Sentencia SL6079-2014 de mayo 14 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 37169

Magistrado Ponente

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 16

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. El recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante persigue que la Corte case la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, revoque la que fue proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, para que en su lugar

“(...) disponga el acrecimiento de la cuota pensional correspondiente a la demandante Alba Lucía Quintero Pérez, otorgada mediante la Resolución 02107 de agosto 12 de 1982 proferida por el Instituto de Seguros Sociales y que alcanzaba el 50 % de la pensión de sobrevivientes, incrementándola en un 25 % porcentaje este último que correspondía a Luis Fernando Arenas Quintero, para que a partir del mes de Agosto de 1997 se haga efectivo el pago de lo debido en forma indexada”.

Con el propósito descrito formula un cargo, oportunamente replicado, que pasa a ser analizado por la Corte.

IV. Cargo único

Se estructura de la siguiente manera:

“Existe violación directa por infracción directa (falta de aplicación) del artículo 8 del Decreto 1889 de 1994, en relación con los artículos 46 – 47 y 48 de la ley 100 de 1993 y 16 del Código Sustantivo del Trabajo y aplicación indebida consecuencial del art. 28 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

En la demostración reclama el censor al tribunal haber decidido la controversia planteada con fundamento en lo previsto en el artículo 28 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, sin tener en cuenta, a pesar de haberlo mencionado tangencialmente, lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1889 de 1994, de conformidad con el cual ‘(...) a falta de hijos con derecho o cuando su derecho se pierda o se extinga, la totalidad de la pensión corresponderá al cónyuge o compañera o compañero permanente del causante con derecho’”.

Afirma que por la fecha en la que se extinguió el porcentaje de la pensión que se reclama, la norma aplicable es la que se denuncia como infringida directamente y que, en ese mismo sentido, la actora tiene derecho a que su pensión sea acrecida. Concluye que “[l]a aplicación indebida del artículo 28 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado el decreto 758 del mismo año, se presentó pues en junio de 1997 se presentó la mayoría de edad de Luis Fernando Arenas Quintero y ya estaba en vigencia el Decreto 1889 de 1994, siendo entonces aplicable al caso”.

V. la réplica

Discute la posibilidad de que la Corte emita una decisión de fondo en vista de que, aduce, el recurso presenta graves e insuperables fallas técnicas que lo impiden. Precisa que el censor se escuda en un hecho nuevo inadmisible en casación, al construir su ataque contra la sentencia de segunda instancia sobre las previsiones contenidas en el Decreto 1889 de 1994, cuando el soporte legal de las pretensiones debatido en las instancias siempre fue el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966.

Manifiesta, de otro lado, que ‘(...) como a lo que aspira la demandante no es al reconocimiento de un derecho nuevo, la legislación aplicable al caso, como lo entendió el tribunal, era la que estaba en vigor al momento de la causación del mismo, es decir, cuando falleció el causante.’”

VI. Consideraciones de la corte

Para la Corte resulta preciso aclarar en primer lugar que, contrario a lo que aduce la réplica, el recurso de casación no contiene hechos nuevos que imposibiliten su estudio, por fundamentarse en las disposiciones contenidas en el Decreto 1889 de 1994, pues lo cierto es que las premisas fácticas sobre las que se edificaron las pretensiones de la demanda no han sufrido alguna variación inadecuada.

En torno a este punto debe tenerse en cuenta que, como se ha sostenido en repetidas oportunidades, la calificación jurídica de los hechos aducidos en el juicio no le corresponde a las partes sino al juez, quien en el desarrollo de dicha labor no se encuentra atado por los soportes normativos que se consignan en la demanda o en su contestación, de forma tal que puede determinar qué normas gobiernan la situación y cuál es su alcance, siempre y cuando las premisas fácticas sobre las cuales se fijaron los extremos de la litis, como en este caso, permanezcan inalteradas.

Frente al tema analizado, en la sentencia del 19 de octubre de 2011, Radicación 42818, dijo la Sala:

“Es indiscutible que la misión principal del juez es la de realizar la voluntad concreta de la ley en un caso en particular, para cuyo cumplimiento goza de autonomía en sus decisiones, garantizada por el artículo 230 de la Constitución Nacional, que expresamente establece: ‘Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley...

