establecida por esta causa en este artículo significa que del valor total se descuenta la cuota que en el daño producido corresponde al damnificado, ya que no podía ser deudor de sí mismo. Queda en pie el saldo. Y se habla de saldo, porque sin necesidad de detenida argumentación, es de reconocerse que ante el sacrificio de una vida como la del joven Arnulfo son inferiores los daños que por haberse detenido brusca y oportunamente el automóvil de Villegas hubieran podido sufrir este, sus compañeros o su vehículo.

Pero ocurre que ese saldo se destruye mediante la comprobación del caso fortuito que a la verdad obra en favor de Villegas, siendo así que el desastre se produjo en la forma ya expresada, o sea, por haberse caído Arnulfo en el instante preciso y en la forma precisa —imposible de prever— para que una de las ruedas traseras del automóvil le pasase por encima.

Se trazan, así sea esquemáticamente, estas bases de determinación, porque en una acción netamente civil lo que se mide es el daño y dentro de sus trámites y en su juzgamiento la tarea es cardinalmente objetiva. Contrasta con el juicio criminal que conduce, no a indemnización pecuniaria, sino a un castigo, en que el problema se considera ante todo subjetivamente, ya que el juzgador indaga la intención y no podría prescindir de ella como elemento esencial que es para decidir si hay o no delito y para graduar la pena en proporción a la culpabilidad.

Por lo visto, la Corte acoge el cargo formulado en casación contra la sentencia del Tribunal materia del presente recurso. De ahí debiera deducirse que ella se casase y que se dictase la que ha de reemplazarla. Con todo, no se procede en tal forma, porque se llegaría a la misma parte resolutiva, aunque por senda diferente a la que el Tribunal tomó para concluir en la absolución a que también llegaría por camino distinto a la Corte. Y esta tiene establecido que en tales casos no sería procedente casar para reponer el fallo casado con resolución igual, y que los fines que al recurso de casación asigna el C. J. en su art. 519 quedan satisfechos con la exposición que en la parte motiva de su propia sentencia hace esta corporación de lo que en su entender es la doctrina acertada sobre los temas cuestionados en el respectivo pleito. Y cuando tal sucede, aunque no se pronuncia casación, no se condena en costas, aplicándose la disposición del art. 575 ibídem en su numeral 2º.

Llegado este asunto para sentencia a la mesa del magistrado sustanciador, presentó él en oportunidad proyecto que largamente discutido dio lugar a empate en la Sala, para decidir el cual se sorteó conjuez, quien no alcanzó a intervenir antes del cambio de personal en ella ocurrido al comenzar el presente año, cambio que determinó nuevo estudio en el cual desapareció el empate y se llegó a conclusiones y motivación distintas de las del proyecto referido, por lo cual pasó el proceso para redacción de la sentencia al magistrado a que correspondía el turno reglamentario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior del distrito judicial de Pereira el 15 de febrero de 1937.

Sin costas.

Publíquese, cópiese y notifíquese.

Magistrados: Juan Francisco MújicaLiborio EscallónRicardo Hinestrosa DazaFulgencio Lequerica VélezHernán SalamancaArturo Tapias PilonietaPedro León Rincón.

Salvamento de voto.

A pesar de coincidir en la fórmula resolutiva del recurso, salvamos nuestro voto en esta sentencia en torno de sus motivos fundamentales porque las valiosas y muy respetadas consideraciones de la mayoría de la Sala sobre el interesante problema que se ha debatido en este pleito no han sido bastantes para hacernos abandonar los puntos de vista consignados en el proyecto del magistrado ponente doctor Salamanca.

