Sentencia sin número de mayo 17 de 1982

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Humberto Murcia Ballén

Bogotá, D.E., diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y dos.

Reparto

Su misión no constituye causal de nulidad. El reparto no atribuye jurisdicción; solo tiene por finalidad la equitativa distribución del trabajo. Tampoco define la competencia, la cual depende de otros factores.

Magistrados auxiliares

Carecen de toda facultad de decisión; esta pertenece exclusivamente a la Sala, y por consiguiente, sus proyectos no tienen el carácter de fallo.

Responsabilidad civil

Culpa exclusiva de la víctima. Para que exima de responsabilidad es preciso que haya sido la causa exclusiva el daño.

Concurrencia de culpas

La de la víctima no exime de responsabilidad al demandado, sino que se compensa con la de este, en el grado en que estime prudente el juez. Responsabilidad solidaria de quien participa en el acto ilícito cuando hay concurrencia de culpas. La víctima no está obligada a accionar contra todos los responsables, pero aquel que elija para que la indemnice tiene acción de repetición parcial contra los corresponsables por la cuota que le corresponde.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 7 de abril de 1981, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso ordinario de Tulia Arango de Martínez y otros en frente de Transportes Químicos Limitada y Luis A. Medina.

Antecedentes

La demanda

En ella piden Tulia Arango de Martínez en su propio nombre y como representante de sus hijos menores Juan Carlos, Rocío Yoni, Blanca Ligia y Luz Estela Martínez; y Luis Fernando, María Marleny y Jesús Orlando Martínez, hijos mayores, que en frente de los demandados se hagan las siguientes declaraciones:

“Primera: Luis A. Medina B. y Transportes Químicos Limitada, ‘Transquímicos’, son responsables civilmente de todos los daños y perjuicios ocasionados a Tulia Arango de Martínez y a sus hijos Juan Carlos, Rocío Yony, Blanca Ligia, Luz Estela Martínez, Luis Fernando, María Marleny y Jesús Orlando Martínez Arango, con motivo de la muerte violenta sufrida por su esposo y padre Luis Alfonso Martínez.

“Segunda: Como consecuencia de lo anterior Luis A. Medina B. y Transportes Químicos Limitada, ‘Transquímicos’, pagarán en forma solidaria a los demandantes la suma de setecientos mil pesos ($ 700.000) o lo demás que se establezca en este juicio como indemnización de los perjuicios materiales y morales ocasionados con la muerte de Luis Alfonso Martínez.

“Tercera: Los demandados pagarán en forma solidaria, los intereses de la suma que se fije como indemnización desde el momento del accidente hasta el momento real y efectivo del pago de la obligación.

“Cuarta: Los demandados pagarán en forma solidaria los gastos y costas de este proceso”.

Los hechos alegados como causa petendi, son en síntesis:

Que el día 8 de junio de 1978, entre las ocho y las nueve de la noche, cuando Luis Alfonso Martínez se encontraba por la calle 30 cerca de la carrera 83 de Medellín esperando un bus que lo llevara a su casa, fue atropellado y muerto por el camión marca Mack, modelo 1970, con placas WZ-3059, afiliado a la empresa Transportes Químicos Limitada, de propiedad de Luis Medina B. y conducido por Omar Castaño López; que este, según el examen del laboratorio forense, presentaba un segundo grado de embriaguez y solo tenía permiso provisional para conducir porque había sufrido otro accidente; y que el occiso tenía un taller de zapatería que le producía un promedio mensual de cinco mil pesos, con lo cual sostenía a su esposa Tulia Arango Londoño y a sus siete hijos.

La contestación

Luis A. Medina, en su propio nombre y como representante de la entidad demandada, se opuso a las pretensiones de la demanda y afirmó que Alfonso Martínez dado su estado de embriaguez, creyó haber visto pasar el vehículo e imprudentemente cruzó la calle, cuando todavía el vehículo no había acabado de pasar; que el automotor transitaba por su vía a velocidad muy reducida y que no es verdad que el conductor se encontrara ebrio, pues es abstemio.

En esa oportunidad propuso como de mérito, las siguientes excepciones:

a) Inexistencia de culpa, pues que, dijo, el accidente ocurrió por culpa de la víctima, que estaba embriagada, “y tal vez debido a esto se arrojó a un vehículo que no había terminado de pasar. No hubo culpa por parte del conductor, quien no pudo, ni tuvo oportunidad para prever el accidente, que ocurrió en las llantas traseras del vehículo”;

b) Culpa de la víctima, porque el accidente ocurrió por la imprudencia de Luis Alfonso Martínez “quien estando en estado de embriaguez, salió a recorrer las calles y se le tiró a las llantas traseras del vehículo, tal vez creyendo que ya había pasado”;

c) Fuerza mayor, pues al conductor Omar Castaño se “le presentó un imposible de resistir. Él no podía prever el accidente, ni estaba obligado a preverlo”; y

d) “Surge como consecuencia de las anteriores la inexistencia de la obligación”.

Las sentencias de instancia

El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín, en sentencia de 21 de agosto de 1980, resolvió así la Litis:

“1. Declárase configurado en este asunto el fenómeno de culpa exclusiva de la víctima. En consecuencia se absuelve a quienes fueron convocados a juicio en libelo de 25 de julio de 1978, señor Luis A. Medina B. y Transportes Químicos Limitada, representada legalmente por la misma persona natural.

2. Costas de las instancias a cargo de la parte demandante”.

El Tribunal Superior de Medellín, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante su sentencia de 7 de abril del año pasado y luego de revocar la apelada, declaró a los demandados civilmente responsables de los prejuicios sufridos por los demandantes a causa del accidente que privó de la vida a Luis Alfonso Martínez; en consecuencia, condenó a los demandados a pagar a Tulia Arango de Martínez la suma de cincuenta mil pesos ($50.000) y a cada uno de los restantes demandantes la de treinta mil pesos ($ 30.000), por concepto de perjuicios morales; los condenó, además, a pagar a la viuda y a los hijos que eran menores en el momento del accidente, a título de lucro cesante, las cantidades que se liquiden por el procedimiento del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil y las costas del proceso; desestimó las demás pretensiones de la demanda; y, por último declaro no probadas las excepciones propuestas.

