Sentencia de octubre 10 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CONTABILIDAD IRREGULAR

INEFICACIA PROBATORIA

EXTRACTOS: «6. En punto a la cuantía del siniestro el Tribunal se apoyó en los dos dictámenes periciales rendidos en el proceso, el segundo con ocasión de la objeción del primero, y en las aclaraciones hechas al uno y al otro. Específicamente encontró que eran atendibles las conclusiones de los peritos, según las cuales del estudio de las tarjetas de kárdex de inventarios diarios llevados por el demandante, ajustadas con los comprobantes de compras y ventas del día del siniestro, y comparado el resultado con el inventario físico posterior, se establecía el monto de las pérdidas, igual a los faltantes.

7. Como quedó dicho el casacionista ve en el acogimiento de esta prueba por parte del Tribunal un error de derecho, en primer lugar porque también los peritos afirmaron, en términos generales, que el asegurado llevaba una doble contabilidad, a la cual el artículo 74 del C. de Co. le resta eficacia probatoria, en el sentido de que sólo prueba en contra y no a favor de quien la lleva.

No se advierte sin embargo el error de derecho por ese aspecto, en la apreciación de la prueba, pues en realidad el Tribunal no acogió como demostrada la cuantía del siniestro a pesar de la doble contabilidad, es decir, desconociendo su idoneidad probatoria, sino que estimó que la doble contabilidad no podía predicarse en lo atinente a los inventarios permanentes llevados a través de las tarjetas de kárdex, pues no se llevaban por partida doble.

Los peritos encontraron que el asegurado llevaba, respecto de algunos movimientos, una contabilidad 1 y una contabilidad 2, la primera registrada y la segunda sin registrar, pero también concluyeron que:

“... este inventario permanente lo lleva la empresa en forma real y no tiene nada que ver con la contabilidad “1'''' ni con la contabilidad “2”, pues en éste se recopila la totalidad de las compras de la empresa, lo mismo que la totalidad del costo de ventas y éste solamente indica el monto o valor de la mercancía existente en el negocio en un momento dado. Es decir el inventario permanente de la empresa se maneja independientemente de las dos contabilidades antes citadas'''' (fl. 10, C. 6, dictamen de la objeción).

Esa fundamentación, como quedó dicho, fue acogida por el Tribunal, sin reservas.

En realidad, de los dictámenes periciales no se infiere la existencia de una doble contabilidad en el sentido del art. 74 del C. de Co., sino la existencia simplemente de una contabilidad dividida. La doble contabilidad, según el inciso 2º del artículo citado, ocurre cuando “un comerciante lleva dos o más libros iguales en los que registre en forma diferente las mismas operaciones, o cuando tenga distintos comprobantes sobre los mismos actos”. Puede advertirse, del contenido de la disposición, que lo que el legislador califica de doble contabilidad es la circunstancia de llevar el comerciante libros paralelos, con unas mismas operaciones, pero registradas en forma distinta, o respaldadas en comprobantes distintos, es decir la incompatibilidad de los libros.

Los peritos no dan fe de una tal incompatibilidad en los libros de comercio del asegurado, sino de que las operaciones no se asientan todas en un libro único, según su función, puesto que se asientan por separado, dividiendo lo que debe permanecer unido, con fines tributarios, según aparece confesado (C. 1º, fl. 66). Así pues los libros no registran las mismas operaciones, ni están éstas respaldadas en comprobantes contradictorios entre sí, lo cual constituye el supuesto de hecho de la llamada doble contabilidad del artículo 74 del Código de Comercio.

Dijeron los primeros peritos que “en los libros registrados en la Cámara de Comercio no está asentada la totalidad de la contabilidad de la empresá'', pues encontraron asentada parte de ella en los libros no registrados; la primera es la que se ha llamado contabilidad 1 y la segunda contabilidad 2. Los peritos designados a propósito de la objeción al primer dictamen confirmaron lo anterior, según ellos las dos contabilidades requieren sumarse para llegar a la contabilidad total; “y al haber dos contabilidades ésta sumadas deben coincidir con los libros auxiliares que abarcan las dos... En conjunto reflejan el movimiento económico de la empresa”.

8. En segundo lugar, ve el casacionista el yerro de derecho fundado en que la ineficacia predicada por el inciso 1º del artículo 74 del Código de Comercio cobija cualquier fraude en la contabilidad del comerciante.

Sin embargo, la norma, después de mencionar la doble contabilidad, se refiere a “cualquier otro fraude de tal naturaleza”, es decir, de la misma naturaleza que el fraude de la doble contabilidad, o sea, cualquier otro fraude por contabilidad contradictoria o incompatible, aunque no se traduzca formalmente en una contabilidad llevada doblemente, lo cual, según se dejó visto, no ocurre en el caso que ocupa a la Corte, pues la contabilidad dividida que lleva el demandante-asegurado no ofrece esas características, ni los peritos establecieron que en alguna otra forma la contabilidad no correspondiera a los hechos reales, todo lo contrario, la encontraron congruente y respaldada, tomada en su conjunto.

No se advierte tampoco el yerro de derecho por este aspecto.

9. Pero el casacionista también cita en su apoyo el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, que otorga valor probatorio a los libros de comercio “siempre que estén llevados en legal forma”, y los artículos 68, 69 y 70 del Código de Comercio, que en conjunto establecen regla similar, para concluir que sólo la contabilidad regular y legalmente llevada constituye plena prueba.