Consideramos que es equivocado sentar como principio rígido e invariable que la presunción de verdad que se genera en la cosa juzgada por los tribunales del crimen en materia cuasi delictual carece de toda influencia sobre la acción privada de perjuicios a que da lugar el mismo hecho juzgado penalmente. La doctrina que aparece expuesta en este salvamento de voto, acorde con el pensamiento de numerosos e ilustres expositores de derecho consultados atentamente aunque sin cita de sus nombres ni sus textos, no encuentra obstáculo valedero dentro de nuestros principios legales para su aplicación en casos tan indicados como el que ha sido materia de estudio. Pensamos que el aparte final del art. 39 de la Ley 169 de 1896 no tiene el alcance que se le da en la sentencia, de división absoluta, de límite esterilizante de las dos jurisdicciones principales —la civil y la penal— sino que es una disposición de naturaleza más bien adjetiva que establece la reglamentación procedimental del ejercicio de las acciones, y que como tal no estorba la aceptación de los principios generales de derecho en que se inspira la doctrina de mayor aceptación entre los expositores. Vigente una sentencia proferida por la jurisdicción judicial penal con su imperio y las presunciones de derecho que la ley le adscribe, el juez civil ante quien se proponga la acción privada nacida de la consumación del hecho juzgado, no puede ignorarla ni dejar de tenerla en cuenta, ya sea para reconocerle influencia sobre la acción civil de indemnización ya sea para negarla completamente. Anotamos que en este caso la decisión penal que recayó sobre el hecho ejecutado por Pablo Villegas declaró no solamente su falta de culpabilidad a los ojos de la ley punitiva, sino que estableció categóricamente su falta de imputabilidad al declarar que el acto de que se trata tuvo acaecimiento en forma y circunstancias que no pueden jurídicamente comprometerlo.

La responsabilidad jurídica puede ser penal o civil según el orden de relaciones que haya sido quebrantado, y según se trate de transgresiones sancionadas con una pena o simplemente con la obligación de reparar el mal privado que se cause. Los actos generadores de responsabilidad extracontractual tienen que ser actos humanos imputables e ilícitos que reciben la denominación de delitos y de cuasi delitos o culpas, ya se trate de lo civil o de lo penal, esto es, que se puedan atribuirse a su agente como a su causa consciente y voluntaria, condición esencial de la responsabilidad consagrada como tal en el art. 34 de la Ley 57 de 1887 que al señalar las fuentes de las obligaciones extracontractuales las denomina hecho voluntario, y por los arts. 1º y 2º del C. P. que definen el delito y la culpa como violaciones imputables de la ley.

Las condiciones de existencia de la responsabilidad civil por los delitos y las culpas, son, unas personales o morales y otras reales. Apreciado el hecho generador de la responsabilidad desde el punto de vista subjetivo o del agente punible son indispensables la imputabilidad y la ilicitud, y desde el ángulo de la objetividad del hecho aparece como necesaria la realidad de un daño y su relación de causalidad con el acto imputado.

No significa lo mismo delito o cuasi delito o culpa en derecho criminal que en derecho civil: este no tiene en cuenta el delito sino como fuente productora de obligaciones, en tanto que el derecho penal se ocupa de los hechos delictuosos con el exclusivo objeto de organizar la represión por medio de un sistema punible. La diferencia de finalidad de estas dos legislaciones impone características distintas al delito civil y al delito penal, que sin embargo coinciden en las dos condiciones o rasgos fundamentales de la ilicitud y la imputabilidad.

En general, la responsabilidad criminal se deriva de la ejecución de hechos ilícitos definidos y castigados por la ley, y que, en sentido lato, se denominan delitos. En el derecho civil se llama delito todo hecho ilícito y nocivo e intencional, y se denomina culpa al cuasi delito, esto es, al hecho ilícito, nocivo e inintencional, diferencia esta que carece propiamente de interés práctico porque trátese de unos o de otros, el causante del daño debe repararlo de la misma manera. La norma de la ilicitud penal es la ley y de la civil el perjuicio. Es posible, por tanto, que un hecho calificado de delito penal no sea constitutivo de delito civil; y al contrario, un delito civil puede no ser constitutivo de delito penal, pero la ocurrencia frecuente es que los delitos penales sean asimismo civiles, y de este modo, fuentes de responsabilidad civil.

En un sentido amplio que abarca el derecho penal y el civil, culpa significa, una conducta irreflexiva del agente, reprobada por la ley. La ejecución o abstención de un acto como causa determinante de una lesión de derecho que no ha sido ni prevista ni querida, pero que ha podido ser prevista. “Culpa es la omisión voluntaria en prever las consecuencias de un acto, posibles y conjeturables”, como la define Carrara, o el error de conducta en que no hubiera incurrido una persona avisada, hallándose en las mismas circunstancias externas en que estuvo el autor del daño, como lo quiere Mazeaud.

La sistematización técnica de la responsabilidad está estructurada en nuestro Código Civil sobre el principio tradicional de que la culpa es su fundamento y fuente. Esta teoría de la responsabilidad subjetiva está consagrada en los arts. 2341 y 2356 del C. C. que contienen la norma universal de conducta de no inferir daño a otro, pero condicionando la obligación de reparar el daño con la existencia y demostración de una culpa.

