Sentencia SL10126-2017/44544 de febrero 1 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL10126-2017

Rad. 44544

Acta Nº 03

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la demandante, contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2009, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que instauró Celia Inés Hernández Palomino, contra el Condominio Campestre El Peñón.

Téngase a la dra. Dora Inés Leguizamón Cuervo, como apoderada de la entidad demandada, en los términos y para los efectos de la sustitución obrante a folio 38 del cuaderno de la Corte.

I. Antecedentes

Conforme a la demanda inicial y su reforma, la citada accionante llamó a juicio al Condominio Campestre El Peñón, con el fin de que se declare la existencia de “una relación laboral personal contractual” a término indefinido, cuyos extremos temporales fueron del “14 de marzo de 1995 al 30 de junio de 1998”, con un horario de trabajo de “8:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes, con una hora de almuerzo”, siendo el último cargo desempeñado el de “asesora jurídica”, con un salario básico mensual de $ 900.000 más el 50% del valor de los honorarios efectivamente recaudados por su gestión de recaudo de cartera, vínculo que terminó por renuncia de la trabajadora, provocada por la accionada y obteniendo el pago de una bonificación; así mismo solicita se declare que se hicieron retenciones ilegales; que no se liquidó con todos los factores salariales, ni se incluyó lo referente a las comisiones por honorarios causados, adeudándole las acreencias que en este proceso se reclaman.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicitó se condene a la demandada al pago de los salarios, el reajuste de la cesantía y sus intereses, prima legal, vacaciones correspondiente a los años 1995, 1996 y 1997, indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la sanción por la no consignación de las cesantías de los años 1995, 1996 y 1997, la suma de $ 2.920.854 por comisiones y/o salarios causados por recaudo de cartera, aportes a la seguridad social en pensiones en relación con las diferencias de salario sobre las cuales no se cotizó entre el 14 de marzo de 1995 hasta el “30 de julio de 1998” representado en un bono pensional, lo que resulte extra o ultra petita, y las costas.

Fundamentó sus peticiones, en que prestó servicios personales en forma ininterrumpida al Condominio Campestre el Peñón, desde “marzo 14 de 1995 al 30 de julio de 1998, en la oficina de Bogotá”; que inicialmente fue contratada como subgerente administrativo para organizar la facturación, su empaque y envío individual a los condominios, así como el cobro judicial y extrajudicial de cartera morosa; a partir de enero de 1997, se desempeñó como asesora jurídica en materias civiles; que cumplía un horario de trabajo y recibía órdenes del gerente y tesorero “sobre la forma de cobro, conciliación, transacciones, condonaciones de intereses y honorarios, y pago de la cartera morosa cobrada judicial o extrajudicialmente”; que el recaudo de cartera se hacía en la jornada de trabajo y en las oficinas del empleador, utilizando los recursos como papelería, teléfono, equipos de cómputo, y secretaria del condominio; que en el cargo de asesora jurídica devengó un último salario básico por valor de $ 900.000 mensuales, relación contractual que terminó en razón a que la demandada le exigió la renuncia y que a cambio le cancelaba una bonificación; que desde el 21 de marzo de 1995, se firmó un documento que se denominó formalmente “contrato de mandato para prestación de servicios profesionales”, pero que en realidad es una “adición” al contrato de trabajo celebrado entre las mismas partes y en las mismas fechas, en las cuales se estipuló el pago de “comisiones y/o salario consistentes en el 50% sobre el valor del 100% de los honorarios causados y pagados por el propietario del predio deudor al empleador, bien de manera judicial o extrajudicial en el recaudo de su cartera”; y que por dicho recaudo de cartera se le pagó en los años 1997 $ 10.228.360 y 1998 $ 6.116.202.

Continuó diciendo que como consecuencia de dicha adición al contrato laboral, el trabajo desarrollado por cobro prejurídico y jurídico de cartera morosa, también se ejecutó bajo la dependencia y subordinación de la demandada; que las prestaciones sociales que se sufragaron se deben reajustar, ya que no se consideró lo cancelado por comisiones, pues “la demandada, no tuvo en cuenta, para el pago de cesantías y prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, pensiones, lo devengado por la actora, como pago por su trabajo de cobro de cartera morosa del empleador, a los propietarios de predios morosos de la Copropiedad Condominio Campestre el Peñón”, como tampoco para efectuar los aportes a la seguridad social en pensiones, para lo cual estuvo inicialmente afiliada al ISS y luego a Porvenir; que de tales prestaciones le fue descontada la cantidad de $ 2.269.019, sin existir autorización para ello; que el 28 de julio de 2001, mediante correo certificado, solicitó a la accionada que le cancelara las acreencias laborales adeudadas, según constancia de Servientrega, radicados #715072779 y #715072778; y que el Condominio Campestre el Peñón es una persona jurídica diferente a “la Copropiedad Condominio Campestre el Peñón, sometida al Régimen de la Propiedad Horizontal”.

La convocada al proceso dio contestación a la demanda y su reforma, se opuso a todas las declaraciones o condenas. En cuanto a los hechos, admitió que entre las partes existió una relación laboral “desde marzo 14 de 1995 al 30 de julio de 1998” en el cargo de asesora jurídica, devengando la suma de $ 900.000; de los demás dijo que no eran ciertos, no le constaban o debían probarse. Propuso las excepciones de no haberse presentado prueba de la calidad en que se cita a la demandada, pleito pendiente entre las mismas partes e igual asunto, cobro de lo no debido, prescripción, transacción, compensación, cosa juzgada, falta de causa y título de los derechos reclamados e inexistencia de la obligación.

En su defensa argumentó, que entre las partes se celebraron dos contratos en forma concurrente conforme al artículo 25 del Código Sustantivo del Trabajo, que no se pueden confundir ni fusionar en uno solo, el primero de carácter laboral regido por el Código Sustantivo de Trabajo que nunca fue adicionado o modificado, y el segundo de prestación de servicios profesionales para el recaudo de cartera morosa que es de índole civil, ya que cada uno conserva su naturaleza como su existencia independiente, los cuales se ejecutaron por separado y así se liquidaron; que la actora tiene la calidad de abogada conocedora de la legislación nacional, toda vez que era la asesora jurídica de la entidad, y si consideraba que había un solo contrato debió manifestarlo pero nunca reclamó; que en relación con el contrato laboral le fueron canceladas de buena fe las prestaciones sociales que le correspondían, quien declaró a la demandada a paz y salvo por todo concepto; que la accionante presentó renuncia a su cargo y lo hizo de manera espontánea, libre y voluntaria, por lo que no hubo presiones de la demandada; que si bien a la demandante se le pagó todo lo que se le adeudaba, dejó transcurrir más de tres años para reclamar; y que la accionada siempre actuó de buena fe.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Descongestión del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 31 de enero de 2007, absolvió a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra; declaró probadas las excepciones de cobro de lo no debido, falta de causa y título de los derechos reclamados e inexistencia de la obligación, y condenó en costas a la parte demandante.