En este sentido el juez es autónomo al momento de la calificación jurídica de los hechos debatidos y demostrados en juicio y solo se encuentra limitado por los extremos de la litis que fijen las partes al inicio del proceso.

De esta manera, sobre una base fáctica impuesta por las partes desde la demanda y su contestación (extremos de la litis), puede moverse libremente el juez al momento de definir las consecuencias jurídicas que se desprendan de lo demostrado y debatido en juicio, sin que para ello se deba someter a las calificaciones que de los hechos hagan las partes, pues el llamado a interpretar y aplicar la ley es él.

Conforme con ello, el principio de congruencia o consonancia no se ve afectado porque en la sentencia el juez o tribunal se aparte de la calificación o connotación jurídica que sobre determinada realidad fáctica haga una de las partes, de modo que, en lo que atañe específicamente con la apelación, el tribunal solo estará sujeto a los temas que le proponga el apelante en su recurso, en aplicación del artículo 66 A del Código Procesal Laboral, mas ello no quiere decir que deba someterse al análisis jurídico que ella le proponga sobre un tema en especial, pues el sentenciador es libre para encontrar e interpretar la norma aplicable al caso concreto, eso si, siempre que no se varíen los elementos constitutivos de la causa petendi que delimitan la litis’”.

Ahora bien, en lo que respecta al fondo del ataque, previamente a definir si se dio por parte del tribunal la infracción directa de las normas que denuncia la censura, es necesario establecer la normatividad que estaba llamada a regular el caso controvertido, pues es claro que el censor parte de la posición asumida por el ad quem de que “...el derecho nacido a favor del joven XX, se extinguió por el cumplimiento de la mayoría de edad el 5 de noviembre de 1996, y hacia ese momento tiene que mirar la Sala observando la legislación vigente.”, lo que se traduce en que, tanto para el recurrente como para el tribunal, la normatividad llamada a regular el caso era la vigente en el momento en que se dio el acrecimiento. Posición que es contraria a la asumida por el Institutos de Seguros Sociales y el a quo, que estiman que el caso está regulado por las normas vigentes al momento en que se defirió el derecho a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, esto es, cuando falleció el afiliado el 2 de mayo de 1982, que no es otra que la contenida en el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año.

Para dilucidarse el problema debe tenerse en cuenta que el acrecimiento pensional está ligado de manera necesaria a la estructuración de una pensión de sobrevivientes y a la acreditación de la condición de beneficiario de la misma. Por ello, a falta de dichos presupuestos, los aumentos que se piden por la pérdida del derecho de otro beneficiario son un imposible lógico, pues solo es dable incrementar algo que ya existe jurídicamente.

Como consecuencia, para la Corte el acrecimiento no tiene independencia frente a la pensión de sobrevivientes que le da vida, como pareció entenderlo el juzgador de segundo grado, pues, entre otras, por definición no es más que la posibilidad de ampliar un derecho ya reconocido y no el otorgamiento de uno nuevo que, por lo mismo, pueda pensarse de manera totalmente autónoma.

En tales condiciones, se reitera, la norma llamada a definir el reconocimiento de un acrecimiento pensional no es la vigente para la fecha en la que se verifica la pérdida del derecho de alguno de los beneficiarios, sino la misma que gobierna la pensión de sobrevivientes dentro de la cual opera tanto la extinción de una proporción de la prestación como el incremento consecuencial de otra.

Dicha norma, de otro lado, según lo ha señalado la Sala de manera reiterada, no es otra diferente a la que tiene vigencia para la fecha del fallecimiento del pensionado o afiliado, de manera tal que, con arreglo a la misma, tanto para los beneficiarios como para la entidad de seguridad social que tiene a su cargo el reconocimiento de la prestación, se genera una situación jurídica que en sus condiciones esenciales no es susceptible de modificación.

En otros términos, las reglas vigentes para el momento en el que ocurre el deceso del afiliado o pensionado, que determinan la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes así como sus beneficiarios, conforman un estatuto normativo que debe regir los destinos de la prestación hasta su extinción definitiva, en todos aquellos derechos y beneficios que le son consustanciales.

