Sentencia SL1010-2015 de enero 28 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 44185

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL1010-2015

Acta 01

Bogotá, D. C., veintiocho de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

En sede de casación, no son materia de discusión los siguientes hechos: (i) que entre las partes y de manera continua e ininterrumpida se ejecutó un contrato de trabajo que fue del 26 de enero de 1999 al 17 de agosto de 2003; (ii) que el vínculo laboral terminó sin justa causa; (iii) que el último salario devengado por el señor Elkin Augusto González Echavarría ascendió a la suma de $9.651.680.oo, y (iii) que ni durante la relación laboral ni a la terminación del contrato de trabajo, se le cancelaron las cesantías ni sus intereses, y (iv) finalmente, no se controvierte que la demandada tampoco le canceló al actor las sumas de $3.500.000.oo, y $1.866.666.66., correspondientes a parte del salarios devengados en mayo de 2003 y los 16 primeros días de junio de la misma actualidad.

Lo que la censura no comparte y la razón por la cual le atribuye ilegalidad a la sentencia recurrida, es que no obstante en el proceso estar plenamente demostrada la subordinación jurídica, propia del contrato de trabajo que no una de naturaleza diferente, sin mayores razones haya revocado tanto la sanción moratoria prevista por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como la contemplada por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002.

Planteado así el asunto, ha de afirmarse que las indemnizaciones previstas tanto por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, en términos de la jurisprudencia, tienen un carácter eminentemente sancionatorio pues se generan cuando quiera que el empleador se sustrae, sin justificación atendible, a la consignación de las cesantías a un fondo previsto para tal fin y al pago de los salarios y prestaciones sociales a que tiene derecho el trabajador a la terminación del contrato de trabajo, que fue precisamente lo que ocurrió en el caso bajo estudio.

Entonces y sin desconocer que al formular el recurso de apelación, la demandada sostuvo que el vínculo que la ligó con González Echavarría era uno distinto al laboral —esto en cuanto la demanda se tuvo por no contestada— tal argumentación es una simple alegación de parte que en momento alguno, tabula rasa, podía ser acogida por el sentenciador de alzada, más aún cuando es el propio Tribunal quien evidencia la existencia de un contrato de trabajo, que no otro de naturaleza diferente.

Al efecto dijo:

En consecuencia, del análisis del material probatorio antes reseñado, permite establecer a la Sala, que en este asunto, en verdad lo que se configuró entre las partes fue la existencia de un contrato laboral, pues sus elementos configurativos se encuentran plenamente demostrados, ya que se acreditó que el demandante estaba sujeto a un horario de trabajo prestablecido, en razón a la función desarrollada, y recibía órdenes de sus superiores, representantes a su vez de la demandada, realizaba las funciones propias de su cargo, en las dependencias de la demandada, en forma personal directa, y se encontraba sometido a control disciplinario del ente demandado […].

Conclusión que efectivamente se corrobora con las pruebas señaladas en el cargo como erróneamente apreciadas y como dejadas de apreciar, especialmente con la confesión que obra de folios 516 a 518, no desvirtuada por la demandada, donde entre otros hechos se establecieron como ciertos los siguientes: existencia de la relación laboral, extremos temporales de la misma, la prestación del servicio de manera continua e ininterrumpida, salario, los cargos desempeñados por el accionante, terminación del contrato sin justa causa, salarios insolutos de mayo de 2003 y los 16 primeros días de junio de la misma anualidad, así como las cesantías e intereses por todo el tiempo de servicios.

En igual sentido, la misiva que aparece a folio 285, pone al descubierto la existencia de un verdadero contrato de trabajo, pues no solo da cuenta que a través de ella se puso fin al vínculo laboral, sino que además evidencia la subordinación jurídica a la cual estaba sometido el demandante, ya que la misma, a pesar de ser ilegible, como en su momento lo advirtió el a quo, pone al descubierto que entre las partes se dio una relación, subordinada, no una diferente como esquivamente lo concluyó el ad quem.

En efecto, se lee en la citada documental:

[…] su indisciplina constante se manifiesta en la no asistencia a las reuniones de capacitación convocadas por la rectoría. Así como el desacato a las normas pedagógicas de la Academia demuestran una insubordinación permanente que pone en peligro los bienes de la institución.

