Sentencia SL1017-2017/53059 de enero 25 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL1017-2017

Radicación 53059

Acta 02

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., veinticinco de enero de dos mil diecisiete.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por Hernando Arcesio Jiménez Martínez contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 18 de mayo de 2011 en el proceso que promovió contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

I. Antecedentes

Ante el Juzgado Dieciocho Laboral de Oralidad del Circuito de Medellín, Hernando Arcesio Jiménez Martínez demandó al Instituto de Seguros Sociales para que le reconociera y pagara la pensión de vejez a partir de agosto de 2008, más los intereses moratorios.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 10 de mayo de 1936 y cumplió los 60 años de edad en igual día y mes de 1996; que laboró en el sector público al servicio del municipio de Guatapé (Antioquia) entre el 11 de junio de 1973 y 30 de septiembre de 1985, un total de 631 semanas, que igualmente se afilió al ISS “en julio primero de 2003 hasta julio 30 de 1997”, donde cotizó 372.86 semanas, y que ante la solicitud pensional, el lSS, mediante resoluciones 34169 del 28 de noviembre de 2008 y 138881 del 20 de mayo de 2009, le negó la prestación, con fundamento en que no cumplía los requisitos exigidos en la Ley 797 de 2003.

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a la prosperidad de la demanda. En cuanto a los hechos admitió la negativa de reconocer la pensión mediante las referidas resoluciones. Propuso las excepciones de falta de competencia, inexistencia la obligación, buena fe, prescripción, compensación, pago, improcedencia de intereses moratorios, imposibilidad de indexación de las sumas objeto de condena e imposibilidad de condena en costas.

II. Sentencia de primera instancia

Fue proferida el 3 de febrero de 2011, y con ella el juzgado absolvió al demandado de todas las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

III. Sentencia de segunda instancia

Por apelación de la parte actora, el proceso subió al Tribunal Superior de Medellín, corporación que mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la decisión del a quo e impuso a la apelante las costas por la azada(sic).

El tribunal, indicó que aunque le asistía razón a la apelante en cuanto que el artículo 13 literal f) de la Ley 100 de 1993, contemplaba la posibilidad de sumar semanas cotizadas al ISS o a cualquier fondo con el tiempo servido en el sector oficial, esto no podía aplicarse al caso bajo examen, puesto que dicho evento estaba previsto única y exclusivamente para las prestaciones concedidas bajo el imperio de dicha ley, no en situaciones como la del actor, que era beneficiario del régimen de transición.

En ese orden, ante la clara dificultad de aplicar las disposiciones de la Ley 100 de 1993, y sin perder de vista la condición de beneficiario del actor del régimen de transición, al analizar el caso bajo las previsiones de la Ley 33 de 1985, encontró que no tenía derecho a la pensión por no tener 20 años de servicios públicos.

Por último, al estudiar la situación del actor al amparo de la Ley 71 de 1988, indicó que si bien las resoluciones 34169 del 28 de noviembre de 2008 y 13881 del 20 de mayo de 2009, por medio de las cuales el Instituto de Seguros Sociales certifica que el actor laboró un total de 12.27 años al servicio del Estado, sin que haya efectuado cotización al ISS, así como que cuenta con 631 semanas cotizadas a esa entidad, sin embargo, no existía constancia o evidencia alguna que diera cuenta de que frente a esos 12.27 años laborados en el sector público se hubieren efectuado aportes, situación que imposibilitaba tenerlas en cuenta, en tanto el artículo 5º del Decreto 2709 de 1994, era claro en señalar los tiempos no computables para efectos de acceder a la pensión del artículo 7º de dicha ley, por lo que al no cumplir los 20 años de aportes a cualquier caja, fondo o al ISS, cobraban vigencia las consideraciones del a quo, en cuanto solo podían ser tenidas en cuenta la totalidad de semanas laboradas o cotizadas en el sector público o privado, pero para acceder a la pensión de vejez en aplicación de la Ley 100 de 1993.

IV. Recurso de casación

Fue interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que “se revoque la misma y se conceda al demandante, la pensión de vejez, a partir del mes de agosto de 2008 con los respectivos intereses moratorios y costas”.

Con tal finalidad formula un cargo, por la vía directa, oportunamente replicado, que se decidirá a continuación.

VI. Cargo único

Así lo presenta inicialmente:

A. Infracción directa de la ley, por no aplicar, debiendo hacerlo, la Ley 71 de 1988. Consecuente con esta omisión se aplicó de manera indebida el Decreto 2709 de 1994 - artículos 1º y 5º, circunstancia que conlleva la violación directa de los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional.

B. Interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En la demostración del cargo, después de transcribir el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, indicó que dicha disposición consagra el derecho de las personas a recibir una pensión al cumplir 20 años de aportes y 60 años de edad en el caso de los hombres, sin que determinara los tiempos que podían ser o no computados, por lo que fue el Decreto 2709 de 1994, que derogó el Decreto 1160 de 1989, el que sí lo hizo, excluyendo los tiempos servidos en entidades públicas o privadas que no hicieran aportes a cajas o el ISS, lo que a su juicio sobrepasaba las facultades reglamentarias e iba en contra del derecho irrenunciable a la seguridad social y del principio de favorabilidad que ya regía gracias a la Constitución de 1991, artículos 48 y 53, por lo que no debió aplicarlo el tribunal, máxime cuando en el sistema pensional anterior para los servidores públicos, la afiliación al ISS o caja era simplemente facultativa del empleador.

Expresa que al sancionar al empleado por una omisión del empleador, implicaba imponerle una carga excesiva, pues así lo había considerado acertadamente el H. Consejo de Estado, Sección Segunda en sentencia del 9 de junio de 2011, rad. 250002325000200505520-01 (1117-09), pues sostener lo contrario significaba llegar al desacierto que una persona puede haber laborado 19 años en el sector público sin afiliación al ISS u a otra caja, y cotizado 999 semanas en el ISS, sin llegar a tener derecho a una pensión de vejez.

Por otra parte, asegura que el tribunal interpretó con error el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen de transición, por cuanto bien es sabido que las ventajas allí dispuestas, se crearon para proteger a las personas que aunque no habían adquirido el derecho, estaban próximos a hacerlo a la entrada en vigencia del sistema general del pensiones, por lo que debía aplicarse el parágrafo del mentado artículo. Y a su vez el inciso primero de la mismo artículo, establecía que la edad continuaría en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, por lo que se si analizaban, de cara a la Ley 71 de 1988, se encontraba que la edad y el tiempo de servicios exigidos resultaban idénticos en ambos ordenamientos, por lo que surgía el interrogante de que ¿cuál sería el fundamento para establecer una diferenciación entre los que se pensionan con Ley 100 para efectos de sumar los tiempos y quienes lo hace con la Ley 71 de 1988?

Anota que no hay fundamento alguno para esa diferenciación, pues de existir sería violatoria del principio de igualdad y crearía una inequidad tal que un juez no podía acoger en tanto dicho criterio interpretativo es restrictivo de los derechos de los afiliados, cuando lo que se busca con el régimen de transición, era salvaguardarlos.

Por último, observa que la Corte Constitucional, en Sentencia C-754-2004, afirmó que el derecho a la aplicación del régimen de transición, se constituye en una expectativa que no puede ni podía variarse de manera legítima por el legislador, por manera que al constituirse en un verdadero derecho para quienes son sus beneficiarios, no podía restringirse por vía de interpretación, menos en el caso bajo examen, donde el actor tenía derecho a que se le aplicara.

VII. Réplica

Sostiene que la demanda adolece de serios defectos de técnica, en primer lugar, por cuanto en el alcance de la impugnación, no indicó que debía hacer la Sala, una vez casada la sentencia, y en segundo lugar, porque acusó la infracción directa de la Ley 71 de 1988, cuando por haberla analizado, lo que debió hacer, fue acusar la interpretación errónea.

VII.(sic) Consideraciones

Es cierto que el alcance de la impugnación no es claro en su formulación. Empero, dicho defecto, es superable si se observa que la intención primordial del recurrente es obtener una pensión jubilatoria, de donde puede entenderse que una vez quebrantada la sentencia de segundo grado, aspira a que se revoque la del a quo, para que se le conceda la prestación que reclama.

Ahora, la controversia de orden jurídico que plantea la censura, radica en determinar si al demandante le asiste derecho a la pensión por aportes prevista en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, teniendo en cuenta el tiempo laborado en el sector público al servicio del municipio de Guatapé (Antioquia), durante el cual no se hicieron aportes a ninguna caja o fondo del previsión social.

Para dar respuesta a tal cuestionamiento, basta recordar que esta sala de la Corte, desde la Sentencia CSJ SL4457-2014, varió su criterio para estimar que para efectos de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, es viable acumular tiempo de servicios en el sector público sin cotizaciones a una caja de previsión o al Instituto de Seguros Sociales, con los aportes sufragados a esta entidad.

