Concepto 40965 de noviembre 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

SL 915-2013

Rad. 40965

Acta 37

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil trece.

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Graciela Otálora Cuervo, Stella Medellín Bohórquez, Bernardita Lourdes Suárez Rodríguez, Rosalbina Preciado de Montaña y Maria Yenny Ovies Fierro, contra la sentencia proferida por el tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Descongestión Laboral, el 28 de noviembre de 2008, en el proceso promovido contra la Fundación Abood Shaio.

Antecedentes

Las actoras pidieron que luego de que se declare que el convenio celebrado por la demandada y el Sindicato Asociación de Trabajadores de la Shaio “(ATAS)” no les aplica y que el plazo acordado para cumplir las obligaciones “es ineficaz, por ser contrario a la ley y desconocer derechos laborales de las demandantes”, se condene a pagarles las vacaciones a partir de 1999, el reembolso de lo descontado del salario básico, la compensación en dinero de las dotaciones legales y extralegales no entregadas oportunamente, la reliquidación de las cesantías, intereses, primas, bonificaciones, el salario básico ordenado por laudo arbitral y por convención, los dominicales y festivos, lo descontado por concepto de preaviso, la indemnización moratoria, la indexación de las sumas adeudadas y las costas (fls. 7 a 19).

Afirmaron que se vincularon mediante contratos de trabajo; detallaron sus extremos iniciales, los cuales “permanecen vigentes a la fecha de presentación de la demanda”; que por laudo arbitral de 20 de diciembre de 2000 se dispuso reajustar el salario básico en un 10% de lo devengado en 1999 y, a partir de enero de 2001, “un porcentaje equivalente al IPC del año 2000”; en repetidas oportunidades pidieron los consecuentes reajustes y solo obtuvieron los de 2003 y 2004, “desconocieron en todo caso, los aumentos de los años anteriores”; la demandada “impuso” pagarles en forma parcial y por plazos los salarios y prestaciones a lo cual no accedieron; detallaron cada una de las prestaciones legales y extralegales reclamadas; precisaron que interrumpieron la prescripción con la petición radicada el 16 de diciembre de 2004.

La fundación, al contestar la demanda, aceptó la relación laboral y aclaró sus extremos, en líneas generales admitió que los contratos continuaban; negó la vigencia del laudo y explicó que “fue sustituido por el acuerdos (sic) de reestructuración empresarial de 30 de noviembre de 2000... y especialmente por los de condonación de deudas por beneficios extralegales de 18 de diciembre de 2002”, aprobados por la superintendencia correspondiente del Ministerio de la Protección Social, mediante actos administrativos en firme, todo con apoyo en el artículo 42 de la Ley 550 de 1999. Aceptó que les aumentó el salario a partir de 2003, de conformidad con el acuerdo de reestructuración y el convenio del 18 de diciembre de 2002; que lo demás eran prebendas extralegales no exigibles a la fundación, por virtud del acuerdo y el convenio referidos que “modificaron sustancialmente los laudos y convenciones colectivas que regían entre el sindicato y la demandada, se modificaron y suspendieron tales beneficios”; frente a los demás hechos relacionados con el detalle de cada uno de los rubros laborales pretendidos manifestó que no eran ciertos. Explicó que “suscribió acuerdo con ATAS que era el sindicato mayoritario y tenía el poder de negociación en representación de todos los trabajadores sindicalizados o no, según el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, de acuerdo con el concepto del Ministerio de Trabajo que profirió la Resolución 44 de 20 de enero de 2003, reconociendo la validez de dicha negociación”. Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, petición antes de tiempo, pago, cosa juzgada administrativa e indebida acumulación de pretensiones (fls. 178 a 199).

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 10 de julio de 2007, absolvió a la demandada de todas las pretensiones; declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y le impuso costas a la parte actora (fls. 340 a 352).

Sentencia acusada

Por apelación de las demandantes, el tribunal, mediante sentencia de 4 de junio de 2009, confirmó la del a quo; no fijó costas en la alzada (fls. 383 a 391).

Dijo no compartir los argumentos de la parte apelante, “pues, contrario a lo por él afirmado, lo que se evidencia es que el a quo realizó una interpretación armónica e integradora de las normas propias de los procesos de reestructuración de entidades respecto de las disposiciones atinentes a la representación de los trabajadores en el evento de existir multiplicidad de sindicatos al interior de la empresa.

“Obsérvese como, el artículo 42 de la Ley 550 de 1999, se limita a permitir que dentro de los acuerdos de reestructuración se incluyan convenios temporales concertados directamente entre empresario y el sindicato que legalmente pueda representar a sus trabajadores, con el objeto de suspender total o parcialmente cualquier prerrogativa económica que exceda del mínimo legal de acuerdo con las normas del Código Sustantivo del Trabajo.