[…] Usted debe entregarle su cargo al Dr. Teófilo Amaya Jefe de auditoría y disfrutar de sus vacaciones a partir del 17 de junio hasta el 17 de agosto, fecha en la cual deberá presentarse para recibir su liquidación (se resalta).

Los apartes transcritos demuestran el evidente equívoco en el cual incurrió el Tribunal al concluir que el “empleador estuvo asistido de la creencia que estaba bajo un vínculo de naturaleza distinta al laboral”, y se equivoca ostensiblemente en esta conclusión, por cuanto es la misma demandada quien acepta expresamente la existencia de un vínculo laboral con González Echavarría a la que le pone fin mediante la citada misiva, al punto que le reconoce dos meses de vacaciones y claramente le informa que el 17 de agosto debe presentarse a recibir su liquidación, esto es, acepta expresamente que los ligó un contrato de trabajo que no otro diferente al laboral.

La vinculación laboral subordinada, como bien lo pone de presente la parte recurrente, aparece plenamente demostrada con: memorando de folios 55 a 56; comunicaciones dirigidas al actor que reposa a folios 63 a 68; solicitud de autorización que eleva el demandante a fin de dar continuidad a un proyecto académico que consta a folio 81; comunicación dirigida a González Echavarría a través de la cual se le pone en conocimiento el valor de los derechos pecuniarios de los estudiantes que milita a folio 84; circular normativa que aparece a folio 86; diversas solicitudes de equipos suscritas por el actor de folios 95 a 97; comunicación suscrita por el accionante dirigida al presidente del ”plenum” de la demandada informándole sobre las deudas que tiene la Universidad para con terceros y que descansa a folio 178; memorando dirigido al demandante en el que se le pide información sobre seis convenios educativos de la ciudad de Montería (fls. 225 a 226); convenios que reposan a folios 227 a 269; acta de entrega efectuada por el actor a la persona designada para su reemplazo (fls. 282 a 284); desprendibles de pago (fls. 323 a 339); y finalmente las nóminas que figuran a folios 340 a 357 donde aparece individualizado el nombre del acá demandante.

El haz probatorio en referencia, es suficiente no solo para demostrar la existencia de un contrato de trabajo, como lo establecieron los juzgadores de instancia, sino también para poner en evidencia que la demandada actuó desprovista de buena fe y lealtad al no pagarle al actor los derechos que emergen de una vinculación subordinada, pruebas calificadas suficientes para poner al descubierto que el sentenciador de alzada incurrió en los ostensibles yerros fácticos señalados en el cargo.

A igual conclusión se arriba si se analiza objetivamente la prueba no calificada, esto es las testimoniales de Omaira García Palacios, José Fernando Velásquez Jaramillo, Frank Eliseo Retrepo Vélez (fls. 1066 a 1068, 1075 y 1076) quienes igualmente dan cuenta de la sujeción jurídica del señor Elkin Augusto González Echavarría a la Fundación Universitaria San Martín, así como de la labor desempeñada por él, los traslados a las que fue sometido, los horarios en que desarrolló su actividad, el salario y la subordinaron a los reglamentos de la demandada, todo lo cual y sin dubitación alguna, pone en evidencia que la relación laboral era subordinada.

Corolario de lo anterior, el fallador de segundo grado se equivocó ostensiblemente al concluir que la demandada actúo de buena fe, en tanto estaba convencida que entre las partes en litigio se ejecutaba un contrato de prestación de servicios diferente al de carácter laboral, razón por la que el cargo es fundado y se casará la sentencia recurrida.

IX. Consideraciones de instancia

Como quedó establecido en la esfera casacional, en la actuación surtida en este litigio existe plena claridad sobre la existencia de un contrato de trabajo, que no uno de prestación de servicios, sin que exista una razón seria, fáctica o jurídica, que permita justificar la deuda salarial correspondiente a mayo de 2003 y los 16 primeros días de junio del mismo año, así como tampoco el no pago de las cesantías por todo el tiempo de servicios, condenas a las cuales accedieron los falladores de instancia, y si no hay una razón que permita concluir el actuar de buena fe, como se alega en la apelación (fls 1328 a 1333), lo procedente es confirmar las sanciones contempladas por los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, a las cueles accedió el sentenciador de primer grado.

