Sentencia de casación de marzo 17 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

EMPRESAS INTERVENIDAS CON TOMA DE POSESIÓN

FACULTADES DEL AGENTE ESPECIAL

EXTRACTOS: «4. Sabido es que con el sano propósito de garantizar el bien común y preservar la confianza de los terceros interesados en vincularse de buena fe a los planes o programas de urbanización o construcción de viviendas, la Ley 66 de 1968 facultó al Gobierno Nacional para que, por conducto de la Superintendencia Bancaria, ejerciera inspección y vigilancia sobre las actividades de enajenación de bienes inmuebles, dentro de planes o programas de urbanización o construcción de viviendas, cualquiera que fuese el sistema adoptado, inspección y vigilancia que tiene su más ostensible y vigorosa manifestación en la llamada toma de posesión, en virtud de la cual el superintendente bancario, ante la presencia de una o de algunas de las hipótesis contempladas en el artículo 12 de dicha ley “...puede tomar posesión inmediata de los negocios, bienes y haberes de las personas jurídicas o naturales que se ocupen de las actividades de que trata esta ley, o proceder a su liquidación”.

De consiguiente, la toma de posesión sobre los bienes, haberes y negocios de las personas, naturales o jurídicas, dedicadas a las actividades de enajenación de inmuebles, dentro de planes y programas de urbanización y construcción de viviendas, que en nada se diferencia de la toma de posesión de los negocios y haberes de establecimientos bancarios o de instituciones financieras, por cuanto constituye el comienzo de un mecanismo concursal que, si bien guarda semejanzas con el procedimiento de la quiebra no se identifica con aquél, creado inicialmente para garantizar la adecuada satisfacción de los derechos de crédito y, fundamentalmente, para proteger la buena fe de los depositantes y ahorradores y preservar la estructura financiera del Estado, es el medio de tutela más eficaz de los intereses públicos, destinado básicamente a eliminar del complejo de la economía nacional empresas de esa naturaleza que, por las variadas circunstancias enumeradas en el artículo 12 de la Ley 66 de 1968, revelan falta de idoneidad para la consecución de sus fines, y de manera general, para desarrollar su objetivo social; en consecuencia, la medida comentada se traduce en que la autoridad administrativa competente asume el derecho de gestión y de disposición de la empresa afectada, derecho este que es de gran amplitud y cuyo contenido fue claramente definido en la exposición de motivos que antecedió la expedición de la Ley 45 de 1923, en la siguiente forma: “Estos artículos (48 a 69) autorizan al superintendente bancario para tomar a su cargo el banco culpable, y lo invisten de la autoridad necesaria para rehabilitarlo y devolverlo a sus accionistas, o para liquidarlo en beneficio de los depositantes y otras acreencias”.

Dos son, entonces, los propósitos perseguidos con la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la persona o empresa intervenida; uno, el de administrar los negocios, bienes y haberes de la persona natural o jurídica intervenida, y otro, el de la liquidación de su patrimonio, extremo al que sólo puede llegarse en caso de que su continuidad no sea posible por haberse agotado todos los recursos pertinentes para su recuperación, pues la misión fundamental de la toma de posesión, como ya se expuso, no consiste exclusivamente en liquidar los activos de la persona sometida a ese régimen, sino en el de administrar la respectiva empresa para que, superado el momento crítico que originó la intervención, retorne al desenvolvimiento normal de sus negocios.

5. Por ello, bien sea que la intervención se adopte como medida para administrar los negocios, bienes y haberes de la persona, natural o jurídica, intervenida, o como procedimiento para arribar a su liquidación, la toma de posesión conlleva, como efecto propio y particular, según el artículo 13 de la misma Ley 66 de 1968, el de que la persona intervenida queda desplazada o separada “...de la administración de sus bienes...” y, la asuma el superintendente bancario hasta tanto se apruebe la devolución de la referida posesión a la persona intervenida para permitirle la reanudación de sus negocios, o concluya el proceso liquidatorio, según fuere el caso (L. 66/68, art. 13; L. 45/23, art. 49 y D. 2610/79, art. 7º).

