Sentencia de casación de marzo 29 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DEMANDA DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL

CONTRA HEREDEROS DEL PRESUNTO PADRE

EXTRACTOS: «i) De muy antigua data tiene definido la jurisprudencia de la Corte que el litisconsorcio que se forma entre los herederos del presunto padre, demandados en acción de filiación extramatrimonial, es de carácter voluntario.

En efecto, en sentencia del 22 de febrero de 1972 expuso:

“Este proceso por estar ya muerto el presunto padre natural, se inició contra sus herederos. El litisconsorcio pasivo así formado entre estos, no es necesario, como erradamente lo afirma el impugnador, sino meramente facultativo o voluntario, pues nada impedía que la pretensión se hubiera deducido solamente contra uno o varios de ellos: la sentencia, en tal caso, sólo aprovecharía o perjudicaría a quienes fueron citados al juicio” (G. J., Tomo LXXVI, pág. 261; CXLII, pág. 52).

También en sentencia del 16 de agosto de 1973 dijo:

“En este proceso se configura un litisconsorcio pasivo, puesto que desde su iniciación el actor dirigió la demanda simultáneamente contra esos demandados, por existir entre estos identidad en la causa jurídica de la pretensión deducida: la misma relación material que se invoca como fuente del estado civil cuya tutela se reclama. Pero no habiéndose entablado la acción contra el legítimo contradictor en esta cuestión de paternidad, sino contra sus herederos, caso en el cual la sentencia produce efectos relativos y no absolutos, no se trata de un litisconsorcio necesario sino de uno meramente facultativo o voluntario, puesto que el demandante, por no existir el legítimo contradictor, en aras de la economía procesal ha citado a sus dos demandados en un procedimiento único por estar vinculados por una relación sustancial común” (sin publicar).

ii) Como se da a comprender en la sentencia inmediatamente anterior, la cuestión hállase íntimamente vinculada con lo prescrito en el artículo 404 del Código Civil, aplicable a la filiación extramatrimonial de conformidad con lo que hoy establece el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 en su inciso 1º, ya que en tal precepto determínase que “los herederos representan al contradictor legítimo que ha fallecido antes de la sentencia; y el fallo pronunciado a favor o en contra de cualquiera de ellos, aprovecha o perjudica a los coherederos que, citados, no comparecieron” (se destaca), queriendo decir lo subrayado que si la litis se inicia después del deceso del presunto padre, “los herederos del difunto, sin merecer el calificativo de “legítimos contradictores”, dado el restringido alcance que la ley atribuye a éste, sí tienen la personería necesaria para responder de la acción de estado y que en esta hipótesis el respectivo fallo según la regla general, ya no tiene efectos erga omnes sino relativos a quienes hayan participado en el juicio o hayan sido citado al mismo” (Cas. Civ. del 9 de sep. de 1969, sin publicar).

iii) El carácter facultativo de litisconsorcio que se forma entre los herederos del presunto padre, en los procesos de filiación extramatrimonial, aparece reiterado, con toda nitidez, en el inciso final del ya citado artículo 10 de la Ley 75, como que allí se prescribe que la sentencia que se dicte en el caso de que la acción se adelante contra los herederos y el cónyuge, “no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción”.

Por un lado, el hecho de reiterar el principio ya sentado en el artículo 403 del Código Civil al decir que la sentencia no producirá efectos sino respecto de aquellos herederos que se encuentren vinculados al proceso, y por el otro, el introducirle una nueva exigencia consistente en que la demanda quede notificada dentro de los dos años siguientes a la defunción, son factores que a las claras están dando a comprender que la decisión, en el aspecto de los efectos patrimoniales, puede ser diversa para los distintos herederos, rasgo distintivo del litisconsorcio voluntario o facultativo.

iv) Y es que cuando en el presente caso el impugnante, con miras a buscarle algún soporte a su afirmación de que el litisconsorcio que se examina es necesario, empieza diciendo que la demandada en procesos como el actual es la “sucesión” del presunto padre, en un esfuerzo, quizá, orientado a abrirle paso a la unidad de relación —supuesto indispensable del litisconsorcio necesario—, no para mientes en que, al contrario de lo que él manifiesta, lo que dice el inciso 2º del susodicho artículo 10 es que “muerto el presunto padre la acción de investigación de la paternidad natural podrá adelantarse contra sus herederos y su cónyuge”, que es cuestión muy distinta a decir que la pretensión deberá dirigirse en frente de la sucesión.