No obstante se modificará esta última condena en cuanto el a quo la profirió desde el 18 de agosto de 2003 hasta el día en que se haga efectivo el pago de los salarios y prestaciones sociales adeudados al trabajador, pese a que la sanción moratoria prevista por el 65 del Código Sustantivo del Trabajo, con la modificación introducida por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002., solo se causa por 24 meses, esto es, hasta el 18 de agosto de 2005; a partir del 1º día del mes 15, es decir, desde el 19 de agosto de 2005, la demandada y hasta cuando se verifique el pago de los salarios y prestaciones —cesantías— dejados de cancelar y a título de sanción, deberá cancelar al demandante los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, tal como lo ordena el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002.

En consecuencia, así se ordenará en la parte resolutiva de la providencia en cuanto aparece plenamente demostrado que el contrato terminó el 17 de agosto de 2003 y la demanda se inició el 12 de febrero de 2004 (fl. 436), dentro de los 24 meses previstos en el citado artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que al efecto enseña:

1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentada la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero.

En este orden ideas, se confirmará el literal e) del ordinal primero del fallo de primer grado, que por concepto de sanción contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, condenó a la demandada a pagar la suma de doscientos veintinueve millones doscientos veintisiete mil doscientos cuarenta y ocho pesos ($229.227.248.oo).

Se confirmará el literal g) del ordinal primero del fallo de primer grado, por concepto de indemnización moratoria prevista por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, en cuanto condenó a la demandada a pagar la suma de $321.722.67 diarios desde el 18 de agosto de 2003, pero limitando dicha sanción hasta el 18 de agosto de 2005, lo cual da un total de doscientos treinta y un millones seiscientos cuarenta mil trescientos veintidós pesos ($231.640.322.oo).

A partir de esta fecha y hasta cuando se haga efectivo el pago de los salarios y cesantías adeudadas al trabajador, la demandada deberá pagar los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, los cuales hasta el 30 de noviembre de 2014 y sin perjuicio de los que se causen hasta el día en que se haga el pago efectivo, ascienden a la suma ochenta y dos millones trescientos siete mil quinientos cincuenta y nueve pesos con ochenta y tres centavos ($82.307.559.83), conforme se ilustra a continuación:

DesdeHastaDíasCapitalValor intereses moratorios
18/08/200530/11/20143343$ 35.057.211,55$ 82.309.559,83

Sin costas en casación, las de instancia a cargo de la demandada.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el treinta (30) de septiembre de dos mil nueve (2009), por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Elkin Augusto González Echavarría contra la Fundación Universitaria San Martín, en cuanto revocó las condenas referidas a la sanción contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización moratoria prevista por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002. NO LA CASA en lo demás.

En sede de instancia, RESUELVE:

1: CONFIRMAR el literal e) del ordinal primero del fallo proferido por el Juzgado Octavo de Descongestión Laboral del Circuito de Bogotá, el 14 de abril de 2008, a través del cual y por concepto de sanción contemplada en el art. 99 de la L. 50/1990, condenó a la Fundación Universitaria San Martín, a pagar al actor la suma de doscientos veintinueve millones doscientos veintisiete mil doscientos cuarenta y ocho pesos ($229.227.248.oo).

2: CONFIRMAR el literal g) del ordinal primero del fallo del Juzgado Octavo de Descongestión Laboral del Circuito de Bogotá, el 14 de abril de 2008, a través del cual por concepto de indemnización moratoria prevista por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, condenó a la demandada a pagar la suma de $321.722.67 diarios desde el 18 de agosto de 2003, pero limitando dicha sanción hasta el 18 de agosto de 2005, lo cual da un total de doscientos treinta y un millones seiscientos cuarenta mil trescientos veintidós pesos ($231.640.322). A partir del 19 de agosto de 2005 hasta cuando se haga efectivo el pago de los salarios y cesantías adeudadas al trabajador, se condena a la Fundación Universitaria San Martín a pagar los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, los cuales hasta el hasta el 30 de noviembre de 2014 y sin perjuicio de los que se causen hasta el día en que se haga el pago efectivo, ascienden a la suma ochenta y dos millones trescientos siete mil quinientos cincuenta y nueve pesos con ochenta y tres centavos ($82.307.559.83).

3: Costas, conforme se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».