Para arribar a esa determinación, el a quo sostuvo que por no ser objeto de discusión, al haberlo así aceptado la demandada, la existencia del contrato de trabajo entre las partes, siendo la demandante asesora jurídica, que se desarrolló entre el 14 de marzo de 1995 y el 30 de julio de 1998, la controversia gira en torno a determinar, si el contrato de mandato para la prestación de servicios profesionales para el cobro de cartera, es ajeno al de índole laboral o por el contrario resulta ser una adición al mismo como lo asegura la parte actora, y al respecto concluyó con base en el texto contractual de folios 8 y 9, las cuentas de cobro suscritas por la demandante en señal de aceptación obrantes a folios 74 y 256, los recibos de pago de dichos servicios visibles a folios 257 a 261, los descuentos de retención en la fuente de folio 426, que tal vínculo es de naturaleza civil, sin que de las demás pruebas se pueda establecer una subordinación laboral en cuanto a la ejecución de la actividad de cobro de cartera, máxime que por la condición de abogada de la actora conocía el tipo de contratación y la diferencia entre un contrato civil con el laboral. De tal modo, que no se configura un solo contrato de trabajo como se afirma en la demanda inaugural, sino la concurrencia de dos contratos, uno laboral y otro civil, situación que no da lugar a reajustar las prestaciones sociales y que lleva a la absolución de la convocada al proceso por todas las súplicas incoadas que dependen de esa declaración.

III. Sentencia de segunda instancia

Apeló la demandante y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral de Descongestión, profirió sentencia calendada 30 de septiembre de 2009, por medio de la cual declaró probada la excepción de prescripción, confirmó la absolución de la demandada, e impuso a la actora las costas de la alzada.

El tribunal comenzó por decir, que la inconformidad del apelante consistía en que “según su estimación, los motivos del a quo para tomar la decisión no fueron objetivos del todo, pues salto el análisis y la importancia de pruebas que según éste si se observan de otra forma hubiese el proceso arrojado un juicio diferente”.

Señaló que de acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el sentido de que existe “una adición al contrato de trabajo suscrito entre la (sic) Celia Inés Hernández y el Condominio Campestre el Peñón, cuyos extremos datan del 14 de marzo de 1995 al 30 de junio de 1998, a razón de un documento firmados (sic) por las partes el día 21 de marzo del año 1995 el cual se entiende según el recurrente a pesar de ser denominado “contrato de mandato para prestación de servicios profesionales”, produjo los efectos de una relación laboral en virtud de la prevalencia de la realidad material sobre lo meramente formal a fin de proteger a quien figura como el más débil dentro de la relación empleador - trabajador”, se tiene que desde el 30 de junio de 1998, la actora podía reclamar ante la autoridad competente la solución de sus pretensiones.

Indicó, que por virtud de que la parte demandada propuso la excepción de prescripción, es del caso comenzar por resolver este punto, para lo cual transcribió los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y siguientes, que regulan el tema de la prescripción en materia laboral, y puso de presente que la demandante solo hasta el 30 de julio de 2001 presentó la demanda ordinaria que nos ocupa, es decir, después de vencido el término de los tres años que se tenían para instaurar la acción.

Dijo que obra en el expediente carta enviada por la actora a la demandada solicitando el pago de los emolumentos adeudados, fechada 27 de julio de 2001, la cual no interrumpe la prescripción por cuanto para ese momento ya había operado dicho fenómeno prescriptivo.

Arguyó que no queda otro camino que declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada, como medio extintivo de las obligaciones, que en últimas lleva a la absolución de las súplicas incoadas, lo que a su vez conlleva a la confirmación del fallo recurrido.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia del tribunal, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado, y en su lugar, acceda a las súplicas de la demanda inicial.

Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación laboral, que se estudiará a continuación.

VI. Cargo único

Acusó la sentencia recurrida, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos “488 y 489 del Código Sustantivo de Trabajo, en relación con los artículos 5º, 10, 13, 21, 22, 23, 24, 39, 45, 47, 55, 58, 64, 65, 104, 127 (subrogado por el art. 14, L. 50/90), 130, 132, (subrogado por el art. 18, L. 50/90), 158, 186, 193, 249, 253, 306 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y Ley 52 de 1975, en concordancia con los artículos 27, 30, 1494, 1495, 1501, 1602, 1603, 1620, 1621 y 1622 del Código Civil, violaciones estas de fin a las que se llegó como consecuencia de la inobservancia de lo dispuesto por los artículos 175, 187, 213, 251 y 258 del Código de Procedimiento Civil aplicables por mandato expreso del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral como de los artículos 51 y 55 de la misma obra.

Sostuvo que la anterior transgresión de la ley, se produjo como consecuencia de la comisión de seis errores de hecho, consistentes en dar por demostrado, sin estarlo, que la acción se encuentra prescrita, y no dar por acreditado, estándolo, que los servicios personales que prestó la demandante al condominio demandado durante varios años y de manera simultánea, fueron subordinados, desempeñando inicialmente el cargo de subgerente administrativa mediante contrato de trabajo, y luego como asesora jurídica con funciones propias de cobro de cartera morosa, que se desempeñaron en las oficinas de la demandada en la ciudad de Bogotá, con equipos, papelería, teléfonos, computadores y personal de secretaría, así mismo no tener por acreditado que el reconocimiento de prestaciones sociales, vacaciones, y aportes a la seguridad social en pensiones, no se hizo con lo que la actora recibió por sueldos más honorarios, y que la accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin causa justa como a la sanción moratoria por no haber cancelado las acreencias laborales en debida forma.