A esta teoría de la responsabilidad subjetiva fundamentada en la noción de la culpa, se opone por algunos tratadistas modernos de derecho la de la responsabilidad objetiva, que busca abandonar los antiguos principios de la ley Aquilia eliminando la idea de culpa en los problemas de la responsabilidad civil para colocar en primer plano la idea de la reparación con fundamento en que todo riesgo creado debe dejarse a cargo de la actividad creadora del riesgo. Esta nueva teoría, que sus autores y comentadores fundan en que siendo toda actividad del hombre susceptible de crear riesgos para los demás, si el riesgo se realiza, su autor debe considerarse responsable del daño causado sin necesidad de establecer si se ha cometido una culpa o no, ha cobrado especial importancia por virtud del progreso industrial que ha multiplicado los accidentes de trabajo y por el desarrollo intensivo del automovilismo que ha convertido este medio de locomoción en una fuente abundante de peligros y accidentes en las rutas urbanas y rurales.

El juicio civil de responsabilidad iniciado por los herederos de Arnulfo Echeverri para que Pablo Villegas les indemnice los perjuicios causados por el hecho culpable que causó su muerte se ha ejercitado sobre la realidad de estos principios jurídicos, para hacer efectiva una obligación civil nacida quasi ex delicto. En efecto; al fundamentar legalmente la demanda se dice: “El señor Villegas ha cometido un delito, cuasi delito o culpa extracontractual y está obligado a su reparación: a) porque ha habido un acto culpable civilmente por parte del actor; b) porque el acto le es imputable civilmente; c) porque no ha ejercitado derecho al ejecutarlo; d) porque en la perpetración del hecho no ha habido caso fortuito ni fuerza mayor”.

En torno a la noción de la culpa subjetiva, imprecisa y elástica, se han elaborado por la jurisprudencia francesa verdaderas transformaciones jurídicas en busca de la acomodación de los viejos preceptos a las nuevas situaciones creadas por el progreso en todos los órdenes de la actividad humana. Y así los tribunales franceses adoptan la moderna teoría de la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas, fundándola en el párrafo 1º del art. 1384 del código civil de Francia. En ella se presume la culpa de aquellos que, teniendo a su cuidado la guarda de las cosas materiales, aparentemente no han puesto la suficiente atención en esa guarda ya que la cosa ha sido instrumento en la producción del daño.

Se propone pues para esos casos, entre los cuales recientemente ha llegado a incluirse el de la cosa dirigida por la mano del hombre, como los automóviles, la inversión probatoria que echa sobre el autor del daño, por el hecho de serlo, la presunción de culpabilidad y la carga de demostrar una causa eximente de su responsabilidad que generalmente se reduce a la fuerza mayor, al caso fortuito o a la intervención extraña.

Pero no tiene ningún interés ni oportunidad para el caso que es objeto de estudio de la Corte la exposición doctrinaria de los fundamentos y aplicabilidad de la teoría del riesgo o de su sucedánea, la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas, dentro de nuestro sistema legal, porque las consecuencias probatorias a que habría de conducir, como único resultado, no son actualizables ni procedentes para la decisión del recurso, que versa concretamente sobre otra cuestión: la de saber cuáles son los efectos civiles de la cosa juzgada en la vía criminal, particularmente en tratándose de una absolución en cuanto a una infracción penal no intencional.

Partiendo de una diferenciación entre delito civil y delito penal, el Tribunal adoptó la conclusión de que habiendo sido ya materia de análisis y decisión por parte de la jurisdicción penal el hecho imputado a Pablo Villegas como determinante de la muerte de Arnulfo Echeverri, y habiéndose declarado por ella que tal acto no es constituvo de delito propiamente dicho, ni de delito culposo o cuasi delito, no existe ya la acción privada de responsabilidad fundada en el mismo hecho juzgado. Este es el punto de vista enfocado por el Tribunal en su sentencia acusada como razón absolutoria, y constituye, por tanto, el punto y problema de la casación.

La lesión que el delito causa en los intereses privados tiene su sanción en el medio procedimental que constituye la acción privada o civil que busca la reparación del perjuicio sufrido. Esta acción privada es diferente de la pública, pero tiene con ella vinculaciones de dependencia que pueden llegar a producir la inhibición de la primera.