Son dos los motivos legales de ineficacia probatoria de los libros de comercio: la doble contabilidad o fraude similar y la contabilidad irregularmente llevada. En ninguno de los dos casos los libros prueban a favor.

La doble contabilidad, o fraude similar, suponen la existencia de una contabilidad para engañar a terceros, que puede estar regularmente llevada, es decir acomodada formalmente a los requisitos legales, pero que no obstante resulta ineficaz, por ocultar las operaciones verdaderas. La contabilidad irregular por su lado también es ineficaz, por no ajustarse a las formalidades legales, así refleje operaciones verdaderas.

Aquí ocurre lo segundo, pues según quedó visto la contabilidad del asegurado no es regular, dado que en parte está registrada y en parte no, en cuanto a libros que no tienen por qué llevarse separados.

Según el primer dictamen pericial, que detalló el asunto, el asegurado tiene registrados los libros mayor y balances, caja diario, y cuenta y razón, pero respecto de este último se llevan dos cuentas, la segunda sin registrar; es decir, hay compras, ventas y devoluciones en libros no registrados, que sirvieron de fundamento a los peritos para determinar la mercancía faltante a causa del siniestro y su monto, según ellos mismos lo afirman.

Además, anotaron los peritos que el libro mayor y balances “presenta varias enmendaduras y borrones”, el caja diario “presenta saldos a lápiz, enmendaduras y borrones a folios 21, de agosto de 1983, 39, de enero de 1984, 47, de marzo de 1984, 80, de marzo de 1986”. No dicen los expertos que se hubieran hecho las salvedades correspondientes a esas correcciones, como lo determina el numeral 3º del art. 57 del C. de Co., cuestión aclarada en parte por los segundos peritos: “tal como lo dice el dictamen objetado, el caja-diario presenta este tipo de anomalías y no están enmendadas o salvadas con un nuevo asiento en la fecha en que se advierten”.

Estas irregularidades se constataron también en forma directa, en diligencia de exhibición del libro de inventarios y balances, en lo correspondiente a febrero de 1986, diligencia llevada a cabo por el juzgado el 6 de mayo de 1988 (C. 6, f. 2), y dentro de la cual se observaron borrones sin salvar y folios sin terminar.

Pues bien, al tenor del art. 28, No 7 del C. de Co., los comerciantes deben inscribir en el registro mercantil sus libros de contabilidad, entendiéndose por estos “los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos'''' (art. 49 ibídem). Si bien el legislador no ha determinado cuáles son los libros obligatorios, para desarrollar ese art. 49, ninguna duda puede caber de que se viola el espíritu de esas disposiciones legales cuando se registran los libros esenciales a las exigencias básicas de la contabilidad en forma dividida, es decir, unas operaciones si y otras no.

Cabe notar que el Decreto 1798 de 1990, expedido, publicado y vigente desde el 6 de agosto del mismo año, y que desarrolla, según su texto, los artículos 50 y 56 del C. de Co., relativos a la forma de llevar la contabilidad —insistiendo en que debe ser registrada— faculta a los comerciantes y a los establecimientos del comercio para registrar únicamente los libros que estimen necesarios, con lo cual el Gobierno, al menos por ahora, se ha abstenido expresamente de señalar libros de registro obligatorio, sin dejar de lado, puesto que no podría hacerlo, la obligatoriedad misma del registro, sólo que dejando librado al criterio de los comerciantes la determinación de cuáles son sus libros básicos de contabilidad a registrar.

Pero aún hoy día, esa facultad, no significa que se puedan escindir las operaciones comerciales, pues en esta forma se atenta contra la finalidad misma del registro, es decir, contra la publicidad, seguridad y fidelidad que con él se buscan.

Por otra parte el art. 58 del C. de Co., refiriéndose a los libros con enmendaduras y correcciones sin salvar, dispone: “Los libros en que se cometan dichas irregularidades carecerán, además, de todo valor legal como prueba en favor del comerciante que los lleve”.

Si, pues, los libros de comercio de Para Soldar Ltda., están irregularmente llevados, no podían constituirse en prueba del monto del valor del siniestro, es decir en prueba a favor del propietario de los mismos, como equivocadamente lo apreció el Tribunal, desconociendo el tenor del art. 271 del C. de P. C., y sus correspondientes del Código de Comercio, e incurriendo, por lo mismo en el error de derecho que le endilga el censor.

10. Está llamado entonces a prosperar el cargo en relación con la condena líquida impuesta por el Tribunal.

(...).

Sentencia sustitutiva

Para efectos de proferir la sentencia de instancia correspondiente, la Corte considera:

1. Como se dijo, prospera el recurso de casación en cuanto al monto líquido del valor del siniestro a pagar por la compañía damandada a la sociedad demandante, según la determinación del Tribunal.

2. No encuentra la Corte manera de decretar pruebas de oficio para determinar dicho monto, dado que no podría insistir en el análisis de unos libros y documentos contables mal llevados, es decir llevados contrariando las disposiciones legales y las estipulaciones contractuales (cláusula octava).

3. El artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, reformado, dispone que “la condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados”, lo que resulta imposible en este proceso, por carencia de pruebas idóneas.

4. Se impone entonces la absolución de la compañía demandada, puesto que correspondía a la sociedad demandante la carga probatoria, no sólo en punto a la ocurrencia del siniestro sino también de su cuantía (art. 177 C. P.C.).

La obligación objeto de las pretensiones de la demanda no quedó así debidamente configurada en todos sus elementos».

(Sentencia de octubre 10 de 1991. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Ospina Botero).

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