Relacionó como pruebas erróneamente apreciadas, las comunicaciones de interrupción de la prescripción junto con los comprobantes # 7-15072778 y #7-15072779 de Servientrega (fls. 393-394 y 395-396), y la modificación al contrato de trabajo celebrado el “13-III-97” (fls. 108-218). Así mismo, denunció como medios de convicción dejados de valorar, los siguientes: carta de renuncia de la trabajadora (fl. 57), liquidación del contrato (fls. 7 y 8-38 y 39), carta de aceptación de la renuncia (fl. 50), misiva de finalización del contrato de “prestación de servicios profesionales” (fls. 49-162), carta al fondo de cesantías Porvenir (fl. 398), demanda inicial (fls. 10 a 14), diligencia de notificación del auto admisorio de la demanda (fl. 20), contrato de trabajo (fls. 4 a 6 y 110 a 112), contrato de mandato (fls. 8 bis y 9), certificaciones de trabajo, entre ellas la del 30 agosto 1999 (fls. 47, 58 y 59), cartas de la demandante al empleador y sus respuestas (fls. 76 a 78, 79, 164, 165, 166, 167, 168 y 169), autorización para participar en seminario taller como asesora jurídica (fl. 109), carta al asesor laboral externo y anexo de la descripción de funciones, con su contestación (fls. 114 y 115, 116, 117 y 191), memorando del empleador a la demandante (fls. 173 y 360), certificado de trabajo como asesora jurídica (fl. 190), listado de honorarios pagados en 1997 y 1998, (fls. 257 a 260, 522 a 525), carta del empleador a la accionante (fl. 280), memorando de la demandante a la auditoría (fl. 282), presentación del informe solicitado por la actora al empleador (fls. 284 a 289), interrogatorio de parte absuelto por el representante de la demandada (fls. 333 a 335 y 345 a 347), informes de la promotora del proceso al empleador (fls. 355 a 358, 378 a 382, 385, 388 a 392), memorando de la accionante al empleador (fls. 359, 386, 405 a 407), convenio con un deudor (fl. 362), memorando con el listado de funciones (fls. 388 a 392), certificaciones de trabajo de la demandante (fls. 399 a 404), cuenta de cobro (fl. 411), certificación por honorarios y viáticos (fl. 422), cuenta de cobro de honorarios (fls. 433 y 434), relación de pago de cesantía 1995 y 1996 (fls. 491, 497 y 504), testimonios de Jorge Enrique Caicedo Cardona (fls. 351 a 371) y Margoth Ramírez Galindo (fls. 372 a 375).

Para la sustentación del cargo, la censura argumentó que el Tribunal erró al declarar probada la excepción de prescripción, en tanto confunde la fecha en que la demandante renunció, al sostener que el extremo final fue el 30 de junio de 1998, ya que se ampara en un documento que valoró equivocadamente, esto es, la carta que interrumpió la prescripción, dejando de lado la data en que terminó el contrato de cobro de cartera, lo cual se verifica así:

En la contestación de demanda (fls. 21 a 29) la demandada al responder el primer hecho relativo a la fecha de terminación de la relación de trabajo el 30 de julio de 1998 se contestó diciendo: La demandada considera que es cierto”.

La comunicación de renuncia de la demandante dirigida al gerente de la demandada el 29 de junio de 1998 (fl. 57 no tenido en cuenta) que dice: “…con el fin de informarte mi decisión de presentar renuncia irrevocable al cargo que actualmente desempeño como abogada asesora de la junta directiva, en el cual he laborado y el cual ejerceré hasta el 30 de Julio de los comentes (lo subrayado es propio).

Aceptación de renuncia (fl. 50 no estimado) con el siguiente tenor: “Acuso recibo de su carta en la cual presenta renuncia del cargo… como asesora jurídica del condominio…, y nos vemos en la necesidad de aceptarla a partir del día 30 de julio de 1998”.

Liquidación de acreencias elaborada por la demandada y que dice (fls. 7 y 8, 38 y 39 que tampoco fue estimado) fecha de retiro: 30 de julio de 1998.

La demandada en carta al fondo de cesantías Porvenir S.A. le informa que la demandante: “… Dejó de laborar en nuestra empresa desde el día 31 de julio de 1998 (fl. 398).

Adicionalmente, en la carta de terminación de la “prestación de servicios profesionales” que la demandada le entregara a la dra. Hernández (fls. 49-162 no valorado) fechada el 23 de noviembre de 1998 se lee: “… el Condominio Campestre el Peñón, ha decidido dar por terminado su contrato de prestación de servicios profesionales, a partir del próximo 28 de diciembre de 1998 (lo resaltado y subrayado es del texto original).

Indicó, que en consecuencia el ad quem desconoció y dejó de lado la singular y abundante prueba documental reseñada, pues lo cierto es que el contrato de trabajo terminó el 30 de julio de 1998, tal como la accionada lo admitió al contestar la demanda y dan cuenta tales probanzas, ello sin hacer mención a que el condominio dio por finalizado el contrato de cobro de cartera a partir del 28 de diciembre de 1998.

Especificó que también se equivocó el fallador de alzada, cuando aseguró que no se había interrumpido la prescripción y concluir que para el 30 de julio de 2001 ya había operado dicho fenómeno jurídico, ya que la documental de folios 393-394 y 395-396 erróneamente estimada, permite inferir que si se interrumpió válidamente desde el 26 de julio de 2001, y a partir de esa fecha la actora contaba con tres años para presentar la demanda, y como se puede observar se instauró oportunamente el 30 de julio de 2001, con lo cual quedó demostrado el primero de los yerros fácticos endilgados.

Arguyó que establecida la equivocación en mención, consecuencialmente el tribunal debió declarar la existencia del contrato de trabajo, por cuanto no hay duda de la prestación de servicios subordinada y dependiente nacida del contrato de trabajo que se convino el 21 de marzo de 1995, el cual comenzó a ejecutarse el 14 de igual mes y año, para que la actora atendiera las funciones propias del cargo de subgerente administrativa de la demandada, acuerdo contractual que se modificó el 13 de marzo de 1997 (fls. 108 a 218), manteniéndose la impartición de órdenes de su empleador.

