Sentencia SL10030-2014/43801 de octubre 15 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL10030-2014

Rad. 43801

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 37

Bogotá, D.C., quince de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

La violación de normas procesales, como medio que condujo a la transgresión de disposiciones de carácter sustancial del orden nacional, no requiere de una fórmula sacramental para su planteamiento en casación, de modo que así no se diga expresamente en la proposición jurídica de que se trata de este tipo de infracción de la ley, ello no supone una deficiencia técnica en la medida que, como ocurre en este caso, se indique claramente en la demostración que dicha violación adjetiva condujo a la contravención de la sustantiva.

Ahora bien, lo que propone el censor en la mayor parte del desarrollo del cargo es que, debido a la aplicación indebida de las normas procesales que establecen el principio de consonancia, como consecuencia de una apreciación equivocada del recurso de apelación de la demandada, el Tribunal violó las normas que consagran el derecho a la pensión de vejez reclamada por la actora, al revocar, sin tener competencia para ello, las condenas impuestas por el a quo.

En torno a tal tópico, el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sobre el cual se edifica la acusación, establece expresamente que “(...) la sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación (...)”. De acuerdo con ello, el juez de segunda instancia está limitado en su competencia para conocer de las materias que le sean planteadas por el recurrente en la apelación, sin que por ello deba entenderse que está atado a las argumentaciones de este, pues, como lo tiene dicho la jurisprudencia de esta Sala, el juez en sus decisiones solo está sometido a la ley, de modo que es él quien debe determinar la norma aplicable al caso y quien, como director del proceso y destinatario de la prueba, el que las debe valorar libremente, “(...) inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes” (Art. 61 CPTSS).

Basta a la parte plantearle al juez de apelaciones cuáles son las materias de su inconformidad con la decisión recurrida, para que éste, dentro de los límites planteados por el recurrente, pueda libremente determinar los hechos probados y las normas aplicables.

En el caso concreto debatido, el recurrente aduce que el Instituto de Seguros Sociales, en su apelación, solo cuestionó la validez del reporte de semanas cotizadas y no se refirió a la sumatoria que de las mismas realizó el a quo, de modo que no podía abordar este punto sin violar el principio de consonancia.

A folios 87 a 91, en el documento de sustentación del recurso de apelación, dice el apoderado de la entidad demandada, en los apartes segundo y tercero de sus consideraciones, lo siguiente:

“SEGUNDO. Reiteramos es el instituto el que mediante la verificación de sus archivos proyecta negando o concediendo las pensiones solicitadas, no puede el despacho judicial basarse en información suministrada a los usuarios en los cuales pueden aparecer un número mayor de semanas, si bien en un proceso interno se validan las semanas que cumplan las condiciones mínimas para ser tenidas en cuenta y le permitan a los afiliados sumar en su favor, en el caso propuesto se cuenta en el expediente con resolución en la cual se dejó muy claro por parte de la institución que no contaba la señora Angélica de Jesús Muñoz con los requerimientos mínimos de ley.

TERCERO. Para este apoderado el despacho judicial toma una decisión con fundamento en una comunicación que no guarda los parámetros requeridos para una resolución, es más dicho documento no cuenta con la naturaleza para poder revocar una resolución como en el mismo se dice, es más la propia institución tendría que haber realizado y cumplido con los lineamientos para expedir una nueva resolución, por lo tanto consideramos que dicho único documento no puede ser el cual se valore para proferir una decisión hoy de condena y de reconocimiento de la prestación económica por el concepto de pensión por el riesgo de vejez”.

Es indudable que el tema puesto a consideración del juez de apelaciones, en los numerales transcritos, consistió en la valoración probatoria realizada por el a quo para determinar el número de cotizaciones efectuadas por la demandante, en el cual da prelación el recurrente a la Resolución del ISS frente al reporte de semanas cotizadas de folios 70 a 76. Documentos estos que arrojaban resultados diferentes.

En estas condiciones, no puede afirmarse válidamente que el Tribunal no podía por no haber sido tema de la apelación, revisar la apreciación que había hecho el a quo del reporte de semanas cotizadas, si precisamente lo deducido de él era lo que cuestionaba el recurrente, pues como se dijo el juez no se encuentra atado por las argumentaciones de las partes sino que es libre en la apreciación de las pruebas y la aplicación de la ley.