Motivación de la sentencia acusada

Advierte en primer lugar el ad quem que en el presente caso se dan los presupuestos procesales y no se presenta causal de nulidad que invalide la actuación; por lo que, dice, es procedente dictar sentencia de mérito.

Sitúa el caso litigado en el campo de la responsabilidad extracontractual, la que, dice, se estructura jurídicamente por tres elementos; a) el daño; b) la culpa; c) la relación de causalidad entre esta y aquel; elementos que debe probar el demandante. Añade que tratándose de actividades peligrosas, a que se refiere el artículo 2356 del Código Civil la culpa se presume y solo incumbe probar el daño y que este se produjo a causa de una actividad catalogada como peligrosa.

“La materialidad y ocurrencia de los hechos, —prosigue la sentencia—, a consecuencia de los cuales perdió la vida Luis Alfonso Martínez fueron aceptados expresamente por la parte demandada y lo corroboraron con su dicho quienes, al menos parcialmente, pudieron darse cuenta de lo sucedido”. Y “en lo que concierne a la autoría del hecho, la dependencia del conductor del vehículo, la afiliación a la empresa transportadora y dominio del automotor, fuera de que de ello se trajo prueba bastante, los llamados al proceso en dicha calidad así lo admitieron sin la menor vacilación”. Se demostró también que el occiso con su trabajo de zapatero atendía las necesidades de su familia.

Pasa al análisis de la tesis que sostiene el a quo, sobre la culpa exclusiva de la víctima. Para que ella sea aplicable, expresa, es necesario que esa conducta sea la causa exclusiva del daño, como lo considera Alessandri, ya porque no la hubo por parte de demandado, ya porque aunque la hubiera, no existe relación de causalidad entre esta y el daño.

Añade que si concurren las dos culpas y ambas tienen la calidad de concausales, la responsabilidad es conjunta; viene una graduación, de acuerdo con el artículo 2357 del Código Civil. “Si la acción o la omisión culposa de esta (la víctima) ha dicho la jurisprudencia, fue motivo concurrente del perjuicio que sufre, necesariamente resulta ser el lesionado, al menos parcialmente, su propio victimario” (Derecho Colombiano, T. XXXIII, 320”. “Y si él ha contribuido a la producción del perjuicio cuya indemnización demanda, es indiscutible que en la parte del daño que se produjo por su propio obrar o por su particular omisión, no debe responder quien solo coadyuvó a su producción, quien realmente no es autor único, sino solamente su copartícipe.

Con estas orientaciones analiza el caso sub judice y dice: “quedó demostrado en forma incontrovertible que fue el paso de la tractomula por encima del cuerpo del Luis Alfonso Martínez y los destrozos producidos los que le ocasionaron la muerte, como que ese hecho si fue presenciado por los empleados del DAS que iban detrás, también se estableció que el fallecido peatón trató o se disponía a cruzar la calle en punto que no es indicado por el Código de Tránsito Terrestre, tal como resulta del sitio en que ocurrió el accidente”.

Agrega que no se demostró sin embargo que la víctima estuviera embriagada en el momento del accidente. “En tales condiciones —estima el tribunal—, resulta imposible atribuir el daño a culpa exclusiva del peatón y que, por tanto, al conductor del automotor se le pueda exonerar de responsabilidad. De no haber ocurrido que los demandantes reclamaron la indemnización del perjuicio personal a los sumo procedería la reducción prevista por el artículo 2357 del Código Civil en razón de la concurrencia de culpas”.

Dice que el caso es muy distinto del resuelto por la jurisprudencia chilena en donde es el peatón el que al salir corriendo se estrella con el vehículo, porque aquí nada de eso se ha establecido en el proceso; “de autos no existe la menor prueba de cómo el peatón resultó atropellado con el automotor y se repite la prueba incumbía a la parte demandada”.

Pasa a fijar el alcance del artículo 2357 del Código Civil. Y al punto dice que si los herederos o cesionarios actúan como tales, se les aplica esa disposición, es decir que la culpa de la víctima les es oponible por aplicación de las reglas generales que exigen un vínculo de causalidad entre la culpa y el daño. “Tratándose de los herederos de la víctima es como si actuara ella misma”.

En cambio, si la persona actúa en nombre propio por el daño personal que sufre al verse privada de los recursos que la víctima directa le daba o a consecuencia del dolor que le produce la muerte de esta o la lesión inferida a ella o por los gastos en que han incurrido con motivo de accidente; ese precepto es inaplicable: el que sufre el daño de cuya indemnización se trata no se expuso a él imprudentemente.

Expresa que la comentada disposición en sentir de Alessandri, solo sería aplicable en dos casos:

a) Si tales personas han incurrido en culpa personal, y

b) si los que actúan en razón de su propio interés han aceptado la herencia de la víctima directa.

En el caso del sub judice —puntualiza el tribunal—, se reclama no a título de herederos, sino como damnificados directos, de modo que aunque se aceptara la culpa de la víctima, no cabría la reducción del perjuicio de conformidad con el artículo 2357 del Código Civil.

Esta conclusión aparentemente injusta se explica por el hecho de que el empleo de la máquina aumenta la fuerza de su empleador, rompiendo el equilibrio entre el autor del perjuicio y su víctima. Es decir, que pese a toda diligencia para evitar el daño este se produce como consecuencia de la actividad peligrosa.

En relación con la determinación de los perjuicios, está de acuerdo el fallo con el dictamen pericial que no encontró demostrado ningún daño emergente. En cuanto al lucro cesante que fijaron los peritos, le hace el reparo de que no tuvieron en cuenta lo que el occiso tomaba para la subsistencia. Para que se tenga en cuenta esta partida en abstracto con aplicación del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.