Resaltó que si bien se firmó paralelamente un contrato de mandato, salta a la vista que las obligaciones o funciones son las mismas del contrato de trabajo, que giran en torno a gestionar “… el recaudo de cartera del empleador que presente vencimiento superior a noventa días, bien de manera judicial o extrajudicial; para que emita su concepto sobre los aspectos de orden legal que le sean consultados y sometidos a su consideración y juicio, así como asumirla representación judicial del mandante en los asuntos que le sean confiados y en que le sea otorgado el respectivo poder” (cláusula primera del contrato de mandato de los fls. 8 bis y 9 no tenidos estimados el Tribunal), y que el demandado quiso simular y distraer a través del contrato de “mandato para prestación de servicios profesionales donde aparece prevista (cláusula segunda) “Como retribución por los servicios contratados… un cincuenta por ciento (50%) sobre el valor de los honorarios efectivamente recaudados por su personal gestión en procesos judiciales (cláusula segunda); que “la mandataria actuaría con plena libertad, autonomía e independencia y criterios profesionales, sin estar sujeta a órdenes e instrucciones por parte del mandante…, desprovisto de cualquier naturaleza laboral…” (cláusula tercera); sin que, por lo menos, en el citado contrato se indicara cual era la oficina y dirección desde donde la mandataria iba a atender las obligaciones autónomas e independientes, cuando a la par, en las mismas oficinas de la demandada, en el mismo horario diario, en la misma papelería, con los mismos teléfonos, computador y personal de secretaría atendía las funciones de subgerente administrativa (con contrato de trabajo) y el recaudo de cartera (con contrato de mandato) bajo la subordinación del empleador, todo lo anterior sin ser necesario resaltar y advertir que en el mismo contrato de mandato se habla del recaudo de cartera del empleador como ya se dejó resaltado” (lo subrayado y resaltado es del texto original).

A reglón seguido, la censura se ocupó de la restante prueba documental que en su decir muestra que la actora simultáneamente realizaba dos labores al interior de la empresa, una como subgerente administrativo que luego pasó a llamarse asesora jurídica con sueldo, y otra para el cobro de cartera bajo un contrato que se denominó “mandato”, cargos que se prestaron al mismo tiempo desde las oficinas donde se desempeñaba como subgerente, y para el efecto alude al contenido de las documentales de fechas 30 de enero y 2 de marzo de 1997 (fls. 109, 114, 115 y 191 con anexo de descripción de funciones), 7 y 11 de mayo de 1998 (fls. 76 a 78 y 79), comunicación del asesor externo de la compañía al responder consulta (fls. 116 y 117), modificación del contrato de trabajo (fls. 108 y 218), las comunicaciones cruzadas entre la gerencia y la asesora jurídica para el cobro de cartera morosa, como los memorandos del 17 y 24 de febrero y 3 de marzo de 1998 (fls. 165 y 168), cartas del 20 de febrero, 21 de mayo y 22 de julio de 1998 (fls. 166, 169 y 173), y los informes solicitados que acreditan las actividades para el recaudo de cartera de folios 280, 282 y 283, 284 a 289, 355 a 358, 359, 360, 362, 378 a 382, 388 a 392, 386 y 405 a 407, todo lo cual demuestra la dependencia y subordinación ejercida sobre la demandante, que también se le consignó cesantías pero liquidadas solo con el básico, sin tener en cuenta lo recibido por honorarios que son también salario (fls. 257 a 260 y 522 a 525), que conforman la base salarial para el pago de prestaciones sociales y aportes a la seguridad social en salud y pensiones.

Luego se refirió a los testimonios de Jorge Enrique Caicedo Cardona (fls. 351 a 371) y Margot Ramírez Galindo (fls. 372 a 375), para con ello inferir que si bien la accionante firmó dos contratos, estuvo siempre sometida a horarios y órdenes, así mismo se entrelazaron funciones y responsabilidades como asesora jurídica con sueldo y asesora jurídica con honorarios, y aunque renunció al contrato con sueldo continuó vinculada con el de honorarios hasta el 28 de diciembre de 1998, momento en que se le terminó la relación laboral sin justa causa generando el pago de la indemnización por despido.

Por último, manifestó que la demandada no pudo actuar de buena fe, por cuanto lo que hizo fue ocultar una verdadera relación de trabajo, y se negó a facilitar en la inspección judicial la documental pertinente, para con ello sostener dolosamente la existencia de un contrato de mandato o prestación de servicios, con el pleno conocimiento que era de carácter laboral.

VII. La réplica

La opositora solicitó de la Corte rechazar el cargo, por cuanto el tribunal se atuvo al mismo supuesto que propuso la propia demandante, quien en las declaraciones de la demanda inaugural adujo que el contrato finalizó el 30 de junio de 1998, lo cual debió destruirse en casación y no se hizo, pues no le bastaba con aducir que existen otros elementos de juicio que indican que el nexo terminó en el mes de julio de dicho año, y por tanto el fallo no fue debidamente impugnado, además “sí, a juicio de la recurrente, hubo un solo contrato y ese contrato fue de trabajo, y ese contrato se extendió hasta el 28 de diciembre de 1988, ese planteamiento en casación encierra: una petición nueva y un hecho nuevo que la sustenta”, lo cual resulta inadmisible y violatorio del debido proceso.

Señaló que el escrito con que se pretende interrumpir la prescripción de folios 394 y 396, al confrontarlo con lo que efectivamente se pidió en la demanda y su adición (fls. 308 a 310), no reúne el requisito de la determinación, por cuanto en la presente acción se pide que los honorarios pactados tengan carácter salarial por corresponder a un servicio subordinado y no independiente, lo cual no fue planteado en el mencionado escrito, y en tales condiciones no se configura ningún yerro fáctico, a lo que se suma que la parte actora no concretó cuáles salarios se adeudaban a la terminación del vínculo, las cesantías anuales estarían más que prescritas, así como la mayoría de las súplicas.

Que la demanda de casación contiene un examen inútil en relación con la naturaleza del vínculo, ello desde el punto de vista fáctico, por cuanto el único soporte del tribunal fue el tema de la prescripción, pero de llegarse a considerar el mismo incompleto e inconducente, no se menciona el interrogatorio de parte absuelto por la accionante en que confesó que ella le puso fin al contrato, así como que en la liquidación de prestaciones se le pagaron las prestaciones que correspondía y que autorizó el descuento que se le hizo; que la demandada no la indujo en error ni utilizó fuerza o maniobras dolosas, y que la actora como abogada nunca reclamó ni puso en duda que las partes actuaron dentro del marco de la legalidad, todo lo cual lleva a concluir que la vinculación civil fue concebida según acuerdo bilateral que celebraron las partes y nunca fue impuesta de manera unilateral

VIII. Consideraciones

La censura se duele que el tribunal hubiere declarado la excepción de prescripción de la acción propuesta por la parte demandada, como medio extintivo de las obligaciones, y no haber establecido la existencia de un solo contrato de trabajo entre las partes, frente al denominado contrato de mandato que se suscribió, que trae como consecuencia que lo pagado a la demandante a título de honorarios por el recaudo de cartera, se deba tener en cuenta para liquidar las prestaciones sociales, vacaciones y aportes a la seguridad social en pensiones; además que la actora tiene derecho al pago de la indemnización por despido sin justa causa así como a la sanción moratoria, y al efecto le atribuyó seis errores de hecho derivados de la mala apreciación o la falta de valoración de algunas pruebas.