No obstante lo anterior, para la Sala, el Tribunal sí incurrió en un error evidente, no al abordar el tema de las semanas cotizadas, sino al valorar las pruebas que tuvo en cuenta para soportar su decisión, como se enuncia en la parte final del cargo, pues concluyó contra toda evidencia que la demandante sumaba un total de 999 semanas, dentro de toda su historia laboral. En efecto, de la misma historia laboral que tuvo en cuenta el Tribunal (fol. 71 a 76), se puede advertir de manera diáfana que la demandante reunió las siguientes semanas:

— Entre el 21 de julio de 1975 y el 24 de abril de 1986: 3850 días, equivalentes a 550 semanas (fol. 71 y 72).

— Por el mes de octubre de 1996 3 días, y por los meses de noviembre y diciembre 30 días cada uno, para un total de 63 días (fol. 74).

— Por los meses de enero a diciembre de 1997, 360 días (fol. 74).

— Por los meses de enero a diciembre de 1998, 360 días (fol. 74).

— Por los meses de enero a diciembre de 1999, 360 días (fol. 75).

— Por los meses de enero a diciembre de 2000, 360 días (fol. 75).

— Por los meses de enero a diciembre de 2001, 360 días (fol. 75).

— Por los meses de enero a diciembre de 2002, 360 días (fol. 75).

— Por los meses de enero a diciembre de 2003, 360 días (fol. 76).

— Por los meses de enero a diciembre de 2004, 360 días (fol. 76).

— Por los meses de enero a octubre de 2005, 240 días (fol. 76).

De lo dicho, resulta un total de 3183 días cotizados entre octubre de 1996 y octubre de 2005, que representan 454,7 semanas cotizadas, que sumadas a las 550 semanas cotizadas con anterioridad a 1994, alcanzan un total de 1.004,7 semanas cotizadas, de manera que el Tribunal incurrió en un error evidente, al concluir que solo se habían alcanzado 999 semanas.

Por otra parte, el error del Tribunal al considerar que la demandante había alcanzado tan solo 999 semanas cotizadas fue supremamente trascendente, pues, a la postre, determinó la revocatoria de la decisión de primer grado y frustró la concesión de un derecho de alta sensibilidad social, para cuya estructuración estaban configurados todos los requisitos legales.

En dichas condiciones, el Tribunal incurrió en error, “(...) al haber analizado y calificado las pruebas obrantes dentro del proceso de una manera errónea, dándole un alcance y contenido diferente a la realidad fáctica (...)”, por lo que el cargo resulta fundado.

Así las cosas, se casará la sentencia recurrida en los términos pedidos en el alcance de la impugnación.

En sede de instancia, con lo dicho en sede de casación basta para confirmar que la demandante cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, por lo que era acreedora de la pensión de vejez reclamada en el proceso, al ser, adicionalmente, beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En este punto se confirmará la sentencia emitida en la primera instancia.

Respecto de los intereses moratorios, su procedencia deviene del hecho de que se incurrió en mora en el pago de una pensión propia del régimen de prima media con prestación definida, del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, aplicable por virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Así lo ha determinado la Corte en decisiones como las CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 43554, CSJ SL, 28 ag. 2012, rad. 44202, CSJ SL725-2013, CSJ SL552-2013, entre otras. En ello tampoco resulta trascendente el hecho de que el Instituto de Seguros Sociales no hubiera emitido la resolución administrativa reconociendo la pensión de vejez, como se argumenta en la apelación de la demandada.

Finalmente, no es posible el estudio de la indexación, pues esa pretensión fue negada en la sentencia de primera instancia y ante la Corte, en el alcance de la impugnación del recurso de casación, se pidió la confirmación íntegra de dicha decisión.

Como consecuencia, en sede de instancia, se confirmará en su totalidad la decisión de primer grado.

Sin costas en el recurso de casación. En las instancias a cargo de la demandada.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 21 de agosto de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Angélica de Jesús Muñoz Muñoz contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia, se confirma la sentencia emitida el 24 de marzo de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín.

Sin costas en el recurso de casación. En las instancias a cargo de la demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».