El recurso de casación y consideraciones de la Corte

Cuatro cargos formula la censura: el primero fundado en el causal quinta de casación de estudio preferente por referirse a un error in procedendo; el segundo, que fundado en la causal primera se destina a impugnar parcialmente la sentencia; y el tercero y el cuarto, fundados en la misma causal primera, pero para censurar con ellos dos todas las resoluciones del fallo atacado.

Primer cargo. Lo plantea el recurrente así: “invoco las siguientes causales de nulidad para este efecto: artículo 152 del Código de Procedimiento Civil. Número 1. Falta de jurisdicción. Número 2. Falta de competencia. Número 9. Inciso 2º. Nulidad de actuación posterior por no haberse notificado una providencia.

“estas causales, frente a la misma situación procesal se presentan en forma concurrente, razón por la cual se analiza el mismo cargo”.

El recurrente funda el cargo por el primer aspecto en que de acuerdo con la Ley 22 de 1980 y Decreto Reglamentario 2588 del mismo año, los magistrados auxiliarles tienen los mismos derechos e incompatibilidades de los funcionarios judiciales; que su función consiste en elaborar proyectos de sentencias y autos, bajo la responsabilidad de los titulares de los respectivos despachos; que están sometidos a las mismas causales de impedimento y recusación previstas para el titular, y que cuando haya dos o más magistrados auxiliares el reparto de los negocios corresponderá a la Sala.

Pero que en este proceso no hay constancia de que se hubiera verificado el reparto y por lo mismo no ha sido investido para un proceso concreto y no tiene jurisdicción, y no puede válidamente realizar un 90% de la pieza más fundamental del proceso.

En relación con la nulidad que por incompetencia alega, dice el censor que “la magistrada auxiliar que proyectó la sentencia que se acusa, actuó sin competencia, pues no fue nombrada por nadie, al menos así se desprende del proceso, y mucho menos se enteró a las partes del proceso su nombramiento”.

Dice finalmente que según el numeral 9º, inciso 2º del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, hay nulidad cuando “se advierte que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda” y que entonces el defecto se “corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia”.

Que en este caso es de suponer que se nombrara la magistrada al menos verbalmente, pero que no se hizo ni una notificación. ¿Cómo se podría, pregunta el recurrente, ejercer los derechos que concede el Decreto 2588 de 1980, en su artículo 13, como el poder de recusar al magistrado?

Se considera

Según el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, el proceso es nulo solamente en los casos enumerados en esta disposición. No caben por tanto, nuevos casos de nulidad, deducidos por medio de la interpretación. Con esto se quiso corregir a tendencia surgida bajo el código anterior, de encontrar causas de nulidad no contempladas allí.

Los artículos 19 y 20 del Decreto 1265 de 1970 regulan la forma cómo se debe hacer el reparto de los asuntos judiciales en las corporaciones y en donde haya dos o más jueces. No se reprodujo aquí ni en ninguna parte del nuevo estatuto procesal el artículo 49 del anterior que decía: “no puede alegarse nulidad por incompetencia de jurisdicción en los casos siguientes: ‘…4. Si proviene de falta de repartimiento o de haberse hecho este indebidamente’. Los tratadistas daban como razón de esta disposición la de que el reparto no atribuía jurisdicción, la cual correspondía al juez de conformidad con las disposiciones que definían las funciones de cada autoridad judicial. De modo que cuando hubiera varios funcionarios de igual grado en el mismo lugar su jurisdicción era idéntica. El reparto solo tiene por finalidad una equitativa distribución del trabajo.

En relación con la competencia observaban que tampoco el reparto la define, pues ella depende de la naturaleza del asunto, de la calidad de las partes, del lugar en donde debe ventilarse y de la cuantía (CPC anterior, arts. 150 y 154).

Una argumentación semejante se puede hacer bajo el nuevo estatuto, aunque ello no sea necesario dado el nuevo sistema de las nulidades taxativas, porque ahora también la atribución de jurisdicción está determinada por las normas que regulan la distribución de esa función, y nada tiene que ver con el reparto. El no haber hecho personalmente el reparto solo se traduce en multa para el juez, según el artículo 37, numeral 7º del Código de Procedimiento Civil.

Por lo que hace a la supuesta nulidad por falta de parto en el caso de los magistrados auxiliares, se observa que lo que constituye el fallo no es el proyecto que puede ser preparado por cualquiera de ellos, sino la decisión de los magistrados que integran la Sala, expresada en la forma prevista por la ley, es decir por mayoría de votos. El magistrado auxiliar carece de toda facultad de decisión, la cual pertenece a la Sala. El ejercicio de la facultad jurisdiccional y su concreción en cada caso no pueden quedar subordinadas al hecho de que el proyecto haya sido elaborado por uno u otro de los magistrados auxiliares.

Tampoco cabría una supuesta nulidad por falta de notificación del auto de reparto, pues este no está prescrito en la ley procesal.

No prospera pues este cargo.

Tercer cargo

Está planeado así: “Por la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil. Vía indirecta del error de hecho, a causa de la cual la sentencia infringió por aplicación indebida del artículo 2356 del Código Civil y por falta de aplicaciones del artículo 1604, inciso 2º de la misma obra”.

Dice el censor al desarrollar el cargo que el tribunal encontró demostrados los presupuestos para aplicar el artículo 2356 del Código Civil y en cambio no demostrada la culpa exclusiva de la víctima, ni el caso fortuito o la fuerza mayor, porque se basa en hechos sin prueba o porque dejó de apreciar algunas debidamente producidas.

Que al contrario de lo que expresa el tribunal no está probado que el conductor se encontrara embriagado en el momento del accidente, pues el informe en donde se hablaba del segundo grado de embriaguez no fue contradicho en el proceso penal y en cambio el agente Iván Moreno, testigo presente en ese momento, dice que estaba sobrio.

