Sentencia SL10118-2015/49413 de julio 22 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL10118-2015

Radicación 49413

Acta 24

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., veintidós de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IX. CONSIDERACIONES

La Sala comienza por recordar que la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas que su planteamiento y demostración requieren, a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, pues acorde con las normas procesales —arts. 90 y ss. del CPLSS— debe reunir los requisitos de técnica que ellas exigen, lo cual de no cumplirse, puede conducir a que el recurso extraordinario resulte infructuoso, tal y como ocurre en el sub lite.

En efecto:

1. Las argumentaciones del recurrente en ambos cargos, están enfocadas a criticar la valoración de las declaraciones rendidas por Carmen Rosa Parra, Marta Liliana Parra Soler, Marta Corina Pulido Pulido y Flor Marina, sin tener en cuenta el impugnante, que la prueba testimonial no es susceptible de examen en casación del trabajo conforme lo dispone el art. 7º de la L. 16/1969, salvo que se demuestre error evidente de hecho con prueba calificada.

2. De otra parte, bajo el entendido que ambos cargos están encausados por la vía indirecta, -no por “infracción directa” como se aduce en el primero-, la censura omitió por completo especificar o explicar en qué consistió el “error de hecho” o “error de derecho” en que pudo incurrir el sentenciador de alzada, incuria que por el carácter técnico y riguroso del recurso de casación, no permite establecer la violación de la ley sustancial denunciada.

Y es que resulta de transcendental importancia conocer la enunciación clara y precisa, bien del “error de hecho” o “de derecho”, en tanto ambos consisten en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por probado lo que realmente se encuentra acreditado; sólo que el primero -error de hecho-, es factible en la casación del trabajo respecto de la confesión judicial, la inspección judicial o el documento auténtico, al paso que el segundo -error de derecho-, recae única y exclusivamente sobre las llamadas pruebas solemnes.

Con todo, si la Sala entendiese que la parte recurrente al formular los ataques le está enrostrando al Tribunal un error de derecho, en tanto con las testimoniales no podían probarse los extremos de la relación laboral, ni el salario devengado por la demandante, así como tampoco conductas de “mala fe” que dieran lugar a la sanción moratoria, tal argumentación no tendría éxito toda vez que esos hechos no requieren de prueba solemne y pueden ser acreditados con cualquiera de los medios previstos en la ley, uno de los cuales es precisamente el testimonio, el cual como ya se dijo, no es apto en sede de casación para quebrantar la sentencia de segundo grado.

A la crítica que entrelíneas le formula al Tribunal frente a la confesión contenida en el interrogatorio de parte rendido por el demandado (fls. 29 a 33) -prueba esta sí calificada- la Sala concluye que no se configura yerro alguno con carácter de evidente, manifiesto u ostensible capaz de llevar al quebranto de la sentencia recurrida, pues al analizar dicho medio probatorio se concluye que ciertamente el demandado no negó el extremo inicial de la relación laboral, ni desvirtuó el carácter subordinado de la misma, y tampoco acreditó razones serias y atendibles que lo exoneraran de la sanción moratoria.

En efecto, de una parte, dice el Tribunal y así se lee en el interrogatorio absuelto por el demandado, que al ser preguntado sobre “si era cierto que la demandante había comenzado a laborar para él desde 1986, no negó tal hecho y sostuvo: (...) ciertamente alguna vez llegó la señora Emperatriz a mi oficina (...) permaneció algunos años, hasta el día 13 de agosto del año 2007 que en forma voluntaria decidió irse (...)”.

Frente a ello concluyó, que:

No desconoce el demandado la fecha de iniciación porque no la controvirtió, ya que a través de todo el proceso lo que siempre controvirtió fue la existencia de la subordinación, debiendo aceptarse que la actora comenzó a laborar para el demandado, desde el 1º de abril de 1986 hasta e (sic) 13 de agosto del año 2007”.

De otra parte, en lo que respecta a la subordinación que no logró desvirtuar el demandado, dijo el colegiado de segundo grado:

El demandado sostuvo que los servicios personales de la demandante no fueron subordinados sino independientes, pues acordaron que ella ocuparía una parte de su oficina para atender sus actividades personales, como recibir publicaciones y asesorar y hacerles diligencias a sus clientes, lo cual no fue demostrado en el proceso; al contrario, lo que se demostró en forma clara fue que el único beneficiario de las actividades que realizó siempre la demandante fue el demandado, pues era quien tenía la concesión de los periódicos de amplia circulación nacional donde se publicaban los edictos que le llevaban y que luego repartía la demandante.

Sostener que la actora ejercía una actividad independiente como la anterior, asesorando y gestionando diligencias de carácter judicial para sus clientes, no tiene asidero, por cuanto el mismo demandado afirmó que la actora no sabía leer ni escribir, luego era imposible que se pudiera dedicar a dichas labores.

Y en lo que corresponde a la condena por indemnización moratoria, afirmó el ad quem:

De tal modo que no hay pruebas o razones serias y atendibles, aparte de las anteriores que le permitan a la Sala concluir que el demandado verdaderamente creyó que se trataba de una relación diferente de la laboral, porque además los oficios que realizó, no pueden calificarse de independientes, como recibir y entregar las publicaciones de las que se lucró el demandado, abrir y cerrar la oficina del profesional del Dr. Noy Univio, cumplir horario, revisar diligencias de los juzgados, hacer diligencias bancarias y personales del demandado, hacer de secretaria y realizar el aseo de la oficina; son actividades que el demandado tampoco demostró que fueran para ella; y es que hacerle el aseo a la oficina del demandado donde ella laboraba, tampoco constituye una actividad independiente pues se demostró que fue parte de su trabajo y aun cuando lo hacía persona, ello se debe a que la actora se enfermó y le prohibieron hacerlo; abrir y cerrar la oficina y cuidarla tampoco se puede catalogar como una actividad independiente, sino que claramente da lugar a la existencia de un contrato de trabajo, que resulta difícil confundirse con un contrato diferente.

En consecuencia, considera la Sala que los motivos aducidos por el demandado no ofrecen la veracidad suficiente ni pueden ser atendibles para concluir que su actitud se encuentra justificada porque creyó que se trataba de un contrato diferente al de trabajo.

En ese contexto, la Sala no encuentra que la parte accionada haya desvirtuado la presunción de subordinación consagrada en el art. 24 del CST, así como tampoco logró acreditar razones serias y atendibles que permitan avizorar que en efecto creía que el vínculo que lo ligó a la demandante era diferente al laboral.

En este punto, importante es recordar que los sentenciadores de instancia no están sometidos a una tarifa legal, pues de conformidad con el art. 61 del CPLSS, gozan de la potestad legal de apreciar libremente la prueba y formar su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, lo cual por demás conlleva a que sus conclusiones, queden amparadas por la doble presunción de acierto y legalidad.

Dicho de otro modo, los jueces de instancia, conforme a esa potestad legal, pueden válidamente fundamentar su decisión en aquellos elementos probatorios que le merezcan mayor persuasión y credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure la comisión de un yerro fáctico por la errada apreciación o falta de valoración de tales probanzas.

Por lo expuesto, los cargos no están llamados a la prosperidad.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del demandado, como agencias en derecho se fija la suma de $ 6.500.000.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida, el treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja dentro del proceso ordinario laboral seguido por EMPERATRIZ BORDA VARGAS contra ARISTÓBULO NOY UNIVIO.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».