Sentencia de octubre 20 de 1987 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

NULIDAD. DERECHO DE DEFENSA

Es la absoluta falta de conocimiento de la imputación y la imposibilidad total de defensa la que genera nulidad; toda vez que si en el auto de proceder se especificaron los cargos, se notificó esta decisión a los procesados y a sus defensores, es incuestionable que se enteraron concretamente de los delitos atribuidos a su autoría

Magistrado Ponente:

Dr. Lisandro Martínez Z.

Bogotá, D.E., veinte de octubre de mil novecientos ochenta y siete.

Aprobado Acta Nº 66, septiembre 29 de 1987.

VISTOS:

Procede la Corte Suprema de Justicia a decidir sobre el recurso extraordinario de casación, interpuesto contra la sentencia de 12 de marzo de 1985, proferida por el Tribunal Superior de Medellín, por medio de la cual confirmó, modificando el quántum punitivo, la dictada por el juzgado segundo superior de esta ciudad, el 10 de julio de 1984, que condenó a Édgar Arturo Dávila Muñoz, Francisco Balmore Vallejo, Fernando Pineda Vásquez, Bernardo William Aristizábal García y Fernando Escobar Montoya, a la pena principal de nueve años y un mes de prisión a los dos primeros y a nueve años los demás, como coautores de cuatro delitos de hurto calificado y agravado, de falsedad y uso en documento público y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Hechos

El día 29 de diciembre de 1982, en las primeras horas de la mañana, varios individuos que portaban armas de fuego, asaltaron la sucursal del Banco Comercial Antioqueño, situada en el municipio de Rionegro, sustrayéndose la suma de $ 22.573.000, para lo cual utilizaron los vehículos Renault 12 verde, Mazda color café y FIAT amarillo.

Con anterioridad al día de los hechos, los delincuentes venían amenazando de muerte al señor Octavio de Jesús Galeano, revisor fiscal del banco, para que les suministrara la información necesaria para la consumación del plan, llegando hasta exigirle la elaboración de un plano y la localización de Marco Tulio López, cajero de la entidad bancaria, a quien sacaron de su residencia, mientras dos de los facinerosos ejercían violencia y vigilaban a su esposa y demás familia, para llevarlo hasta el banco con el fin de que abriera la caja fuerte.

Actuación procesal

1. Iniciadas las averiguaciones con la colaboración del revisor fiscal del banco, se logró la captura de Fernando Pineda Vásquez, pues a pesar de la previsión de los asaltantes en quitarle los papeles donde tenía anotado el número telefónico que le habían suministrado para tener un contacto directo con él, el señor Galeano lo recordaba.

2. Obtenida la aprehensión de Pineda Vásquez, el 30 de diciembre, al cual se le encontró la suma de $ 2.016.000 y un cheque que lo relacionaba con Francisco Balmore Vallejo Alzate, se procedió a la captura de este último, a quien le fue decomisada la suma de $ 1.880.000.

3. Al reconocer ante las autoridades policiales su participación en el asalto al banco y que el dinero hallado en su poder era producto del mismo, Pineda Vásquez informó que prácticamente el jefe de la banda era el individuo Bernardo William Aristizábal García, quien tenía una finca en las inmediaciones de Santa Elena.

4. Siguiendo las indicaciones de este sindicado, se allanó dicha finca con resultados negativos respecto a la captura de Aristizábal García, pero encontrándose en una de las habitaciones varias tulas verdes que contenían $ 800.000, dinero que aún tenía las cintas de seguridad de la referida institución bancaria, como consta en las diligencias de inspección judicial que se hicieron sobre dicho dinero; igualmente, armamento utilizado para la comisión del asalto, así como otros elementos propios para cometer esta clase de delitos, como carretas de esparadrapo, medias veladas, uniformes militares y placas para vehículos falsas.

Así mismo se encontró en esa finca, un automóvil Mazda color café y un Renault 12, color verde, con placas cambiadas.

5. El 9 de enero del siguiente año, cuando agentes del Departamento de Seguridad del municipio de Medellín, sospecharon de un vehículo FIAT, amarillo, al parecer que las placas eran falsas, capturaron a Bernardo William Aristizábal García, encontrándosele en su poder, una pistola en la pretina del pantalón con suficiente munición y una tarjeta de propiedad del automotor apócrifa, la cual figuraba a nombre de Luis Fernando Escobar, con un número de cédula distinto.

6. Luis Fernando Escobar Montoya, fue capturado el 31 de diciembre, cuando se presentó a la finca de Aristizábal García a cumplir con una invitación que le había hecho éste para celebrar el fin de año, no encontrando a su anfitrión sino a los agentes de policía, pues el día anterior ya habían allanado el lugar.

7. Édgar Arturo Dávila Muñoz quien junto con Escobar Montoya eran conocidos de Aristizábal García y vivieron en una finca de El Poblado de propiedad de este último, también fue capturado, pues, junto con Luis Fernando Escobar, por afirmación de Aristizábal García, fueron quienes sacaron parte del dinero en una caja de cartón de la finca mencionada.