Que “el tribunal tiene por acreditada la materialidad y la ocurrencia de los hechos y establece la relación casual con el hecho del conductor del vehículo tractomula, cuando no hay prueba de la imputabilidad del hecho al conductor. Ni siquiera en el proceso penal se observó un acercamiento a la imputabilidad del conductor Castaño. Perfectamente podría pensarse que un tercero arrojó el cadáver, o que el conductor atropelló un cadáver”.

“la única prueba que existe es la concomitancia entre la conducta del demandado y el daño mismo”, pero como lo dice el profesor Carbonnier “la causalidad no es una mera coincidencia temporal o espacial. Lo que se requiere probar es que la culpa del hombre o del hecho de la cosa, han tenido un rol causal, generador en la producción del daño, que sin ellos el daño no se hubiera producido… Si la causalidad permanece incierta como consecuencia de una imposibilidad de prueba, el juez debe rechazar la acción en daños y perjuicios…” (Droit Civil, Les obligations, Ed. Temis, Paris, 1976).

Que es errónea la afirmación del tribunal cuando dice que la parte demandada acepta la materialidad y ocurrencia de los hechos, siendo que los rechaza cuando afirma: “…no es cierto que sea el causante del accidente…”; y que “ninguna razón tiene el tribunal para suponer culpa probada del conductor del vehículo”.

También es errónea la apreciación que hace el sentenciador de la confesión de Luis Medina, cuando dice que le contaron que una persona borracha se le había metido al camión.

Que el tribunal descarta la culpa exclusiva de la víctima y la fuerza mayor porque no tiene en cuenta las siguientes pruebas:

a) La declaración de Ángel Henao, según la cual las llantas traseras fueron las que ocasionaron el accidente, “lo que indica que el conductor no pudo prever ni impedir el atropellamiento”; el no haberse enterado inmediatamente después, que estaba sobrio y la posible embriaguez del atropellado. La declaración de Jairo Moreno que corrobora la anterior, no se vio;

b) El acta de necropsia da asidero a las declaraciones, porque si hubiera sido atropellado con la parte delantera, el cuerpo “no habría quedado entero, sino destrozado y estallado”;

c) El acta de levantamiento, el informe del tránsito y la inspección judicial establecieron que el peatón pasaba o intentaba cruzar la calle por donde no debía, y

d) Las declaraciones de Tulia Arango y Orlando Martínez, de las cuales se deduce que el occiso era aficionado al licor.

Las anteriores pruebas, que no fueron consideradas por el tribunal, indican que al conductor se le presentó una fuerza mayor; “imprevisible porque no había razón particular para pensar que el acontecimiento se produciría; e irresistible, porque fue imposible sobreponerse al hecho de evitar sus efectos”.

Acreditada la culpa de la víctima, “se presenta una aplicación indebida del artículo 2356, y en consecuencia una falta de aplicación del artículo 1604, inciso 2º, del Código Civil”.

Se considera

1. Consideró el Tribunal en su sentencia, y es esta la razón cardinal en que apoyó su fallo condenatorio, que en el presente caso, por tratarse del ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de automotores, hay una presunción de culpa de la demandada; y que, además, las pruebas practicadas evidencian que el conductor del automotor que causó el daño se encontraba embriagado. O sea, que para el ad quem no solo hay culpa presunta sino que está probada.

Pero estimó también el fallador de segundo grado, fundándose en la prueba testimonial, que la ocurrencia del hecho dañoso fue debido no solo a la culpa del demandado sino además a la de la propia víctima, quien “trató o se disponía a cruzar la calle en punto que no es el indicado por las reglas del Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como resulta del sitio en que ocurrió el accidente”. Es decir, que si para el tribunal hubo culpa de la víctima, dicha negligencia no fue sin embargo exclusiva del daño, sino que concurrió a la producción de este con la culpa del demandado.

2. El cargo, como se infiere del extracto que se ha hecho de él, se dirige sustancialmente a demostrar que, al contrario de lo que la sentencia dice, ningún elemento demuestra “la culpa probada del conductor del vehículo”.

Pero aun aceptando la principal argumentación del recurrente, o sea la de que el conductor del automotor no se hallaba embriagado en el momento de la ocurrencia del accidente, quedaría en pie la culpa presunta del demandado, la que, como se vio, también fue fundamento, y quizás el de mayor relieve, de la sentencia combatida en casación.

Y es lo cierto que el cargo no demuestra con la claridad necesaria que la prueba testimonial practicada conduzca a infirmar dicha prueba presunta; ni menos que al conductor del vehículo se le haya presentado un caso de fuerza mayor que no le permitió evitar el accidente.

3. El Tribunal sí vio y apreció en su fallo los testimonios que el censor estima preteridos en este; con apoyo en ellos dedujo la culpa de la propia víctima, pero no atribuyó a este carácter exclusivo sino concurrente con la del demandado en la producción del hecho perjudicial.

Y dicho postulado de la sentencia no lo impugna el recurrente, ni lo podía censurar con éxito, pues los declarantes no permiten afirmar inequívocamente que se trate de una culpa exclusiva, cuando ya está demostrado que sí hubo falta del demandado consistente precisamente en que el conductor del vehículo desempeñaba esta función en estado de embriaguez y contrariando algunas reglas de tránsito.

No prospera pues esta censura

Cuarto cargo

Mediante este se acusa la sentencia de segundo grado de ser directamente violatoria, por falta de aplicación, del artículo 30 del Código de Procedimiento Penal. En el desarrollo del cargo, dice el censor que existe en el proceso copia de la providencia por medio de la cual el Juzgado Noveno Penal Superior de Medellín, puso fin al proceso penal contra Ornar Castaño por homicidio en accidente de tránsito.

