Sentencia SL1021-2018/45430 de febrero 14 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL1021-2018

Radicación: 45430

Acta 05

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá D.C., catorce de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el accionante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme íntegramente la dictada por el juzgado.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no tuvo replica.

VI. Cargo único

Textualmente dice “Acuso la sentencia por la vía indirecta de la violación en la modalidad de aplicación indebida de las siguientes normas: Artículos 22, 24, 64, 65, 98, 186, 306 del C.S.T., artículo 1º de la Ley 52 de 1975, artículo 99 numeral 3 de la Ley 50 de 1990, artículo 8º de la Ley 153 de 1887”.

Atribuye a la determinación del tribunal, la comisión de los siguientes errores manifiestos de hecho:

a) No dar por probado, estándolo, que entre las partes existió un contrato de trabajo.

b) No dar por demostrado, estándolo, que dentro del proceso se comprobó la existencia de los elementos del contrato de trabajo.

Las pruebas que refiere como apreciadas con error son los contratos de prestación de servicios (fls. 15 a 20, 312, a 315, 326 a 342; las cartas de 3 de febrero de 2000 (fl. 32), de 1º de junio de 2004 (fl. 42), de 21 de septiembre de 2004 (fl. 45), de 29 de diciembre de 2004 (fl. 62), de 14 de abril de 2005 (fl. 71), de 7 de junio de 2005 (fl. 79), de 30 de septiembre de 2005 (fl. 89), de 10 de octubre de 2005 (fl. 90), de 29 de mayo de 2006 (fl. 115), de 14 de julio de 2006 (fl. 111), de 15 de mayo de 2006 (fl. 120), de 2 de junio de 2006 (fl. 126) y los testimonios de Javier Casadiegos Ríos (fls. 301 a 305) y Arienne Mercedes Morales Gil (fls. 305 a 308).

Argumenta que el tribunal no analizó individualmente las pruebas, sino que lo hizo de forma genérica; que como en el proceso estaba demostrada la prestación personal del servicio, a través de los contratos mencionados, la subordinación jurídica se presumía y, además, estaba demostrada en las cláusulas quinta literales e) y g), décima primera y décima segunda de los convenios.

Refiere que las cartas de folios 32, 42, 45, 64, 71, 79, 90 y 115, también acreditan tal elemento laboral, en la medida en que en ellas se amonesta al accionante por irregularidades en sus funciones y se les cita a reuniones obligatorias; que la de folio 111, le impone un plan de mejoramiento para las inconformidades que debe presentar en un plazo perentorio.

Añade que el documento de folio 89, da cuenta de la imposición de las condiciones y cantidades de trabajo, de una agenda odontológica, la cual también se refleja en la misiva de folio 126, en la que se fija un tope mínimo de actividades; que los documentos de folios 143, 146 a 148 y 156 a 159, dan cuenta de la remuneración de los servicios del accionante; que todo ello demuestra los errores que le endilga a la providencia y que hallados estos es viable acudir a las pruebas testimoniales, ambas contestes en la existencia de una verdadera relación laboral, en cuanto informan que el actor era evaluado, debía cumplir metas, sujetarse a un horario, recibía llamados de atención, todo lo cual es indicativo de que no era autónomo, ni menos independiente en los servicios que prestaba.

VII. Consideraciones

Uno de los principios transversales en el derecho del trabajo, es el de prevalencia de la verdad sobre las apariencias, que se instituye y, además, se justifica, en tanto procura equilibrar una ecuación desigual e inequitativa que se presenta en las relaciones laborales dependientes, cual es el de la imposibilidad de predicar plena libertad para convenir las condiciones en las que aquella se va a ejecutar.

Para su concreción se ha acudido a una presunción, que en el ordenamiento jurídico colombiano está inserta en el artículo 24 del estatuto del trabajo, según la cual la prestación personal de un servicio, que además está remunerado, trae de consuno la predeterminación de estar frente a una relación laboral, que en todo caso puede ser desvirtuada.

Aunque el inciso 2 del artículo 2º de la Ley 50 de 1990, intentó modificar tal figuración jurídica, al introducirle una modificación al anterior precepto, según la cual “quien habitualmente preste sus servicios personales remunerados en el ejercicio de una profesión liberal o en desarrollo de un contrato civil o comercial, pretenda alegar el carácter laboral de su relación, deberá probar que la subordinación jurídica fue la prevista en el literal b) del artículo 1º de esta ley y no la propia para el cumplimiento de la labor o actividad contratada”, lo cierto es que fue apartado del ordenamiento, a través de la sentencia de inexequibilidad CC C-665/1998, al estimarse que tal contenido quebrantaba el criterio de igualdad, angular en la estructura constitucional que irradia a la ley del trabajo y que por tanto era inadmisible.

Esa determinación, no obstante, no implica que en el estudio del caso se desconozcan los propios matices que se presentan cuando se debate un contrato en el que está inmersa una profesión liberal, no para exonerarlos de tal presunción, sino por el contrario para incorporar en su análisis las particularidades que aquellas presentan.