Aunado a lo anterior, esta Sala de la Corte ha puntualizado que no es posible utilizar las disposiciones del sistema de seguridad social de manera retroactiva, so pretexto de aprovechar la que el interesado considere más favorable a sus condiciones, pues, por regla general, las normas sociales deben tener una aplicación general e inmediata. Frente a un caso similar al aquí analizado, en el que se discutían los porcentajes de distribución de una pensión de sobrevivientes, es (sic) Sentencia CSJ SL, 7 feb. 2006, rad. 26407 concluyó:

“Conviene precisar que el tribunal, para confirmar la absolución impartida por el a quo respecto de la pretensión de incremento de la sustitución pensional de la menor demandante, tomó en cuenta que por haber fallecido el señor Baldemar Rodríguez Arias el 25 de enero de 1990, fecha de la causación del derecho, eran aplicables al caso las normas que en ese momento estaban vigentes, como el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, la Ley 33 de 1973, el Decreto 690 de 1974, la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989, y no el inciso primero del artículo 28 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, el cual entró a regir el 11 de abril de 1990, fecha de su publicación en el Diario Oficial, como equivocadamente lo pretende la censura”.

Arguyó el ad quem que no puede aplicarse al presente asunto el principio de la favorabilidad de que trata el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo porque para ello es necesario que la norma que se pretende emplear esté vigente, lo cual no ocurre en el presente caso.

Por su parte, como eje central de su argumentación, la recurrente sostiene que la nueva ley rige “para todos los hechos jurídicos que nazcan durante su observancia, se aplica a todos los hechos jurídicos y situaciones nacidos antes de su vigencia en forma inmediata y a partir de la misma, con tal que no desconozca o deteriore derechos o situaciones adquiridos previamente” a lo cual agrega, como colofón, que “El Decreto 758 de 1990 (aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990), una vez publicado en el Diario Oficial de abril 18 de 1990, se aplicaba también a situaciones jurídicas consumadas con anterioridad a su vigencia...” (fl.14 del cdno. de la Corte).

De lo anterior es dable concluir que la recurrente no discute que el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada en el proceso es una situación jurídica consumada con antelación a la entrada en vigor del Acuerdo 049 de 1990, de modo que lo que en realidad paladinamente pretende es que a esa normatividad se le otorgue un efecto retroactivo que no solo resulta contrario a la doctrina universal sobre la aplicación de la ley en el tiempo, que enseña que las normas jurídicas rigen durante su vigencia los hechos que ocurran de acuerdo con sus supuestos, sino que igualmente va en contra de lo que secularmente se ha dispuesto en nuestro sistema legal sobre la vigencia de normas laborales y de seguridad social.

En efecto, es suficientemente sabido que el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que como lo ha precisado la Sala en asuntos análogos al presente, resulta aplicable a los asuntos de seguridad social, de manera diáfana y expresa recoge el principio de la irretroactividad de las leyes laborales y de seguridad social al establecer que “las normas sobre trabajo, por ser de orden público, producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes, o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, pero no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores”. Principio de irretroactividad de la ley que desde luego no significa perpetuar indefinidamente en el tiempo la ley antigua tornando inmodificable la normatividad, como equivocadamente lo sostiene la recurrente, sino que tiene como objeto delimitar el ámbito de aplicación temporal de las nuevas normas y evitar que se afecten derechos legítimamente adquiridos o situaciones jurídicas válidamente consolidadas al amparo de los preceptos derogados.

Por tal razón, esta Sala de la Corte ha explicado que:

“En el derecho del trabajo y en el de la seguridad social ha prevalecido la tesis según la cual las normas legales que consagran derechos laborales o prestacionales son inmediatamente aplicables sin ser verdaderamente retroactivas. Se ha admitido que la nueva ley pueda regular contratos de trabajo o situaciones jurídicas surgidas con anterioridad a su promulgación pero que se hallen en curso, esto es, que no se hayan extinguido o consolidado. A este fenómeno jurídico, bien se sabe, se le ha denominado retrospectividad de la ley (S. del 24 de febrero de 2005, Rad. 23798)”.

En la anterior providencia se trajo a colación el criterio expresado en la del 14 de mayo de 1987, Radicado 0574, según el cual:

“‘(...) una cosa es tomar en consideración hechos acaecidos en el pasado para hacerles producir efectos futuros y otra muy diferente, y que nuestra ley no consagra, es la transformación ex - pos facto de tales hechos por virtud de una ley que no regía al momento en que tuvieron ocurrencia’ (S. de la Sección Segunda de 14 de mayo de 1987. Rad. 0574).