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el fallador de alzada centró su análisis exclusivamente en el tema de la prescripción, al considerar que si la parte actora solicitó que se declarara la existencia de un solo contrato de trabajo desde el 14 de marzo de 1995 al 30 de junio de 1998, había operado el fenómeno jurídico de la prescripción, por cuanto la demanda que nos ocupa se instauró el 30 de julio de 2001, esto es, vencidos los tres años que consagran los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y siguientes, que se cumplían el 30 de junio de igual año, así mismo la reclamación para interrumpir tal prescripción se presentó tiempo después el 27 de julio de 2001.

De suerte que en sede de casación, la Sala se limitará a verificar lo concerniente al tema de la prescripción, que fue el único fundamento del ad quem para declarar probada la excepción que se formuló en este sentido y confirmar la absolución de primera instancia.

Desde ya debe advertirse, que el tribunal se equivocó ostensiblemente al considerar que los tres (3) años para poder demandar en este asunto vencían el 30 de junio de 2001, contabilizados a partir del mismo día y mes del año 1998, por haber considerado esa última data como el extremo final alegado por la parte actora de la relación laboral pregonada, por lo siguiente:

La fecha de desvinculación laboral indicada en las declaraciones solicitadas en el libelo demandatorio, a partir de la cual se harían exigibles las obligaciones y derechos demandados, que corresponde según la primera declaración al “30 de junio de 1998” (fl. 10, cdno. del juzgado) no es más que un lapsus calami del apoderado de la parte actora, por cuanto en los supuestos fácticos que sustentan las pretensiones se alude en el hecho primero al 30 dejulio de 1998 (fl. 12 ibídem), que coincide con la data que se menciona en la reforma que se llevó a cabo al escrito de demanda inicial, cuando se especificó el periodo laborado “desde el 14 de marzo de 1995 al 30 de julio de 1998” (fl. 308 ídem).

En efecto, en el hecho primero del libelo introductorio se señaló: “Celia Inés Hernández Palomino, prestó sus servicios laborales personales en forma ininterrumpida, al Condominio Campestre el Peñón, desde marzo 14 de 1995 al 30 de julio de 1998, en la oficina de Bogotá” (fl. 12), a lo cual la accionada en la contestación de la demanda, dijo: “… es cierto” (fl. 22), lo que significa que aceptó ambos extremos de la relación laboral. Dicha calenda como lo pone de presente la censura, se corrobora con lo expresado por la demandante en su carta de renuncia fechada 29 de junio de 1998, en la que indicó que trabajaría “hasta el 30 de julio de los corrientes” (fl. 57, cdno. ppal.), así mismo con la respuesta dada por el empleador a la trabajadora el día 28 de julio de 1998, en la que se le manifiesta que “Acuso recibo de su carta en la cual presenta renuncia al cargo que venía desempeñado como asesora jurídica del condominio. Lamentamos sinceramente la decisión que usted ha tomado y nos vemos en la necesidad de aceptarla a partir del día 30 de julio de 1998” (fl. 50 ibídem). Igualmente, en la liquidación final de prestaciones sociales que el condominio demandado le practicó a la accionante como asesora jurídica, aparece como “fecha de retiro julio 30 de 1998” (fls. 7 y 8 que se repite a fls. 38 y 39 ídem), y en la comunicación que el Condominio Campestre el Peñón dirigió al fondo de cesantías Porvenir S.A., para el retiro de la cesantía, se informó que la actora “fue afiliada a este fondo, dejó de laborar en nuestra empresa desde el día 31 de julio de 1998” (fl. 398 ejusdem).

Así las cosas, no hay duda que el vínculo contractual laboral que admitió la demandada se ejecutó con la demandante como asesora jurídica, desempeñando funciones o tareas distintas al cobro de cartera morosa, finalizó el 30 de julio de 1998, y siendo ello así, el término trienal para reclamar de que tratan los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 Código Procesal del Trabajo, en este asunto vencía el 30 de julio de 2001, y como quiera que en esa última fecha precisamente se instauró en tiempo la demanda como da cuenta la constancia de folio 15 del cuaderno del juzgado, no pudo operar el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de las acreencias laborales causadas a la terminación del contrato, ello incluso sin tener en cuenta que con los escritos del 26 de julio de 2001 se habría interrumpido la prescripción (fls. 394 a 396 ibídem).

Al respecto, cabe traer a colación lo dicho por esta corporación, en el sentido de que la prescripción se debe contabilizar de fecha a fecha, tal como se dejó sentado en sentencia de la CSJ SL, abr. 28/2009, rad. 33643, que puntualizó:

(…) ha sido criterio de esta Corporación que el término de prescripción corre de fecha a fecha, según se desprende de lo establecido en los artículos 67 del Código Civil y el 59 del Código de Régimen Político y Municipal.

De manera que si el accidente que le ocasionó la muerte al trabajador ocurrió el 5 de febrero de 2001 y la demanda se presentó el 5 de febrero de 2004, siendo notificada en la oportunidad señalada en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios laborales de acuerdo al 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad, no existe la menor duda para la Corte que los actores accionaron dentro del término contemplado en los artículos 151 ibídem y 488 del Código Sustantivo del Trabajo.

De otro lado, en relación con lo argumentado por el censor en el sentido de que no era dable que se decretara la prescripción de la acción en los términos dispuestos por el fallador de alzada, porque el contrato de cobro de cartera, según la comunicación del 23 de noviembre de 1998 (fls. 49 y 162, cdno. del juzgado), finalmente se terminó por parte del condominio demandado en una fecha muy posterior, valga decir, “a partir del próximo 28 de diciembre de 1998, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 5º de dicho contrato”, cumple señalar, que ese planteamiento constituye un hecho o medio nuevo no debatido en las instancias, pues como quedó visto, esa última data, en los supuestos fácticos que soportan las pretensiones, declaraciones y condenas, no se mencionó para nada, y todo el debate se centró en el tiempo laborado por la actora como trabajadora hasta el citado 30 de julio de 1998; y por tanto, dicha alegación de tratar de extender más allá la fecha de la declaración de la relación laboral, no resulta admisible en el recurso extraordinario.

Por todo lo expresado, el tribunal erró al declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada, como medio extintivo de las obligaciones, y por ende cometió el primer yerro fáctico endilgado al tomar como punto de referencia una fecha anterior a la cual la parte demandante alude como aquella en que la relación laboral culminó, que llevó a que contabilizara erradamente los tres años de plazo para reclamar judicialmente, situación que es suficiente para derruir el único soporte en que se fundamentó la sentencia impugnada, sin que se haga necesario en sede de casación abordar el estudio de los demás elementos probatorios denunciados.

