Sentencia SL 682-2013 de octubre 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL 682-2013

Radicación 44362

Acta 31

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Lo negó el tribunal, pero luego de surtir la queja, esta Corte lo declaró mal denegado y ordenó darle trámite; admitido por la Sala, propone el recurrente que se case la sentencia acusada, para que, en sede de instancia, confirme la del juzgado.

Con fundamento en la causal primera de casación, el impugnante formula un cargo, que mereció réplica.

Lo redactó así: “acuso la sentencia impugnada, fundamentado en la causa primera de casación contemplada en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964 al quebrantar indirectamente por aplicación indebida los artículos 13 y 35 del Acuerdo 49 de 1990, Decreto 758 de 1990, a causa de evidentes errores de hecho en la apreciación de la prueba documental obrante a folio 30 del expediente y por falta de apreciación de los folios 26 a 29 y 38 a 41 del expediente que condujeron al tribunal a cometer los siguientes errores de hecho:

“No dar por demostrado estándolo que a la señora Rosalba Elena Almanza Díaz Amaya le asiste el derecho al pago de su pensión de vejez desde el 7 de noviembre de 1998, por acreditar el requisito de desafiliación del régimen general de pensiones del IVM pues su retiro se efectuó en el mes de abril de 1992 y NO en mayo de 2007 como lo apreció erradamente el tribunal.

“No dar por demostrado estándolo que la accionante tenía entre el primero (1º) de marzo de 1978 y el tres (3) de abril de 1992 las 538 semanas cotizadas al ISS para el riesgo de IVM (fls. 26 a 29 y 38 a 41, cdno. ppal.) y NO 551,1428 semanas como lo apreció erradamente el tribunal”.

Censuró que el ad quem concluyera que la demandante se desafilió el 31 de junio de 2007, pese a que las pruebas denunciadas dan cuenta de que su último empleador fue el Hotel Cañaveral, y que por tanto el juicio que realizó el juzgado fue el acertado.

Expresó que la historia laboral que se tuvo en cuenta era de otra persona, Úrsula María Aguirre “identificada con la cédula de ciudadanía 26.667.875 expedida en Santa Marta quien laboró en realidad en el año 2007, quien según el documento labora en el Edificio Rodadero Plaza III y IV propiedad horizontal NIT 800.115576”; que la equivocada lectura de tal documento conllevó a que se aplicaran indebidamente las normas denunciadas y en ello insistió a lo largo del texto.

Asimismo anunció que eran inequívocos los extremos en los cuales cotizó Almanza Díaz de Amaya e incluso dice que la resolución en la que se le negó la prestación da cuenta de aquellas.

La réplica

Refirió que el recurrente no hizo reparo alguno a la incorporación del documento que milita a folio 30, de forma que dijo ser extemporáneo su reclamo y que en todo caso era intrascendente que el ad quem hubiera estimado que se cotizó un mayor número de semanas.

Se considera

Está fuera de discusión que Rosalba Elena Almanza de Díaz hace parte del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que cumplió la edad para pensionarse, conforme con el Acuerdo 49 de 1990, el 6 de noviembre de 1998, a partir de la cual solicitó el pago de la prestación; la controversia radica en determinar el momento en el cual aquella se retiró del sistema, en tanto el tribunal, de acuerdo con la prueba documental, estimó que su última cotización fue en junio de 2007 y en ese sentido, a partir de tal fecha impuso su cancelación.

Los errores manifiestos de hecho que el censor endilga al ad quem los hace consistir, entre otros, en la falta de apreciación de los documentos que militan de folios 38 a 41, aunque para efectos de su fundamentación se entiende como un lapsus calami y por ello, lo que se cuestiona es su equivocada valoración, al igual que el de folio 30.

En efecto, la historia laboral de los folios 38 a 41, impresa el 21 de agosto de 2008, corresponde a la demandante con cédula de ciudadanía 26.667.785; allí consta que su afiliación al sistema general de pensiones fue el 1º de marzo de 1978 a la empresa Irotama y Cía., y su último reporte fue al Hotel Cañaveral el 3 de abril de 1992, con lo que alcanzó un total de 3804 días, 10 de ellos en licencia y 28 pagados simultáneamente, por lo que alcanzó 538 semanas cotizadas.

Respecto de la primera historia que aparece de folios 26 a 27, emitida el 23 de junio de 2008, la diferencia es que el número de semanas corresponde a 514,5714, en el mismo lapso.

En lo relacionado con el documento de folio 30, expedido en una sola hoja, el 23 de junio de 2008, que fue el que tuvo en cuenta el juzgador de segundo grado para determinar que la última cotización correspondió al mes de mayo de 2007, aparece como empleador el Edificio El Rodadero Plaza III y IV, con NIT 800115576, del ciclo marzo a abril, y con fechas desde el 26 de abril de 2007 al 21 de junio del mismo año bajo el nombre de Úrsula Aguirre, con cédula de ciudadanía 26.667.785, es decir, la misma de la actora.

Todo lo anterior revela una aparente inconsistencia, pero si se realiza una lectura completa de los documentos denunciados se puede colegir que el reporte de semanas que aparece en los folios 26 y 27, que es de la misma fecha del de folio 30, fue corregido luego de la orden que emitió el Juzgado, en proveído de 23 de julio de 2007, y adosado al expediente en los pluricitados folios 38 a 41, de forma tal que la relación que allí aparece es la última y por ello la que daba plena certeza de los ciclos que fueron cotizados por Almanza de Díaz, y de la que no emerge duda de que la novedad de retiro de la afiliación 926667785 fue el 3 de abril de 1992.