Agrega que la influencia que en materia civil pueden tener las providencias en lo penal, está en el interés del Estado de que no sufra quebranto el imperio de su jurisdicción, proponiendo nuevamente un hecho cuya existencia o significación judicial ya fue calificada con igual autoridad por otro funcionario adecuado de la jurisdicción pública. Que la providencia en referencia sobreseyó definitivamente al sindicado por el homicidio, según los hechos que se discuten también en este proceso. Que según ese fallo y el concepto del Ministerio Público, se puede inferir que el hecho imprevisible para el sindicado o incluso que hace dudar si el causante del accidente fue la propia víctima. Que no se indicó la causal de sobreseimiento, pero que se puede deducir de la motivación de la sentencia; y que en el caso concreto es la duda sobre la posibilidad de que haya sido el sindicado quien atropelló a la víctima o que fue la actividad de esta última la que ocasionó el daño.

“Como la culpa de la víctima se presenta como fuerza mayor para el conductor, podemos concluir que el sobreseimiento se fundamentó en fuerza mayor y por ende no debió continuarse con la acción civil y el fallo debió ser inhibitorio”.

Se considera

1. La demanda con la cual se inició este proceso busca la reparación del perjuicio sufrido por los demandantes con motivo de la muerte violenta de Alfonso Martínez, atribuida a culpa de quien conducía el automotor que la ocasionó.

O sea, que se trata de una controversia sobre responsabilidad civil extracontractual.

2. El Tribunal de Medellín así lo entendió en su sentencia; consecuente con su consideración inicial, el juzgador ad quem decidió el litigio al amparo de las normas del Código Civil que regulan la responsabilidad común por los delitos y las culpas, especialmente de los artículos 2356 y 2357 de dicha codificación.

La demanda de casación, en el cargo que aquí se estudia, se limita a denunciar quebranto únicamente del artículo 30 del Código de Procedimiento Penal, pero omite citar como violados los textos legales que constituyen el fundamento jurídico del fallo.

3. Concebido en tales términos, este cargo resulta incompleto y por ende ineficaz por falta de la integración de la proposición jurídica, sin que le sea dado a la Corte, por vedárselo el carácter eminentemente dispositivo de la casación, considerar oficiosamente violaciones legales no denunciadas por el recurrente.

Hase dicho, en efecto, que “cuando la sentencia del Tribunal ad quem decide sobre una situación dependiente, no de una sola norma sino de varias que se combinan entre sí, la censura en casación, para ser cabal, tiene que investir la forma de lo que la técnica llama proposición jurídica completa, lo cual se traduce en que si el recurrente no plantea tal proposición señalando como vulnerados todos los textos que su estructura exige, sino que se limita a hacer una indicación parcial de ellos, el ataque es vano” (Sent. feb. 15/74, proferida en el proceso de Ferretería Cida contra Almacenes Generales de Depósito, no publicada en la Gaceta Judicial).

El cargo es pues ineficaz.

Segundo cargo

1. Viene este planteado así: “Por la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, vía directa de la falta de aplicación del artículo 2357 del Código Civil.

“En la sentencia, el honorable Tribunal hace un minucioso análisis interpretativo del artículo 2357 del Código Civil, que contempla la reducción en la apreciación del daño, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente, para llegar a la conclusión en el numeral 10 de la sentencia, de que no hay lugar a la aplicación de la citada norma en el presente caso”.

2. En desarrollo del cargo, expresa el censor que la sentencia combatida “distingue para efectos de la procedencia en la aplicación del artículo 2357, entre si los demandantes ejercieron la acción hereditaria, como continuadores del causante, o si ejercitaron la acción personal, reclamando el perjuicio personal que experimentan con la muerte de la víctima, para concluir, que el artículo 2357 del Código Civil, solo es aplicable cuando se ejercita la acción hereditaria, y no la personal como en caso debatido”.

Para sustentar su tesis, esencialmente traducida a que en todo caso cabe la aplicación del citado artículo 2357, el casacionista, con citas doctrinarias, dice que la tesis acogida por el Tribunal de Medellín, si bien fue aceptada inicialmente en Francia, ya está revaluada allí y que “en Colombia no tiene razón de ser, pues el artículo 2357 no permite la interpretación que el Tribunal le da”.

3. Avanzando en el desarrollo del cargo, agrega el censor que el artículo 2357 citado, no dice que solo hay reducción del daño de la víctima directa, sino de cualquier clase de daño. Y agrega: “lo que don Andrés Bello quiso decir era que la apreciación del daño estaba sujeta a reducción si el sujeto que sufrió la acción del responsable se expuso imprudentemente. En el presente caso si la parte demandada tuviera que pagar la totalidad del daño, podría repetir en virtud del artículo 2344 del Código Civil contra los herederos del peatón que murió. Hay lugar a compensar”.

Concluye citando al tribunal en la parte de su sentencia que dice que la víctima incurrió en culpa al querer cruzar la vía en punto no indicado, y que si no hubiera sido por su errado concepto sobre el artículo 2357 del Código Civil la parte resolutiva hubiera sido muy distinta.

Se considera

1. Con fundamento en el principio de derecho universalmente aceptado, según el cual quien con una falta suya cause perjuicio a otro está en el deber de reparárselo, la legislación colombiana consagra, en el título 34 del libro 4 del Código Civil, la responsabilidad por los delitos y las culpas.

De acuerdo con dicha normación positiva, quien por sí o por medio de sus agentes cause a otro un daño, originado en hecho o culpa suyos, queda jurídicamente obligado a resarcirlo; y según los principios reguladores de la carga de la prueba, quien en tal supuesto demande la indemnización corre con el deber de demostrar, en principio, el daño padecido, el hecho intencional o culposo del demandado y la relación de causalidad entre el proceder o la omisión negligente de este y el perjuicio sufrido por aquél.

2. Más, con el propósito de favorecer a las víctimas de los daños ocasionados en ciertos acontecimientos, la jurisprudencia nacional, apoyándose en la normación legal contenida en el artículo 2356 del Código Civil, ha admitido un régimen conceptual y probatorio propio de las actividades denominadas peligrosas, después de haber advertido que el ejercicio de una actividad de dicha naturaleza coloca a los asociados en inminente peligro de recibir lesión, aunque se ejecute observándose por su autor toda la diligencia que ella exige.