En ese sentido, en la citada sentencia, así se pronunció:

“Pues bien, antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 y del sistema general de pensiones adoptado mediante la Ley 100 de 1993, la multiplicidad de regímenes pensionales permitía odiosas diferencias entre los trabajadores vinculados al sector privado y los servidores vinculados al sector público, de modo que cada uno subsistía de manera independiente con exigencias propias en tiempos de servicio y cotización que no podían conjugarse para adquirir el beneficio pensional. Fue por ello que el legislador estableció la llamada ‘pensión de jubilación por acumulación de aportes’, con el objeto de que pudieran sumarse los tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el privado.

En lo pertinente, dispuso la ley:

ART. 7º—A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

Dicho de otro modo, la citada disposición se expidió con el fin de garantizar a los trabajadores que prestaron sus servicios en el sector público y privado, la posibilidad de alcanzar la pensión con la sumatoria de los tiempos de cotización y de servicios en uno y otro sector.

Posteriormente, ya en vigencia de la Constitución Política de 1991 el legislador no desconoció los motivos que dieron origen a la llamada pensión por aportes, de modo que al establecer el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, igualmente consagró la posibilidad de acumular para efectos pensionales los tiempos de servicios y de cotizaciones acumulados en uno y otro sector, tanto en el régimen de prima media con prestación definida así como en el de ahorro individual con solidaridad.

En punto al tema que ahora ocupa la atención de la Sala, para el primero de los regímenes dispuso el legislador en el parágrafo primero del artículo 33 ibídem, en inequívoca conexidad con el artículo 13 de la misma normativa, que ‘[p]ara efectos del cómputo de las semanas (...) se tendrá en cuenta: (...) b. El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados’.

Recuérdese que el literal f) del citado artículo 13 consagra que, ‘[p]ara el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio’.

En este orden, bien podría afirmarse que la Ley 100 de 1993 al consagrar la acumulación de tiempos servidos en el sector público y privado, dejó sin vigencia lo dispuesto en la Ley 71 de 1988. Sin embargo, tal aseveración no es del todo cierta si se tiene en cuenta que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagró un régimen de transición pensional para quienes acreditando los requisitos de edad o tiempo de servicios a su entrada en vigencia, tengan derecho a que su pensión se reconozca conforme a la edad, tiempo de servicios y monto de la pensión del régimen que anteriormente les fuera aplicable, entre otros, el que consagró el Acuerdo 49 de 1990 del ISS, aprobado por el Decreto 758 de 1990, ora el previsto en la Ley 33 de 1985 que reguló el régimen pensional en el sector oficial y, concretamente, en lo que ahora interesa, la Ley 71 de 1988 que previó la llamada pensión de jubilación por aportes.

Este recuento le permite a la Sala dilucidar que el régimen de jubilación por aportes, no desconoció, ni antes ni después de la Constitución Política de 1991, que el derecho fundamental e irrenunciable a la pensión no puede verse truncado por la circunstancia de que la entidad empleadora no hubiese efectuado aportes a una caja de previsión social, máxime si se tiene en cuenta que otrora, la afiliación a la seguridad social para los servidores públicos no era obligatoria sino facultativa, de modo que la ausencia de cotización no puede imputársele a ellos, y menos, puede afectar sus derechos pensionales que en todo caso se encontraban amparados por las disposiciones —D.R. 1848/69— que garantizaban el reconocimiento pensional a cargo de la entidad de previsión a la cual estuvieran afiliados o, en su defecto, a cargo directo de la entidad o empresa oficial empleadora por el mero tiempo de servicios.

En el mismo sentido, el derecho irrenunciable a la pensión, tampoco puede verse limitado por disposiciones reglamentarias con alcances restrictivos como la que contenía el artículo 5º del Decreto 2709 de 1994, según la cual:

ART. 5º—Tiempo de servicios no computables. No se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege.

Es decir, conforme a la citada norma solo podían computarse a efectos de obtener la pensión de jubilación por aportes, el tiempo cotizado al Instituto de Seguros Sociales y el cotizado a las cajas de previsión del sector público, sin que pudiera sumarse el tiempo servido a entidades privadas que no cotizaron en el ISS, ni el tiempo laborado en entidades oficiales en las cuales no se efectuaron aportes a entidades de seguridad social.

No obstante, tal disposición fue declarada nula por el Consejo de Estado, corporación que al revisar el tema en sentencia de la Sección Segunda del 28 de febrero de 2013, Expediente 11001-03-25-000-2008-00133- 00 (2793-08), estimó que el Presidente de la República excedió las facultades reglamentarias que le otorga en numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.