Entre tanto, el artículo 6º del Decreto 63 de 2002, reitera que la representación de los trabajadores sindicalizados corresponde al sindicato al que pertenezcan, destacando a renglón seguido que, ante la presencia de varios sindicatos al interior de la empresa, la representación de los trabajadores corresponderá a cada uno de los sindicatos, sin perjuicio de que éstos decidan que uno sólo de ellos los represente”.

Luego de admitir la existencia de varios sindicatos y de aludir a lo establecido por el artículo 357 del Código Sustantivo de Trabajo encontró lógico “entender que los acuerdos sobre condiciones laborales temporales especiales, para su validez, deben ser celebrados con cada uno de los sindicatos, siempre que ninguno de ellos tenga la condición de sindicato mayoritario, conclusión que se acompasa con el entendimiento que expone el impugnante en su recurso y con lo expresado por la Corte Constitucional en su Sentencia C-567 de 2000; supuesto distinto se presenta, cuando, como en el caso que nos ocupa, una de aquellas organizaciones, agrupa la mayoría de trabajadores de la empresa, pues en tal caso será ésta quien ostente la debida representación de todos los trabajadores de la empresa, por así disponerlo expresamente el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo normativa que, contrario a lo afirmado por el censor, sí es norma especial que regula el tema de la representación sindical, y que constituye una preocupación del legislador por dar prevalencia a la expresión de la voluntad mayoritaria al interior de la empresa”.

Destacó que la Sentencia C-063 del 30 de enero de 2008 de la Corte Constitucional que declaró inexequible el numeral 2º del artículo 357 aludido, no aplicaba al caso por tener “efecto a futuro, por así disponerlo expresamente el artículo 45 de la Ley 270 de 1996”, en consideración a que el acuerdo de concertación se suscribió el 18 de diciembre de 2002.

Reiteró que los trabajadores estuvieron debidamente representados por la organización sindical “ATAS”, por lo que estudiaría si se transaron derechos mínimos; destacó que en dicho Acuerdo, “en lo que atiende a los plazos allí consignados y la condonación de deudas por beneficios extralegales, no fue objeto de aprobación por parte del Ministerio de la Protección Social, pues tal como se relaciona en la parte considerativa de la Resolución 44 de 2003, emanada por el Director Territorial de Cundinamarca de ese ministerio, (fls. 240 - 242)”, solo se aprobaron “aumentos futuros, permisos sindicales, afiliaciones a la Ley 50 de 1990, no denuncia de convenciones colectivas o laudos arbitrales vigentes, temas a que se contrajo el acta visible a folios 231 a 234 del plenario”.

Luego de analizarlos, los encontró “ajustados a derecho, en la medida que no desconocen ni vulneran derechos mínimos de las trabajadoras demandantes, pues la condonación de deudas se contrajo a «beneficios puramente extralegales» adeudados por la Fundación a 31 de diciembre de 2002, originadas en convenciones colectivas y laudos arbitrales, acreencias que, justamente por su naturaleza extralegal, sobrepasan el mínimo de derechos y garantías consagradas a favor de los trabajadores en el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo y que se encuentran protegidos por el artículo 14 ibídem, y por tanto podían ser objeto de transacción, en los términos que trae el artículo 51 ej., cumpliéndose además las exigencias del artículo 1711 del Código Civil para su eficacia, y frente a los plazos para el pago de los aumentos salariales debidos, tampoco este convenio vulnera derechos ciertos e indiscutibles de las trabajadoras, pues simplemente su pago se condicionó a un plazo en sentir de la Sala razonable, y que, materializa el propósito o la misión de todo proceso de reestructuración empresarial, que no es otro que dar viabilidad a una empresa que atraviesa por una crisis financiera que puede llevar a su extinción.

Y finalmente, frente al argumento de que este acuerdo se constituye en una acta extraconvencional que no tiene la virtualidad de modificar la convención colectiva, encuentra el tribunal que, no estamos frente a una negociación colectiva propiamente dicha, sino en presencia de un acuerdo de condiciones laborales que se da al interior de un proceso de reestructuración empresarial, y que como tal, a fin de permitir la sostenibilidad financiera de la entidad, puede conllevar la remisión o condonación de obligaciones laborales a cargo de la empleadora siempre que se cumplan las exigencias legales para el efecto, y no se involucren derechos mínimos irrenunciables, tal como sucedió en el caso que nos ocupa”.

Finalmente precisó que el “Acuerdo de pago de obligaciones laborales posteriores a la iniciación del acuerdo de reestructuración económica de la accionada, celebrado el 18 de diciembre de 2002 (fls. 237-239) cumple las exigencias legales, por lo que ha de surtir plenos efectos, tal como acertadamente lo concluyó el fallador de primer grado”.

Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver. Pretende que se case la sentencia y, en sede de instancia, revoque la del a quo y en su reemplazo acceda a las pretensiones.