El referido régimen especial consiste sustancialmente en que, cuando el daño se causa en ejercicio de una actividad peligrosa, se dispensa a la víctima de aportar la prueba, con frecuencia difícil, de la imprudencia o descuido de la persona a la que demanda la reparación; es decir, que en tal evento se presume la culpa de esta por ser ella quien con su obrar ha creado la inseguridad de los asociados, presunción que no puede ceder sino ante la demostración de que el perjuicio fue la resultante de un caso fortuito, de fuerza mayor, o de la ocurrencia de un hecho extraño, dentro del cual se halla la culpa exclusiva de la víctima.

Desde vieja data la jurisprudencia de la Corte tiene dicho que, en materia de responsabilidad civil aquiliana, el precitado artículo 2356 no tiene por objeto repetir la regla del texto 2341 ibídem, sino que, separándose del sistema expuesto en este último, o sea la reparación del perjuicio con base en la culpa probada, establece una presunción de culpa cuando el daño deriva de un hecho que por su naturaleza, o las circunstancias en que ocurre, permiten atribuirlo a malicia o negligencia de otra persona.

3. Cuando el actor de la relación procesal está amparado por la presunción de culpa, es al reo a quien incumbe demostrar que el hecho se produjo en alguna de las circunstancias que excluyen su responsabilidad civil. Entre estas se menciona la culpa exclusiva de la víctima, por la muy obvia razón de que resulta absurdo aún el mero enunciado consistente en que dicha víctima pueda demandar la reparación de un daño que ella ha sufrido por su propia negligencia.

La falta de la víctima, cuando es la única causa del daño producido, exonera de toda clase de responsabilidad civil, no solo de aquella que reposa o se fundamenta sobre una falta probada, sino también de la que se apoya en una falla resunta.

Pero para que la culpa de la víctima tenga la relevancia jurídica apuntada, o sea para que constituya una eximente de responsabilidad civil al demandado, es preciso que ella haya sido la causa exclusiva del daño; que absorba ele alguna manera pero integralmente la imprudencia y el descuido del demandado, los cuales por consiguiente no tendrán ya ninguna trascendencia en la producción del perjuicio.

4. Ciertamente, como al unísono lo reconocen jurisprudencia y doctrina, no son infrecuentes los casos en que un daño resulta de la conjunción de varios acontecimientos. Dícese entonces que todos esos aconteceres son la causa del perjuicio, pero en el sentido de que la ausencia de uno de ellos habría bastado para que el daño no se hubiera producido.

En dichos supuestos, que en la doctrina se conocen con las denominaciones concurrencia de culpas y división de la responsabilidad, para deducir esta la jurisprudencia ha tornado en cuenta, como causa jurídica del daño, toda actividad que, entre las concurrentes, ha contribuido a la realización del perjuicio. No se trata, evidentemente, de una culpa común, es decir de la que ha sido cometida simultáneamente por el demandado y la víctima, sino de dos culpas distintas que concurren a la realización del hecho dañoso, donde la de la víctima, justamente por no ser la preponderante y trascendente en la realización del perjuicio, no exime de responsabilidad al demandado, pero que sí se compensa, en la medida o grado que estime prudentemente el juez, con la del reo de la acción.

En providencias múltiples ha dicho invariablemente la Corte que “como el daño no siempre tiene su origen en la culpa exclusiva de la víctima, o en descuido único del demandado, sino que, en muchas ocasiones, tiene su manantial en concurrencia de culpas de uno y de otro, en negligencia tanto de la víctima como del autor del perjuicio, entonces, en este último evento, en virtud de la concausa, el demandado no puede ser obligado, sin quebranto de la equidad, a resarcir íntegramente el daño sufrido por la víctima. Si la acción o la omisión culposa de esta fue motivo concurrente del perjuicio que sufre, necesariamente resulta ser el mismo lesionado, al menos parcialmente, su propio victimario. Y si él ha contribuido a la producción del perjuicio cuya indemnización demanda, es indiscutible que en la parte del daño que se produjo por su propio obrar o por su particular omisión, no debe responder quien solo contribuyó a su producción, quien, realmente, no es su autor único, sino solamente su copartícipe” (Sent., feb. 9/76, proferida en el ordinario de Consuelo viuda de Londoño y otros contra Avelino Hincapié, Gaceta Judicial, Tomo CLII, 26).

5. Pero si el perjuicio generalmente es experimentado por una persona, no son ciertamente infrecuentes los casos en que un solo daño alcanza o afecta a una pluralidad de individuos: entonces cada una de las personas cuyo patrimonio resulta así lesionado, tendrá derecho a demandar del responsable la reparación del perjuicio que ella ha sufrido con el acto ilícito.

Y si bien es verdad que en tal hipótesis, para demandar, no hay solidaridad activa alguna, por lo que cada uno de los que han soportado el perjuicio debe suplicar la reparación del suyo propio, con independencia de los demás afectados, nada impide sin embargo, y antes bien la economía procesal lo aconseja, que las respectivas acciones se acumulen en un proceso único: la vía del litisconsorcio facultativo permitirá entonces que en una sola sentencia se decida sobre indemnizaciones distintas.

6. En el caso de concurrencia de culpas sí hay, en cambio, responsabilidad solidaria; cada una de las personas que participan en el acto ilícito es considerada como productora del daño y, en consecuencia, obligada a la reparación integral.

Como efecto de dicha solidaridad existente entre los varios sujetos pasivos de la acción indemnizatoria en comento, la víctima del daño no está obligada a accionar contra todos los responsables, o contra este o aquél, sino que a elección suya puede dirigir su demanda contra uno o contra varios para que el deudor elegido le satisfaga el total de la reparación debida pero, y como consecuencia de la apuntada solidaridad, el responsable que paga tiene acción de repetición parcial contra los corresponsables por la cuota que les corresponda como deudores solidarios.

Cuando el proceso se traba entre la víctima directa del daño, cuya culpa ha concurrido a la producción de este, y el demandado responsable, quizás con fundamento en la economía procesal la ley simplifica el sistema del doble proceso a que daría lugar la acción de repetición, exonerando parcialmente al demandado: en la sentencia de un litigio único el juez lo condenará sí pero solo a reparar una fracción del daño, por quedar la otra parte a cargo de la víctima (C.C., art. 2357).