En lo pertinente, dijo el Consejo de Estado:

De conformidad con lo expuesto, encuentra la Sala que varias normas de la Constitución Política de 1991 establecen de manera explícita una reserva de ley sobre el tema que fue objeto de regulación por parte del Gobierno Nacional en el artículo 5º del Decreto 2709 de 1994, a saber:

(i) El artículo 53 dispone que: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: [La] garantía a la seguridad social (...)”.

Como puede observarse, el artículo 53 superior exige al Congreso de la República que al momento de expedir el estatuto del trabajo, regule la garantía de la seguridad social, dentro de la cual está inmerso el régimen pensional, con el alcance, contenido y prestaciones que determine la ley.

(ii) A su vez, el artículo 152 prescribe: “Mediante leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias: a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección”.

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha sostenido que aquellas materias inexorablemente vinculadas a los derechos constitucionales fundamentales, tales como, la vida en condiciones dignas, el trabajo, el mínimo vital, etc., se encuentran sujetas a reserva de ley, razón por la cual no puede dejarse en manos del ejecutivo su regulación. El contenido esencial del régimen pensional se encuentra en estrecha conexidad con dichos derechos fundamentales, por lo que su determinación debe realizarse a través del ejercicio de la potestad de configuración normativa del legislador, excluyendo para el efecto su fijación mediante reglamentación presidencial. —Sent. C-432, mayo 6/2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil—.

Para la Sala no hay duda que el tema de los tiempos computables para los efectos relacionados con el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, al igual que la edad, forma parte del contenido esencial del mencionado régimen pensional, por lo que las exclusiones o excepciones al mismo deben establecerse mediante normas con rango de ley.

En efecto, se trata de un asunto sustancial de la materia objeto de reserva, vale decir de los elementos básicos del régimen pensional por aportes, considerando su conexidad con los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social, razón por la que escapa al alcance de la regulación mediante decretos reglamentarios.

Nótese que en el inciso segundo del artículo 7º de la Ley 71 de 1988 el legislador facultó al Gobierno Nacional para reglamentar “los términos y condiciones para el reconocimiento y pago” de la pensión de jubilación por aportes, pero con base en dicha autorización el ejecutivo no podía llegar a tocar el contenido esencial del régimen pensional, determinando los tiempos de servicio que no se computarían para adquirir el derecho, pues con ello se configura una restricción o afectación a los derechos fundamentales que ya fueron mencionados y se desconoce la reserva de ley establecida en los artículos 53 y 152 de la Carta Política.

A partir de lo anterior se evidencia que en la norma reglamentaria acusada el Presidente de la República rebasó el ámbito sustancial de la materia reservada, razón suficiente para declarar su nulidad.

En adición a lo expuesto, no debe perderse de vista que si bien la Ley 100 de 1993 previó un régimen de transición a fin de respetar las expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a pensionarse conforme al régimen anterior, dicha transición debe aplicarse en el marco del nuevo contexto constitucional y legislativo imperante, y en observancia del principio de equidad que debe regir en y entre los regímenes pensionales existentes, lo cual supone que esos tiempos servidos —no cotizados— no puedan ser despreciados o desechados para efectos del cómputo de la denominada pensión de jubilación por aportes.

En este orden de ideas, conforme a los postulados constitucionales y legales atrás referidos, y frente a la citada decisión del Consejo de Estado a través de la cual se declaró la nulidad del artículo 5º del Decreto 2709 de 13 de diciembre de 1994, reglamentario del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, la Corte estima necesario rectificar su actual criterio y, en su lugar, adoctrinar que para efectos de la pensión de jubilación por aportes que deba aplicarse en virtud del régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si fue o no objeto de aportes a entidades de previsión o de seguridad social”.

En ese orden, el tribunal incurrió en el yerro jurídico que le imputa la censura, pues no se acompasa con el nuevo criterio imperante de esta Sala sobre el particular.

Por tanto, la sentencia será quebrantada. En instancia, sirven igualmente las consideraciones vertidas en casación y adicionalmente las siguientes:

No hay duda que el tiempo que prestó sus servicios el actor al municipio de Guatapé (Antioquia), sin cotizaciones a ninguna caja o fondo de previsión social, fue de 4.417 días, equivalentes a 631 semanas, lo que se infiere de las resoluciones 341169 de 28 de noviembre de 2008, y 13881 de 20 de mayo de 2009, expedidas por el ISS, y que obran de folios 6 a 14. Igualmente, aunque en la primera resolución, se indicó que el actor solo había cotizado a esa entidad de seguridad social 372.86 semanas, que al sumarlas con las 631 en el sector público, alcanzarían una densidad de 1.003.86 semanas, lo cierto es que en la segunda resolución, al resolver el recurso de apelación, expresó en su parte resolutiva que modificaba la resolución apelada “en el sentido de fijar un total de 1.029.57 semanas cotizadas (incluidos tiempos públicos y privados) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”, número de semanas que se tendrán en cuenta por la Sala (negrillas son del texto original).