Formula dos cargos por la vía directa que se estudiarán conjuntamente dado que acusan similares disposiciones, tienen argumentos comunes y persiguen idéntico fin. Hubo réplica oportuna, conforme la constancia secretarial de folio 24 cuaderno de la Corte.

Primero y segundo cargos

Ambos por la vía directa; mientras en el primero denuncia la “interpretación errónea del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, que trajo como consecuencia la aplicación indebida del artículo 357, numeral segundo del Código Sustantivo del Trabajo”, en el segundo “la interpretación errónea del artículo 6º del Decreto 63 de 2002, norma que reglamentó el artículo 42 de la Ley 550 de 1999. Error que trajo como consecuencia la interpretación errónea del artículo 42 de la Ley 550 de 1999 y la aplicación indebida del artículo 357 numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo”.

En la demostración aduce que con la Ley 550 de 1999, se adoptaron medidas especiales que regulan el trámite de los procesos de reestructuración; que el artículo 42, no “hace énfasis a unas reglas claras y precisas (diferentes a las del CST) para la representación de los sindicatos en los procesos de reestructuración, procesos que no son de índole jurídico laboral propiamente”.

Estima que el tribunal se equivocó al considerar que la única forma de representación de las organizaciones sindicales era la que traía el numeral 2º del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo hoy declarado inexequible. Reitera que el ad quem interpretó erróneamente la Ley 550, “pues a pesar de ser clara y expresa para los eventos en que las empresas ingresan a procesos de reestructuración, le dio mayor prevalencia a la norma del Código Sustantivo del Trabajo que se refiere a la representación del sindicato mayoritario en los procesos de negociación, vale decir que la norma laboral es aplicable en aquellos eventos en que se da un proceso de negociación colectiva laboral con todas sus etapas, y que culmina con la suscripción de una convención colectiva de trabajo. Cosa que en este caso no ha ocurrido, pues la única Convención colectiva existente en Shaio, es precisamente la de Anthoc que mediante el mencionado convenio celebrado con otra organización sindical que jamás había pactado Convención Colectiva de Trabajo con la Shaio, que jamás ha entrado en un proceso de negociación, ahora mediante un acuerdo extraconvencional, (ya que no es una convención) pretende modificar la Convención colectiva de otra organización sindical, de esta manera, siendo expresa la norma de la Ley 550 de 1990 (sic) era de especial aplicación para el caso en comento, dado que el mencionado acuerdo celebrado con ATAS, fue en desarrollo del proceso de reestructuración de la Shaio, bajo esta ley”.

En la demostración del segundo cargo aduce que el artículo 6º del Decreto 63 de 2000 es especial, “pues solo opera cuando se trate de “acuerdos” suscitados dentro de procesos de reestructuración de los establecidos en la Ley 550 de 1999”, por lo cual no era posible admitir la interpretación que le dio el tribunal y con ello también aplicó indebidamente el numeral 2º del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo.

Que “para el caso bajo análisis, por la errónea interpretación del artículo 6º de este Decreto 63 de 2002 (anterior al acuerdo celebrado con ATAS), el honorable tribunal consideró válido el “convenio” celebrado con una sola de las organizaciones sindicales cuando esta norma exige que cada una de las organizaciones sindicales o cada uno de los trabajadores no sindicalizados debe aceptar o no el acuerdo, Como Anthoc (asociación sindical a la que pertenecen mis mandantes) ni los demandantes aceptaron dicho “Convenio” celebrado con Anthoc, no les era aplicable.

“Téngase en cuenta que en SHAIO solo se realizó un acuerdo de condiciones laborales temporales bajo la Ley 550 de 1999 con una sola de las organizaciones sindicales existentes en la SHAIO. Nunca se celebró uno de esos acuerdos con Anthoc, organización sindical a la cual pertenecían las demandantes y aun así les aplicó el “acuerdo” celebrado con otra organización sindical, se desconoció de esta manera, lo consagrado en este decreto. Desde el principio mencionamos y así quedó probado, que Anthoc en representación de mis mandantes no acogió el Convenio celebrado con ATAS. Tampoco lo aceptaron las demandantes”.

La réplica

Considera que el alcance de la impugnación es insuficiente porque no le indica a la Corte qué hacer con la sentencia de primer grado una vez anulada la del tribunal, lo que impide un pronunciamiento oficioso, dado el carácter dispositivo del recurso extraordinario.

Aduce que el recurrente debió advertir que el tribunal se fundamentó también en jurisprudencia de la Sala, en sentencias de constitucionalidad, en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, que consagra sus efectos futuros y en los artículos 13 y 14 sobre los derechos mínimos de los trabajadores entre otros y que “como el ataque se endereza por la vía directa a través de yerros en la interpretación de normas jurídicas, debió citarse el conjunto de reglas descritas en que se fundamentó el ad quem, con el fin de no hacerlo inestimable en casación pues su omisión, hace que la sentencia se siga soportando sobre el resto de jurisprudencia y normas que dejaron de integrar la proposición jurídica”.

