Sentencia de octubre 29 de 1991

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CONFESIÓN ESCRITA DE LA PATERNIDAD

EN DOCUMENTO SIN FIRMA

EXTRACTOS: «Respecto de la otra causal, legalmente apoyada en el ordinal 3º del artículo 4º de la Ley 45 de 1936 (L. 75/68, art. 6º), la Sala empieza por observar que, de una manera sintética las pruebas que a la misma le sirven de soporte son las siguientes, todas trasladadas del proceso instaurado con el propósito de reducir a escrito el testamento verbal de Félix de Jesús Bonilla Herrera:

a) Testimonios de Fabio Cardona Agudelo, Carlos Arturo Mejía R., Isauro Cañón C., Ernesto Rincón P. y Fabio Gómez G.

b) El memorial suscrito por el Dr. Antonio Cifuentes Navarro, a nombre de la cónyuge supérstite y de tres de los hijos legítimos del causante Bonilla Herrera, orientado a sustentar el recurso de apelación interpuesto contra el auto por medio del cual el juez a quo negó la petición de reducir a escrito el testamento verbal.

c) La providencia del Tribunal, confirmatoria de la del Juzgado.

d) El poder conferido al abogado Cifuentes Navarro por la cónyuge supérstite y por los hijos legítimos del causante Cecilia, Félix Libardo y Jorge Eliécer Bonilla Bonilla, con el propósito de que solicitara la reducción a escrito del testamento verbal, así como la respectiva petición.

e) La minuta del testamento verbal elaborada por el abogado ya mencionado y suscrita por los testigos atrás nombrados, en la cual, de manera textual, consta lo siguiente:

“... Que por medio de este testamento reconozco como mi hijo natural a Álvaro Saavedra y a Rosalba Morales quienes faculto para que lleven mi apellido si a bien tienen'''' (sic).

vi) Examinada la anterior declaración a la luz de lo prescrito en el ordinal 3º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, sin relacionarla, de momento, con alguna otra prueba, se concluye, con toda facilidad, que si bien en ella es advertible una declaración inequívoca de paternidad, la misma no le es jurídicamente adjudicable al presunto padre, pues, de hecho, ni suscribió el documento, ni tampoco lo confeccionó. Y aun cuando —al parecer con el propósito de testar— lo leyó en voz alta en presencia de testigos, tal circunstancia, no obstante que se la vincule con el deseo expresado previamente por Bonilla Herrera en el sentido acabado de señalar, distaría mucho de colmar las exigencias de la ley, la cual, según lo denotado, no contenta con pedir la presencia de una confesión en el documento, añade que la misma debe ser inequívoca, vale decir, tan evidente que no deje lugar a dudas o vacilaciones de ninguna especie en torno a la admisión de la paternidad por parte de aquél a quien se le atribuye la autoría del documento. E incertidumbres acerca de su autenticidad surgirían a granel del escrito del que se habla, en sí mismo considerado, a raíz, justamente, del origen, extraño al causante, que tuvo su elaboración.

Sin embargo, tres de los demandados, los señores Cecilia Bonilla de Baena y Félix Libardo y Jorge Eliécer Bonilla Bonilla, junto con la cónyuge supérstite, confirieron poder a un abogado para que solicitara y obtuviera “la reducción a escrito del testamento verbal'''' otorgado por su padre Félix de Jesús Bonilla Herrera. En desarrollo de tal poder, el abogado, en la correspondiente demanda, dijo que el causante había otorgado testamento verbal dictando de viva voz “todas y cada una de las cláusulas testamentarias que aparecen en el acta de 31 de octubre de 1983...”. Y luego, ante la decisión adversa proferida por el juzgado, insistió en sus puntos de vista al sustentar el recurso de apelación que hubo de interponer.

Acorde con lo anterior, no pierde de vista la Sala que las manifestaciones de las partes y de su apoderado —a quienes aquellas no le restringieron la facultad de confesar, por lo cual ésta tenía y tiene que presumirse para el escrito de demanda—, suplirían las deficiencias probatorias arriba advertidas en el documento, conclusión cuyo soporte hallaríase en el artículo 269 del C. de P. C. cuyo tenor es como sigue:

“Los instrumentos no firmados ni manuscritos por la parte a quien se oponen, sólo tendrán valor si fueren aceptados expresamente por ella o sus causahabientes”.

vii) La aceptación del documento, se ha dicho, cumplióse por tres de los demandados, los señores Félix Libardo, Jorge Eliécer y Cecilia Bonilla Bonilla, no así por el cuarto, el señor Augusto César Bonilla, quien se abstuvo de conferir poder con el propósito de que se redujera a escrito el denominado testamento verbal de su padre. Y, desde luego, en este proceso tampoco lo admitió en los términos de ley.

