Sentencia de octubre 2 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA

SIN CONSENTIMIENTO DEL APODERADO

EXTRACTOS: «Cuando...se aduce la conclusión legal previa de un proceso por desistimiento de la demanda, hecho directamente por la parte demandante sin anuencia del apoderado, que más adelante fuera sustituido ilegalmente, será necesario precisar la legitimación sustancial y judicial para desistir del proceso, que allí se plantea, como una especie de aquella a que se refiere el poder de disposición del derecho en litigio, pues sabido es que aquel desistimiento de la demanda “implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada” (CPC, art. 342 inc. 2º).

Pues bien, en cuanto a la facultad de disponer el “derecho en litigio” como poder genérico para extinguirlo mediante cesión y otras formas (allanamiento, renuncia, etc.) o bien como poder particular para renunciarlo (en las pretensiones que lo envuelve) mediante desistimiento (CPC, art. 342 inc. 2º), es preciso observar que el estatuto procesal lo ha reservado de manera general al titular del mismo derecho, que obra como parte por su connotación prioritariamente sustancial, y excepcionalmente ha admitido que el apoderado lo ejercite, no a nombre propio (pues no es el titular del derecho) sino a nombre de la parte que representa, solo cuando ésta, sin desprenderse del derecho sustancial en litigio, simplemente le otorga expresa facultad para desistir. Luego, si la misma parte que obra en el proceso, virtud de la titularidad del poder de disposición del “derecho en litigio”, puede desistir del mismo, hay que entender que bien puede hacerlo, por conducto de apoderado, al otorgarle facultad expresa para ello, o bien que también puede hacerlo directamente, tanto en ausencia de todo apoderado (v. gr., muerte, renuncia, etc.) o de apoderado sin facultad expresa para desistir, así como en los casos en que teniendo apoderado para desistir, independientemente de éste (con, sin, o en contra de su consentimiento), procede a desistir directamente de su proceso, siempre que se trate de un “demandante” plenamente capaz (que lo son todos, salvo excepción legal) (CPC, arts. 342 y 343). Y tal posibilidad, fundada en el mencionado alcance de la titularidad del poder de disposición del “derecho en litigio”, también armoniza, de una parte, con el principio dispositivo, que acarrea la disponibilidad general y ad libitum por las partes de la relación procesal, y, de la otra, con la naturaleza sustancial y procesal del desistimiento, que, no obstante poner fin al litigio implicando renuncia de las pretensiones, no se trata de una acción de litigar en causa propia. En efecto, se trata más bien de una acción de “deslitigar'''' (esto es, para desembarazarse, liberarse o extinguir el litigio en que se encuentra como parte demandante y que ya no se quiere), adoptada de buena fe por la parte demandante (CPC, art. 71 num. 1º), a la cual debe lealtad su apoderado (ibídem y art. 47, num. 4º, D. 196/71), so pena de temeridad procesal (CPC, arts. 71, 1; 72, 73 y 74) en caso contrario, y que debe ser atendida por el juez ( CPC, art. 37 num. 3º y 1), como pronta solución del litigio, prevalente en la recta y rápida administración de justicia, y, desde luego, sin perjuicio de la regulación de los honorarios del apoderado, que, análogamente al artículo 69 del Código Procedimiento Civil (art. 5º), pueda efectuarse por esta terminación, igualmente anormal, del poder. Luego, será necesaria la consideración de este fenómeno, relativo a la extinción de la acción y del derecho sustancial, cuando quiera que en el litigio correspondiente, el juez se encuentre frente a la prueba auténtica del escrito de desistimiento presentado personalmente por la misma parte demandante (CPC, art. 345), sin que para ello sea necesario patrocinio posterior de apoderado judicial, pues conforme a lo dicho, su asentimiento sería innecesario, y su oposición ineficaz. Por lo que la aceptación en esta forma de dicho desistimiento de la parte, se ajustaría a derecho, con la circunstancia de que la ausencia de patrocinio judicial, en este acto concreto no sería motivo de nulidad del artículo 152, num. 7º, Código de Procedimiento Civil (hoy art. 140, num. 7º), por no constituir “carencia total de poder para el respectivo proceso”, ni ser la parte misma ajena a ello (art. 155, inc. 1º, hoy art. 143, inc. 1º CPC); y ni siquiera, tampoco sería una irregularidad, de las que ordinariamente pueden alegarse mediante los recursos establecidos en el código, so pena de entenderse saneadas (art. 152, inciso final CPC, hoy art. 140, par.).

1.3. Ahora bien, lo antes expuesto reitera la jurisprudencia que sobre el particular ha aplicado y desarrollado esta Corporación, cuando con relación al antiguo Código Judicial, reconoció el desistimiento “en nombre propio” y sin intervención de apoderado, al decir que “El desistimiento del señor Francisco Andrade es legal, pues reúne las condiciones del artículo 461 del Código Judicial y es capaz para hacerlo en su propio nombre, sin que sea necesaria “la indicación de la facultad de desistir”, válida para cuando se obra a nombre ajeno” (Sala de Negocios Generales. Auto de junio 7 de 1940, G. J. T. IL, Nos. 1953 a 1960, pág. 698). Pues con ello, como se dijo después, se atiende la exigencia de que “los términos de una renuncia, o de un desistimiento deben ser siempre claros y expresos, aunque no se empleen términos sacramentales; pero del texto debe aparecer con toda evidencia la expresión de la voluntad al respecto de quien renuncia o desiste. Por meras presunciones no puede configurarse una renuncia o desistimiento” (Sent. del 25 de octubre de 1944, G. J. T. LVIII, Nos. 2016 y 2017, pág. 78).

Y tal criterio se mantuvo, dentro de la vigencia del actual Código de Procedimiento Civil, cuando al referirse al memorial en que “las mismas partes intervinientes desistieron del proceso”. (En que se dice “Que hemos convenido en desistir expresamente del proceso”.) señala que reúne los requisitos de fondo y de forma pues tiene además de estar suscrito por las partes, el de “la legitimación, o sea, formulado por quienes pueden obtener un pronunciamiento en tal sentido, asistido del derecho para terminar de manera anormal el proceso” y los de “la presentación del escrito y su invocación ante la Corte que conoce del recurso de casación'''' (Auto, Oct. 30/84, aún sin publicar. Y en el mismo sentido se manifiesta el Auto de oct. 18/89, también sin publicar) (Lo subrayado es de la Sala).».

(Sentencia de octubre 2 de 1991. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta).

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