Sentencia SL 10070-2014 de julio 30 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL10070-2014

Rad. 44132

Acta 27

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

Bogotá, D.C., treinta de julio de dos mil catorce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Luis Jorge González Rodríguez, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 10 de julio de 2009, en el proceso que instauró el recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales.

I. Antecedentes

Luis Jorge González Rodríguez llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales, con el fin de que se le condenara al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, a partir del 24 de mayo de 2004, en su calidad de compañero supérstite de la causante María Elsa Pérez Gutiérrez; el valor del retroactivo adeudado; lo que ultra y extra petita resulte demostrado y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 24 de mayo del año 2004, falleció su compañera permanente María Elsa Pérez Gutiérrez, con quien convivió en unión marital de hecho y bajo el mismo techo hasta el momento de su deceso; que en esa calidad, elevó solicitud de pensión de sobrevivientes al ISS; la entidad emitió respuesta negándole su petición, mediante Resolución 1037 del 25 de enero de 2005; el argumento expuesto para tal negativa consistió en que la asegurada no dejó causado el derecho, de conformidad con la exigencias contenidas en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y procedió a otorgarle la indemnización sustitutiva; que a raíz de la revocatoria directa que interpuso contra la referida resolución, la entidad procedió a reliquidarle la indemnización sustitutiva, con base en 156 semanas de cotización que no se tuvieron en cuenta inicialmente, pero sin hacer pronunciamiento alguno sobre la pensión de sobrevivientes; agrega que al momento en que falleció su compañera, ella se encontraba cotizando en el régimen subsidiado a través del consorcio prosperar, habiendo acumulado un total de 395 semanas; la asegurada había nacido el 1º de abril de 1954, por lo que a su muerte tenía 50 años de edad; dentro de los 3 años anteriores a la muerte tenía cotizadas 114,7 semanas, y además cumplía con el requisito de fidelidad al sistema, por lo que ajustaba los requisitos exigidos para acceder a la prestación económica pretendida.

Al dar respuesta a la demanda, el Instituto de Seguros Sociales, se opuso las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aun cuando admitió como ciertos los relacionados con el fallecimiento de la asegurada, la condición de compañero permanente del actor y la respuesta negativa que obtuvo de su parte a la petición formulada, adujo en su defensa, que no se acreditaron los requisitos legales para que se le otorgara la pensión solicitada, ya que no cotizó 50 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, imposibilidad jurídica del ISS para reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal, pago, compensación, buena fe y prescripción (fls. 45 a 48).

II. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 28 de julio de 2008, condenó a la demandada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a favor del actor, en su condición de compañero permanente, a partir del 25 de mayo de 2004, en cuantía de $ 358.000 mensuales, con sus correspondientes incrementos y mesadas adicionales. De igual forma, autorizó descontar del retroactivo pensional la indemnización sustitutiva de la pensión que el ISS le había reconocida al demandante, sin hacer ningún pronunciamiento sobre costas (fls. 60 a 66).

III. Sentencia de segunda instancia.

La alzada se surtió por apelación de la entidad demandada, que terminó con la sentencia atacada en casación, la cual revocó íntegramente la de primera instancia, y en su lugar, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra, imponiendo costas a cargo de la parte demandante (fls. 76 a 81).

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró como fundamento de su decisión que una vez dio por demostrado el fallecimiento de la asegurada, ocurrido el 24 de mayo de 2004, así como la condición de compañero permanente del demandante y que para la fecha de su muerte había cotizado al sistema de pensiones un total de 121,14 semanas en el ISS, entre 1967 y 1994 (fl. 18) y 1920 días en el régimen subsidiado desde el 10 de septiembre de 1996 y el mes de mayo de 2004, planteó el interrogante relacionado con la norma que debe aplicarse en el presente asunto, para lo cual concluyó que era el previsto en la Ley 100 de 1993, modificada por la 797 de 2003, pues consideró que no se reunían los requisitos para acudir al principio de la condición más beneficiosa, en aras de obtener la pensión de sobrevivientes al amparo del Decreto 758 de 1990, ya que la asegurada solo contaba con 121,149 semanas entre 1967 y 1994, monto inferior a las 150 semanas que exigen los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el citado decreto.