Se considera

No le asiste razón a la réplica, pues el alcance de la impugnación y la proposición jurídica de los cargos es suficiente y viabiliza su estudio; la jurisprudencia ha sido consecuente en precisar que no es necesario denunciar “el conjunto” de preceptos utilizados por el ad quem, como lo sostiene la opositora.

En ese contexto, dada la vía directa escogida en ambos cargos, se da por descontado que la censura está conforme con los fundamentos fácticos que encontró demostrados el tribunal, como que existían varios sindicatos y que la organización sindical “ATAS”, quien agrupaba la mayoría de los trabajadores de la empresa, suscribió acuerdo de concertación el 18 de diciembre de 2002, fundamentado en el artículo 42 de la Ley 550 de 1999.

La controversia se plantea en torno a establecer si como lo plasmó el tribunal, el acuerdo de condiciones laborales suscrito al interior de un proceso de reestructuración empresarial entre la empresa y la organización señalada, obliga a todos los trabajadores, o si, por el contrario, únicamente vincula a quienes son sus afiliados.

Si bien, el tribunal, estimó inaplicable la Sentencia C-063 del 30 de enero de 2008 que declaró inexequible el numeral 2º del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo (alusivo a la representación sindical), con fundamento en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, bajo el entendido que dichas decisiones tienen efectos hacia el futuro “a menos que la Corte resuelva lo contrario”, pasó por alto que el punto central de proceso era la viabilidad del convenio temporal finiquitado a raíz del proceso de reestructuración empresarial invocado por la Fundación demandada.

Validez de los convenios temporales de condiciones laborales especiales en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 550 de 1999.

La Ley 550 de 1999, o ley de reestructuración o reactivación empresarial, implementó medidas de intervención estatal en el campo empresarial, con el objeto de regular la liquidación de empresas, la consecuente disminución del empleo, y reactivarlas procurando aliviar su carga financiera, mejorar sus perspectivas de producción, y ser otra vez sujetos de crédito con capacidad de pago, tal como quedó plasmado en la correspondiente exposición de motivos, en la que en uno de sus apartes se señaló:

“(...) Los instrumentos ordinarios del derecho concursal, diseñados para afrontar la iliquidez o insolvencia en circunstancias ordinarias, son insuficientes para afrontar un problema de esta magnitud... La generalización de la crisis puede tener graves consecuencias macroeconómicas y es necesario que el Estado intervenga para establecer un marco especial para la restructuración y reactivación empresarial, que contenga (i) los incentivos para que acreedores y deudores determinen la viabilidad de las empresas; (ii) las herramientas necesarias para establecer un plan de restructuración que permita salvar aquellas que sean viables.

“El objetivo de este proyecto de ley consiste entonces en dotar a deudores y acreedores de incentivos y mecanismos que sean adecuados para la negociación, diseño y ejecución conjunta de programas que le permitan a las empresas privadas colombianas normalizar su actividad productiva y, al mismo tiempo, atender sus compromisos financieros”(1).

Fue así que la Ley 550 de 1999 previó entre otras disposiciones de intervención que tienen que ver con los derechos laborales. Aquéllas, al ser examinadas por la Corte Constitucional, fueron calificadas como el marco legal definitorio y “apropiado para lograr la reestructuración del pasivo laboral de las empresas en crisis, y contribuir con ello a su reactivación y a la preservación de las fuentes de empleo...”(2), con la finalidad de que las empresas y los trabajadores acordaran condiciones especiales y temporales en material laboral que faciliten su reactivación y viabilidad.

Esto también se deriva de la exposición de motivos del entonces proyecto de ley, en la que se lee:

“(...) Un elemento esencial de la reactivación empresarial está constituido por la conservación del empleo. Por esa razón, se estimula la concertación de empresarios y trabajadores acerca de condiciones laborales especiales y temporales que contribuyan a la recuperación de la empresa, cuyo fortalecimiento interesa simultáneamente a todos los acreedores, comenzando por sus trabajadores y pensionados. En esta materia, otra vez, se pone de relieve que se interviene para la reactivación de la empresa, punto convergente de los intereses de empresarios y trabajadores”(3).

En lo que al sub lite interesa, el texto definitivo del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, que regula la concertación de condiciones laborales de forma temporal y especial, es del siguiente tenor:

“ART. 42.—Concertación de condiciones laborales temporales especiales. Los acuerdos de reestructuración podrán incluir convenios temporales, concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente pueda representar a sus trabajadores, que tengan por objeto la suspensión total o parcial de cualquier prerrogativa económica que exceda del mínimo legal correspondiente a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Tales convenios tendrán la duración que se pacte en el acuerdo, sin exceder el plazo del mismo y se aplicarán de preferencia, a las convenciones colectivas de trabajo, [pactos colectivos], contratos individuales de trabajo vigentes, o laudos arbitrales.