El art. 39 de la Ley 169 de 1896 dice: “La acción civil para la reparación del daño puede intentarse por el interesado en el mismo juicio criminal, sin necesidad de constituirse acusador, y se decidirá en la sentencia que ponga fin al juicio criminal. Puede también intentarse por separado ante el juez que sea competente en lo civil, y en este caso el ejercicio de la acción civil estará suspenso hasta que se haya fallado definitivamente sobre la acción criminal, sea que se intente antes o después de incoada esta. Pero por los cuasi delitos o culpas puede intentarse acción civil para indemnizar el daño, sin sujeción a lo criminal”.

Esta disposición consagra en favor de la persona perjudicada por un delito o de sus herederos, un derecho de opción consistente en que puede ejercitar la acción privada de reparación simultáneamente y ante el mismo juez que conoce de la acción pública o separadamente ante el juez competente en lo civil. Electa la vía criminal, en la misma sentencia se da reparación a los intereses privados y a los públicos con la evidente ventaja de un mejor aprovechamiento de las pruebas de la información sumaria y evitando dos debates y dos procedimientos sobre los mismos hechos. Intentada separadamente, la acción penal y la acción civil no pueden considerarse como absolutamente independientes sino relacionadas recíprocamente y susceptibles de mutuas influencias.

Incoada la acción civil separadamente, el antes o después de la iniciación de la acción pública persecutoria del delito, se suspende el ejercicio de la primera hasta que sobrevenga decisión definitiva en la segunda, con el objeto principal de dar oportunidad a considerar los efectos y consecuencias que la sentencia criminal definitiva y ejecutoriada haya de producir sobre la acción privada de reparación, ya que es innegable que aquella debe afectar la existencia y alcance de la obligación que se hace provenir de la ejecución del mismo hecho juzgado, en lo que dice relación con los puntos comunes a las dos acciones. Es verdad que la parte final del citado art. 39 establece la excepción para la acción civil de reparación del daño causado por un cuasi delito o culpa permitiendo que se intente sin sujeción a la criminal o pública; pero una cosa es la posibilidad de intentar y adelantar la demanda civil de indemnización con independencia de la penal, sin obligación de esperar la finalización de esta, y otra muy distinta la necesidad de considerar y estudiar el efecto de la cosa juzgada por la jurisdicción del crimen sobre el juicio civil, cuando, como en el caso presente, se ha agitado judicialmente el problema de la responsabilidad civil después de estar producida y en firme una decisión definitiva por jueces competentes y sobre la misma cuestión.

La influencia que en materia civil pueden tener las sentencias proferidas en el procedimiento criminal no se funda propiamente en el principio de la cosa juzgada, que en realidad jurídica no existe porque entre los dos procesos —el penal y el civil— no hay identidad de objeto: castigo del delito y reparación del perjuicio; ni de causa jurídica, porque para uno el hecho se considera como delito penal y para el otro como delito civil; ni de personas, porque en uno el demandante es el Ministerio Público y en el otro la parte civil, y aunque en ambos el reo es el mismo, figura en uno como acusado y en otro como demandado ordinario. Es más bien un motivo de orden público representado en el interés del Estado de que no sufra merma el imperio de su jurisdicción al disminuir la autoridad y fuerza de las sentencias criminales, verdaderas para todos, proponiendo nuevamente a las autoridades civiles con ocasión de un pleito sobre intereses particulares, un hecho cuya existencia o significación jurídica ya fue calificada con igual autoridad por otro órgano adecuado de la jurisdicción pública y en interés social.

Este mismo motivo de orden público es eI que explica y justifica que la acción civil de reparación, a pesar de su evidente diferencia con la acción penal, prescriba en el mismo tiempo que esta. Las jurisdicciones son distintas, pero su armonía es elemento esencial del ordenamiento jurídico del Estado. Sería un absurdo conflicto de verdades la contraposición de estas dos esferas de la jurisdicción pública.

La autoridad en lo civil de la cosa juzgada en materia criminal está condicionada y limitada en razón de su fundamento mismo a lo que ha sido necesaria y ciertamente decidido en la acción pública, a la materia o punto en que coincida el objeto procesal, porque lo que el interés público exige que se evite es la contradicción entre sus órganos jurisdiccionales. De aquí resulta que el juez civil tiene libertad de apreciación sobre las cuestiones que no resulten inconciliables con lo que ha sido juzgado criminalmente. Fuera de esta condición de fondo es necesario además que el fallo proferido en la acción pública tenga la categoría de una sentencia definitiva y ejecutoriada para que de ella emane la autoridad de la cosa juzgada.