8. Respecto a la procedencia de los automotores hallados en la finca de Aristizábal García, el Renault 12 y el Mazda, y decomisado el FIAT cuando este individuo lo conducía y fue capturado, se estableció que diversos juzgados de instrucción criminal adelantaban las respectivas investigaciones por separado, pero luego fueron unidas a la seguida por el asalto al banco, siendo dable observar:

a) En relación con el FIAT color amarillo, perteneciente al señor Alberto Isaza Jaramillo, este vehículo fue sustraído violentamente el día 9 de diciembre de 1982, en la ciudad de Medellín y fue utilizado por Pineda y Vallejo a Galeano, cuando se le constreñía para que diera los informes sobre el movimiento del banco; igualmente, resultó ser el mismo que se encontraba en la finca del mencionado Aristizábal el 24 de diciembre, como lo afirmó Luis Fernando Escobar. Este testigo no reconoció a los capturados como los autores de la sustracción de su automotor;

b) En cuanto al Renault 12 color verde, fue hurtado al señor Diego Sierra Velásquez el día 19 de diciembre de 1982, en esa ciudad, por dos individuos armados de revólveres. En este automóvil fue trasladado el cajero Marco Tulio López, cajero general del banco, en la mañana del 29 de diciembre, desde su residencia hasta el lugar donde se apearon para continuar a pie con uno de los asaltantes. En este evento, tampoco se reconoció a los asaltantes como los autores de la sustracción del automotor;

c) Respecto al automóvil Mazda, el día 22 de diciembre de 1982, cuando se encontraban en la charcutería Zeus de Medellín, los señores Diego Luis Zuluaga, Álvaro Mejía y Jhon Jairo Mejía Uribe, administrador del establecimiento, y cuando departían a eso de las diez de la noche, penetraron tres individuos quienes se dedicaron a ingerir licor y en determinado momento exhibieron armas de diferente clase, procedieron a apropiarse de diferentes bienes del lugar, como dinero en efectivo, licores y electrodomésticos, para luego apropiarse del vehículo Mazda, modelo 1980, color café, de propiedad de Álvaro Mejía, el cual se encontraba aparcado frente al establecimiento.

En este automotor fue que se llevaron el dinero del banco los asaltantes.

En diligencia de reconocimiento en fila de personas, Diego Luis Zuluaga identificó a Fernando Balmore Vallejo Alzate y a Édgar Arturo Dávila Muñoz, como partícipes en dichos hurtos, y

d) Todos estos automóviles fueron recuperados con placas falsas.

9. Vinculados a la investigación los capturados, todos en una u otra forma, negaron haber participado en el asalto al Banco Comercial Antioqueño de Rionegro, y atribuyen a la tortura policial a que dicen algunos fueron sometidos, el reconocimiento de autoría y delación que inicialmente hicieron. A quienes se les encontró dinero en su poder, trataron de justificarlo con versiones que no se probaron en el proceso, al igual que sucedió con las pretendidas exculpaciones tendientes, en general, a demostrar su inocencia.

10. Si bien en las indagatorias a estos procesados se les interrogó sobre la incursión al banco y el consiguiente apoderamiento de la alta suma de dinero citada, no sucedió lo mismo con los demás hechos por los cuales fueron condenados, conforme se verá posteriormente; por tanto y debido a que este punto ha sido cuestionado por algunos de los demandantes en casación, impera determinar lo ocurrido:

a) A Fernando Pineda Vásquez, únicamente se lo interrogó sobre el asalto al banco e inclusive la ampliación de indagatoria que se le recepcionó posteriormente no se aprovechó para que explicara los otros cargos (fls. 53 y 425 vto.);

b) A Francisco Balmore Vallejo Alzate, sólo se le preguntó en forma concreta, sobre el asalto al banco (fl. 58), y posteriormente en ampliación de injurada se lo interrogó sobre los hechos sucedidos en la charcutería Zeus y la sustracción del vehículo Mazda (fl. 384);

c) A Bernardo William Aristizábal, tanto en su indagatoria, como en la ampliación se lo interrogó y en extenso escrito se hizo concreción a todos los cargos; así se le pidió explicación sobre el asalto al banco (fl. 189 vto.), sobre la tenencia de las armas (fls. 197, 203, 203 vto. y 213), de los tres carros (el FIAT, Renault 12 y Mazda) (fls. 200, 201 vto., 202, 37 vto. y 376), y sobre la tarjeta de propiedad del vehículo FIAT, la cual resultó falsa (fls. 194 y 375 vto.);

d) A Luis Fernando Escobar Montoya, se le preguntó sobre la incursión al banco (fls. 208 y ss.), las armas (fls. 211 y 213), sobre la sustracción del FIAT (fls. 211 vto. 375 y 376), y la tarjeta de propiedad falsa (fl. 375 vto.);