No obstante que le asiste razón a la recurrente en la acusación propuesta, el cargo no logra tener vocación de prosperidad, y por ende casar la sentencia atacada, por cuanto al entrar en consideraciones de instancia se llegaría a la misma decisión absolutoria que se profirió, conforme se destaca a continuación.

Como el demandante en su apelación (fls. 548 a 552, cdno. ppal.), solicita se revoque la decisión absolutoria del a quo, por cuanto considera que del caudal probatorio obrante en el expediente, esto es, las pruebas documental, confesión y testimonial, se desprende que efectivamente entre las partes se celebró un solo contrato realidad, que lleva a que la retribución por el recaudo de cartera que devengó la demandante como “presuntos honorarios” se constituya en salario, y por ende, se deba incluir en la base salarial para efectos de reliquidar todas las prestaciones sociales, las indemnizaciones y demás emolumentos objeto de reclamación, la Sala al analizar el haz probatorio encontraría lo siguiente:

1. Como bien lo determinó el a quo no hay discusión en cuanto a la existencia de la relación laboral que unió a los contendientes, en la medida que la propia accionada al contestar la demanda inaugural admitió como cierto que la actora le prestó servicios mediante un contrato de trabajo, teniendo como último cargo el de asesora jurídica, vínculo que se desarrolló entre el 14 de marzo de 1995 al 30 de julio de 1998. Lo anterior se corrobora con la prueba documental relativa al contrato de duración indefinida que suscribieron las partes que obra a folios 4 a 6 del cuaderno principal, mediante el cual se le contrató a la actora para desempeñar en un comienzo el oficio de subgerente administrativo como trabajadora, al igual que con los medios de convicción que se analizaron en sede de casación, en especial la carta de renuncia de la promotora del proceso (fl. 57 ibídem) y la liquidación definitiva que indica que el contrato de trabajo era “indefinido”, que la fecha de ingreso y retiro son las antes referidas, que el último cargo desempeñado fue el de “asesoría jurídica” y el salario devengado la suma de $ 900.000.

De ahí que, la presente controversia se contrae a determinar, si como lo asegura la demandante el contrato de mandato que también celebraron las partes, para la prestación de servicios profesionales en el cobro de cartera morosa, en la realidad es una adición del contrato laboral que se ha hecho mención, o si por el contrario, como lo sostiene la demandada es un contrato autónomo e independiente de naturaleza civil que concurre con el de carácter laboral.

2. En nuestra legislación laboral está permitida la concurrencia de contratos de diferente naturaleza, de conformidad con lo estipulado en el artículo 25 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: “Aunque el contrato de trabajo se presente involucrado, o en concurrencia con otro u otros, no pierde su naturaleza, y le son aplicables, por tanto, las normas de este código”, y al respecto la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que dicha figura jurídica consiste en que se hayan desarrollado coetánea o simultáneamente el contrato laboral con uno o varios contratos de orden por ejemplo civil o comercial, que en los términos de la citada normativa, “es posible la concurrencia de un contrato de trabajo con otro u otros de distinta naturaleza, sin que ello signifique necesariamente que el primero pierda la calidad de tal, ni que los segundos la adquieran” (Sent. CSJ SL, jun. 3/2004, rad. 21223).

3. La realidad procesal a contrario de lo que sostiene la parte demandante, no demuestra la unicidad del vínculo o existencia de un solo contrato de trabajo, pues aquello que se evidencia es la presencia de dos nexos contractuales disimiles y autónomos que suscribieron las partes, que tiene distinto objeto contractual y retribución, los extremos temporales no coinciden, fueron terminados por causas diferentes y liquidados en su debido momento.

En efecto, el primer contrato lo fue de carácter laboral denominado “contrato individual de trabajo de duración indefinida”, para desempeñar el oficio de “sub-gerente administrativo”, teniendo la actora a su cargo “el manejo y control del personal y actividades atendidas por la oficina de Santafé de Bogotá D.C., así como las labores anexas y complementarias”, con un salario de “$ 500.000 mensuales, pagaderos por quincenas vencidas”, con fecha de iniciación de labores “14 de marzo de 1995” (fls. 4 a 6, cdno. del juzgado), el que posteriormente se modificó con el otro sí firmado por las partes, en el que se acordó que desde el 1º de enero de 1997 la accionante se desempeñaría como “asesora jurídica” encargada de “asesorar en materias civiles, tanto a la junta directiva de la asociación y el Condominio Campestre el Peñón, como al señor gerente, en los asuntos que le sean confiados, a implementar y desarrollar en asocio con tesorería las normas para el manejo de cartera inferior a (90) noventa días, así como a asistir con carácter consultivo a las reuniones de junta directiva a que sea convocada, y además labores anexas y complementarias que le sean indicadas”, con una asignación salarial equivalente a $ 900.000 mensuales (fls. 108 y 218 ibídem); que la demandante con la comunicación fechada 29 de junio de 1998 presentó renuncia irrevocable a su cargo a partir del 30 de julio de igual año, determinación que fue aceptada por el empleador demandado con la misiva calendada 28 de julio de 1998 (fls. 50 y 57 ídem), quien practicó la liquidación definitiva de prestaciones sociales que relaciona como último cargo de la demandante el de “asesoría jurídica”, con un salario básico de “$ 900.000”, que contiene el respectivo paz y salvo, la cual aparece firmada por la trabajadora y el empleador (fls. 7 y 8 ejusdem).