En consecuencia, precisó que la norma reguladora de la situación en controversia era el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, para lo cual una vez transcribió su texto, consideró que si bien reunía las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años a que alude la citada disposición legal, no ocurría lo mismo con el requisito de fidelidad, por cuanto en su criterio debió acreditar un 25% y solo alcanzó un 23.33%. De ahí que concluyera en la necesidad de revocar la sentencia de primer grado, para en su lugar, absolver a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación.

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, acceda a las suplicas de la demanda inicial, proveyendo sobre costas como corresponda.

Con tal propósito formula un cargo que oportunamente fue replicado.

VI. Cargo único

Textualmente reza: “Acuso la sentencia de violar directamente, por interpretación errónea, el artículo 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 y los artículos 48 y 53 de la Carta Política”.

En la demostración del cargo, puso de presente la Sentencia CC C-556/2000, mediante la cual la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para luego de transcribir sus apartes pertinentes en lo que atañe al requisito de fidelidad, concluir que como el causante tenía cotizadas 395,4 semanas, de las cuales 114,7 fueron sufragadas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento, esto es, entre el 24 de abril de 2001 y el mismo día y mes de 2004, le asiste derecho al demandante para que se le reconozca la pensión de sobreviviente, en su calidad de compañero permanente supérstite.

VII. Réplica.

Adujó el opositor que el recurrente mezcla argumentos propios de la vía indirecta, como son los que se refieren a las semanas supuestamente cotizadas por la asegurada, y que no coinciden con los hechos del litigio que el tribunal consideró habían sido probados, no obstante que la acusación está dirigida por la senda directa de violación a la ley, por lo que a su juicio debe desestimarse el ataque, para lo cual se apoya en lo expuesto en la Sentencia CSJ SL, 13 feb. 2007, rad, 27247, cuyos apartes transcribe.

Así mismo destaca, que la sentencia acusada en casación está estructurada “en la convicción que respecto de los hechos relevantes del litigio se formó el tribunal; convencimiento basado en la valoración de las pruebas que lo llevó a concluir que “...ante la deficiencia probatoria que se muestra en el presente asunto se impone revocar la decisión de primera instancia”. Asegura, en consecuencia, que el censor debió denunciar la apreciación equivocada o falta de valoración de las pruebas que lo condujo a incurrir en un error de hecho.

VIII. Consideraciones

Debe en principio destacar la Corte, que no le asiste razón al opositor respecto de los reparos técnicos que le atribuye al único cargo propuesto, en tanto, si bien el recurrente alude en la demostración del ataque al cumplimiento del número de semanas requeridas para acceder a la pensión de sobrevivientes impetrada, lo cual inclusive dio por demostrado el tribunal, su discrepancia se centra esencialmente, en que no requería cumplir el requisito de fidelidad que disponían los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad de tales normativas, ya que ese fue el sustento del fallo fustigado para negar el derecho pretendido.

Así las cosas, como el eje central del debate gira alrededor del requisito de fidelidad, en cuanto esa exigencia fue retirada del ordenamiento jurídico a raíz de la Sentencia CC C- 556/2009, la vía directa escogida por el censor resulta apropiada por cuanto encarna una discusión estrictamente jurídica, concerniente a los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad frente a hechos consumados con anterioridad a su expedición.

Ahora bien, el tribunal para negar el derecho del demandante a la prestación económica pretendida, dio por sentado que la causante falleció el 24 de mayo de 2004, por lo que norma regente de la pensión de sobrevivientes era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003; así mismo, aun cuando dedujo que la asegurada contaba con 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores, soportó la decisión absolutoria, en la falta de cumplimiento del requisito de fidelidad e proporción del 25% entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la de la muerte, de que trata el artículo 12 la citada ley.