Aparte de tan diáfano y categórico mandato legal, no sobra recordar que desde antiguo, de manera invariable, la jurisprudencia de la Corte ha manifestado que “careciendo (la sucesión) de capacidad de derecho, no actúa como persona, ni activa ni pasivamente; actúan los titulares de derechos en ella, los sucesores a título universal, porque la calidad de sujetos de derecho no la tienen sino los herederos, que pueden ser personas naturales o jurídicas; no la universalidad, no el patrimonio herencial que al fin y a la postre no es más que un conjunto de elementos positivos y negativos que existe, como existía antes de fallecer el causante, pero que por haber desaparecido su dueño están al frente de él sus herederos” (G. J., Tomo LXXVIII, pág. 329).

v) No obstante lo hasta aquí manifestado, conviene aludir a un aspecto de la cuestión que puede dar lugar a cierta confusión y del que, tal vez, puede surgir la errada idea de que el litisconsorcio entre los herederos del presunto padre es necesario. El atañe a que, de conformidad con lo definido por el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970, el estado civil es indivisible.

La anterior característica entraña que no es posible que se tengan dos estados civiles contrarios, al tiempo: v. gr., no se puede ser soltero y casado, simultáneamente; no se puede ser hijo legítimo y extramatrimonial, juntamente; o, como en el presente caso, no se puede tener la condición de hijo extramatrimonial de alguien y, a la vez, carecer de ella. Esto último, por consiguiente, conduciría a concluir que no se puede ser hijo extramatrimonial en relación con algunos de los herederos del presunto padre, mas no con respecto a otros, que es justamente, se aseveraría, lo que da pie para sostener que el punto encaja dentro del litisconsorcio necesario.

Empero, precisa observar la cuestión en todo su contexto, el cual, cabalmente, viene trazado por la norma acabada de citar. De acuerdo con ella, “el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”.

Así, pues, se ha de relievar que el estado civil es una situación jurídica, la cual determina, es decir, concreta o fija, la capacidad del sujeto para ejercer ciertos derechos y obligaciones, como el de la herencia y el de alimentos. Esto, pues, pone en evidencia que es necesario distinguir entre el estado civil (situación jurídica) y los derechos que de él se derivan.

Ahora bien, en el caso de la filiación extramatrimonial es posible, por ejemplo, que se demande a algunos de los herederos del presunto padre y que, dejándose a otros por fuera de la respectiva pretensión, se obtenga sentencia contentiva de la declaratoria correspondiente. Dicha sentencia no significará que el demandante adquiera el status de hijo extramatrimonial únicamente con referencia a los demandados, pero no respecto de quienes permanecieron ajenos al proceso. No querrá decir tal cosa por la potísima razón de que la filiación declarada lo que representa, en su fondo y en su forma, es que el actor es hijo de su padre, a su vez, autor de los demandados y de los no demandados. Como es obvio, una declaración de tal clase no se puede escindir porque sería tanto como desconocer la naturaleza de las cosas. Cuestión distinta es que obtenida tal declaración, o sea, definida esa situación de ser hijo de alguien, se tenga que determinar ante quién son ejercitables los derechos dimanantes de la misma. En este punto, como también es lógico, visto lo que prescribe el artículo 10 de la Ley 75, el asunto queda circunscrito a aquellos que fueron parte del proceso, siempre y cuando se den las condiciones contempladas en el inciso final de tal norma, atrás reproducido.

De ahí que, incluso, sea posible afirmar que, por causa de su indivisibilidad, la declaratoria del estado civil debe comprender a todos los herederos demandados. O dejar de comprenderlos a todos. Y que lo que no será de recibo es que ella se produzca con relación a algunos y se desestime respecto de otros. Pero que, comprendiéndolos a todos, sí venga a ser factible que los efectos patrimoniales queden radicados en cabeza de quienes recibieron notificación tempestiva de la demanda, mas no en aquellos que fueron notificados después de los dos años de la muerte del padre. Que es donde viene a advertirse la presencia del litisconsorcio facultativo, porque la sentencia tendrá un contenido diferente para los distintos demandados, con todas las consecuencias que de tal calificativo advienen ».

(Sentencia de casación, marzo 29 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo).

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