Obvio es entender que cuando el demandado responsable propone a su favor la compensación que surge de la concurrencia de culpas, está renunciando a que posteriormente se tramite otro proceso para hacer valer el derecho de repetición, pues lo que quiere es, simplemente, que en una sola y única sentencia la justicia resuelva de una vez cuál es la cuantía con la cual cada uno de los responsables de un daño debe contribuir a la reparación.

7. La aplicación de la concurrencia de culpas, que no presenta problema cuando la acción indemnizatoria es ejercida por la propia víctima, se torna en cambio compleja cuando esta no sobrevive al accidente y entonces son sus parientes quienes la instauran. Se cuestiona si en este específico supuesto el demandado tiene derecho a oponer a sus demandantes la culpa en que incurrió el difunto. Al efecto este expediente ofrece dos tesis: negativa la una, que es la que acoge la sentencia del Tribunal ad quem; y positiva la otra, prohijada obviamente por el recurrente en casación.

Para la Corte esta última es la que, de tiempo atrás, aparece jurídica y por ello la ha aplicado en múltiples sentencias de casación, entre las cuales pueden citarse las siguientes: 15 de marzo de 1941, Gaceta Judicial, Tomo L, página 793; 25 de marzo de 1953, Gaceta Judicial, Tomo LXXIV, página 419; 29 de noviembre de 1963, Gaceta Judicial, Tomo CIII, página 751; 29 de febrero de 1964, Gaceta Judicial, Tomo CVI, página 161; 9 de febrero de 1976, Gaceta Judicial, Tomo CLII, página 26; 27 de julio de 1977, proceso de Gilma Pimiento viuda de Badillo y otros contra Hiznardo Ardila; y 26 de marzo de 1981, ordinario de María Margarita Correa y otros contra los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, estas dos últimas no publicadas en la Gaceta Judicial.

No encuentra hoy razones la Corte para modificar su doctrina en el punto, pues si bien es cierto que en casos corno el que aquí se estudia no puede afirmarse inequívocamente que hubo culpa de los demandantes en la producción del daño, es evidente que para dicho acontecer sí ocurrió la culpa de su pariente, muerto como resultas de ese accidente. Y si se trata en verdad de un solo hecho dañoso, esa unicidad no aconseja escindirle para estudiar separada y sucesivamente la proporción en que tales culpas determinaron la ocurrencia del acto ilícito.

Tratándose de personas que al fin y a la postre van a resultar recíprocamente deudoras y acreedoras, los demandantes por razón del óbito de la víctima directa, tanto la equidad como la economía procesal insinúan la conveniencia, sin que en verdad se vislumbre impedimento para ello, de que en el mismo proceso se decidan esas relaciones materiales que se hallan íntimamente relacionadas entre sí: La equidad, porque no parece justo que parientes de la misma víctima, al reclamar la reparación del perjuicio causado con el hecho ilícito a que contribuyó decisivamente su propio causante, reciban en unos casos indemnización integral y solamente parcial en otros, por el solo hecho de que actúen, en el primero, jure proprio y en el otro como sucesores del muerto; tampoco la economía, sencillamente porque no se acompasa con la necesidad de pronta justicia que los parientes de la víctima demanden al culpable que vive, quien, en ese procedimiento, será condenado al pago total de la indemnización; y luego, a renglón seguido, venga otro proceso para que el condenado en el primero obtenga de sus demandantes la restitución de parte de lo que a ellos entregó en cumplimiento de una primera sentencia, cuando dichos dos aspectos del litigio pueden decidirse simultáneamente en un solo fallo judicial.

8. También en este caso, como se dijo para el evento anterior, tiene que entenderse que cuando el demandado responsable propone a los demandantes la compensación que surge de la concurrencia de las culpas de aquél y del pariente muerto de estos, lo que busca es simplemente que en el mismo proceso se resuelva y determine la cuantía de la división de la responsabilidad; expresando implícitamente, de paso, que renuncia al derecho de instaurar posteriormente otro proceso para lograr la repetición parcial. Y tal proceder no se ve que sea contrario al derecho positivo, por ninguno de los aspectos que se lo contemple.

Cuando el legislador, mediante el artículo 2357 del Código Civil, dispuso que la indemnización del daño está sujeta a, reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente, no quiso tal vez limitar su aplicación al caso de que sea la propia víctima la que demande, sino sentar el principio general que en caso de que haya culpa de la víctima, concurrente con la del demandado, debe haber reducción de la indemnización.

9. Como obvia conclusión de todo lo dicho tiene que seguirse que el tribunal sentenciador, al no haber aplicado al caso presente la norma contenida en el artículo 2357 citado, muy a pesar de haber dado por demostrada la concurrencia de culpas, sí incurrió en el error in judicando que el casacionista le enrostra en esta censura.

Procede pues, para corregir el apuntado yerro, casar parcialmente la sentencia combatida, por haberse quebrantado con ella en forma directa y por falta de aplicación el precitado artículo 2357.

Sentencia sustitutiva

1. Resulta de lo expuesto que por la prosperidad del cargo segundo la sentencia combatida en el recurso extraordinario tiene que casarse; pero como su quiebra es solo por el eficaz ataque que en dicho cargo se le hace al fallo, o sea en cuanto en este no se redujo el monto de la indemnización debida por la concurrencia de culpas reconocida, la sentencia que la Corte debe dictar como tribunal de instancia, tendrá que limitarse a suplir dicha omisión y reproducir las demás decisiones que trae el fallo impugnado, pues las censuras contra estas no alcanzaron éxito.

2. Por cuanto siempre ha resultado difícil fijar la proporción y regular la partición de la responsabilidad en los casos del daño causado por concurrencia de culpas, la doctrina y la jurisprudencia han dejado la gradación cuantitativa de la indemnización a la prudencia del juzgador.