e) A Édgar Arturo Dávila Muñoz, se le interrogó además del asalto al banco (fls. 215 y ss.), sobre la sustracción del FIAT (fl. 219), y el asalto a la charcutería Zeus, concretamente sobre el apoderamiento del Mazda y los demás objetos que fueron hurtados en ese sitio (fl. 377 vto.);

f) Es de anotar que a Pineda Vásquez únicamente se le hizo referencia, pero no como cargo, respecto a los automotores al interrogársele sobre si los había visto y en relación con las armas, sólo se le preguntó si las sabía manejar, y

g) Igual situación sucedió con Vallejo Alzate, respecto al FIAT y a las armas, sobre lo cual se le interrogó genéricamente en el sentido de que si acostumbraba a tener armas; así mismo, acaeció con Dávila Muñoz en relación con los carros FIAT y Renault 12, a quien se le preguntó únicamente sobre si los había visto.

11. Calificado el mérito del sumario por el Juzgado Segundo Superior de Medellín, quien entre otros delitos, hizo cargos por el de concierto para delinquir, el tribunal superior al decidir sobre la apelación interpuesta por algunos de los defensores contra el enjuiciamiento, modificó la calificación y dictó auto de proceder contra los mencionados procesados como coautores de los delitos de porte y uso de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, falsedad en documentos, hurto contra los intereses del Banco Comercial Antioqueño, al igual que por el hurto de los automóviles Mazda, Renault 12 y FIAT, así como de los electrodomésticos de la charcutería Zeus.

12. En la causa, el juzgado superior comisionó al juez de Rionegro, para que practicara las pruebas decretadas, las cuales se llevaron a efecto en ese municipio y en Medellín.

13. Proferida la precitada sentencia fue confirmada por el tribunal con la modificación de responsabilidad y pena, respecto a Pineda y Dávila, como autores del apoderamiento de los objetos sustraídos de la charcutería Zeus, pues este hecho no correspondía al plan fijado por los delincuentes y traspasaba los límites de la “solidaridad criminal”, motivo en el cual se fundamentó el enjuiciamiento y la condena para concluir la coautoría.

Demandas

1. Cuatro de los cinco impugnantes, sustentaron el recurso de casación, coincidiendo respecto a algunos de los cargos sobre nulidad, pero por diferir en otros, se procederá a sintetizar por separado, cada una de las demandas.

2. El apoderado de Fernando Pineda Vásquez, invoca la causal cuarta del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal, por haberse proferido fallo en un juicio violador del debido proceso garantizado por el artículo 26 de la Constitución Nacional, desconociendo el derecho de defensa. Tres son los cargos en que se sustenta esta censura:

a) Haberse tramitado el proceso con desconocimiento del artículo 167 del Código de Procedimiento Penal, al adelantarse una investigación por varios delitos entre los que no existía conexidad. Para el casacionista los atentados al banco, a la charcutería Zeus (incluida la apropiación del Mazda), a Diego Sierra V., sobre el Renault 12 y a Alberto Isaza Jaramillo sobre el FIAT, ocurrieron en diversas circunstancias temporoespaciales, debiendo investigarse cada hecho por separado;

b) Ausencia de interrogatorio en la indagatoria sobre la totalidad de los hechos punibles por los cuales se condenó, tales como el atentado a la charcutería, el porte ilegal de armas y la falsedad documental.

Para el censor, la indagatoria es la oportunidad que tiene el procesado para indicar todas las circunstancias que puedan favorecerlo, a través de ella se notifica al sindicado el hecho delictual, y con ella se origina la relación de identidad que debe haber entre el objeto de la indagación y el de la sentencia, y

c) Haberse desconocido el artículo 9º de la Ley 22 de 1977, de conformidad con el cual el juez superior no podía comisionar en la causa para la práctica de pruebas que debían cumplirse en su sede.

3. El apoderado de Francisco Balmore Vallejo, como lo expresa el señor procurador delegado, con mínimo arreglo a la técnica de casación invoca la causal cuarta por nulidad legal, la cual fundamenta en la errónea denominación jurídica de la infracción “por falta de evaluación acertada”, así:

Se exageró el valor probatorio del testimonio de Octavio Galeano, revisor fiscal del Banco Comercial Antioqueño, a quien no se debió otorgar la credibilidad que le señaló el sentenciador.

Distorsión del valor probatorio otorgado al hallazgo de dinero en poder de su defendido, como que demostró ser solvente y fue capturado seis días después del asalto.

Insuficiencia probatoria del dictamen pericial que concluyó con afirmar la uniprocedencia entre la suma hallada a Vallejo y parte de la sustraída de la entidad bancaria.

Indebida inculpación de su defendido como partícipe en el ataque a la charcutería Zeus y apropiación del Mazda, habida consideración de que demostró que al momento de los hechos se encontraba en el municipio de Marinilla y que las descripciones sobre la identidad física de los asaltantes no coincide con los rasgos característicos de este procesado.

