Sentencia de mayo 29 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

BONOS DE PRENDA

RESPONSABILIDAD DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

Magistrado Ponente:

Dr. Alberto Ospina Botero

Bogotá, D.E., veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y uno.

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que, contra la sentencia del 3 de agosto de 1988 pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, interpuso la parte demandada, en el proceso ordinario del Banco Mercantil contra Almacenes Generales de Depósito de Caldas S.A. “Alcaldas”.

El litigio

I. Se pide en la demanda incoativa del proceso que se declare que la sociedad demandada creó negligentemente los bonos de prenda Nº 00756 y 00758 al insertar en ellos precios unitarios y totales del café excelso que en ellos se relaciona, superiores al valor comercial vigente en las fechas de su emisión; que, por tanto, se le condene a pagar al demandante, beneficiario legítimo de tales bonos, los perjuicios que se le irrogaron con tal conducta, por ser civilmente responsable de estos, en los que se debe incluir la corrección monetaria que corresponde, a partir del 19 de marzo de 1985 respecto del bono 00756, y a partir del 26 de marzo del mismo año respecto del bono 00758, fechas en las que se produjeron los respectivos vencimientos y hasta cuando la demandada extinga su obligación.

II. Los hechos fundamentales de la causa petendi son los siguientes:

Que Almacenes Generales de Depósito de Caldas S.A. emitió los bonos de prenda dichos con las fechas de vencimiento que se señalaron antes, los días 20 y 27 de diciembre de 1984 a favor del Banco Mercantil; que el valor del Nº 00756 era de $ 34.185.000, por 1.500 sacos de café excelso y el del Nº 00758 era de $ 22.790.000, por 1.000 sacos de café de la misma calidad; que oportunamente el Banco Mercantil, legítimo tenedor de los bonos, solicitó a la demandada su cancelación y/o protesto, lo que hizo los días 22 y 28 de marzo de 1985, habiendo obtenido el protesto; que el protesto lo hizo “Alcaldas” con leyendas en la que se expresaba: “protestamos el presente bono de prenda por no existir provisión oportuna de fondos de acuerdo con solicitud del acreedor prendario y conforme al artículo 795 del Código de Comercio”; que con posterioridad, el 3 de mayo de 1985, se realizó el remate de la mercancía por intermedio del Martillo del Banco Popular Sucursal Pereira, remate que se hizo respecto del café del bono 00756 por $ 13.674.000, y $ 9.116.000 el café del bono 00758, lo que arrojó un total de $ 22.790.000; que luego de descontados los costos del remate, el saldo neto de éste fue de $ 20.613.125; por lo que los créditos incorporados a los bonos quedaron insolutos “por la diferencia entre el valor en ellos indicado y el total del abono efectuadó''; diferencia que no se le ha pagado al Banco Mercantil; que, así las cosas, el almacén fijó en los bonos de prenda un valor de $ 22.790 por cada saco de café excelso, sin embargo de que su valor comercial aproximado era de $ 13.000; que los almacenes generales de depósito tienen la obligación de señalar alas mercaderías un justo valor comercial; que el valor comercial real del café excelso cuando se expidieron los bonos mencionados por 2.500 sacos de café, era de $ 13.000 por unidad, lo que arroja un total de $ 24.475.000, pese a lo cual el crédito que se incorporó fue de $ 56.975.000; que el “perjuicio causado por culpa del almacén de depósito no se fundamenta en el precio por el cual se hizo el remate del café, sino por la elevadísima fijación del precio que aparece en cada uno de los bonos, con referencia a su justo valor comercial promedio o aproximado para la época en que se expidieron esos documentos, así como también para cuando se hicieron exigibles los mismos”.