Las autoridades judiciales competentes del crimen decidieron sobre el hecho imputado a Pablo Villegas. El Juzgado Superior del distrito de Pereira, en providencia del 9 de diciembre de 1929, sobreseyó definitivamente en su favor porque “el homicidio que cometió fue puramente casual y se efectuó de manera inevitable, lo que lo hace irresponsable según el mandato del art. 614 del C. P.”. El Tribunal, en Sala de decisión, al resolver el grado de consulta correspondiente, confirmó el sobreseimiento definitivo en proveído del 18 de marzo de 1930. Dijo el Tribunal para motivar su confirmación: “Da cuenta el informativo de que el día 29 de septiembre de 1929, el señor Pablo Villegas, en auto particular, venía hacia esta ciudad por la carretera que conduce de Cartago, y que al llegar a un punto cercano al caserío de Nacederos, dióse cuenta de dos jóvenes ciclistas, para cuyo efecto les tocó el pito o dio las señales de atención en estos casos; pero con tan mala suerte, que uno de ellos, lejos de evitar el peligro, empezó a hacer un zig-zag, hasta caerse de la bicicleta, en donde fue atropellado por el auto, no obstante el movimiento de dirección imprimido al carro, con el objeto de evitar el siniestro. De todas las diligencias practicadas, se deduce, sin la menor duda, que en la desgraciada muerte del joven Arnulfo Echeverri, no hubo culpa por parte del señor Villegas, motivo este que lo sustrae de toda responsabilidad criminal y que hace de forzosa aplicación lo dispuesto en los arts. 1628 del C. J. y 33 de la Ley 104 de 1922. Hizo bien el señor juez en resolver sobre inculpabilidad del sindicado; y por lo mismo, el Tribunal, (...) confirma el auto consultado”.

El sobreseimiento definitivo, por disposición expresa del art. 33 de la Ley 104 de 1922, tiene la autoridad de cosa, juzgada.

El homicidio culpable está definido y sancionado en el art. 613 del C. P. como el efecto involuntario de una ligereza, descuido, imprevisión, falta de destreza, equivocación, contravención a reglas de policía u otra causa semejante que haya podido y debido evitar el homicida. Ocurrido en estas circunstancias el hecho es un delito culposo o una culpa delictual que es “la violación imputable, pero no maliciosa y voluntaria de la ley, por la cual se incurre en alguna pena”, según el art. 3º del C. P. El Tribunal de Pereira, en el auto confirmatorio del sobreseimiento definitivo dictado a favor de Pablo Villegas negó la existencia del homicidio —delito y cuasi delito— porque no halló al estudiar el proceso para su calificación de fondo establecidos los elementos constitutivos de tal infracción según el precitado art. del código, cuya suma es lo que constituye el cuerpo del delito al tenor de la doctrina del art. 24 de la Ley 104 de 1922. En concepto del Tribunal el homicidio que pudo configurarse con los elementos probatorios del proceso criminal es el previsto y definido en el art. 614 del C. P., que por ocurrir no solo al margen de la voluntad de su autor sino fuera del alcance y posibilidades de su previsión y prudencia, no tiene ni la calidad de mera culpa sino que es un hecho cumplido en zona de azar y casualidad, no imputable a nadie y en consecuencia penalmente indiferente y estéril en el campo de las responsabilidades jurídicas.

El hecho que no ha podido ser previsto ni evitado escapa naturalmente a la noción jurídica de la culpa y saliéndose de su molde entra en lo que se denomina caso fortuito que por su naturaleza está fuera del alcance de las leyes que consagran la responsabilidad penal y la civil consecuencial. Esta calificación jurídica hecha en una sentencia con autoridad de cosa juzgada no puede ser ya desconocida por los jueces civiles que tendrían que reconsiderar la culpabilidad de Pablo Villegas para decidir sobre su obligación de indemnizar perjuicios.