En tal virtud, el superintendente bancario, o quien haga sus veces, reemplaza, en la integridad de sus funciones y para el futuro, a quienes tengan la administración y la dirección de la entidad, asumiendo la responsabilidad de usar todos los medios a su alcance para evitar que la empresa afectada siga subsistiendo en condiciones que se consideren lesivas del interés común y de la confianza de los terceros vinculados de buena fe a los programas o planes de vivienda ofrecidos por la persona intervenida; y, para el cumplimiento oportuno y total de dicha labor, el decreto de toma de posesión le confiere a dicho funcionario, entre otras facultades y poderes, la de actuar como su representante legal, según se desprende del artículo 14 de la misma Ley 66 de 1968, cuando textualmente reza:

“En las providencias correspondientes el superintendente bancario dispondrá:

4. La prevención a los deudores de la persona de cuyos haberes o negocios haya tomado el superintendente bancario, o cuya liquidación se haya ordenado, y a todos los que tengan negocios con ella, inclusive juicios pendientes, de que deben entenderse con el superintendente bancario o su agente especial, como su único representante” (resalta la Sala).

Además, dicho precepto también autoriza al superintendente bancario para que en el correspondiente decreto de toma de posesión, disponga “... el embargo y secuestro de los bienes de la persona jurídica o natural”, medidas que tienen como finalidad exclusiva asegurar la integridad de la masa concursada administrativamente, no sólo por lo que se refiere a todos los bienes actuales o futuros, sino también a aquellos que han salido en forma fraudulenta.

6. Por lo tanto, con la toma de posesión los intereses privados de quienes se hallan vinculados a la persona intervenida, se ven representados, por disposición administrativa de carácter obligatorio, por un funcionario calificado que desplaza al dueño o dueños, directores, administradores o representantes estatutarios, quien cumple, en lo esencial, las funciones propias de un representante legal o administrador de una empresa particular, encaminadas a la recuperación, guarda, consolidación y saneamiento de la masa de bienes, encauzando todos sus esfuerzos a asegurar la continuidad de la empresa o, a preparar su liquidación, como medida última, representación legal que de conformidad con la misma Ley 66 de 1968 corresponde al Instituto de Crédito Territorial, debido a que, según la exposición de motivos que antecedió a la expedición de la ley en comento “... aun incrementadas las posibilidades de acción de la superintendencia, es notorio que ella no podría asumir la entera responsabilidad de celebrar contratos y financiar obras en nombre de las empresas de que se haga cargo, sin el concurso de una entidad especializada, que tendría que ser, como parece obvio, el Instituto de Crédito Territorial. Este instituto le proporcionaría, además, los elementos técnicos y económicos que hacen falta para la liquidación de firmas dedicadas a la actividad de que trata el proyecto, y abocaría la administración de las firmas intervenidas cuando no haya lugar a disolución y liquidación; y una asesoría permanente para los fines de la vigilancia (arts. 17 y ss., y 35)”.

Por tal razón se dispuso en el artículo 27 ibídem que en los casos en que se ordene la toma de posesión con fines administrativos “... corresponde al instituto de crédito como agente especial del superintendente bancario y a nombre de la persona intervenida adelantar todas las actuaciones que para estos casos prevé la Ley 45 de 1923, y disposiciones concordantes, a fin de precautelar los derechos de los acreedores y propietarios y desarrollar los planes y programas en debida forma”, (resalta la Sala), medida que se verificará por las mismas razones y en los mismos términos en que la realiza la superintendencia sobre los bancos y que, como ya está dicho, desplaza a la persona dedicada a la actividad urbanizadora de la administración de sus negocios, para salvaguardar los intereses de los terceros que eventual o efectivamente resulten perjudicados “ante la inidoneidad administrativa, técnica o moral de la persona intervenida...” y para adoptar las medidas tendientes a asegurar la continuidad de la empresa.