La ejecución de los convenios deberá ser previamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo pronunciamiento deberá producirse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la respectiva solicitud. [En ausencia de sindicato, si se llega a un mismo convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos se extenderán también a los demás trabajadores de la misma].

El incumplimiento a lo dispuesto en los convenios a que se refiere el presente artículo, podrá dar lugar a la terminación del acuerdo, en la forma y con las consecuencias previstas en esta ley”.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-1319 de 2000 halló exequible el citado artículo 42 de la Ley 550 de 1999, salvo las expresiones entre paréntesis que se declararon inconstitucionales.

Allí al abordarse el estudio de si las convenciones colectivas de trabajo una vez perfeccionadas, podían ser modificadas (ello por la aplicación prevalente de los convenios temporales y especiales celebrados por una empresa en reestructuración y el sindicato que legalmente representara a los trabajadores), se explicó, con apoyo en jurisprudencia relacionada con los artículos 467 y 480 del Código Sustantivo de Trabajo, que tales acuerdos colectivos pueden ser modificados, una vez expire su vigencia y mediante el mecanismo de la negociación colectiva “para adaptarlas a las necesidades e intereses, tanto de los patronos como de los trabajadores”(4) y que son revisables mientras están en vigor “cuando por circunstancias imprevisibles varíen sustancialmente las circunstancias económicas que se tuvieron en cuenta al momento de su celebración”(5).

Así la Corte Constitucional expresó que tal modificación de las convenciones colectivas de trabajo, se puede dar de manera ordinaria o extraordinaria; la primera, en tiempos de normalidad económica, que se presenta en el marco de la negociación colectiva; y la segunda, cuando por razones no previstas han variado las circunstancias económicas presentes al momento de su celebración, lo que impone su revisión para no alterar el equilibrio económico de las relaciones laborales.

El tribunal constitucional consideró que los acuerdos modificatorios de una convención colectiva vigente, encaminados a restablecer el equilibrio económico afectado por circunstancias nuevas e imprevistas, mediante los cuales empleadores y trabajadores acuerdan “suspender o reducir temporalmente derechos laborales antes reconocidos, no resulta contrario a la Carta. En efecto, los derechos laborales que se reconocen en las convenciones colectivas son de naturaleza extralegal y una vez adquiridos no pueden ser desconocidos unilateralmente por el empleador, ni eliminados por leyes posteriores, pero ello en sí mismo no impide una concertación para acordar su suspensión total o parcial, como lo propone la normatividad demandada”(6). Agregó que “Por ello, las normas acusadas que, como medidas de intervención económica en asuntos laborales, permiten que dentro de los acuerdos de reestructuración destinados a lograr la recuperación de empresas en crisis se incluyan convenios temporales concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente pueda representar a los trabajadores, suscritos con el fin de suspender total o parcialmente prerrogativas económicas que excedan del mínimo legal, no desconocen derechos adquiridos. Para la Corte esta posibilidad no está proscrita por las normas superiores”(7) (resalta la Sala).

En la mencionada sentencia de exequibilidad, adicionalmente se decidió que lo que sí contradice la Constitución es la expresión contenida en el inciso segundo del referido artículo de la Ley 550 de 1999, según la cual “En ausencia de sindicato, si se llega a un mismo convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos se extenderán también a los demás trabajadores de la misma”; e igualmente la expresión “pactos colectivos” contemplada en el primer inciso de la mencionada norma. Ello por cuanto el convenio de concertación de condiciones laborales especiales en comento, no puede ser impuesto a los trabajadores no sindicalizados que no deseen participar en él, o respecto de aquellos que se benefician de un pacto colectivo, pues no es dable obligar a éstos “a ser representados por el sindicato al que no convinieron en asociarse”.

En este orden de ideas, son válidos los acuerdos de reestructuración, entre ellos el convenio temporal de condiciones laborales especiales autorizado por la Ley 550 de 1999 precepto 42, celebrados entre la empresa y el sindicato que legalmente represente a los trabajadores, que prevalecerá sobre lo pactado en las convenciones colectivas de trabajo vigentes, y cuyo campo de aplicación comprende en general a los trabajadores sindicalizados, y solo excepcionalmente a los no sindicalizados cuando éstos últimos manifiesten su deseo de participar en tal convenio, sin que de ninguna manera pueda aplicarse preferencialmente respecto a un pacto colectivo.

De ahí que es completamente legal y constitucional, que en virtud de dichos convenios que persiguen evitar la liquidación de la empresa y lograr la recuperación económica o financiera de la misma, los empleadores y trabajadores sindicalizados puedan suspender o reducir temporalmente beneficios o prerrogativas laborales reconocidas con antelación en una convención colectiva de trabajo.