Para la Corte, si bien es cierto que en situaciones idénticas a las debatidas, se venía exigiendo en tratándose del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, el cumplimento del porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema durante el lapso en que tuvo vigor ese requisito, esto es, entre la entrada en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y la sentencia que lo declaró parcialmente inexequible, la C-556 de 2009, con apoyo en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia), en cuanto el juez constitucional no dispuso la retroactividad de sus efectos, la nueva composición de la Sala al reexaminar el tema que suscita controversia fijó mayoritariamente un nuevo criterio a ese respecto, en perspectiva del principio de progresividad de las prestaciones derivadas del sistema de seguridad social, en cuanto se ha considerado que el juez debe abstenerse de aplicar disposiciones legales que resulten regresivas, aún en frente de situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad de aquellas exigencias que constituían un obstáculo para la consolidación del derecho pensional.

Lo anterior, por cuanto, acudiendo a los criterios de justicia y equidad, en el marco de lo dispuesto en los artículos 4º y 53 de la Constitución Política, resulta perfectamente viable inaplicar por vía de la excepción de constitucionalidad, el requisito de fidelidad al sistema a que alude el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, respecto de situaciones que si bien se consolidaron durante el tiempo de la vigencia del precepto, constituyen un obstáculo para la protección de las personas que por su condición de vulnerabilidad y a raíz de una exigencia que ya fue retirada del ordenamiento jurídico, pueda frustrar la expectativa de obtener el reconocimiento de una pensión de invalidez.

La Corte en un asunto de similares características, analizó el tema de los efectos de la fidelidad del sistema respecto de situaciones que se consolidaron en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, considerando viable su inaplicación por vía de la excepción de constitucionalidad, y en las sentencias de la CSJ SL, 17 jul y 20 jun. 2012, rads 46825 y 42540, respetivamente, dijo:

“Este cambio de postura va en armonía con lo dispuesto recientemente en la sentencia de 8 de mayo de 2012, Rad. Nº 35319, en que esta Sala asentó que en aquellos casos en que el afiliado ya había cumplido los requisitos previstos en una disposición para que se le cubriera una de las contingencias a cargo de la seguridad social, la ley nueva no puede hacer más gravosa su situación en el sentido de exigirle unas condiciones superiores a las ya satisfechas, para acceder a la prestación correspondiente.

“Consideró la corporación que cuando “el esfuerzo económico de un afiliado ha alcanzado el mínimo de contribuciones que la ley vigente señala como necesarios para que se le reconozca una determinada pensión, un cambio legislativo no puede aniquilar la eficacia de tales cotizaciones so pretexto de que falta por cumplirse la condición señalada en la ley para hacerlo exigible”.

“Más adelante precisó:

“Los aludidos preceptos deontológicos surgen de las disposiciones del orden jurídico vigente, tanto de rango legal como supralegal, en la específica materia de la seguridad social. En efecto, la Constitución consagra el derecho fundamental de la seguridad social en su artículo 48; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 establece en su artículo 22 que toda ‘persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social’.

“De esta garantía de orden prestacional y, por lo mismo, sujeta a las condiciones económicas y legales de cada Nación, fluyen derechos que, una vez consolidados, no pueden ser desconocidos ni aún en estados de excepción (C.P., art. 93), al igual que las reglas y principios contenidos en los tratados que sobre la materia ratifique el Estado Colombiano, las cuales prevalecen en el orden interno y sirven de pauta interpretativa de la normatividad nacional. En este sentido, cabe citar la decisión de la Sala, del 8 de julio de 2008 (Rad. 30581) en la que se sostuvo:

‘Es más, remitiéndose esta corporación a las fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo, incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo OIT no se oponen a la aplicación de la condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con la orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT que “En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación” (resalta y subraya la Sala)’.

“Como se ve, la Constitución de la OIT plantea el tema en el plano de la sustitución de normas, y no necesariamente alude a derechos consolidados, sino también a garantías o condiciones establecidas en la ley modificada.