Deducción de un delito de falsedad sobre cuya existencia aparecen numerosas imprecisiones que no solucionó la investigación, tales como la época de la confección del documento apócrifo y la época en que fueron cambiados los sellos oficiales en la oficina de tránsito de la que aparentemente procedía la matrícula.

Concluye afirmando que la nulidad se robustece con el trato que dio el fallador a la solidaridad criminal, craso error de derecho que lo condujo “a la adopción del artículo 215 del Código de Procedimiento Penal”; por tal razón, impetra la nulidad a partir del cierre de investigación.

El impugnante no demuestra sobre qué tipos delictuales hubo un equivocado proceso de adecuación.

4. El apoderado de Bernardo William Aristizábal, presenta tres cargos de nulidad y uno por violación indirecta de la ley sustancial por la presencia de varios errores de hecho en cuanto a igual medio de prueba.

Los cargos primero y tercero de nulidad, por falta de interrogatorio sobre la totalidad de los delitos imputados y por haberse comisionado ilegalmente para la práctica de pruebas en la causa.

El segundo cargo de nulidad, lo fundamenta en la inapropiada formulación de los cargos a su defendido, al no especificar el tribunal las pruebas con las cuales se demostraba el cuerpo del delito de la falsedad, el uso ilegal de las armas incautadas, los hurtos de los vehículos y la violencia ejecutada al cometerse estos delitos contra el patrimonio económico ajeno.

Se explaya el demandante en demostrar la violación a la garantía constitucional del debido proceso por cuanto dio por probada la falsedad de la tarjeta de propiedad del FIAT, no se estableció que las armas eran de uso privativo de las Fuerzas Armadas, no se acreditó a través de certificación de tránsito la propiedad de los automotores, no se probó la violencia desplegada para el apoderamiento de los mismos.

Así mismo, colige, que en el pliego de cargos no se encontraron las pruebas que sirvieron de base para la imputación de esos delitos a Aristizábal García.

La violación indirecta de la ley sustancial, la fundamenta en la causal primera de casación por aplicación indebida de los artículos 23, 350 1º, 2º, 3º, 4º, 351-10, 372-1 y 22 del Código Penal, lo cual permitió la falta de aplicación de los artículos 215 y 216 del Código de Procedimiento Penal.

Como errores de hecho, señala los siguientes:

Afirmarse, sin prueba que lo demuestre, que la apropiación de los carros y la falsedad, son delitos medios queridos por el grupo. Para demostrar la impugnación, el censor sostiene que entre los apoderamientos de los carros y entre éstos y el asalto al banco, transcurrió considerable tiempo, no existiendo elementos de juicio que evidencien que el plan estaba en ejecución. Que ninguno de esos hurtos es unívoco y todos en cambio equívocos, como quiera que bien pudo ocurrir que la destinación que se les diera a los automotores tiempo después hubiere aparecido, cuando ya los tenían en su poder. Que sólo las pruebas podrían indicar la intención cierta de los apoderamientos y ninguna de las existentes sirve de sustento a una u otra conclusión. Que ese error condujo a dejar de aplicar las precitadas normas del Código de Procedimiento Penal.

Sobre la falsedad de la matrícula del automóvil FIAT, también señalado como delito medio, afirma que no es la única conclusión cierta, ni es la única posible. Que tal demostración sólo puede surgir del contenido de las pruebas, las cuales brillan por su ausencia. Y que con ello se dejó de aplicar el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal, los artículos 23 y 222 del Código Penal, como que apreciaron una situación fáctica extraña a sus mandatos.

Finalmente, expone que se desconoció una duda razonable en relación con los delitos de hurto y falsedad, que es la situación descrita en el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, y que no se resolvió en favor del reo pese a admitir explicaciones distintas a las señaladas por el tribunal superior; que esa falta de aplicación del indubio pro reo, condujo a la violación de las normas sustanciales aludidas, por lo que solicita se case el fallo reduciendo la pena.

5. El apoderado de Fernando Escobar Montoya, formula tres cargos de nulidad, iguales a los propuestos en la demanda presentada en representación de Pineda Vásquez y un cargo al amparo de la causal primera de casación por violación indirecta de la ley sustancial.

Respecto a esta última, sostiene el impugnante que el fallador violó, por aplicación indebida, los artículos 348, 350, 351, 222 y 202 del Código Penal, por equivocada apreciación de la prueba allegada al proceso, dejando de aplicar los artículos 215 y 126 (sic) del Código de Procedimiento Penal.

Sostiene que hubo ostensible error de hecho, al evaluar la diligencia en la que Alberto Isaza Jaramillo reconoció a Escobar Montoya como uno de los autores del apoderamiento del vehículo FIAT, pues lo cierto es que el testigo únicamente afirmó que se le parecía; de ahí que no sea posible colegir, solidaridad criminal de este procesado respecto a todos los delitos que se le imputan.