Por su parte, el otro contrato corresponde al denominado “contrato de mandato para prestación de servicios profesionales” suscrito el 21 de marzo de 1995, en el que se especificó que era de naturaleza “civil de mandato para la prestación de servicios profesionales”, con el siguiente objeto contractual “la mandante contrata los servicios profesionales de la mandataria, en su calidad de abogada titulada para que, por virtud de la celebración del presente contrato, la profesional gestione el recaudo de cartera del empleador que presente vencimiento superior a los noventa días, bien de manera judicial o extrajudicial; para que emita su concepto sobre los aspectos de orden legal que le sean consultados y sometidos a su consideración y juicio, así como asumir la representación judicial del mandante en los asuntos que le sean confiados y en que le sea otorgado el respectivo poder”, dejando constancia que la demandante “actuará con plena libertad, autonomía e independencia y criterio profesionales, sin estar sujeto al cumplimiento de órdenes o instrucciones por parte del mandante, razón por la cual el presente contrato de prestación de servicios está desprovisto de cualquier naturaleza laboral, no generando en consecuencia el reconocimiento de suma alguna distinta del honorario estipulado”; que se pactó como retribución de los servicios profesionales el “cincuenta por ciento (50%) sobre el valor de los honorarios efectivamente recaudados por su personal gestión en procesos judiciales. Los gastos judiciales que llegaren eventualmente a causarse en el cobro de la cartera serán asumidos por la mandante”, (fls. 8 y 9, cdno. ppal.); nexo contractual que terminó por decisión unilateral del condominio contratante o mandante con la comunicación del 23 de noviembre de 1998, a partir del 28 de diciembre del mismo año (fls. 49 y 162 ibídem). Para el pago de este contrato se liquidaron los honorarios, según lo que se recaudara por el cobro de cartera, teniendo como soporte los pagarés suscritos por los deudores morosos y el estado de los procesos judiciales de ejecución, previa presentación de una cuenta de cobro, además se hacía retención en la fuente, todo ello conforme lo muestra la documental visible a folios 125, 199, 256 a 260, 265 y 266, 269 y 270, 272 a 276, 284 a 289, 291 y 292, 355 a 358, 378 a 382, 408 a 410, 411 a 414, 421, 425 a 426, 433 a 434, 475 a 479 y 521 a 527.

De suerte que, de las pruebas reseñadas no se colige la existencia de una adición al contrato de trabajo de la actora en los términos sugeridos por la censura, pues la única modificación corresponde al cambio de labores y cargo que se llevó a cabo desde el 1º de enero de 1997, cuando pasó a desempeñarse de subgerente administrativo a asesora jurídica del condominio.

Como se puede observar, las funciones ejercidas por la demandante en calidad de trabajadora y el objeto contractual a cumplir bajo la prestación de servicios profesionales están debidamente delimitadas, no se confunden, y si bien dentro de las tareas de la asesora jurídica se alude al “manejo de cartera inferior a (90) noventa días”, no corresponde a la misma cobranza que se menciona en el contrato de prestación de servicios que tiene que ver pero con la “cartera … que presente vencimiento superior a los noventa días” que requiere para su recuperación instaurar proceso judicial por conducto de abogado titulado, y en tales circunstancias en este asunto en particular se dan los presupuestos para que se configure la concurrencia de contratos conforme al artículo 25 del Código Sustantivo del Trabajo.

4. La abundante prueba documental restante que se aportó al proceso, que se relaciona directamente con los oficios desempeñados por la accionante por virtud del contrato de trabajo a término indefinido celebrado con la demandada, su afiliación a la seguridad social y los respectivos pagos por acreencias laborales que se hicieron en el transcurso de la relación, lógicamente contiene signos o elementos de subordinación laboral (fls. 40, 41, 45, 46, 51 a 54, 60 a 68, 70 a 72, 75, 76 a 78, 79, 80 a 82, 83 a 107, 127 a 142, 146 a 152, 164 a 166, 169 a 173, 174 a 189, 192, 198, 200 a 210, 212 a 216, 226 a 239, 243 a 255, 280, 361, 388 a 392, 398 y 486 a 512 del cuaderno del juzgado); en cambio los otros documentos referidos a las actividades que se desarrollaron para el cobro de cartera superior a 90 días, entre ellos los informes del estado de los procesos judiciales, la correspondencia cruzada y la cancelación de honorarios, son los necesarios para el ejercicio profesional de abogado en la gestión encomendada (fls. 74, 125, 160, 199, 256 a 260, 262 a 279, 282, 283, 291, 292, 294, 355 a 359, 362 a 365, 377 a 387, 405 a 410, 411 a 414, 421, 425, 426, 433, 434, 476 a 479, 517 y 521 a 527 ibídem), sin que las certificaciones que se expidieron a solicitud de la actora, en las que indistintamente se habla de que se laboró, trabajó o prestó servicios al condominio demandado, no logran desvirtuar la contundencia de las pruebas atrás reseñadas, ya que en ellas se hace la distinción cuando se trata del pago de salarios y o si se están cancelando honorarios profesionales, de lo cual se puede colegir a que vínculo refieren las mismas, las cuales en consecuencia no logran acreditar la unidad de la relación laboral (fls. 47, 58, 59, 118, 119, 190, 217, 281 a 290, 293, 342, 399 a 404, 422 a 424, 427, 518 y 519 ídem).

Adicionalmente, cabe anotar, que la existencia de los dos nexos contractuales diferentes, se reafirma, aún más, con la comunicación fechada 10 de diciembre de 1996 que corre a folios 120 y 121 del cuaderno principal, que atañe a la propuesta de trabajo que suscribió y presentó la propia demandante al condominio demandado, para que se ejecutara a partir del 1º de enero de 1997, en la que ella misma propone de un lado una “contratación laboral” variando cargo y funciones con el pago de un salario incrementado en la suma de $ 1.100.000, en la que además sugiere que “En relación a cartera se mantendría el contrato de prestación de servicios actual” (resalta la Sala), con lo cual está reconociendo que existía ese otro contrato de prestación de servicios profesionales, y agrega que “este tipo de contratación no genera carga prestacional alguna” y que el nuevo objeto de este segundo contrato sería “asesoría integral, directa a la gerencia y a la junta directiva, en cualquier campo del derecho … cláusula de exclusividad durante el tiempo de asesoría. Como contraprestación se fijará una suma mensual de honorarios base por $ 1.700.000 y en cuanto al recaudo de cartera se mantendrá igual el pago”, lo que significa que la accionante como abogada y asesora jurídica de la demandada, tenía pleno conocimiento de la distinción y naturaleza de un contrato de trabajo frente a uno de prestación de servicios del orden civil, documental que está relacionada con la misiva de folio 124 ídem en la que la entidad accionada se refiere a esa propuesta para la “modificación de los contratos (laboral y de servicios)” que se tiene con el condominio. También con la descripción de contratos y funciones que tuvo la demandante y que aparece a folios 69 y 191 ibídem del cuaderno principal, queda al descubierto que son distintas las actividades que se cumplían para cada vínculo contractual.