7. Corolario obligado de lo precedentemente expuesto es que la toma de posesión, cualquiera que sea la modalidad que se adopte, recae sobre la totalidad de los bienes de la persona intervenida sin limitación alguna, e inviste al superintendente bancario y, en su caso, al agente especial, de las facultades administrativas y dispositivas indispensables para la rehabilitación y devolución de la empresa a sus dueños o accionistas o para preparar su liquidación, si lo anterior no fuese posible, pues de conformidad con el artículo 59 de la Ley 45 de 1923 “... a fin de hacer efectiva cualquier facultad y de dar cumplimiento a cualesquiera obligaciones aquí impuestas al superintendente, éste podrá ...a nombre del establecimiento bancario culpable hacer efectivos, reconocer y entregar cualesquiera traspasos, escrituras, cuentas de venta, finiquitos, prórrogas, recibos y otros instrumentos necesarios y convenientes para efectuar cualquier venta, contrato de arrendamiento o traspaso de bienes muebles o inmuebles o hacer efectiva cualquier facultad que se le haya dado u obligación que se le haya impuesto por esta ley o por orden judicial...”.

8. Por lo tanto, no puede sostenerse legalmente que, cuando se decreta la toma de posesión, aun con fines meramente administrativos, el superintendente bancario o el Instituto de Crédito Territorial, en su caso, como su agente especial, carecen de facultad dispositiva sobre los bienes, negocios y haberes de la persona intervenida o, que tal facultad, aún teniéndola, solamente la puedan ejercer sobre los bienes de la masa que hayan sido objeto de medidas cautelares, pues ni los artículos 57 de la Ley 45 de 1923 (modificado por el artículo 6º de la Ley 57 de 1931) y 27 de la Ley 66 de 1968, ni ningún otro texto de las precitadas leyes, privan al superintendente bancario de la cuestionada facultad en la toma de posesión, cualquiera que sea la modalidad que se adopte, por cuanto como ya se vio, tal prerrogativa constituye soporte indispensable para que dicho funcionario o entidad pueda cumplir los fines propios de la toma de posesión en la modalidad aludida, que se enderezan fundamentalmente a procurar la recuperación, guarda, consolidación y saneamiento de la masa de bienes, enfilando todos sus esfuerzos a asegurar la continuidad de la empresa intervenida, ni exige que la disposición de uno o de algunos bienes de la masa sólo pueda recaer sobre aquellos que sean objeto de medidas cautelares, como quiera que las aludidas trabas cautelares apenas sí representan medidas accesorias que pueden tomarse, si se consideran necesarias, para salvaguardar los derechos de los acreedores y propietarios y para cumplir los planes y programas de urbanización o de construcción de viviendas ofrecidos por la persona o entidad intervenida.

9. En ese orden de ideas, bien pronto puede advertirse el fracaso de la gestión impugnaticia, por cuanto, si es indiscutido que la sociedad demandante fue intervenida, y en razón de dicha intervención la Superintendencia Bancaria tomó posesión de todos los bienes, haberes y negocios de ella, la venta que realizó el instituto de crédito, durante el proceso de administración, del controvertido bien de propiedad de la firma intervenida, no puede acusarse de nula por falta de capacidad en el ente estatal para realizarla, pues es claro, de un lado, que dicho bien fue objeto de la toma de posesión decretada por la Superintendencia Bancaria sobre todos los bienes, haberes y negocios de la firma intervenida, y de otro lado que, en tales circunstancias la actividad desplegada por el agente especial de la Superintendencia Bancaria en la administración de los negocios, bienes y haberes de la sociedad intervenida se ubicó dentro del marco de la regulación legal que para el efecto contemplan las leyes 45 de 1923 y 66 de 1968, como que en tal caso la enajenación se efectuó por el Instituto de Crédito Territorial “... como su único representante...” y “... a nombre de la persona intervenida” (L. 66/68, arts. 16 y 27)».

(Sentencia de casación, marzo 17 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra).

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