Lo referido sin duda, da cuenta del primer yerro que se atribuyó al juzgador, en tanto tuvo por acreditada una fecha distinta para verificar la última cotización de la trabajadora y por ello el cargo es fundado.

Y no sobra advertir que no era necesario que la parte actora reprobara el contenido del documento de folio 30, toda vez que resulta totalmente viable que lo confrontara a propósito de la valoración que hizo el ad quem el resolver la apelación que formuló el ISS.

En sede de instancia cabe indicar que fueron aspectos debatidos en la apelación el hecho de que la actora no pudiera beneficiarse de la transición dado que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 no se encontraba afiliada al ISS; que además “presenta cotizaciones en el mes de abril de 2005 no presentando novedad de retiro”, y que en todo caso debió declararse la prescripción tal como se pidió en la contestación de la demanda.

En lo atinente a estos dos últimos aspectos, cabe indicar que, conforme se destacó en sede de casación la última cotización fue en abril de 1992, de forma tal que no se hace necesario dilucidar nuevamente tal cuestión.

Ahora, en punto a la excepción de prescripción, debe indicarse que, conforme el auto que emitió el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, el 30 de mayo de 2008, la demanda se tuvo por no contestada, de manera que no es posible tener en cuenta lo propuesto por la demandada, puesto que ese medio exceptivo, no es de los que puede declararse probado oficiosamente (CPC, art. 306).

El restante reparo consiste en que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1º de abril de 1994, la trabajadora no se encontraba cotizando, y que por tanto no le era aplicable la transición; para dirimirse tal aspecto debe recordarse que el artículo 36 ibídem preceptúa que se aplican las normas establecidas en “el régimen anterior al cual se encuentran afiliados”, a las personas que al entrar en vigencia cuenten 35 años de edad si son mujeres o 40 si se trata de hombres, o a quienes para esa fecha alcancen 15 años o más de servicios; tales condicionamientos están sujetos a una lógica jurídica, consistente en que aquel sector de trabajadores que se hallaban bajo la égida de unas reglas pensionales favorables, no vean afectadas sus expectativas ciertas por el cambio de legislación, esto es, se atenúa el principio de aplicación general e inmediata de la ley al tratarse de un derecho de raigambre social, y ello implica el respeto por los trabajadores antiguos, sin que pueda confundirse tal concepto con la necesidad de estar aquellos activos laboralmente, para 1º de abril de 1994 como lo sostuvo la entidad pasiva.

En tal orden es evidente que aunque Rosalba Elena Almanza de Díaz no estaba cotizando cuando entró en vigor el estatuto de la seguridad social, ello no implicaba su exclusión de la transición, ni el desconocimiento de las normas más favorables, en este caso, las del Acuerdo 49 de 1990.

Para determinar la fecha a partir de la cual procede el pago de la pensión de vejez, es pertinente clarificar que el hecho de no cotizar al sistema una vez se satisfacen los requisitos legales para acceder a aquella, no implica per se la desafiliación que exige la normativa en cuestión, pues no puede perderse de vista que debe existir un acto declarativo de la voluntad, para que la entidad de seguridad social actúe de conformidad, y adopte las medidas para excluir definitivamente del sistema al afiliado.

Ello tiene una relevancia mayúscula, en la medida en que la afiliación no se suspende o se suprime por el hecho de que se deje de cotizar, pues aquella garantiza el acceso a la protección de las contingencias de la vida bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, entre los cuales está obviamente la cancelación de las cuotas correspondientes, que a la postre son las que van a permitir que se reconozcan, entre otras, las prestaciones pertinentes.

Por demás, el hecho de que se produzca una novedad de retiro de un trabajador, al servicio del empleador, no puede tampoco asimilarse a la desafiliación, en tanto aquella simplemente da cuenta de una situación propia del mundo del trabajo, que no descarta la posibilidad de un nuevo ingreso, mientras que la otra tiene el carácter de definitiva y de ella pueden emerger determinados derechos.

Da cuenta la Resolución 4578 de 15 de septiembre de 1999, que la actora solicitó el 16 de septiembre de 1998 el reconocimiento pensional, a partir del cumplimiento de la edad, esto es, el 6 de noviembre de 1998, y es desde esa fecha que debe otorgarse.

En tal sentido se modificará la determinación del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, de 14 de noviembre de 2008, para condenar al pago de la pensión de vejez en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, a partir del 6 de noviembre de 1998, cuando Rosalba Elena Almanza de Díaz Amaya cumplió los 55 años de edad, y no del 17 de septiembre como lo consideró aquel, junto con los intereses moratorios.

Sin costas en el recurso extraordinario, en las instancias a cargo de la entidad demandada.

Según petición que obra a folios 91 y 92 del cuaderno de la Corte, acéptese como sustituta procesal del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales y de la Seguridad Social, por expresa remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 18 de marzo de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso que Rosalba Elena Almanza de Díaz Amaya le promovió al Instituto de Seguros Sociales. En sede de instancia se modifica la decisión del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, de 14 de noviembre de 2008, para condenar al pago de la pensión de vejez en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, a partir del 6 de noviembre de 1998, cuando Rosalba Elena Almanza de Díaz Amaya cumplió los 55 años de edad, y no del 17 de septiembre; se mantiene la condena por intereses moratorios.

Sin costas en casación; en las instancias a cargo de la demandada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.»