Sentencia SL10192-2017 de julio 12 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 1

Magistrado Ponente:

Ernesto Forero Vargas

SL10192-2017

Rad.: 45551

Acta Nº 01

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil diecisiete (2017).

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por apoderado judicial de la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

IX. CONSIDERACIONES

Sea lo primero advertir que se endilgan dos cargos por vía directa en la modalidad de aplicación indebida e interpretación errónea del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, violación de medio que condujo a la falta de aplicación de los artículos 1º del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución Nacional, todos ellos en relación con el artículo 64, modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, razón por la que esta Sala procede a hacer el estudio conjunto, aunado a que la réplica también vinculó los cargos en una sola respuesta.

Ambos cargos refieren que se utilizó como medio de violación de la ley sustantiva el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, transgrediendo los artículos del Código Sustantivo del Trabajo y de la Constitución Nacional referidos, centrando su solicitud de quebranto en la aplicación del principio de la libre formación del convencimiento frente a pruebas totalmente opuestas; en el presente caso, la valoración que hizo el juez colegiado de la prueba testimonial, cuyos dichos son contradictorios, ya que presentan duda para el censor acerca de la forma como ocurrieron los hechos, lo cual, en su sentir, debe desatarse siempre a favor del trabajador. Expresa el censor que acepta «la totalidad de hechos y pruebas —principalmente las testimoniales— en el que ad quem soporta su decisión».

Al respecto se tiene que el tribunal no cometió ningún yerro jurídico al desatar la litis de fondo, pues aplicó el principio de libre formación del convencimiento, por cuanto se ocupó de analizar con determinación cada una de las pruebas testimoniales que hacen parte del infolio, dejando plasmada su apreciación frente a su convicción de la sana crítica, como fue que estuvieron responsivos, claros y definidos frente a la narración de los hechos, fls. 43-52.

Dejó claro el juez colegiado que se presentaron posiciones opuestas con relación a dos testigos, pero definió la dificultad con la prueba que le ofreció mayor credibilidad, fl. 52, libertad de la que gozan los jueces de instancia y que se ha reconocido como su discreta autonomía, la que no puede ser enjuiciada en casación, si no se señala el yerro notorio de valoración que obligue su revisión.

Sobre el particular, es pertinente recordar que conforme a las previsiones del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, los jueces del trabajo y de la seguridad social ostentan la facultad de apreciar libremente las pruebas para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos y, con base en ello, pueden dar prelación a unas pruebas frente a otras, eso sí, siempre teniendo como derrotero la verdad real, no simplemente la formal; los principios científicos relacionados con la crítica de la prueba; las circunstancias relevantes del caso y la conducta de las partes.

Así se ha pronunciado la Corte frente a este puntual tema:

“El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo. 

“Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada. 

“La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho”. (CSJ. SL. 11 nov. 1998, rad. 1111). 

Ahora, es necesario memorar, además, lo que ha sentado la Sala Laboral acerca de la valoración de declaraciones opuestas, indicando que en presencia de varios testimonios contradictorios o divergentes que permitan conclusiones enfrentadas o disímiles, corresponde al juzgador dentro de su libertad y soberanía probatoria y en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica, establecer su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger a un grupo como fundamento de la decisión y desechar el otro, lo cual no configura de ninguna manera un yerro, según la Sentencia CSJ SL, 21 feb. 2012, rad. 42047, reiterada en sentencia CSJ SL18164-2016. En la primera providencia citada dijo:

Al punto, en sentencia de 27 de abril de 1997, sostuvo esta Corporación: 

‘El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo. 

‘Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada. 

‘La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho”. (CSJ. SL. 21 feb. 2012, rad. 42047). 

Así las cosas, conforme los lineamientos jurisprudenciales citados, considera esta Sala que el Tribunal no incurrió en los yerros que le achaca el recurrente.

De otro lado, frente a la inquietud que expuso el casacionista con relación al tema del principio de favorabilidad, que consideró no atendido respecto de los dos testimonios enfrentados, es conveniente precisar que éste se instituyó para resolver conflictos que surjan entre disposiciones normativas, es decir, cuando dos preceptos legales se enfrentan en una determinada situación, debiendo escoger la más favorable para el trabajador, o cuando una misma norma admite más de una interpretación debiéndose escoger la más favorable para el trabajador.

Como en la materia de estudio no se contraponen normas, ni interpretaciones diversas y no dan lugar a duda, mal puede pretender la aplicación del principio de favorabilidad, pues en este asunto son dos pruebas testimoniales las que exponen sus versiones que no son coincidentes entre sí y así fueron valoradas por el respectivo juzgador. Razón suficiente para precisar que tampoco tiene éxito tal argumento.

Para precisar, la Corte ha dicho frente al tema:

“Pero si en extrema laxitud la Corte examinara la sentencia con base en los principios que según el recurrente no observó el tribunal; que lo llevaron a concluir que la relación laboral se inició en noviembre y no en junio de 1999, por cuanto no resolvió la duda a favor del trabajador; sólo basta con decir, que el principio de favorabilidad garantizado por el artículo 53 de la Constitución Política, en cuanto a que ante la duda, se debe atender lo más favorable al trabajador, en este caso no resultaría procedente, toda vez que la pretensión de escogerse unos testimonios frente a otros y la prueba documental que sirvieron de soporte a la convicción del fallador, escapa de dicho ámbito, puesto que la duda que obliga al juez del trabajo a acoger la interpretación más favorable, es aquella que se presenta respecto de una norma jurídica, cuando encuentre por lo menos dos cuyo lógico entendimiento haga posible su aplicación al caso; debiendo entonces adoptar la que más beneficie al trabajador; pero no en aquellos supuestos de incertidumbre respecto de la valoración de una prueba. (Sentencia 27466 del 23 de agosto de 2006)” 

De otra parte, cabe advertir que la duda debe ser del juez y no de las partes, y en este caso, el tribunal no encontró que se hubieran presentado.

Por los razonamientos expuestos, se desestiman los cargos y como hubo réplica, las costas están a cargo del recurrente para lo cual se fija la suma de $ 3.500.000.00, que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique el juez de primer grado, conforme lo dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión N° 1, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 25 de noviembre de 2009 proferida por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, en el proceso que instauró GEOVANI ALBERTO ECHAVARRIA CALLES contra COBASEC LTDA., Y OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. y las llamadas en garantía LIBERTY SEGUROS S. A. y COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

Costas a cargo de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán Quintero—Dolly Amparo Caguasango Villota—Ernesto Forero Vargas.