Representación sindical para la celebración de los convenios temporales de condiciones laborales especiales.

En cuanto al tema de la representación sindical para la suscripción de esta clase de convenios, como se desprende del texto del artículo 42 de la Ley 550 de 1999 y lo determinó la Corte Constitucional al estudiar su exequibilidad mediante la multicitada Sentencia C-1319 de 2000, la concertación de condiciones laborales temporales especiales debe llevarse a cabo con el “sindicato que legalmente pueda representar” a los trabajadores de la empresa en crisis (resalta la Sala), lo que significa que en virtud de que la norma en cuestión se remite a lo que “legalmente” se tuviera establecido en materia de representación sindical, habrá de observarse la normativa que regía para el momento en que se suscribió el convenio temporal de condiciones laborales, a efectos de determinar cuál sindicato o sindicatos eran los facultados para celebrar esos acuerdos dentro del proceso de reestructuración o reactivación empresarial, y cuáles trabajadores quedaban sometidos a ellos.

El artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965, en su artículo 26, contemplaba tres eventualidades de representación sindical. La primera que prohibía en una misma empresa la coexistencia de dos o más sindicatos de base —hoy denominados de empresa—, disponiendo que si por cualquier motivo llegaran a coexistir, subsistiría el que tuviera un mayor número de afiliados, el cual debía admitir a los miembros de las otras asociaciones sin restricción alguna; el segundo, que “[C]uando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa” (resalta la Sala), y el tercero regulaba el evento de que ninguno de los sindicatos coexistentes agrupara la mayoría de los trabajadores de la empresa, en cuyo caso se establecía que la representación sindical correspondía conjuntamente a todos ellos, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expidiera el gobierno.

La Corte Constitucional al resolver la demanda contra la norma aludida 357 del Código Sustantivo del Trabajo, en Sentencia C-567 del 17 de mayo de 2000, declaró inexequible lo relativo a la representación sindical, contenido en los numerales 1 y 3 del artículo 26 del Decreto-Ley 2351 de 1965, por ser contrarios a la Constitución Política. Posteriormente, en Decisión C-063 del 30 de enero de 2008, declaró inconstitucional la segunda de tales disposiciones, de allí que no sólo el sindicato mayoritario tiene la titularidad y legitimidad para promover y llevar hasta su terminación un conflicto colectivo, sino que cada sindicato, así sea minoritario, tiene por sí mismo la representación sindical y la legitimidad para tales efectos.

La posibilidad de que varias asociaciones sindicales puedan promover conflictos colectivos que culminan con la suscripción de una convención colectiva o la expedición de un laudo arbitral, lleva igualmente a la factibilidad de que coexistan en una empresa más de una convención colectiva de trabajo. Pero en tal caso los trabajadores solo podrán beneficiarse de una de ellas, conforme tuvo la oportunidad de estudiarlo y definirlo la Sala en sentencias de anulación del 29 de abril de 2008 y 28 de febrero de 2012, radicados 33988 y 50795, respectivamente; sin duda ello también debe observarse para efectos de la representación sindical en la suscripción de los acuerdos de reestructuración como el que ocupa la atención de la Sala, que busca reactivar o recuperar a la Fundación demandada, concertando con sus trabajadores plazos para el cumplimiento de obligaciones o la suspensión y/o reducción temporal de algunos derechos o prerrogativas extralegales que antes se habían reconocido.

Sin embargo, lo anterior debe armonizarse con lo preceptuado en el Decreto 63 del 18 de enero de 2002, artículo 6º, que reglamentó la Ley 550 de 1999, y se refirió a la representación de los trabajadores en la concertación de esas condiciones laborales temporales especiales, en los siguientes términos:

“ART. 6º—“Representación de los trabajadores. La representación de los trabajadores sindicalizados corresponderá al sindicato al cual éstos pertenezcan.

En el evento de que exista más de una organización sindical, la representación de los trabajadores corresponderá a cada uno de los sindicatos, sin perjuicio de que estos, de común acuerdo, decidan que sólo uno de ellos los represente.

Cuando existan trabajadores no sindicalizados, el convenio laboral temporal especial será sometido a consideración de cada uno de ellos, quienes en forma individual podrán adoptarlo”.

De conformidad con lo explicado en precedencia, los “acuerdos de restructuración” que incluyan convenios laborales temporales, se deben celebrar con el sindicato que legalmente represente a los trabajadores sindicalizados, lo cual si acontece en vigencia del artículo 357 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965 artículo 26 numeral 2º y antes de la reglamentación consagrada en el Decreto 63 de 2002 artículo 6º, será el sindicato mayoritario; pero si se produce en vigencia de esta última normativa y cuando en la empresa exista más de una organización sindical, cada una representara a sus afiliados, lo cual está acorde con lo decidido en la sentencia de inexequibilidad C-063 del 30 de enero de 2008 ya reseñada.