Finalmente afirma, que el tribunal desconoció los descargos del procesado y no valoró como era su obligación, las declaraciones de Faber Arango (fl. 274 fte.), Jesús Mario Vergara (fl. 271), y Laureano Gómez Méndez (fl. 187), que demostraban la inocencia de Escobar Montoya, por lo que incurrió en error de hecho, también manifiesto.

Concepto de la procuraduría

1. El señor procurador tercero delegado en lo penal, solicita de la sala, no se case la sentencia impugnada por cuanto ninguno de los cargos propuestos por los casacionistas, está llamado a prosperar.

2. Por existir igualdad respecto a algunos de los cargos en que se fundamenta la declaración de nulidad, el colaborador fiscal se releva de considerarlos por separado y analiza independientemente los no coincidentes.

3. En relación con el incumplimiento del debido proceso por desconocimiento de la unidad procesal al investigarse y fallar delitos no conexos, cargo hecho con fundamento en la causal cuarta de casación por los apoderados de Pineda Vásquez y Escobar Montoya, concluye su inocuidad fundamentándola en la imposibilidad que existe en la práctica de cumplirla en casos complejos como éste, debiendo tenerse en cuenta que inicialmente la investigación, inclusive hasta el auto calificatorio de primera instancia, se venía tramitando por el delito de concierto para delinquir, lo cual justifica que se hubiera dado tal situación.

4. Sobre la omisión en las indagatorias, al no haberse preguntado por todos los delitos por los que se enjuició y se falló, propuestas en las demandas de Pineda Vásquez, Aristizábal García y Escobar Montoya, expresa cómo lo fundamental es que los procesados se enteren de los cargos que se les hacen y que este conocimiento se hizo en el auto de proceder, momento desde cual tenían derecho y posibilidad de defensa al sobrevenir la etapa probatoria de la causa, que en este caso se cumplió respetando las garantías constitucionales y legales.

5. Respecto a la comisión conferida por el juzgado del conocimiento, para que las pruebas decretadas en la causa fueran practicas por un juez del municipio de Rionegro, cargo que hacen estos mismos demandantes, expone que al no existir claridad en el artículo 9º de la Ley 22 de 1977, al no concretar cuál es el procedimiento a seguir cuando las pruebas deben practicarse unas en la sede del juzgado y otras fuera; es obligación del juez interpretar la norma y que el alcance que le dio el juzgador de primera instancia es el más justo para garantizar el derecho de defensa.

6. Sobre la nulidad impetrada por el demandante de Balmore Vallejo, por error en la denominación jurídica de la infracción, replica cómo el casacionista busca suplir la causal primera con la cuarta, desconociendo que los errores iudicando no se sancionan con la invalidación del proceso, sino que esas equivocaciones pueden rectificarse por la Corte, convirtiéndose así en juzgador de instancia. Además, resalta que las pruebas cuestionadas por el recurrente “en nada tiene que ver con los elementos objetivos o externos señalados en la respectiva disposición penal”, que son los que constituyen el cuerpo del delito.

7. Al cargo segundo de nulidad expuesto por el casacionista de Bernardo William Aristizábal García, por la impropia formulación de cargos respecto al análisis de pruebas que demuestran el cuerpo del delito, la calificación genérica y las circunstancias del porte ilegal de armas y la falsedad, analiza el auto de proceder de primera instancia para concluir, que sí se valoraron las pruebas para ese fin, existiendo precisión de los cargos; qué distinto es, que el censor estime acertado o equivocado el planteamiento de los juzgadores. A igual conclusión llega respecto al despojo de los automotores y de la violencia ejercida para el apoderamiento.

8. En cuanto a la violación indirecta de la ley sustancial, causal primera de casación, por error de hecho en relación con algunos indicios, propuesta por el demandante de Aristizábal García, expresa que no está llamado a prosperar el cargo, debido a que no se atacó la totalidad de la prueba indiciaria en que fundamentó la condena.

9. Frente a la causal primera referida a la violación de la ley sustantiva por error de hecho, al aplicarse indebidamente los artículos 349, 350, 351, 222 y 202 del Código Penal, por equivocada apreciación de la prueba allegada al proceso, dejando de aplicar los artículos 215 y 216 del Código de Procedimiento Penal, expone que en relación con la diligencia de reconocimiento respecto a la cual se afirmó en el fallo que Alberto Isaza Jaramillo reconoció a Escobar Montoya, como uno de los autores del apoderamiento del vehículo FIAT, cuando el testigo dijo que apenas le parecía y la no valoración de algunos testimonios que favorecían a este procesado, que la condena se basó en todo el complejo probatorio y no únicamente en dichas pruebas. Finalmente, asevera, que el demandante no concreta cuál era la importancia de dichos testimonios, cuáles los hechos ignorados, cuál su conexión con las demás pruebas, cuál su capacidad intrínseca de desvertebrar los demás medios de prueba que apoyaron y sustentaron la sentencia de condena y no pudiendo la Corte suplir esta omisión, el cargo no puede prosperar.