III. La demandada se opuso a las súplicas formuladas en su contra y alegó las excepciones que denominó “inexistencia de las obligaciones que se reclaman y la consiguiente inexigibilidad de las mismas”, lo que sustentó del siguiente modo:

“Fundo la presente excepción en el hecho de que “Alcaldas S.A.”, no ha causado ningún daño al Banco Mercantil que deba resarcirle, ni mucho menos adeuda indemnización alguna que pueda derivarse por razón del contrato de depósito celebrado con Fabio Tobón Jaramillo sobre los dos mil quinientos (2.500) sacos de café de exportación “excelso” pignorados por el citado señor al Banco Mercantil mediante la expedición de los bonos de prenda números 00756 y 00758.

Tampoco le cabe responsabilidad alguna a mi mandante por razón del precio que se tomó para la mercancía al tiempo de constituirse el depósito, porque éste es un precio oficial reglado, establecido por la ley y fijado por el organismo oficial competente (Junta Monetaria), siendo éste el único precio y valor que podía aceptar el almacén y único vigente, al tiempo de constituirse el depósito. Esto es, la suma de veintidós mil setecientos noventa pesos ($ 22.790) m/cte. que corresponden al precio mínimo de reintegro en dólares a razón de doscientos un dólar con cuarenta centavos de dólar (US$ 201.40), para cada saco de café de exportación llamado “excelso” con un peso de setenta (70) kilos cada saco, correspondiente a US$ 1.40 libra ex muelle Nueva York, con una tasa de cambio de $ 113.48, vigente al 20 de diciembre de 1984, fecha en que expidieron el bono de prenda Nº 00756, y de $ 113.89 para el bono Nº 00758, vigente al 27 de diciembre de 1984”.

IV. El a quo negó las súplicas de la demanda y condenó en las costas del proceso al accionante; proveído contra el cual éste interpuso recurso de apelación.

V. El Tribunal, al desatar la alzada, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, dispuso:

“a) Declárase que la entidad denominada Almacenes Generales de Depósito de Caldas S.A. “Alcaldas” emitió en forma negligente los bonos de prenda 00756 y 00758, por haber colocado en ellos precios del café excelso superiores al valor vigente para la época en que fueron emitidos.

b) Como consecuencia la sociedad demandada “Alcaldas” debe responder de los perjuicios que haya recibido, con la corrección monetaria correspondiente, el Banco Mercantil, por los hechos de que da cuenta la demanda, y los cuales serán tasados en la forma contemplada por el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.

c) Condénase a la demandada Almacenes Generales de Depósito “Alcaldas” al pago de los intereses legales que puedan causar las anteriores condenas desde la fecha en que se concrete la liquidación de los perjuicios a que se ha hecho alusión anteriormente.

d) Condénase a la parte demandada en las costas del proceso.

3. No hacer condenación en costas del recurso, por cuanto éste prosperó”.

Fundamentos de la sentencia del tribunal

Llega el sentenciador a las siguientes conclusiones:

1. Que en el sub lite se trata de un caso de responsabilidad civil extracontractual, porque los bonos a que se refiere la controversia se emitieron como consecuencia del contrato de depósito que celebraron Fabio Tobón Jaramillo como depositante y la sociedad demandada como depositaria y el Banco Mercantil es un tercero beneficiario y tenedor de los bonos de prenda.

2. Que los almacenes generales de depósito “adquieren responsabilidad cuando ejercen la función de señalar el precio de las mercancías depositadas y expedir los correspondientes bonos de prenda”.

Sostiene, con base en los artículos 1182, 1183 y 757 del Código de Comercio, que son los almacenes generales de depósito quienes expiden tanto los certificados de depósito como los bonos de prenda y agrega, teniendo en cuenta los testimonios de Alberto Navia y Fernando Garzón León Gómez, las comunicaciones remisorias de dichos documentos al Banco Mercantil, de fechas 21 y 27 de diciembre de 1984 y la inspección judicial del 4 de abril de 1986, que fue “Alcaldas” quien expidió los bonos a que se refiere la demanda.