En efecto, a partir de la expedición de la norma especial aplicable para definir la representación de los trabajadores en esta clase de acuerdos de reestructuración que involucran convenios laborales temporales especiales, valga decir, el citado Decreto 63 de 2002 que reguló expresamente la situación de la existencia de varios sindicatos, es claro que cada uno de ellos ejerce su propia representación, salvo que estos decidan de común acuerdo que uno solo de ellos los representa a todos. Y ello con independencia de que exista un sindicato mayoritario.

De tal modo que un acuerdo de esta naturaleza celebrado entre un sindicato mayoritario y una empresa en restructuración económica, en vigencia de dicho precepto legal —que se repite es de carácter especial y plenamente aplicable en estos casos—, obliga únicamente a sus afiliados. Y ese u otro cualquiera de los sindicatos podría celebrar un acuerdo de esa naturaleza, vinculante para trabajadores no afiliados a él, solamente cuando tal organización sindical obtenga la representación de otro u otros sindicatos coexistentes. Igualmente, podría cobijar a los trabajadores no sindicalizados, si ellos individualmente aceptan adoptar tal convenio.

A diferencia de la “negociación colectiva” que se desarrolla de manera ordinaria, en la que una convención colectiva de trabajo celebrada con un sindicato mayoritario se extiende a todos los trabajadores de la empresa sean o no sindicalizados, los denominados “convenios de condiciones laborales temporales y especiales”, a los cuales se llega por una situación extraordinaria de crisis de la empresa, no es posible aplicarlos por extensión a los trabajadores pertenecientes a otras organizaciones sindicales, por cuanto debe primar la regulación especial contenida en el Decreto 63 de 2002 en materia de representación, máxime que tales acuerdos o convenios buscan suspender total o parcialmente prerrogativas laborales que excedan el mínimo legal, lo cual no puede afectar a los minoritarios que no participen en la concertación de esas condiciones temporales o transitorias.

Mucho menos es factible imponer tal convenio a los trabajadores no sindicalizados, ya que es sabido que ellos no pueden estar representados por ningún sindicato, menos aun cuando se están beneficiando de un pacto colectivo. Por ello la Corte Constitucional, como atrás se reseñó, en la Sentencia C-1319 de 2000 al declarar inexequibles algunas expresiones del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, dejó claro que para que a éstos trabajadores se les aplique el “convenio de condiciones laborales temporales y especiales”, se requerirá que cada uno de ellos lo adopte o acepte.

De conformidad con lo expuesto, además cabe resaltar que la Fundación al contestar la demanda aceptó que “los demandantes pertenecen a otro sindicato” (fl. 185); particularmente afirmó que Stella Medellín Bohórquez, Graciela Otálora Cuervo y María Yenny Ovies Fierro, eran afiliadas a “Anhoc y Astrashaio”; respecto de Bernardita Suárez Rodríguez y Rosalbina Preciado de Montaña certificó que eran afiliadas a “Anthoc”. En comprobantes de pago que obran a folios 275 y ss., 297 y ss. 306 y ss. 317 y ss. y 326 y ss., se advierte que a las actoras se les descontaba del salario, la cuota correspondiente como afiliadas a “Anthoc”, esto prueba en forma fehaciente que no pertenecían a “ATAS” y por tanto no era el Sindicato llamado a representarlas.

Lo que significa, que las demandantes tienen derecho a que todas las prerrogativas, beneficios, aumentos o incrementos salariales, prestaciones sociales y/o acreencias legales y extralegales, se les cancelen y liquiden en la forma, plazos, monto y condiciones en que se venían reconociendo y sufragando antes de la firma y ejecución del acuerdo o convenio laboral temporal especial a que se ha hecho mención a lo largo de esta decisión y que no aplica para los afiliados al sindicato minoritario Anthoc, como quiera que para su negociación o concertación no participó esa organización sindical a la cual pertenecían las promotoras del proceso, sino que para ellas debe observarse es lo estipulado en las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre Anthoc y la Fundación Abood Shaio de las cuales eran beneficiarias, y/o los laudos arbitrales que en relación a esas negociaciones colectivas se hubieran proferido durante el tiempo en que se ejecutó el acuerdo de reestructuración empresarial.

En este orden de ideas, el tribunal cometió los yerros jurídicos endilgados, al estimar que el acuerdo cuestionado por haber sido suscrito por el sindicato mayoritario ATAS, cobijaba a las trabajadoras demandantes afiliadas a la organización sindical minoritaria Anthoc, que no participó en su negociación o concertación. También erró por no tener en cuenta que para los efectos de la Ley 550 de 1999 artículo 42, han de considerarse las reglas de representación de los trabajadores contempladas en el artículo 6º del D.R. 63 de 2002, artículo 6º, en virtud de las cuales no era posible someter o imponer el citado convenio de condiciones laborales temporales especiales a los afiliados de la referida organización minoritaria.