5. En lo que tiene que ver con el interrogatorio de parte absuelto por la demandante (fls. 345 a 347, cdno. del juzgado), al contestar las preguntas primera a octava, once, doce, y catorce a diecinueve, confesó que renunció al cargo como trabajadora a partir del 30 de julio de 1998, aclarando que lo fue por un acuerdo a que llegó con el presidente de la junta directiva de la demandada, que recibió la liquidación final de prestaciones sociales; que autorizó los descuentos que se le hicieron en dicha liquidación; que suscribió el contrato de trabajo que se le puso de presente y que posteriormente fue modificado; que estuvo afiliada al ISS y luego a Porvenir para el riesgo de pensión, así como en Cafésalud para la contingencia de salud; que se le entregó la certificación de ingresos que solicitó; que dirigió a la demandada la comunicación del 10 de diciembre de 1996 obrante a folios 120 y 121 del cuaderno principal, en el que se hace alusión no solo a la contratación laboral sino a la de prestación de servicios; que con la carta del 27 de enero de 1999 se comprometió a devolver honorarios aun cuando sostuvo que lo hizo en forma forzada; que durante la vigencia del nexo laboral nunca le reclamó a la demandada por ninguno de los conceptos demandados, ya que “se consultó con el abogado laboral de la empresa que en ese tiempo era el dr. Tito Adolfo Ferroni y él manifestó que la contratación tal cual estaba planteada estaba bien y estaba de acuerdo a la ley y como yo no soy especializada en el área laboral ni la manejo creí y confíe en ese concepto … por lo cual nunca presenté reclamación alguna durante ese término”; y que en el tiempo de vinculación ostentaba el título profesional de abogada. Como puede verse, lo admitido por la actora corrobora que la relación laboral que existía lo fue de cara al contrato de trabajo que suscribieron las partes y que se modificó en cuanto al cargo desempeñado, dejando entrever que ésta conocía de la concurrencia de otro contrato de prestación de servicios profesionales para el cobro de cartera para lo cual se estipularon unos honorarios.

A su turno, el representante legal de la accionada al contestar el interrogatorio de parte que se le formuló (fls. 333 a 335 y 345 ibídem), se mantuvo en que la demandante tenía dos contratos, uno de prestación de servicios y otro laboral, con funciones distintas, y que el horario de trabajo que cumplía lo era respecto al contrato de trabajo (preguntas primera y segunda); aceptó como cierto que el cargo inicial fue el de subgerente administrativo de la oficina de Bogotá, pero que luego se modificó el contrato para desempeñarse como asesora jurídica, a partir del 1º de enero de 1997 (pregunta cuarta); que por el cobro de cartera morosa se tenía pactado el 50% del valor de los honorarios causados y pagados por el deudor al condominio, quien a su vez le giraba a la actora (pregunta quinta y sexta); que para esa gestión de cartera utilizaba las instalaciones de la demandada, sus líneas telefónicas y papelería, además que presentaba informes periódicos a la gerencia o tesorería (pregunta séptima y octava); que a la actora se le afilió al ISS desde julio de 1995 y que el extremo inicial de la relación laboral lo fue a partir del 14 de marzo de 1995 (pregunta novena y décima); que parte de las funciones que se desarrollaron como asesora jurídica son las establecidas en el documento de folio 191 (pregunta trece); que los honorarios devengados eran equivalentes a la suma de $ 1.200.000, y que el asesor jurídico de la empresa era el dr. Tito Adolfo Ferroni Gúzman (preguntas catorce y quince). En dicha diligencia, el representante legal de la demandada, no aceptó que existiera un solo contrato, y lo que admitió en relación con los cargos desempeñados por la actora y sus funciones como trabajadora, no contradice lo inferido con las demás probanzas sobre el otro vínculo de naturaleza civil frente al cual se pagaban honorarios profesionales; y la circunstancia de que ambas actividades se desarrollaran en el mismo lugar, obedecía a que la accionante debía permanecer en la empresa por tener la doble condición de contratista para la prestación de un servicio profesional y la de trabajadora.

6. Por último, en cuanto a los testigos que refiere la censura, si bien el declarante Jorge Enrique Caicedo Cardona alude indistintamente a las funciones que cumplía la demandante e incluye lo concerniente al cobro de cartera, lo cierto es que, termina manifestando que “son dos contratos uno laboral escrito no recuerdo a que término con el título de gerente administrativa y el otro de asesora jurídica escrito tampoco recuerdo porque término …”, que el primero corresponde al contrato de trabajo “de duración indefinida entre el condominio campestre el Peñón y la dra. Celia, firmado por las 2 partes” y el segundo atañe a un “contrato de mandato de prestación de servicios profesionales con una duración de 12 meses donde consta el 50% de los honorarios por el cobro judicial y extrajudicial de la cartera”, y aunque agrega que la actora cumplía un horario, que la labor se desarrollaba en las instalaciones de la demandada con elementos suministrados por el condominio, y que el cobro de cartera se hacía dentro de los términos estipulados por la junta directiva (fls. 351 a 354, cdno. del juzgado); sus dichos no son tan contundentes como para lograr desvirtuar lo que muestra la abundante prueba documental antes reseñada y lo admitido por la propia actora, y en tales condiciones no resulta posible concluir con dicha versión que no existía la concurrencia de contratos sino una sola relación laboral.

Lo mismo sucede con la testigo Margoth Ramírez Galindo, quien relató que la actora inició como directora de oficina manejando la parte jurídica y que luego estuvo como abogada asesora jurídica manejando la cartera morosa del condominio, pero manifestó que no sabía la clase de contratación que tenía, que le pagaban era por nómina y en cheque, que cumplía un horario, que utilizaba la papelería del condominio, y que trabajaba en las instalaciones de la demandada, pero no suministra detalles de cómo era la actividad relacionada con el cobro de cartera (fls. 372 a 375 ibídem), cuyos dichos no son lo suficientemente claros y categóricos que den fe de la presencia de un único vínculo laboral que comprenda lo concerniente al cobro de cartera morosa.

En definitiva, mirando en conjunto los elementos probatorios obrantes en el proceso, corroboran que a las partes las unió un contrato de trabajo en concurrencia con un contrato civil de mandato de prestación de servicios profesionales, lo cual al corresponder a la misma conclusión a la que llegó el a quo, no quedaría otro camino que mantener la decisión absolutoria que se impartió y que declaró probadas las excepciones de cobro de lo no debido, falta de causa y título de los derechos reclamados e inexistencia de la obligación.

Sin costas en el recurso de casación por cuanto el cargo resultó fundado, aun cuando finalmente no prosperó.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2009, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que instauró Celia Inés Hernández Palomino, contra el Condominio Campestre el Peñón.

Costas como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, presidente de la Sala.—Jorge Mauricio Burgos Ruiz.—Fernando Castillo Cadena.—Clara Cecilia Dueñas Quevedo.—Rigoberto Echeverri Bueno.—Luis Gabriel Miranda Buelvas.—Jorge Luis Quiroz Alemán.