Consideraciones de la Corte

1. Presupuesto metódico.

De conformidad con jurisprudencia constante de la corporación, se estudiará prioritariamente el aspecto concerniente a las nulidades y luego se procederá al análisis de las demás causales invocadas.

2. Planteamiento del problema.

Del estudio del proceso surge un hecho ostensible: los delitos por los cuales se llamó a juicio y se profirió sentencia condenatoria contra Édgar Arturo Dávila Muñoz, Francisco Balmore Vallejo, Fernando Pineda Vásquez, Bernardo William Aristizábal García y Fernando Escobar Montoya, todos en calidad de coautores y con fundamento en la tesis de la solidaridad criminal, son: falsedad en documentos, porte y uso de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, hurto en el que se afectaron los intereses económicos del Banco Comercial Antioqueño, ubicado en el municipio de Rionegro, hurto de un automóvil Mazda y electrodomésticos según hechos sucedidos en la charcutería Zeus, hurto de los automóviles FIAT y Renault 12, delitos estos últimos cometidos en la ciudad de Medellín.

Igualmente, es incuestionable, que a algunos de los procesados no se les interrogó, ni en la indagatoria, en ninguna ampliación de ellas, ni en confrontación, ni en el interrogatorio previsto en el artículo 511 del Código de Procedimiento Penal, y que se realizó en la audiencia pública, sobre la totalidad de hechos delictivos imputados, pero que en el auto de proceder que les fue notificado, se concretó las conductas delictivas por las que se les enjuició.

En forma reiterada, constante e infatigable, los defensores han sostenido que la omisión de interrogar sobre los hechos objeto de imputación, viola el derecho de defensa, lo cual reiteraron algunos de ellos, ante el fallador de segunda instancia y ahora en casación, sin perjuicio de invocar, como ya se anotó, otras causales diversas a las de nulidad.

Por tanto, impera determinar si esta falta de interrogatorio, desconoce el debido proceso vulnerando el derecho de defensa, quebrantando la fundamental garantía consagrada en la Constitución Nacional, estudio que procede aún oficiosamente para quienes no han hecho este cargo, o no sustentaron el recurso, de acuerdo a reiterado criterio de esta corporación, respecto a las irregularidades que evidentemente desconozcan tal derecho.

3. El caso a estudio.

Aplicando estas directrices al caso a estudio, surge claramente que al procesado Fernando Pineda Vásquez, sólo se le preguntó por el asalto al banco; a Francisco Balmore Vallejo Alzate, por el asalto al banco y posteriormente en ampliación de indagatoria, por los hechos sucedidos en la charcutería Zeus y la sustracción del vehículo Mazda; a Luis Fernando Escobar Montoya, no se le interrogó por los elementos sustraídos en la charcutería ni por el Mazda, ni el Renault 12; a Édgar Arturo Dávila Muñoz, se omitió solicitante explicación por el apoderamiento del vehículo Renault 12, sobre el uso ilegal de armas y la falsedad de la tarjeta de propiedad del FIAT; únicamente se le preguntó por todos los hechos delictivos a Bernardo William Aristizábal, lo cual se cumplió en su indagatoria y luego en la ampliación de la misma, diligencias en las cuales, en todas las formas se presentó como inocente.

4. La indagatoria y la coautoría.

El principal argumento expuesto en este proceso para desechar el cargo de no haber interrogado en forma completa por todos los cargos a los procesados, en el cual también encuentra apoyo el señor procurador delegado, se concreta en considerar que la “solidaridad criminal” suple indagatoria. Impera, por tanto, hacer claridad al respecto.

La responsabilidad de los procesados en calidad de coautores de los delitos por los cuales fueron condenados, encuentra como básico fundamento “la solidaridad criminal” de acuerdo con la cual todos los intervinientes en el asalto al banco, deben responder por los delitos cometidos como “medios” para lograr el fin propuesto, pues, precisamente, la división de trabajo que caracteriza esta clase de actividades punibles, hace que todos los sujetos activos admitan la ejecución de aquellos hechos que no llevan a efecto directamente pero que son necesarios para cumplir con la finalidad propuesta.

En este proceso, efectivamente, se omitió interrogar a algunos de los sindicados por la totalidad de las conductas delictivas imputadas; tal proceder del juez instructor, claro está, que no puede ser digno de elogio; pero lo importante no es tratar de justificar la irregularidad recurriendo a tesis como la expuesta en el decurso del proceso por los juzgadores y prohijada por el procurador delegado, en el sentido de entender que la “solidaridad criminal”, prácticamente suple la indagatoria, sino que se debe profundizar para establecer si en el transcurso del proceso los sindicados tuvieron pleno conocimiento de los hechos atribuidos en la sentencia y por ende, oportunidad de defenderse de los mismos, así no se les hubiere interrogado en tal sentido en la indagatoria, pues es indudable que la nulidad reclamada no hace referencia al incumplimiento de un esquema eminentemente formal, sino que por contraerse al debido respeto del derecho de defensa, encuentra un contenido material.