La observación precedente obliga, pues, al examen de cuál sea la eficacia demostrativa de la prueba aludida.

Con ese objetivo, conviene, primeramente, recordar que son notas distintivas de la causal de investigación de la paternidad natural que ahora se examina, las siguientes: a) Que exista un escrito. b) Que se tenga la certeza sobre que el autor de ese escrito sea el presunto padre. c) Que el escrito contenga una confesión inequívoca de paternidad.

Verificada la existencia del escrito (primer requisito), el segundo toca con su autenticidad, o sea, con que, dícese una vez más, dentro del proceso legalmente se constate que determinada persona es su autor jurídico. Y el tercero concierne a la expresividad o significación probatoria del documento, es decir, a la estimación sobre si contiene una confesión de paternidad, y sobre si, además, ésta es inequívoca.

viii) En el referido orden de ideas, si se contempla el documento en sí, con toda nitidez se constata la presencia del primer y del tercer requisito. Y, paralelamente, se aprecia que la dificultad reside en la identificación de su autoría o autenticidad, escollo que podría pensarse superado, por lo menos respecto de tres de los demandados, por virtud del reconocimiento expreso que ellos consignaron en los términos anteriormente indicados.

Ahora bien, qué mérito o significación tiene el reconocimiento cumplido por tres de los demandados en frente de quien guardó silencio? Se puede, por ventura, tener el documento por reconocido también con relación a este último? O, por el contrario, era indispensable que todos lo admitiesen de modo expreso?

El estatuto procesal, en el artículo 252, prevé distintos mecanismos a fin de establecer la autenticidad de los documentos privados carentes de ella.

Esa autenticidad, acorde con el propio concepto legal consignado en el inciso 1º de la norma en cita, consiste en la “certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado”. Su obtención dentro del proceso no la deja la ley al libre querer de las partes o del juez, sino que, por ser una cuestión asaz delicada, prescribe en el susodicho artículo ciertas pautas o métodos destinados a lograrla.

Por otro lado, nótese cómo la regla alude al documento “elaborado, manuscrito o firmadO”. Este condicionamiento, bien elocuente, hace ver, al primer golpe de vista, que documentos como el que es materia de la presente litis no encajan dentro de la hipótesis normativa, puesto que excluidos de la misma quedan aquellos documentos de los que se ocupa el artículo 269, es decir, los instrumentos “no firmados ni manuscritos por la parte a quien se oponen”.

Lo anterior, pues, representa que el ámbito propio del artículo 269 lleva en sí una hipótesis excepcional y que, como tal, es de interpretación restricta. Por ende, el problema de la autenticidad de este tipo de documentos no puede ser mirado a la luz de las reglas generales contenidas en el artículo 252 y concordantes, sino, de modo exclusivo, con apoyo en la norma que de ellos se ocupa.

ix) Siendo así las cosas, precisa anotar a renglón seguido que el reconocimiento expreso que se menciona en el artículo 269 viene a ser una forma específica, única, orientada a conferirle autenticidad a tal clase de documentos, los cuales, repítese, no son colocables dentro de la órbita propia del artículo 252, tanto por lo ya expresado cuanto porque el citado artículo 269, con claridad meridiana, prescribe que “... sólo tendrán valor'''' en el caso de aceptación expresa por parte de aquél a quien se oponen o de sus causahabientes.

Si es la propia parte la que admite el documento que se aduce en contra suya, no se presenta ninguna dificultad. Esta, en cambio, surge cuando, como en el presente caso, se está en frente de un número plural de causahabientes. Y emerge porque el problema que entonces se suscita reside en saber si, por tanto, es indispensable que el reconocimiento provenga de todos los causahabientes, o si, por el contrario, basta con que alguno o algunos de ellos lo realicen para que los efectos probatorios se extiendan incluso a quienes se han abstenido de dar ese paso.

Estima la Sala que este último supuesto debe desecharse en atención a que no hay base legal que permita decir que la admisión del documento cumplida por algunos de los causahabientes también vincula a quienes dejaron de hacerlo, puesto que la norma lo que exige es la aceptación expresa, como medio único e insustituible para lograr la autenticidad del documento, y ella, como es comprensible, no se perfila respecto de la parte que, o ha guardado silencio, o, lo que es más extremado, de manera explícita ha rechazado el documento. Dentro de esta misma línea de análisis, no es desatinado aseverar que la admisión es, en el fondo, una especie de confesión acerca de la autoría jurídica del documento; como tal, vendría a constituir, correlativamente, un testimonio en relación con aquellos causahabientes ubicados al margen de la aceptación (art. 196 CPC). Y sucede que entre los métodos legalmente considerados para establecer la autenticidad de los documentos no se encuentra la prueba testimonial, al menos como prueba única. Aserto este que si es cabal en frente de la hipótesis regulada en el artículo 252, con mayor razón resulta atendible en el evento del artículo 269.

x) De manera que el examen de la cuestión tiene que orientarse en el sentido de saber si la aceptación del documento por algunos de los causahabientes sólo a ellos compromete, o si, por no provenir de todos, decae la significación probatoria que en otros términos le correspondería.