Luego de referirse a la Ley 20 de 1921, artículos 7º y 25; al Decreto 1821 de 1929; a los artículos 8º y 14 del Decreto 356 de 1957; ordenamientos en los que se establecen determinadas responsabilidades y exoneraciones a los almacenes generales de depósito y se le otorga, en el último de ellos, facultad reglamentaria a la Superintendencia Bancaria para fijar las normas generales a que debe someterse el avalúo de mercancías y su reavalúo cuando fuere menester; alude luego a la Resolución 3165 del 24 de diciembre de 1975 en cuyo artículo 26 prescríbese que el almacén responderá por el valor fijado a las mercancías de conformidad con lo que dispone el artículo 8º del Decreto 356 de 1957.

3. Que “si la Junta Monetaria no estaba autorizada para señalar el precio del café excelso afecto a los bonos de prenda, el cual se encontraba depositado en bodegas del interior del país, debe concluirse que dicho precio no se debió ceñir al fijado por la Junta Monetaria sino al fijado por el comité, que integra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el de Agricultura y el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, que para la época de la emisión de los bonos era de $ 13.000 pesos por saco de 70 kilos según se concluye de la comunicación enviada el 11 de marzo de 1985, por el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia”.

Para llegar a tal conclusión se apoya en los artículos 56 y 256 del Decreto-Ley 444 de 1967 y en la comunicación que la Junta Monetaria remitió al a quo, en la que aparece que esta entidad no fija precios al café sino que solamente señala el monto de las divisas por reintegrar cuando ya se ha hecho la exportación.

4. Que “si de acuerdo con el artículo 1º del Decreto 356 de 1957, los almacenes generales de depósito son entidades especializadas para “el depósito, la conservación y el manejo, custodia, distribución, compraventa por parte de sus clientes de mercancías y productos de procedencias nacional y extranjera” correspondíale a la entidad demandada haber señalado al de los sacos de café que fueron depositados y que dieron origen a los bonos de prenda una cantidad de acuerdo con dichas autorizaciones y si así no lo hizo debe concluirse que incurrió en culpa”.

5. Que está acreditado el perjuicio al accionante. Dice así el ad quem:

“Considera la Sala, que si un banco, una persona jurídica o cualquier persona natural, recibe de un almacén de depósito, un bono de prenda sobre determinada mercancía o producto agrícola el beneficiario o tenedor ha de atenerse no solamente a lo que respecta en las cantidades del producto sino a sus valores, porque proveniendo de una entidad exclusiva y profesionalmente dedicada a esa actividad, máxime cuando el tercero no tiene esa profesión, debe conocer las normas relacionadas con su conducta, especialmente la legislación bancaria del año de 1923 y posteriores que hasta la fecha han tenido que adoptarse. Por esta razón si el acreedor de los bonos de prenda los recibió y contabilizó, de acuerdo con lo expresado por la almacenadora, creyendo que su crédito estaba garantizado hasta por la suma que los mismos arrojaban, cuando en realidad de verdad el precio total del café era muy inferior a su cuantía, evidentemente esta diferencia, al no cancelarse totalmente la obligación hasta el valor indicado en ellos, se traduce en perjuicios que deben ser resarcidos por el causante del daño. Además debe observarse que la parte demandada no probó en forma alguna ningún hecho exonerante de responsabilidad, luego debe concluirse que los perjuicios demandados son procedentes y que su concreción y valor debe determinarse por el procedimiento indicado por el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.

Debe concluirse que las excepciones propuestas por la demandada denominadas “inexistencia de las obligaciones que se reclaman con la consiguiente inexigibilidad de las mismas” no han sido debidamente probadas de lo cual resulta que la providencia apelada es ilegal y por tanto debe revocarse a fin de acceder en su lugar a las pretensiones de la demanda.