Ha sostenido la corporación en forma reiterada, que si bien pueden concurrir algunas nulidades en la etapa del sumario, es en la causa donde encuentran su real trascendencia, pues es en ésta donde la actividad defensiva encuentra un concreto campo de acción al tener como fundamento y punto de parte el pliego de cargos que le hace el Estado al sindicado, para lo cual cuenta con la oportunidad probatoria del juicio e inclusive, de la audiencia pública.

Es, en consecuencia, la absoluta falta de conocimiento de la imputación y la imposibilidad total de defensa la que genera la nulidad reclamada; toda vez que si, como sucede en este caso, en el auto de proceder se especificaron los cargos, se notificó debidamente esta decisión a los procesados y a sus defensores, es incuestionable que se enteraron concretamente de los delitos atribuidos a su autoría. Prueba de ello lo constituye la dinámica defensa ejercida en relación con el enjuiciamiento, obteniéndose hasta el pronunciamiento de la segunda instancia, interviniendo en la etapa probatoria de la causa, en la audiencia pública, en el debate se amplió a todos los delitos promoviendo las tesis que la defensa consideró apropiadas, alegando ante el tribunal para obtener la absolución de los procesados y luego recurriendo en casación.

En todos los momentos procesales del juicio la actividad defensora abarcó la totalidad de los cargos; por tanto, obliga concluir que el derecho de defensa no se vulneró por la omisión en los interrogatorios respecto a algunos de los delitos por los cuales se profirió sentencia condenatoria y que por el contrario, este derecho se ejercitó ampliamente respecto a todos los hechos punibles imputados en el auto de enjuiciamiento, lo que constituye prueba irrefutable de su conocimiento por parte de los procesados y sus defensores; aspecto diverso es, desde luego, la no obtención de resultados favorables a lo perseguido; pero como es obvio, esta situación no es constitutiva de nulidad.

En consecuencia, el cargo no prosperará.

7. La unidad procesal.

El desconocimiento del artículo 167 del Código de Procedimiento Penal, propuesto por los demandantes de Pineda Vásquez y Escobar Montoya como constitutivo de nulidad, la cual afectaría el proceso desde el cierre de investigación para todos los delitos objeto del enjuiciamiento, únicamente puede constituir nulidad constitucional cuando la separación de las investigaciones haya afectado el derecho de defensa.

En este caso, a pesar de que la conexidad sustancial no puede colegirse respecto a la pluralidad de delitos por los cuales se adelantó la investigación, lo cierto es que la tramitación conjunta en lugar de afectar ese derecho, lo garantizó facilitando su ejercicio por la unidad de prueba que presentó el proceso, evitando así decisiones contradictorias y la suma aritmética de penas.

El juzgamiento de los delitos respecto de los cuales se cumplió el debido proceso, no tiene por qué perder relievancia jurídica cuando se ha tramitado cumpliendo con las garantías establecidas para tal fin. Por tanto, no puede prosperar este cargo.

8. Facultad para comisionar en la causa.

De conformidad con el artículo 9º de la Ley 22 de 1977, las pruebas en la etapa de la causa deben practicarse por el juez del conocimiento y sólo podrá comisionar cuando deben realizarse fuera de su sede. Pero como lo expresa el procurador delegado, la norma no establece el procedimiento a seguir cuando concurran las dos situaciones, lo cual no imposibilita para que en un caso concreto como éste, el juez resuelva razonablemente de acuerdo con las alternativas que presente el proceso, teniendo en cuenta el máximo respeto al derecho de defensa.

Debiendo practicarse unas pruebas en la ciudad de Medellín y otras en Rionegro, es lógico que si se tiene en cuenta el apremiante término de quince días de que se dispone para ello y la posibilidad de coartar la defensa técnica al coincidir la práctica de algunas diligencias, además de la facilidad que presenta el hecho de que un solo funcionario pueda dirigir ese período probatorio, ninguna censura puede hacerse a la referida comisión, pues es indudable que en lugar de quebrantar la garantía defensiva, se respetó al máximo con plena intervención de los sujetos procesales. Tampoco puede prosperar este cargo hecho por los apoderados de Pineda Vásquez, Aristizábal García y Escobar Montoya.

9. Error en la denominación de los delitos.

Como lo ha reiterado la corporación, la causal cuarta de casación es independiente y abierta a los diferentes medios de prueba, pero exigente, como las demás, en su técnica y demostración; de ahí que no puede prosperar el cargo que con amparo en esta causal, hace el demandante de Francisco Balmore Vallejo, al criticar la valoración de la prueba para suplir la causal primera, cuerpo segundo, que es la que a la postre termina demostrando para colegir el error de hecho que reclama.

