Sentencia de mayo 17 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN PROCESAL

PRINCIPIOS APLICABLES

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Romero Sierra

Bogotá, D.E., mayo diecisiete de mil novecientos noventa y uno.

Decídese el recurso de reposición formulado contra el auto de 5 de abril del año en curso, por el que la Corte, en Sala de Casación Civil, inadmitió el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de segundo grado que en este asunto profirió el Tribunal Superior de Medellín.

Antecedentes

1. Por el auto ahora impugnado mediante reposición, se decidió, como se dijo, inadmitir el recurso extraordinario, fundamentalmente porque se halló que su interposición fue extemporánea a la luz de la norma vigente para entonces, pues ya estaba rigiendo la reforma que el artículo 369 del Código de Procedimiento Civil introdujo el Decreto 2282 de 1989, exactamente en el aspecto de no conceder más que cinco días a dicho propósito.

2. El impugnante estima que la norma aplicable es el artículo 369 existente antes de la reforma, el que, como se sabe, otorgaba un término más amplio —el de diez días— para interponer la casación.

Para fundar su punto de vista, arguye el reposicionista que el caso particular en estudio rechaza, en el punto, la aplicación inmediata de la nueva ley procesal, toda vez que cae dentro de la excepción que consagran los artículos 40 de la Ley 153 de 1887 y 699 del Código de Procedimiento Civil, justamente porque bajo la vigencia de la ley antigua había comenzado a cumplirse la actuación tendiente a la notificación de la sentencia, la que obviamente debía culminar bajo el imperio de la legislación con la que habíase iniciado. Recuerda a tal efecto que la sentencia es de 29 de mayo de 1990, cuyo término de notificación empezó al otro día, y estando en curso éste entró a regir la reforma el 1º de junio siguiente.

Estas sus propias reflexiones:

“Por lo tanto, hallándose ya iniciada la actuación tendiente a alcanzar la ejecutoria del fallo dictado bajo el imperio de las normas anteriores, estas diligencias secretariales tenían que seguirse adelantando de acuerdo a la ritualidad con la que se inició, vale decir de conformidad con el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, según el texto que tenía antes de que entrara a regir la nueva ley”.

Más adelante dice encontrar apoyo igualmente en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, “en el que se dispone que “las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes... cuando... principio a surtirse la notificación”. Y es evidente que la notificación de la sentencia, cuando se realiza por edicto, supone el previo agotamiento del término que empezó a correr al día siguiente de expedida la sentencia. Luego esta unidad de actuación secretarial conforma lo que la ley denomina una actuación”.

Consideraciones

1. Como se aprecia, el problema así suscitado gira en torno a la vigencia de la ley procesal en el tiempo. El quid estriba en saber si la sentencia que en este caso se profirió el 29 de mayo de 1990 pudo ser impugnada mediante casación dentro de los diez días siguientes a su notificación, término que establecía el entonces artículo 369 del Código de Procedimiento Civil; o si, por el contrario, sólo lo era dentro de los cinco días siguientes, por haber entrado en vigencia, el 1º de junio de 1990, la reforma que a tal artículo se introdujo por el Decreto 2282 de 1989. Situación que adquiere enorme importancia práctica en el caso sub lite, como que, de aceptarse lo segundo, el recurso es extemporáneo.