Adviértese que la parte demandada ha alegado que el banco demandante no está legitimado para pedir perjuicios, pues existe la sentencia del Juzgado 12 Civil del Circuito donde se ordena la devolución de los bonos de prenda a Fabio Tobón Jaramillo. No obstante, tal sentencia está impugnada en apelación y no se ha probado que esté ejecutoriada y por ello obligue a la Sala a tener en cuenta sus efectos para adoptar una decisión”.

Demanda de casación

Cinco cargos, todos con apoyo en la causal primera de casación, formula el recurrente, de los cuales se estudiará el segundo, por estar llamado a prosperar.

Segundo cargo

Se le achaca al Tribunal violación directa, por aplicación indebida, de los artículos 1494, 2341, 2342, 2343 y 2356 del Código Civil; 34 de la Ley 57 de 1887; 2º, 822, 1182, 1283, 757, 2033, segunda parte, del Código de Comercio; 7º y 25 de la Ley 20/21 y 8º y 14 del decreto de estado de sitio 356 de 1957, convertido en norma legal de fuerza permanente en virtud del art. 1º de la Ley 141 de 1962; por falta de aplicación, de los artículos 758, 759, 760 y 765 del Código de Comercio e interpretación errónea del artículo 2033 íb.

La censura, en su desarrollo, se resume del siguiente modo:

Que los almacenes generales de depósito no expiden los bonos de prenda en el sentido de los artículos 625 y 626 del Código de Comercio, sino sólo en el sentido de que hacen entrega simple al depositante del formulario en que ha de quedar contenido tal título, como lo dice el artículo 758 del Código de Comercio, no aplicado por el Tribunal. Esto porque los almacenes no son parte en el instrumento, no son deudores del crédito incorporado y tan solo lo suscriben para identificarse como depositarios de la mercancía, respondiendo únicamente de su existencia y conservación, en los términos generales de los artículos 1171 y siguientes del Código de Comercio (Capítulos 1 y 2 del Título 7, Libro 4), que es lo mismo prescrito ya en concreto por el inciso 2 del artículo 765 ibidem.

Que en materia de depósito en almacenes generales y de títulos valores a que ese contrato da lugar (certificados de depósito y bonos de prenda) quedó abolida, en virtud del art. 2033 del Código de Comercio, la legislación anterior y, con ella, la Ley 20 de 1921, su decreto reglamentario y el Decreto Legislativo 356 de 1957; que, por lo mismo, con base en estas disposiciones derogadas, no podían descubrirse normas consagratorias de responsabilidad de los almacenes generales de depósito como expedidores de bonos de prenda, ni tampoco por la fijación del valor de las mercancías en estos. Que lo único dejado a salvo por el artículo 2033 fue el régimen de la Superintendencia Bancaria y de las sociedades sometidas a su control permanente.

Que la legislación actual, artículos 621, 760 y parágrafo del 759 del Código de Comercio, no exige la inclusión del valor de la mercancía en los bonos de prenda, sino únicamente en el certificado de depósito. Que el artículo 26 de la Resolución 3165 de 1975 de la Superintendencia Bancaria, no puede modificar el Código de Comercio. Y además se refiere al contrato de depósito y no al bono de prenda, en el supuesto de que estuviera vigente el artículo 8º del Decreto 356 de 1957 al cual se remite.

Que corresponde estimar la suficiencia de la garantía al tercero que negocia el bono, quien entra a ser acreedor en el crédito incorporado.

Se considera

1. La Ley 20 de 1921 y su Decreto Reglamentario 1821 de 1929 establecieron por primera vez el régimen legal de los almacenes generales de depósito en Colombia, régimen modificado principalmente por el Decreto Legislativo 356 de 1957.

Posteriormente, el Código de Comercio, Decreto 410 de 1971, se ocupó de algunos aspectos del contrato de depósito en almacenes generales y también de los certificados de depósito y bonos de prenda que expidan.