Pero además de la carencia de técnica para sustentar la causal invocada, lo cierto es que por el testimonio de Octavio Galeano, el indicio de participación relativo a la tenencia de bienes producto de los ilícitos, la prueba pericial practicada al dinero, las explicaciones de Balmore Vallejo sobre su presencia en otro lugar el día en que se produjo el hurto a la charcutería, y las impresiones sobre las fechas de confección del documento público falso o de la desaparición de sellos que hubieran podido ser utilizados para su confrontación, en nada tienen que ver con los elementos objetivos señalados en “la respectiva disposición penal”, que como lo expresa el colaborador fiscal, son los que determinan si existió o no error en la selección de la norma que describe la conducta que es a la que se refiere el motivo de nulidad previsto en el artículo 210-5 del Código de Procedimiento Penal. Los primeros atañen a la responsabilidad del acusado y los dos últimos son ajenos a la adecuación del delito de falsedad. El cargo no prospera.

Igual reproche se debe hacer a la solicitud de nulidad impetrada por el apoderado de Aristizábal García, quien replica violación al debido proceso por cuanto fue inapropiada la valoración de las pruebas que hizo el fallador para fundamentar la imputación contra su poderdante por los delitos de porte y conservación de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, falsedad documental y el hurto sobre los automotores. El ataque encontraría base por la vía de la causal primera, cuerpo segundo, de casación y no por la cuarta, como ya se anotó, y no pudiendo la sala suplir la función del demandante, tampoco prospera este cargo.

10. El indubio pro reo y la violación indirecta de la ley.

Por considerar que el sentenciador desconoció la existencia de una duda que es ostensible y manifiesta en el proceso respecto a la responsabilidad de Aristizábal García como coautor de los delitos de hurto y falsedad documental, lo cual llevó a que no se aplicara el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, y por ende, las normas sustanciales ya aludidas, con sustento en la causal primera se censura la sentencia de segundo instancia al haberse incurrido en error de hecho.

Los indicios cuestionados por el casacionista, como acertadamente lo expone el procurador delegado, sólo constituyen una parte de la totalidad de la prueba que se tuvo en cuenta para el fallo condenatorio; lo cual implica, que la censura para que pueda prosperar, no debe limitarse, como sucede en este caso, a una parte de la prueba, sino que el proceso de demostración de los diversos errores de hecho o de derecho debe cubrir cada uno de los hechos indicadores o el valor probatorio otorgado por el fallador a cada indicio en particular. Así el demandante deja de lado el hallazgo de los dos vehículos (Mazda y Renault 12), en la finca de Aristizábal García, la captura en poder del FIAT junto con la tarjeta de propiedad falsa, la sindicación directa que le hicieron Pineda Vásquez y Octavio Galeano, como partícipe de los hechos y su calidad de benefactor de los procesados Dávila y Escobar, precisamente para la época en que sucedieron los hechos.

En estas condiciones, la censura es no lograr desvirtuar la integridad de la prueba que sirvió de fundamento para proferir sentencia condenatoria contra su poderdante; por ende, este cargo no prospera.

Igual conclusión debe hacerse respecto al cargo formulado en este sentido por el demandante de Escobar Montoya, quien con fundamento en la causal primera, cuerpo segundo, sostiene que el fallador violó, por aplicación indebida, los artículos 349, 350, 351, 222 y 202 del Código Penal, por equivocada apreciación de la prueba existente en el proceso, dejando de aplicar los artículos 215 y 216 del Código de Procedimiento Penal.

Afirma cómo el tribunal fundó la sentencia en el reconocimiento que le hizo el testigo Alberto Isaza como uno de los autores del apoderamiento del vehículo FIAT, siendo que el testigo únicamente respondió que se le parecía y además no valoró las declaraciones de Faber Arango, Jesús M. Vergara y Laureano Gómez Méndez, que demostraban la inocencia de Escobar Montoya.

En efecto, este demandante también incurre en el error de cuestionar unas pruebas, olvidando que la sentencia se fundamentó en todo el conjunto probatorio; por tanto, se insiste, no es suficiente censurar una prueba, sino todas aquellas en que se sustentó la decisión.

La sentencia recurrida, además de las pruebas referidas por el casacionista, tuvo en cuenta que Escobar Montoya aparece como persona vinculada con individuos respecto de los cuales la incriminación aparecía directa, fue capturado en el lugar donde se guardaba parte del dinero hurtado, la ubicación de esa finca es en la misma dirección en que los asaltantes emprendieron la huida cuando se apropiaron del FIAT, la matrícula del automotor aparece elaborada a su nombre, ese vehículos es utilizado en Rionegro para transportar a Galeano cuando era atemorizado.

Así, no era suficiente cuestionar el citado reconocimiento de Escobar Montoya, para quebrar el fallo condenatorio. No prospera el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Jorge Carreño Luengas—Guillermo Dávila Muñoz—Guillermo Duque Ruiz—Jaime Giraldo Ángel—Gustavo Gómez Velásquez—Rodolfo Mantilla Jácome—Lisandro Martínez Zúñiga—Édgar Saavedra Rojas. 

Luis Guillermo Salazar Otero, Secretario.

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