Amparada pues la Corte en esta facultad discrecional que al efecto le defiere implícitamente el legislador, y considerando que la culpa de los demandados y la que se le imputa y dedujo a la víctima del accidente pueden, en estrictez jurídica, estimarse como igualmente trascendentes o determinantes en la producción del perjuicio, cuya indemnización se suplica aquí, cree que lo indicado por la equidad es la de que el perjuicio deba ser reparado por mitad. O sea que los aquí demandados solo deben pagar el 50% del monto de la indemnización.

Decisión

En mérito ele lo expuesto la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de siete (7) de abril de mil novecientos ochenta y uno (1981), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario de Tulia Arango de Martínez en su propio nombre y como representante de sus menores hijos, en frente de Transportes Químicos Limitada y Luis A. Medina, y actuando como tribunal de instancia,

RESUELVE:

1. REVÓCASE la sentencia de 21 de agosto de 1980, proferida en este proceso por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín.

2. DECLÁRASE a los demandados Transportes Químicos Limitada y Luis A. Medina, civilmente responsables de los perjuicios sufridos por los demandantes a causa del accidente a consecuencia del cual falleció Luis Alfonso Martínez.

PAR.—La condena a pagar los perjuicios se reduce en un cincuenta por ciento (50%) por estar demostrada culpa concurrente de la víctima, de acuerdo con el artículo 2357 del Código Civil.

3. DESESTÍMANSE las excepciones propuestas por la parte demandada.

4. En consecuencia se condena a los demandados a pagar a Tulia Arango de Martínez la suma ele veinticinco mil pesos ($ 25.000) y a cada uno de los otros demandantes la cantidad de quince mil pesos ($ 15.000) por concepto de perjuicios morales.

Igualmente se les condena a pagar a favor de Tulia Arango de Martínez y de los mismos demandantes que en el momento del accidente eran menores de edad, a título de lucro cesante la mitad de la cantidad que se liquide mediante el procedimiento indicado en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

5. CONDÉNASE a la parte demandada al pago del cincuenta por ciento (50%) de las costas de primera y segunda instancias. Liquídense.

6. DESESTÍMANSE las demás pretensiones de la demanda.

Séptimo. Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase.

Magistrados: José María Esguerra Samper—Héctor Gómez Uribe—Alberto Ospina Botero—Germán Giraldo Zuluaga, con salvamento de voto—Humberto Murcia BallénJorge Salcedo Segura.

Secretario: Rafael Reyes Negrelli.

Salvamento de voto

Magistrado Germán Giralda Zuluaga

Me separo parcialmente de la muy interesante posición tomada por la Corte en el despacho del cargo segundo, no obstante el espíritu de equidad que la alienta, por las siguientes razones:

1. No existe prueba de que los demandantes sean herederos de la víctima, pues ni han invocado tal calidad, ni se adujo prueba de haber aceptado expresamente la herencia.

Como puede leerse en los poderes que otorgaron para reclamar la indemnización por la muerte de Luis Alfonso Martínez (fls. 11 y 12, cdno. 1), los demandantes no actúan invocando calidad de herederos de este, es decir, no ejercitan acción heredada, sino que proceden iure proprio.

2. La cónyuge sobreviviente, Tulia Arango de Martínez, por cuanto el difunto dejó descendencia legítima, no puede tener la calidad de heredera suya en la sucesión intestada, desde luego que el cónyuge solo es llamado por la ley a partir del segundo orden hereditario, pero no en el primero en que los hijos son factor excluyente.

3. Como quiera que no se trajo copia de testamento, no se sabe a quiénes se atribuyó la cuarta de mejoras ni quiénes son los llamados a la de libre disposición.

4. En una palabra, con las pruebas aducidas, es imposible afirmar quiénes son los herederos” de Luis Alfonso Martínez. Por el contrario, sin vacilación se puede aseverar que su viuda, Tulia Arango de Martínez, no es heredera suya.

5. La tesis ahora sostenida por la Corte, en el preciso punto de que me aparto, puede enunciarse así:

Cuando el daño que se reclama se produce tanto por culpa del demandado como de la víctima que fallece, entonces, aunque los demandantes no ejerciten la acción heredada que este les transmite por su muerte, sino que actúan a su nombre, es decir, no iure hereditario sino iure proprio, la apreciación del daño está sujeta a reducción, siempre que los demandantes sean “parientes” de la víctima.

Dos objeciones hago a la tesis así planteada: en primer lugar, si los actores obran a nombre propio es claro que la culpa de la víctima, sería culpa de un tercero que, por tanto, no puede perjudicarlos; y segundamente que, a voces de los artículos 1155 y 1411 del Código Civil, son los herederos, o sea los asignatarios a títulos universal, quienes representan al difunto, le suceden en sus obligaciones transmisibles y dividen entre sí, a prorrata de sus cuotas, las deudas del de cujus. Lo cual no puede predicarse de otros asignatarios como los legatarios y mucho menos de los simples “parientes”.

6. La tesis demasiado amplia; acogida ahora por la Corte no merecería mi respetuoso reparo si ella solo fuera aplicable al caso en que los demandantes sean realmente “herederos” de la víctima, aunque no actúen con esta calidad, pues en virtud de las normas antes citadas, estarían obligados al pago de las deudas hereditarias.

No me parece justo obligar a la viuda a cargar con las deudas del difunto sin ser su heredera ni su pariente y obligar a los hijos, por el solo hecho de ser “parientes”, a soportar el total de una carga hereditaria, sin estar determinados los sucesores a título universal entre quienes debería hacerse el reparto del débito.

Por lo brevemente expuesto tengo que separarme del ilustrado criterio de la mayoría y apoyar, en cambio, las consideraciones del tribunal, que, por otra parte, tienen un firme soporte en la doctrina que, entre otros, propugnan Mazeaud y Tune y Alessandri Rodríguez.

Bogotá, mayo 14 de 1982

Germán Giraldo Zuluaga