El artículo 2033 de dicho código, dijo regular íntegramente las materias contempladas en él y derogar el Código de Comercio Terrestre y el Código de Comercio Marítimo, con todas las leyes y decretos complementarios o reformatorios “Exceptuados solamente los que determinen el régimen de la Superintendencia Bancaria y de las sociedades sometidas a su control permanente, y el Capítulo XI del Decreto 2521 de 1950”.

El casacionista, como se dejó expuesto, pretende que este artículo abolió la legislación anterior en punto al contrato de depósito en almacenes generales y a títulos valores a que ese contrato da lugar, y que en particular abolió el artículo 8º del Decreto 356 de 1957, que en últimas sirvió al Tribunal para fundamentar la responsabilidad que atribuyó a la parte demandada. Dice que una cosa es el régimen del contrato de depósito en almacenes generales y las normas sobre certificados de depósito y bonos de prenda y otra muy distinta el régimen de las sociedades sometidas a control de la Superintendencia Bancaria, objeto de la excepción, entre ellas los almacenes generales de depósito, relativos simplemente a su constitución, estructura orgánica, funciones y requisitos de funcionamiento.

No comparte la Corte el criterio extremo de la censura, pues el Decreto 356 de 1957 tuvo como objetivo establecer el régimen de los almacenes generales de depósito, señalando para ello lo relativo a su constitución y funciones, pero también otros temas en desarrollo de ese régimen, tales como la forma de cumplir con su objeto en general y en casos especiales, su responsabilidad, aseguramiento de las mercaderías, bienes a poseer, procedimiento para la venta de las mercaderías, inspección, vigilancia, etc.

Se expresa así el decreto, indicando claramente su finalidad:

“Por el cual se dictan disposiciones sobre almacenes generales de depósito ... Considerando: ... Que es conveniente actualizar y complementar la legislación vigente sobre ellos con el fin de facilitarles el cumplimiento de las finalidades económicas y sociales para las cuales se constituyen, y de hacer más expedita y adecuada la supervigilancia que sobre ellos debe ejercer el Estado”.

Ninguna duda puede caber, además, en el sentido de que las reglas para determinar la forma en que los almacenes deben desarrollar su objeto, el alcance de su responsabilidad, los bienes que pueden adquirir, el procedimiento a que deben sujetarse para la venta de las mercaderías, y el control a que están sometidos, forman parte del régimen al que están sujetos, utilizado el término, claro está, en el sentido amplio que le corresponde y no en el restringido que le impone la censura.

2. Al tenor del artículo 1º del Decreto 356 de 1957, que derogó el artículo 1º de la Ley 20 de 1921, los almacenes generales de depósito “tienen por objeto el depósito, la conservación y custodia, el manejo y distribución, la compra y venta por cuenta de sus clientes de mercancías y productos de procedencia nacional y extranjera, y si así lo solicitaren los interesados, la expedición del certificado de depósito y bono de prenda, transferibles por endoso y destinados a acreditar, respectivamente, la propiedad y depósito de las mercancías y productos, y la constitución de garantía prendaria sobre ellos”.

Así pues, en desarrollo de su objeto, los almacenes generales de depósito están autorizados para expedir dos clases de documentos: certificados de depósito y bonos de prenda. Facultad reiterada por el artículo 757 del Código de Comercio.

Esta última disposición define o describe dichos títulos así:

“Los certificados de depósito incorporan los derechos del depositante sobre las mercaderías depositadas y están destinados a servir como instrumento de enajenación, transfiriendo a su adquiriente los mencionados derechos. El bono de prenda incorpora un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas por el certificado de depósito y confiere por sí mismo los derechos y privilegios de la prenda”.

Así que los certificados de depósito representan o incorporan la mercancía depositada y sirven de instrumento para su enajenación, y los bonos de prenda representan el contrato de préstamo y su consiguiente garantía en las mercancías depositadas, con los derechos y privilegios propios de un crédito prendario, y sirven para transferir el crédito y la garantía.

