Sentencia de casación de marzo 25 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CESIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

EXIGENCIA DE REQUISITOS ADICIONALES

EXTRACTOS: «La parte demandada (Corabastos) no niega se hubieran dado los pasos pertinentes a la cesión del contrato de arrendamiento por Ángel María Roa Abril a favor de Enrique Acuña Leal, de conformidad con las exigencias legales, incluida su propia autorización. Alega sí que a esa cesión le faltó un requisito para su perfección total, impuesto por el artículo 24 de la Resolución 4 de 1977, reglamento de funcionamiento de Corabastos, incorporado al contrato, consistente en la suscripción de nuevo contrato de arrendamiento, omisión que no niega el demandante, quien estima que ese requisito es contrario a las normas civiles y comerciales que regulan la cesión de créditos y de contratos, respectivamente, y el contenido específico del artículo 523 del C. de Co., para los contratos de arrendamiento, normas que afirma son de orden público y por lo mismo inderogables por convenio entre particulares, especialmente al tenor de los artículos 524 del C. de Co. y 16 del C. C.

Ocurre, no obstante, que la exigencia del reglamento de Corabastos, en el sentido de que el cesionario debe firmar contrato, como paso último de la cesión, no contraría la normatividad legal en punto a cesión de créditos y de contratos, ni el contenido del artículo 523 del Código de Comercio La exigencia puede aparecer jurídicamente superflua, pero es legal e impuesta dentro del ámbito de la libre autonomía de las partes contratantes.

Bien entendida, la suscripción de nuevo contrato no significaba necesariamente un cambio en las condiciones estipuladas entre Corabastos y el cedente, sino ante todo la necesidad de contar con la firma autógrafa del cesionario, puesta en el documento contentivo del contrato de arrendamiento.

Dicha exigencia no es contraria a derecho, ni a las buenas costumbres, ni desconoce los requisitos legales de la cesión de un contrato de arrendamiento, caso en el cual sí sería opuesta a ellos, sino que simplemente añade uno más. Las partes contratantes pueden libremente acordar requisitos adicionales a los que de manera imperativa imponga la ley, sin que de allí se pueda deducir que están atentando contra el orden público.

Pueden incluso llegar a estipular prohibición de la cesión, como se desprende del contenido del artículo 887 del Código de Comercio, luego, con mayor razón, pueden hacerla más difícil.

No se hace necesario aquí analizar si las normas sobre la forma de ceder un crédito o, en su caso un contrato, son de orden público, puesto que, se repite, aun siéndolo, pueden llegar a ser adicionadas sin alterar su esencia».

(Sentencia de casación, marzo 25 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Ospina Botero).

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