En ese orden, por haber cumplido el actor los 20 años de aportes, que equivalen a 1.028,57 semanas, y cumplido los 60 años de edad el 10 de mayo de 1996, no hay duda que satisfizo a cabalidad los requisitos para acceder a la pensión por aportes prevista en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, exigible a partir del 1º de mayo de 2008, esto es, a partir de la última cotización reportada, que según la historia laboral, visible de folios 15 a 18, ocurrió el 30 de abril de igual anualidad.

En ese orden, teniendo en cuenta su condición de beneficiario del régimen de transición y que al 1º de abril de 1994 le faltaban más de diez (10) años para consolidar su derecho pensional, con el propósito de establecer el ingreso base de liquidación, tendría que recurrirse a las previsiones del artículo 21 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, como se observa que el actor siempre cotizó sobre el salario mínimo legal vigente, no hay lugar a establecer ingreso base de liquidación alguno, pues su primera mesada pensional y las subsiguientes serán equivalentes al salario mínimo legal, que para el año 2008, equivalía a $ 461.500, por lo que por retroactivo pensional se adeuda la suma de $ 69.746.070 causado desde el 1º de mayo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2016, como se demuestra en el siguiente cuadro:

FechasValor pensiónNº pagosValor mesadas
DesdeHasta
01/05/2008 31/12/2008 $ 461.500 10 $ 4.615.000
01/01/2009 31/12/2009 $ 496.900 14 $ 6.956.600
01/01/2010 31/12/2010 $ 515.000 14 $ 7.210.000
01/01/2011 31/12/2011 $ 535.600 14 $ 7.498.400
01/01/2012 31/12/2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800
01/01/2013 31/12/2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000
01/01/2014 31/12/2014 $ 616.000 14 $ 8.624.000
01/01/2015 31/12/2015 $ 644.350 14 $ 9.020.900
01/01/2016 31/12/2016 $ 689.455 14 $ 9.652.370
Total $ 69.764.070

Por lo anterior, se revocará parcialmente la decisión proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral de Oralidad del Circuito de Medellín el 3 de febrero de 2011, en cuanto negó el derecho pensional, para en su lugar declarar que a Hernando Arcesio Jiménez Martínez, le asiste derecho a la pensión por aportes prevista en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, a partir del 1º de mayo de 2008, en cuantía inicial equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para entonces, que era de $ 461.500, y desde 2009 en adelante, en el mismo monto de dicho salario vigente para cada anualidad, por lo que se condenará a Colpensiones a reconocerle y pagarle por concepto de retroactivo pensional causado entre el 1º de mayo de 2008 y el 31 de diciembre de 2016, la suma de sesenta y nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil setenta pesos ($ 69.764.070).

No hay lugar a los intereses moratorios, pues no se trata de una pensión reconocida al amparo integral de la Ley 100 de 1993, como lo ha sostenido reiteradamente la Sala en innumerables oportunidades, entre otras, en las sentencias CSJ SL6297-2014, SL13076-2014 y SL4523-2015.

Las excepciones propuestas por el Instituto de Seguros Sociales se declararán no probadas, por el resultado del proceso.

Sin costas en casación.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 18 de mayo de 2011, en el proceso que promovió Hernando Arcesio Jiménez Martínez contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, en cuanto se abstuvo de condenar al demandado al reconocimiento y pago de la pensión por aportes previstas en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, a que la asistía derecho al actor, y por consiguiente, de disponer el pago del retroactivo pensional adeudado.

En sede de instancia, REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral de Oralidad del Circuito de Medellín el 3 de febrero de 2011, para en su lugar, condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a reconocer y pagar al señor Hernando Arcesio Jiménez Martínez, la pensión por aportes a partir del 1º de mayo de 2008, en cuantía del salario mínimo legal vigente ($ 461.500), y desde 2009 en adelante en el mismo monto de dicho salario vigente para cada anualidad, cuyo retroactivo, causado entre el 1º de mayo de 2008 y el 31 de diciembre de 2016 asciende a sesenta y nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil setenta pesos ($ 69.764.070). Se confirma en lo demás.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas —Jorge Luis Quiroz Alemán.