Es indudable que la razón que tuvo el legislador para establecer que la acción privada de reparación debe suspenderse en el caso de que haya sido iniciada separadamente ante los jueces de lo civil, antes o después de comenzada la acción pública criminal, es la de que el fallo definitivo de la jurisdicción penal debe tener una influencia necesaria e inevitable sobre la acción civil o privada por el nexo jurídico que las une ya que nacen del mismo hecho y sobre los puntos que en ambas acciones son de consideración común. Las sentencias criminales proferidas por los órganos adecuados del Estado en juicios en que interviene el Ministerio Público con la representación social y en que se dispone de una capacidad probatoria más dilatada y fácil que en materia civil alcanzan también la autoridad de la cosa juzgada y quedan amparadas por la presunción de verdad que le da contenido a esta figura legal. Sobre esta irrevocabilidad de una verdad adquirida por funcionarios públicos en representación de la sociedad y en razón de sus intereses reposa la influencia que corresponde a la cosa juzgada en lo penal sobre la acción privada generada en el delito en todo cuanto esta verdad pueda afectar la fuente misma de la obligación civil de resarcir perjuicios, en nombre y consideración del orden público que se afectaría con la interferencia de jurisdicciones distintas en puntos coincidentes.

Ya se dijo que la autoridad de la cosa juzgada en lo criminal sobre los intereses privados del ofendido por el delito o por la culpa no ejerce una influencia permanente y absoluta, sino que requiere, en primer término, una sentencia proferida por autoridad competente y de acuerdo con las fórmulas propias del enjuiciamiento, contra la cual no haya recurso alguno, y en segundo término pero con la misma importancia, que esta sentencia definitiva haya estatuído sobre el fondo de la acción pública, o en otras palabras, sobre la existencia del hecho imputado, su calificación jurídica y legal y sobre la culpabilidad o responsabilidad del sindicado. El cumplimiento de estos requisitos esenciales que fijan por sí mismos la influencia recíproca de las dos jurisdicciones de que se trata da base para decidir en cada caso especial el alcance de la cosa juzgada criminalmente sobre la acción civil ejercitada separadamente teniendo en cuenta, como criterio judicial, la coincidencia de fondo entre las cuestiones que fueron objeto de sentenciamiento penal y las que se agiten en el pleito particular sobre indemnización de daños. La fórmula que consulta el orden jurídico y la armonía Jurisdiccional de la potestad soberana es impedir la contradicción de imperio entre decisiones judiciales en torno de los puntos que pueden ser comunes a su ejercio (sic) adecuado.

En caso de sentencia condenatoria criminal no hay problema, porque siendo el delito —el doloso y el culposo— fuente de obligaciones civiles, solo resta generalmente la determinación de la existencia y cuantía de la indemnización. No así cuando la jurisdicción penal ha pronunciado sentencia definitiva absolutoria, porque entonces procede la delimitación de la influencia de este fallo sobre la acción privada de perjuicios, ya sea que esta estuviera en suspenso esperando la sentencia criminal, o sea que la acción civil se haya intentado después de que los jueces de la jurisdicción criminal han proferido su fallo definitivo.

Algunos ejemplos pueden ilustrar la doctrina de la influencia del fallo criminal sobre los intereses privados lesionados por la comisión de un hecho juzgado por las autoridades ordinarias del crimen.

El veredicto en que un jurado niega la responsabilidad del acusado no implica necesariamente en la interpretación jurídica que el hecho imputado no haya tenido existencia o que el sindicado no haya sido autor, sino que este no tiene responsabilidad penal porque al ejecutar el hecho no tuvo intención ni malicia. La sentencia absolutoria que con aceptación de este veredicto profiriera el Juez Superior no tiene por qué inhibir el ejercicio de la acción privada porque en el terreno civil se incurre en obligación no solamente cuando se obra dolosamente, esto es, cuando se comete un delito, sino cuando se incurre en culpa, y entonces el perjudicado puede comparecer victoriosamente ante los jueces civiles a pesar de la sentencia penal absolutoria, si demuestra en juicio ante ellos que su demandado fue el autor del hecho que se investigó y que con su ejecución le causó un perjuicio.

La sentencia definitiva absolutoria del juez de circuito, que procede como juez de derecho en lo criminal, puede tener su fundamento en que el hecho imputado no es constitutivo de delito por no estar previsto y definido en la ley penal, o en que el acervo probatorio reunido en el proceso criminal no es suficiente para declarar la intención criminosa del acusado, o en que tales probanzas no acreditan suficientemente la comisión del hecho, y en todos estos casos este sentenciamiento no impide la prosperidad de la acción civil de resarcimiento de perjuicios porque el demandante en ella puede probar fehacientemente el delito civil o completar la prueba declarada insuficiente en lo penal para obtener la reparación del daño que demuestre habérsele causado.