Uno y otro reciben del Código de Comercio el tratamiento de títulos-valores, a los cuales les son aplicables, en lo conducente, las disposiciones relativas a la letra de cambio y al pagaré negociable (C. de Co., art. 766); pueden ser expedidos a la orden o al portador y son negociables conjunta o separadamente por medio de endoso (arts. 763 y 764 ibídem), esto último en razón de que cumplen distintas funciones, según quedó visto.

El bono de prenda, en particular, es un título-valor de contenido crediticio que lleva inserta la promesa de pagar una suma de dinero a una persona determinada o al portador; suma garantizada con prenda sobre las mercaderías en él referidas, depositadas en el almacén general.

3. Los artículos 759, 760 y 621 del Código de Comercio señalan los requisitos que debe contener el bono de prenda, los dos primeros como normas especiales y el último como norma general para todo título valor. Entre tales requisitos se exige, por el numeral 4º del artículo 760 mencionado, la firma “del almacén que haya intervenido en la operación”.

Así las cosas, se debe determinar cuál es el alcance del artículo 1º del Decreto 356 de 1957 y del artículo 757 del Código de Comercio, en cuanto dicen que el almacén general de depósito expide los bonos de prenda, para luego determinar cuáles son sus obligaciones.

Respecto de lo primero, resulta claro que aquí el término expedir no puede tener el significado de creación u otorgamiento del título-valor, por dos razones: ante todo porque al expedirse el documento por el almacén aún no llena los requisitos exigidos por la ley para ser tenido como bono de prenda y, luego, porque quien crea u otorga el título es el tenedor del certificado de depósito (el depositante), cuando transfiere el bono, firmándolo como emitente por haber obtenido crédito, con lo cual lo pone en circulación.

El bono, para ser tal, ha de llenar los requisitos mencionados en los ya citados artículos 621, 759 y 760 del Código de Comercio, entre los cuales se cuentan el nombre del beneficiario, el importe y fecha de vencimiento del crédito incorporado, datos que aún no existen cuando se entrega el documento por el almacén al depositante de la mercadería. Tampoco la firma del tenedor del certificado.

Ratifica lo anterior el artículo 758 ibídem, que habla tan solo de la entrega de un formulario de bono: “El certificado y, en su caso, el formulario del bono, se entregarán por el almacén a requerimiento y costo del depositante”.

Así que el almacén entrega únicamente su formulario o cupón al depositante de la mercancía, para ser diligenciado posteriormente y convertido en título-valor.

4. En este orden de ideas, el almacén general de depósito, parte en el contrato de depósito, no es parte en el bono de prenda, pues en éste sólo pueden tenerse como partes al otorgante y al beneficiario, el primero como creador del título según los términos del artículo 765 inciso 1º del Código de Comercio, y el segundo como persona que ha prestado al primero, con garantía en las mercancías depositadas y documentadas y quien ha de cobrar directamente al tenedor del certificado de depósito, o indirectamente, a través del almacén, pidiéndole el remate de las mercancías, si no se le ha provisto de fondos para el pago (C. de Co., arts. 794 y ss.).

Si, pues, el almacén general de depósito, ni expide ni es parte en el bono de prenda, mal puede asumir obligación cambiaria, por lo cual su firma en el documento se deriva exclusivamente de su condición de depositario de las mercaderías gravadas con la prenda.

Según el artículo 625 del Código de Comercio, “toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título-valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación”. De consiguiente, la firma del almacén general de depósito en el bono de prenda no implica responsabilidad cambiaria de pago, por ausencia de esa intención específica.

No se da esa intención, puesto que no se está creando ni emitiendo el título-valor.

La creación, dice Bernardo Trujillo Calle, “es el acto cambiario por el cual se le da vida al título-valor mediante una redacción formal que recoja los elementos esenciales (generales y particulares) según la clase de documento de que se trate. La emisión, se ha dicho, es un negocio o acto extracambiario por medio del cual el creador del título-valor hace su entrega al beneficiario legitimado para el ejercicio de los derechos en él incorporados”. (De los títulos valores, parte general, 1983, 5ª edición, pág. 55).