Lo antes aseverado permite concluir que el derecho a la pensión de sobrevivientes de la accionante quedó definido y consolidado antes de la fecha en que entró a regir el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por lo que las disposiciones de este estatuto no eran aplicables a su caso concreto, de modo que el tribunal no incurrió en la infracción directa ni en la violación medio denunciadas por la censura. Sentencia del 7 de febrero de 2006, Radicado 26407”.

Ahora bien, como el señor Luis Enrique Arenas Castañeda falleció el 2 de mayo de 1982, la norma llamada a regular el derecho pedido por la actora era la vigente en el momento en el que ese suceso ocurrió, esto es, en principio, el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, como lo reclamó el Instituto de Seguros Sociales desde la contestación de la demanda y lo aceptó la juez de primera instancia.

Dicha norma establece en su artículo 21:

“La pensión a favor del cónyuge sobreviviente será igual a un cincuenta por ciento (50 %) y la de cada huérfano con derecho igual a un veinte por ciento (20 %) de la pensión de invalidez o de vejez, que tenía asignada el causante, o de la que le habría correspondido a la fecha del fallecimiento, excluidos los aumentos dispuestos en el artículo 16 del presente reglamento. Cuando se trate de huérfanos de padre y madre, la cuantía de la pensión se elevará hasta el treinta por ciento (30 %) para cada uno”.

De igual forma, el artículo 23 prevé:

“Si las pensiones de sobrevivientes a los beneficiarios de un mismo causante han sido reducidos proporcionalmente por aplicación de lo dispuesto en la primera parte del artículo 61 de la ley 90 de 1946, y luego se redujere posteriormente el grupo de beneficiarios por muerte o extinción del derecho de cualquiera de sus integrantes, el monto de la pensión disponible por este motivo crecerá proporcionalmente a las pensiones de los beneficiarios restantes, sin que tales pensiones reajustadas puedan sobrepasar las cuantías porcentuales indicadas en el artículo 21 de este reglamento”.

Al compás de las referidas disposiciones, como lo concluyó la juez de primera instancia, teniendo la cónyuge supérstite un 50 % de la pensión de sobrevivientes, así opere cualquiera de las causas por las cuales se extingue el derecho de los descendientes, no es posible acrecer su derecho, por cuanto no resulta dable “sobrepasar las cuantías porcentuales indicadas en el artículo 21 de este reglamento”, esto es, para el presente caso, el 50 % que ya tiene.

Sin embargo, los anteriores raciocinios tampoco resultan plenamente acertados para la hipótesis analizada, en vista de que en la fecha del fallecimiento del señor Luis Enrique Arenas Castañeda se encontraban vigentes otras disposiciones que varían sustancialmente la regulación de los acrecimientos pensionales contenida en el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966. Concretamente, en el presente asunto son aplicables la Ley 33 de 1973 y la Ley 12 de 1975, que establecen normas en materia de pensiones de sobrevivientes y sustitución de pensiones de jubilación para trabajadores del sector privado y oficial.

En torno a tal tema, esta Sala de la Corte asentó que, en materia de acrecimientos pensionales, los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales y, concretamente, el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, deben entenderse modificados por las previsiones incluidas en la Ley 33 de 1973. Dijo la Corte en este aspecto:

“De conformidad con los artículos 1º y 2º de la Ley 33 de 1973 las viudas tienen derecho a la sustitución pensional total vitalicia a la que tenía derecho su cónyuge y no al 50 % de que trata el artículo 21 del Acuerdo 224 de 1966 del Consejo Directivo del I.C.S.S., aprobado por el Decreto 3041 de 1966, pues tal norma fue modificada tácitamente por el artículo 1º de dicha Ley.

(...)

Los hechos anteriores indican que la demandante en su calidad de viuda y único beneficiario tiene derecho a gozar de una pensión sustitutiva vitalicia en cuantía de $ 5.656.24, a partir de la fecha del fallecimiento de su cónyuge enero 1º de 1975. Sentencia del 8 de octubre de 1979. Rad. 5870, Sección Segunda. Acta 41”.