En ninguno de estos casos habrá colisión jurisdicciones porque la sentencia criminal ha dejado un sector no cubierto por la autoridad de la cosa juzgada donde los jueces civiles pueden actuar para apreciar lo que concierne a su jurisdicción ordinaria. Pero cuando la providencia proferida por un juez competente en lo criminal, merecedora de la presunción de verdad irrevocable que corresponde a la cosa juzgada, versó sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción, sin dejar elemento alguno fuera de su consideración y fallo, y no se funda en insuficiencia probatoria, este fallo impide, por las claras razones de orden público ya dichas, que ante otro juez, y por motivos particulares, se renueve la consideración y análisis de un hecho cuya significación y calificación jurídica ya fue establecida soberanamente por autoridades adecuadas y con observancia de las fórmulas de un enjuiciamiento que tiene indudablemente más trascendencia social y más gravedad individual.

El caso de autos puede ser ilustrativo de esta última ocurrencia, porque el sobreseimiento definitivo que favorece a Villegas como si fuera una sentencia definitiva absolutoria, vació de contenido culpable el hecho que se le imputó después de estudiar las pruebas procesales y con fundamento en su mérito, y por consiguiente ya no puede ser calificado como culpa por otra autoridad sin incurrir en violación de la cosa juzgada que impone tal verdad como definitivamente adquirida y sin alterar el orden público que no admite esta clase de rectificaciones jurisdiccionales. No puede acogerse la acción privada sin que resulte en evidente contradicción con lo ya juzgado. En efecto; tanto la demanda de reparación civil que dio origen a este pleito como la demanda de casación en que se ha acusado la sentencia absolutoria de segundo grado ante la Corte se fundamentan en los arts. 2341 y 2356 del C. C. que establecen la obligación de indemnizar los daños causados por un delito o por una culpa, esto es, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia, y ya la autoridad criminal que juzgó al demandado Villegas ha dicho perentoriamente que él no cometió delito ni cuasi delito o culpa, sino un hecho puramente casual cuya ocurrencia fue inevitable. El art. 613 del C. P. contiene el mismo concepto de culpa que el 2356 del C. C. y el 614 de aquel código igual significación que el 1º de la Ley 95 de 1890. En la demanda civil instaurada por los herederos de Arnulfo Echeverri contra Pablo Villegas no se ha aducido ni señalado circunstancia ni elemento ninguno que no fuera materia de consideración y juzgamiento en lo criminal, en forma y extremo que, habiéndose señalado la misma fuente de responsabilidad y la misma causa petendi en la acción civil y hasta las mismas probanzas del sumario, no podría acogerse esta sin colocarse en contradicción flagrante con aquel juzgamiento.

Los hechos fundamentales en que se ha sustentado la acción civil, y la cita de los arts. 2341 y 2356 del C. C. en la demanda de casación fuerzan la consideración del recurso dentro del concepto de delito o cuasi delito o culpa. Erigido en delito culposo el hecho de imprudencia que dio lugar al procesamiento criminal de Villegas (art. 613 del C. P.), la noción de su culpa penal en la dilucidación del punto de la influencia de la cosa juzgada, engloba la culpa civil en forma que la hace completamente inseparable.

La mayoría de la Sala, interpretando el art. 2356 de nuestro Código Civil implícitamente acoge la teoría de origen francés de la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas que, como antes se dijo, en Francia toma apoyo en el art. 1384 del respectivo Código Civil. Nuestra discrepancia o adhesión a la adaptación de esa doctrina en la jurisprudencia colombiana, la reservamos para otra mejor oportunidad. Pero sí observamos que aun dentro de tal teoría la responsabilidad civil del guardián queda excluida cuando la sentencia en la vía criminal pone de manifiesto el caso fortuito, la fuerza mayor o la culpa de la víctima. Así lo constatan todos los autores contemporáneos que hemos consultado.

La mayoría de la Sala avanza más. Prescindiendo de la sentencia en lo criminal, declaratoria de la irresponsabilidad por el acaecimiento del caso fortuito, entra de lleno a calificar lo que está ya calificado oportunamente y por jurisdicción competente. Es en eso en lo que radica precisamente nuestra inconformidad y discrepancia.

Hernán Salamanca. 

Arturo Tapias Pilonieta.