2. Para dilucidar la cuestión atinente al conflicto de leyes por el tránsito de legislación operado con la reforma que a la ley rituaria civil introdujo el Decreto 2282 de 1989, determinante y de primerísimo orden resulta recordar que respecto a la ley procesal, entendida como la que va dirigida a reglamentar la función jurisdiccional como potestad del Estado, y de ahí su señalado carácter de orden público, cobra especial valor el postulado de que la ley rige hacia el futuro, que en ningún caso puede ser retroactiva. Su aplicabilidad es, pues, inmediata. De donde se infiere que los procesos ya concluidos, para nada son tocados por la ley nueva; y que los que se inicien luego, estarán regulados íntegramente por la nueva legislación. Hipótesis estas que en verdad ninguna dificultad ofrecen. No ocurre lo propio, en cambio, con los procesos pendientes, que están en trámite cuando aparece la nueva ley, problemática que ha dividido a la doctrina entre los que sostienen que deben seguir regulados, por la ley antigua, con la que comenzaron, y los que proclaman que deben adecuarse en un todo a la nueva. De las dos, es la segunda la que siguió el legislador colombiano, al disponer el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 lo siguiente: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir”. No hay duda: según la ley colombiana, las normas procesales tienen aplicación inmediata aun respecto de los procesos pendientes. Pero si bien es un principio de carácter general, tolera algunas concesiones, toda vez que la misma ley ha exceptuado, rindiendo con ello culto a la doctrina que distingue los actos procesales consumados de los no consumados, algunas situaciones, así: “Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la vigente al tiempo de su iniciación”. Estas excepciones están significando, entonces, que la ley antigua tiene, respecto de ellas, ultraactividad; de suerte tal que si una actuación, una diligencia o un término, ha empezado a tener operancia y no se han agotado cuando adviene la ley nueva, ellas y él terminarán regulados por la antigua. Salvedades que se muestran imperiosas y plenamente justificadas en aras del orden procesal.

El aquí recurrente busca encasillar el caso dentro de la excepción que habla exactamente de la actuación, considerando al efecto que es una unidad el trámite que se cumple para notificar una sentencia y su posterior ejecutoria, razón por la que —dice— habiéndose iniciado ella antes del 1º de junio de 1990, debe concluir con la legislación antigua y no con la nueva.

Empero, al rompe se observa que tal argumentación no es viable, dado que no se descubre la necesaria conexidad que haga de la notificación y su ulterior ejecutoria una actuación inescindible. Bien se sabe que dentro del proceso se cumplen actos que concatenados conducen a un fin; y es por esto cosa también averiguada que el proceso no debe ser entendido como una yuxtaposición de actos incoherentes, desgajados unos de otros, sino que entre todos se ve un encadenamiento que explica al posterior como desarrollo de los precedentes. Pero es lo cierto que no por ello solo habrá de considerarse al proceso como una actuación para los efectos investigados; es inconcebible hallar una sinonimia entre los vocablos proceso y actuación, pues, si así se admitiera, sería irremediable caer en el absurdo de que todos los procesos que se están tramitando cuando aparece la ley nueva, entrarán sin más a la salvedad analizada. De ahí que la Corte desde hace mucho haya sostenido que “no debe reputarse como diligencia o actuación, cosa especial, todo pleito o procesó” (LX, 325).

No. La actuación a que alude la norma no puede ser sino aquella parte o fracción que dentro de un proceso tiene identidad propia, que es fácilmente identificable en su comienzo como en su fin, de modo tal que superada ella, es reemplazada por otra que, ostentando igualmente las características mencionadas, la hacen inconfundible con la anterior. Así las cosas, y centrando aún más el estudio al caso por resolver, se tiene que por incontados que sean los esfuerzos dialécticos que se hagan para fusionar, con los fines vistos, la notificación de una sentencia con su ejecutoria, esa fusión resulta inalcanzable. Basta ver que notificada la providencia, ahí fenece esa precisa actuación y que lo que sigue guarda en relación con ella la independencia de que se viene hablando; tanto, que a partir de entonces empieza es a transcurrir un término de ejecutoria, que, no supone necesariamente actuación procesal alguna.

Entonces, no hay duda que se trata de dos cosas que bajo la perspectiva comentada se pueden desligar perfectamente; y siendo más exactos todavía, son dos cosas diferentes: por un lado, una actuación, y, por el otro, un término.

Tratándose en verdad de un término, este sólo podría sustraerse del carácter general del ya anunciado postulado, si comenzó a correr antes de entrar en vigencia la ley nueva.

4. En las condiciones que se dejan referidas, cabe concluir que el término para interponer en este caso el recurso extraordinario de casación era de cinco días, en aplicación de la nueva ley que rige desde el 1º de junio de 1990; y que no lo es el de diez días que el código establecía en el punto, dado que él empezó a correr bajo la vigencia de la ley nueva, y no escapa por lo mismo a la aplicación inmediata de la ley procesal.

5. De modo que la reposición deviene frustránea.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

No reponer el auto recurrido.

Notifíquese.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Eduardo García Sarmiento—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero—Rafael Romero Sierra. 

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