Ratifica lo expuesto el contenido de los artículos 800 y 801 del Código de Comercio, al excluir implícitamente a los almacenes de toda acción cambiaria, reservada a tenedores, endosantes y avalistas.

Por las razones expuestas el artículo 765 del Código de Comercio no menciona al almacén como obligado cambiario, como sí lo hace respecto del tenedor del certificado de depósito. En efecto, todo lo contrario, dice la mencionada disposición al afirmar que el almacén “garantiza la existencia de las mercaderías, que éstas reúnan los requisitos de los artículos 1183 y 1187, y se obligará de conformidad con los artículos 1181, 1182, 1189 y 1190”, todos ellos relativos al contrato de depósito en dichos almacenes.

De aquí se desprende que los almacenes generales de depósito, que han firmado el bono de prenda, sólo se obligan a responder por la existencia de las mercaderías, por su conservación y por el valor equivalente, si es del caso, con motivo de que no son parte en el bono de prenda, pues se reitera que respecto de éste, sólo se limitan a entregar un cupón de bono de prenda al depositante o tenedor del certificado para ser llenado por éste cuando obtenga un crédito de un tercero.

El artículo 8º del Decreto 356 de 1957, guarda armonía con estos principios, pues tan sólo se refiere a las obligaciones derivadas del contrato de depósito. El artículo 26 de la Resolución 3165 de 1975, emanada de la Superintendencia Bancaria y, dictada de conformidad con el artículo 14 del Decreto 356, se remite al mencionado artículo 8º, que consagra una responsabilidad específica y, por demás, la citada resolución se expidió fundamentalmente, para efectos contables y el preciso punto desarrolla el parágrafo del artículo 759 del Código de Comercio.

5. Queda en claro, entonces que los almacenes generales de depósito no responden por el valor asignado a las mercaderías en los bonos de prenda. Es más, la inclusión del valor no es uno de los requisitos del bono de prenda, como se infiere fácilmente de la lectura de los artículos 621, 759 y 760 del Código de Comercio, que los contienen.

La inclusión de dicho valor se exigía en la Ley 20 de 1921 y su Decreto Reglamentario 1821 de 1929. El artículo 8º del Decreto 356 de 1957 se refiere al valor de las mercancías para efectos únicamente de la responsabilidad de los almacenes en relación con el contrato de depósito y las circunstancias específicas allí previstas. En igual sentido el artículo 25, numeral 6º de la Resolución 3165 de 1975 de la Superintendencia Bancaria, todo lo cual en armonía con el parágrafo del artículo 759 del Código de Comercio.

6. Viene de lo dicho que el Tribunal incurrió en las violaciones a la ley sustancial que se le endilgan, circusntancia por la cual se impone casar la sentencia recurrida y proceder la Corte, como tribunal de instancia, a proferir la que ha de reemplazarla.

La sentencia sustitutiva

Si, como quedó visto, los almacenes generales de depósito, al suscribir los bonos de prenda, tan solo se hacen responsables de la existencia y conservación de las mercancías, y no de su valor, y si, de otra parte, corresponde al acreedor velar por la suficiencia de la garantía que acepta, mal se puede hacer responsable a la demandada Alcaldas de los perjuicios sufridos por el demandante a causa de la insuficiencia de la misma, una vez efectuado el remate de la mercancía pignorada.

Por estas razones deberá confirmarse la sentencia de primer grado.

Resolución

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 3 de agosto de 1988, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario del Banco Mercantil contra Almacenes Generales de Depósito de Caldas S.A. “Alcaldas”, y actuando como fallador de instancia resuelve:

1. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, el 24 de octubre de 1987.

2. Se condena a la parte demandante a pagar las costas de segunda instancia.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Eduardo García Sarmiento—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero—Ramón Madriñán de La Torre, Conjuez. 

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