Traída la cuestión al punto acabado de mencionar, aprecia la Sala que su esclarecimiento debe ser sopesado a la luz de lo que en el proceso se pretende definir, aspecto este que, como es palmar, concierne en el caso materia de la decisión a la definición de un determinado estado civil de la actora en relación con el causante.

No está por demás decir que se prohíja el referido criterio en atención a que un tratamiento diferente conduciría a soluciones lógicamente inaceptables, o injustas. En efecto, si el objeto de la decisión es indivisible, y el documento en que la misma se apoya no ha sido admitido por todos los causahabientes, resultaría incongruente tomar aquella en cierto sentido respecto de quienes lo aceptaron, y en otro con relación a quienes no lo hicieron. Pero si el objeto es divisible, tampoco habría razón para desestimar el documento en presencia de los causahabientes que lo han aceptado.

En frente, pues, de una perspectiva como la indicada, es tempestivo recordar lo que la Corte expresara en oportunidad reciente relativamente al alcance de la indivisibilidad del estado civil cuando el superior revoca o casa la sentencia del inferior, estimatoria del estado civil deprecado, y esa sentencia había sido recurrida sólo por algunos de los demandados. Han sido palabras de la Corte:

“... Como quiera que el estado civil de las personas, entendido como la situación particular que cada persona tiene dentro de determinado núcleo familiar y social, es un hecho indivisible e inescindible en cuya definición prima el orden público, queda claro que al no serle reconocido en el fallo al demandante el estado civil en relación con el de cujus, tal decisión negativa tiene que serlo frente a quienes fueron citados como demandados en su calidad de sucesores del causante. Sostener, con fundamento en que hay un litisconsorcio voluntario pasivo y en el principio de la no reforma en perjuicio, que el fallo de primer grado debe quedar incólume, es contradictorio, pues llevaría al absurdo de que el demandante resultara ante uno o unos de los demandados como hijo del causante en un proceso cuya sentencia señaló precisamente que no fueron probadas por aquél las causales en que dicha filiación se apoya” (Auto 18 de jul. de 1989, sin publ.).

Mutatis mutandi, en la especie de esta litis puede decirse otro tanto: Si se admite que la aceptación del documento por parte de tres de los cuatro demandados sólo los vincula probatoriamente a ellos, entonces la sentencia que declare la filiación con apoyo en la prueba dimanante de aquél, tendría que excluir a quien no reconoció el instrumento, lo que iría en contra del principio de la indivisibilidad del estado civil, puesto que ante tres de los demandados la actora ostentaría la calidad de hija extramatrimonial de Félix de Jesús Bonilla, mas no con respecto al cuarto, cuando éste, al igual que los otros tres, se halla inobjetablemente legitimado en la causa.

Como esa situación de ambivalencia o contradicción no la tolera la ley en materia de estado civil, vista la indivisibilidad que de él se predica, la conclusión, entonces, fluye por sí sola y reside en decir que la eficacia probatoria del documento depende de su acogimiento unánime por todos aquellos que, habiendo sido demandados, exhiben la condición de causahabientes del presunto padre. Por lo mismo, la aceptación del documento proveniente de algunos de los demandados no alcanza a producir efectos probatorios únicamente en relación con ellos. Y por las razones atrás expuestas, las secuelas probativas del reconocimiento no son extensibles a quien se abstuvo de consignarlo en los términos de la ley. Otra cosa, claro está, habría que decir en frente de una causal diferente y de pruebas distintas aportadas para establecerla, aun cuando éstas provengan de alguno o de algunos de los herederos demandados.

Esta conclusión no se ve perturbada porque jurisprudencialmente se haya definido que el litisconsorcio entre los herederos del presunto padre que han sido demandados es facultativo, puesto que éste se mira es en relación con los efectos patrimoniales de la sentencia, según las voces del artículo 10 de la Ley 75 de 1968.

Por los susodichos motivos se debe inferir que esta otra causal de investigación de la paternidad tampoco cuenta con prueba satisfactoria».

(Sentencia de octubre 29 de 1991. Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo).

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