“Incluso debe indicarse que el Pacto de San José que contempla el compromiso de los Estados de lograr progresivamente la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, impone una estructura programática en torno al citado derecho, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 26 contempla el compromiso ‘para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales’.

“De otro lado, el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 estableció que los principios mínimos señalados en el 53 de la Constitución tienen ‘plena validez y eficacia’ en materia de seguridad social. Esa alusión expresa de los principios constitucionales allí señalados, es la fuente donde se sustenta los principios laborales, y así no puede estimarse que sea un postulado exclusivo del ‘derecho del trabajo’, sino lógicamente aplicable a la seguridad social.

“El reconocimiento de aquellos no se opone al mandato constitucional del imperio de la ley, entendida esta lato sensu. Del mismo modo, corresponde reconocer que no pueden erigirse en una regla absoluta, porque en un Estado constitucional no hay lugar a mandatos de ese género, máxime cuando su desarrollo no se opone a la posibilidad de que una situación social sobreviniente conlleve, para conservar una prestación en términos reales, es decir efectivamente adjudicable, que se modifiquen los requisitos para su reconocimiento, haciéndolos más rigurosos. Pero la situación de quien ya cumplió la prestación económica, derivada del ‘contrato intergeneracional’, o de ‘ayuda mutua’ amerita un reconocimiento por haber hecho el esfuerzo que en su momento se le exigió, todo al aplicar la función interpretativa e integradora de los principios.

“Esas, entre otras razones, obligan a que el juzgador asuma un visión amplia, en la que la aplicación mecánica de la norma dé paso a la realización de los principios mínimos fundamentales, que se encuentran plasmados en la Constitución Política, que garantizan la seguridad social y la imposibilidad de su menoscabo, lo que respalda la Ley 100 de 1993, que en su artículo 3º, no solo dispone su ampliación, sino su progresividad, de modo que esas preceptivas deben irradiar, a no dudarlo, una prestación como la de la invalidez”.

Como consecuencia de lo anterior, se configuró la violación de las normas legales denunciadas, al negar la pensión por el incumplimiento del requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones de que trata el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y a pesar de que el fallecimiento de la asegurada ocurrió en vigencia de dicha normativa y con anterioridad a la sentencia de la Corte Constitucional C-556 de 2009, que retiró dicha exigencia del ordenamiento jurídico.

El cargo prospera

En instancia, y con fundamento en las mismas consideraciones que se dejaron plasmadas, al despachar la acusación, se impone precisar que al estar acreditado que la causante falleció el 24 de mayo de 2004, y que en los tres años anteriores a su fallecimiento cotizó más de las cincuenta semanas, esto es, un número mayor a la densidad exigida por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, conforme se evidencia con las documentales que obran a folios 7 a 11, y 14 a 42 del expediente, se impone concluir que le asiste derecho al demandante a que se le reconozca la pensión de sobrevivientes impetrada, en su condición de compañero permanente supérstite, condición que fue admitida por la entidad de seguridad social en la Resolución 20434 del 18 de mayo de 2007.

En consecuencia, se confirmará íntegramente la sentencia de primera instancia

Sin costas en el recurso de casación. Las de las instancias a cargo de la parte demandada

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia dictada el diez (10) de julio de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Luis Jorge González Rodríguez contra el Instituto de Seguros Sociales. En sede de instancia, CONFIRMA la del 28 de julio de 2008, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto CONDENÓ al Instituto de Seguros Sociales a pagar en favor del actor la pensión de sobrevivientes, a partir del 25 de mayo de 2004, en cuantía equivalente a $ 358.000, junto con los incrementos legales vigentes y mesadas adicionales, y además autorizó a la entidad demandada para que le descuente al actor del retroactivo pensional el monto de lo cancelado por concepto de indemnización sustitutiva.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación. Las de las instancias a cargo de la parte demandada.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.