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 33 de 1973, “Si concurrieren cónyuges e hijos la mesada pensional se pagara, el 50 % al cónyuge y el resto para los hijos por partes iguales.” Asimismo, dispone la norma que “La cuota parte de la pensión que devenguen los beneficiarios acrecerá a la que perciben las demás cuando falte alguno de ellos o cuando el cónyuge contraiga nuevas nupcias o haga vida marital”.

En igual sentido, el artículo 3º de la Ley 12 de 1975 prevé que el “Cónyuge supérstite e hijos que concurrirán por mitades, con derecho a acrecer cuando falte uno de los órdenes o se extinga su derecho, lo propio que los hijos entre sí” (negrillas fuera de texto).

Ahora bien, una lectura apropiada de las citadas disposiciones permite comprender que existe una suerte de gradación de los acrecimientos, en tratándose del cónyuge y de los descendientes, de la siguiente forma:

i) En primer lugar, si el orden de beneficiarios hijos subsiste, únicamente resulta dable incrementar el derecho a la pensión de sobrevivientes en el interior del respectivo orden. Es decir, cualquier extinción de la fracción de uno de los descendientes debe mejorar la de los restantes, que integran el mismo orden. Por ello las disposiciones en cita prescriben un acrecimiento de “los hijos entre sí”.

ii) En segundo lugar, una vez extinguido el orden de hijos en su totalidad, cuando no existe por lo menos uno de ellos, opera un acrecimiento entre diferentes órdenes, en este caso de la cónyuge sobre el 100 % de la prestación. La norma habla en este punto de un “(...) derecho a acrecer cuando falte uno de los órdenes”.

Con lo anterior se quiere significar que si existen dos descendientes, como en este caso, cuando cesa el derecho de uno de ellos, el acrecimiento debe darse hacia el otro, en la medida en que el orden no ha fenecido en su totalidad. Asimismo, una vez se extinga plenamente el orden, la cónyuge podría extender su derecho al 100 % de la prestación, acudiendo a la segunda probabilidad planteada.

En el presente evento, para el momento de la presentación de la demanda 1º—9 de noviembre de 2003—, de acuerdo con los mismos hechos que allí se exponen, persistía otro descendiente con derecho a la pensión de sobrevivientes diferente del señor Luis Fernando Arenas Quintero, esto es, la señora Ana Lucía Arenas Quintero.

El derecho de dicha beneficiaria fue ratificado mediante decisión judicial (fls. 117 a 125) y pagado por el Instituto de Seguros Sociales a través de la Resolución 12300 del 27 de octubre de 2003, que ordenó girarle el retroactivo causado hasta el 31 de octubre de 2003, así como el pago de la mesada hasta cuando cumpliera la edad de 25 años, bajo la condición de que acreditara estudios (fls. 107 y 108).

Así las cosas, al permanecer vigente el orden de beneficiarios descendientes, la extinción del derecho del señor Luis Fernando Arenas Quintero generaba un acrecimiento a favor de su hermana Ana Lucía Arenas Quintero y no a favor de la actora, quien solo tendría derecho a incrementar su prestación cuando fenezca en su totalidad el orden de hijos, supuesto que como ya se dijo, para el momento de la presentación de la demanda, no se había verificado.

De acuerdo con los supuestos desarrollados en líneas precedentes, el tribunal no pudo haber violado por infracción directa los artículos 8º del Decreto 1889 de 1994; ni 46, 47 y 48 de la 100 de 1993, porque dicha normatividad no resultaba aplicable al caso, y aunque incurrió de la aplicación indebida del artículo 28 del Acuerdo 049 de 1990, dicha violación resulta intrascendente para la decisión, puesto que de haber aplicado la normatividad que sí resultaba aplicable, esto es, como se vio, los artículos 2º de la Ley 33 de 1973 y 3º de la Ley 12 de 1975, que modificaron el Acuerdo 224 de 1966, en ese aspecto, se llegaría al mismo resultado, pues mientras existan hijos del causante como beneficiarios de la pensión, el acrecimiento los afecta a ellos y no al cónyuge, y solo a falta de estos es que opera para este el derecho reclamado.

En consecuencia, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 30 de abril de 2008, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por la señora Alba Lucía Quintero Pérez contra el Instituto De Seguros Sociales.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».