Por todo lo expresado, los cargos resultan fundados y habrá de casarse la sentencia impugnada.

Sería esta la oportunidad para proferir la decisión de instancia y pronunciarse la Sala sobre la procedencia o no de las súplicas incoadas, pero resulta que revisado en detalle el expediente, se encuentra que información que allí reposa es insuficiente para verificar lo liquidado y pagado para la época, por parte de la fundación demandada a cada una de las demandantes, con el fin de determinar si frente a la inaplicación del Convenio de Condiciones Laborales Temporales Especiales celebrado el 18 de diciembre de 2002 con el Sindicato mayoritario ATAS, el cual no surte efectos respecto de los afiliados de la organización sindical minoritaria Anthoc tal como se definió en casación, se generan o no las diferencias salariales o prestacionales e indemnizaciones en los términos reclamados.

Para mejor proveer, se dispone oficiar a la entidad demandada para que en un término de quince (15) días remita con destino al proceso la siguiente información o documentación:

1. Se certifique lo devengado y cancelado a cada una de las accionantes por salario básico, prestaciones legales (cesantías —ya sea anticipos, consignación a los fondos o pagos definitivos—, intereses sobre la cesantía, primas de servicios y vacaciones), prestaciones extralegales (bonificación de semana santa, prima de vacaciones, prima extralegal de servicios, incentivo de vacaciones, permisos remunerados), desde el año 1999 hasta la fecha en que se expida la certificación, especificando en cada caso el salario base de liquidación tomado por la fundación.

2. Se remita copia de las liquidaciones finales o definitivas de prestaciones sociales y demás derechos laborales, canceladas a las demandantes que a la fecha se hubieran desvinculado laboralmente.

3. Se envíen las constancias de entrega de las dotaciones legales y extralegales a las actoras desde el año 1999 hasta la fecha, así como cualquier compensación en dinero efectuada por salario en especie y casino en ese mismo lapso.

4. Se certifique lo sufragado a cada promotora del proceso por trabajo en dominical y festivo desde el año 1999 hasta la fecha de expedición de la certificación.

No hay lugar a las costas del recurso extraordinario, por cuanto la acusación resultó fundada. Las de las instancias serán establecidas en la sentencia de reemplazo.

Se reconoce a la doctora María Eugenia Rojas Nova con T.P. 194.617, como apoderada de Graciela Otálora Cuervo y otras, conforme con el escrito de folio 26.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Descongestión -, el 28 de noviembre de 2008, en el proceso que Graciela Otálora Cuervo, Stella Medellín Bohórquez, Bernardita Lourdes Suárez Rodríguez, Rosalbina Preciado de Montaña y María Yenny Ovies Fierro le promovieron a la Fundación Abood Shaio.

Para mejor proveer, se dispone oficiar a la entidad demandada para que en un término de quince (15) días remita con destino al proceso la siguiente información o documentación:

1. Se certifique lo devengado y cancelado a cada una de las accionantes por salario básico, prestaciones legales (cesantías —ya sea anticipos, consignación a los fondos o pagos definitivos—, intereses sobre la cesantía, primas de servicios y vacaciones), prestaciones extralegales (bonificación de semana santa, prima de vacaciones, prima extralegal de servicios, incentivo de vacaciones, permisos remunerados), desde el año 1999 hasta la fecha en que se expida la certificación, especificando en cada caso el salario base de liquidación tomado por la fundación.

2. Se remita copia de las liquidaciones finales o definitivas de prestaciones sociales y demás derechos laborales, canceladas a las demandantes que a la fecha se hubieran desvinculado laboralmente.

3. Se envíe las constancias de entrega de las dotaciones legales y extralegales a las actoras desde el año 1999 hasta la fecha, así como cualquier compensación en dinero efectuada por salario en especie y casino en ese mismo lapso.

4. Se certifique lo sufragado a cada promotora del proceso por trabajo en dominical y festivo desde el año 1999 hasta la fecha de expedición de la certificación.

Cumplido lo anterior vuelva el proceso al despacho para proferir la sentencia de reemplazo.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.

(1) Exposición de motivos al proyecto de ley correspondiente a la Ley 550 de 1999. Gaceta del Congreso 390 del martes 26 de octubre de 1999, pág. 13.

(2) Corte Constitucional, C-1319 de 2000.

(3) Exposición de motivos al Proyecto de Ley 145 de 1999 Cámara. Gaceta del Congreso 390 del martes 26 de octubre de 1999, pág. 14.

(4) Corte Constitucional, C-1319 de 2000.

(5) Ibídem.

(6) Ibídem.

(7) Ibídem.