En efecto, si se les denominó profesiones liberales es justamente por la libertad e independencia de que gozan quienes las ejercen y en las que media la autonomía técnica, una organización profesional y una marcada autodeterminación en la forma en la que la tarea se lleva a cabo, que está estrechamente ligada con la propia responsabilidad personal de los sujetos por los actos profesionales y a las que se añade que todas ellas se someten a un código moral profesional que va a guiar su ejercicio, sin que ello implique que se presente la subordinación.

Así puede articularse la idea de profesión liberal como aquella que tiene un contenido estrictamente intelectual, para la que se precisa una titulación, reconocida por el Estado, y amparada en el artículo 26 constitucional, en la que rige la lex artis, entendida como un contenido ético y técnico científico que dirige la labor, la cual tiene especial trascendencia social y que está marcada por la autonomía.

También puede destacarse que tales profesiones se enmarcan bajo la idea de una libertad externa, esto es la que permite su ejercicio, y una libertad interna, que es la que identifica que la persona pueda organizar la manera en la que llevará a cabo su tarea, y aunque es cierto que, en el caso de los odontólogos, tanto la socialización de los servicios de salud, como la salarización de este tipo de profesionales hacen más difícil su estudio, lo cierto es que el mismo no puede escapar a la judicatura, en tanto hacerlo preserva este tipo de relaciones jurídicas especiales y por ello no pueden resolverse bajo la idea genérica de estar ante el mismo prototipo, sino que imponen identificar si existe o no insuficiencia jurídica y probatoria para declarar el contrato de trabajo.

Tanto la ajenidad, como la dependencia van a constituirse en conceptos jurídicos que, en todos los casos de aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, van a requerir de valoración judicial y, en el caso de las profesiones liberales van a servir de indicadores para establecer cuándo es posible que se concrete una relación de trabajo, en una actividad a la que por esencia se le va a dificultar imponer las reglas laborales ante la marcada autonomía intelectual que se requiere, que pueden hacerlas incompatibles con el poder de dirección empresarial.

El examen que de ellas se realice, se insiste, debe atender una rigurosidad que es la que va a permitir tener certeza sobre si, pese a la prestación personal, esta se ejecuta con plena independencia y para ello serán concluyentes, indicadores como los de si el ejercicio de esa profesión libre se hace compatible con otras tareas, si la persona tomó a otros profesionales a sus servicios, cuáles fueron las incidencias de las directrices en la forma en que se ejecutó la tarea contratada, como por ejemplo, en una actividad médica, si esta se limitó en la escogencia del tipo de medicamentos que debió utilizar o tratamientos a los que acudir, cuáles intervenciones realizar, que van a la par con el propio régimen de responsabilidad, dado que no será igual adscribírselo a la entidad, que a quien lo ejecuta.

El prisma tradicional varía porque, como se anotó, debe tener en cuenta mayores variables cuando se está ante una profesión liberal, como la que aquí se discute y con ella se busca remontar la dificultad de diferenciar el trabajo autónomo del subordinado, lo que tiene clara e importante incidencia en la vida social. Se trata, como ya se dijo al inicio, no de desconocer que opera la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, sino de que esta se desvirtúa con mayor intensidad cuando se demuestra estar frente a una profesión liberal, porque ello parte de reconocer que la Constitución económica habilita el ejercicio profesional autónomo, que deriva del principio de pro libertate, que por demás se trasladó al propio contenido de la Ley 100 de 1993, que en sus inicios permitió que los profesionales independientes pudiesen gestionar el derecho fundamental a la salud en algunas de sus facetas, e integrarse a fundaciones o cooperativas para tal fin.

Ahora bien, en este asunto, la determinación del juez plural se fundó en que las probanzas incorporadas al plenario no podían deslindar un contrato de trabajo, pues no podía predicarse la subordinación propia de aquel, sino que, por el contrario, daban cuenta de que los servicios fueron autónomos e independientes, pues el accionante utilizó su propio consultorio e instrumentos.

Cuestiona el censor tal conclusión y edifica los dos errores que plantea en el análisis deficiente de las pruebas que a continuación esta Sala estudia.

El contrato de prestación de servicios que obra de folios 15 a 18, da cuenta que el objeto contratado era la prestación de servicios odontológicos a docentes del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Cesar, para lo cual debía contar con una póliza de responsabilidad civil contractual, póliza de responsabilidad médica y manuales de auditoría sobre sus actuaciones; en la cláusula quinta, que se reprocha valorada con error, se establecen las obligaciones del contratante, entre las que está “d) ejercer supervisión, control y auditoría sobre la prestación de los servicios y la ejecución del presenta contrato” y “e) las demás obligaciones derivadas del contrato y de la ley”, sin que de ellas pueda derivarse el establecimiento de una obligación de contrato de trabajo, pues por razón del servicio público de salud, es evidente que la entidad está convocada a tener un control sobre el objeto contratado, es decir bajo estándares de calidad del servicios, que son distintos a los de imponer el acatamiento de las ordenes e instrucciones particulares que le imparta el empleador, como se define en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo; incluso de la cláusula cuarta del referido convenio, impone es el cumplimiento de los estándares del Ministerio de Salud sobre prestación del servicio, de los cuales no podía exonerarse el actor, bajo ningún motivo, atendiendo el tipo de servicio prestado y la remuneración de honorarios, no estaba determinada por el simple transcurso del mes, sino bajo la modalidad de facturas que podían ser entregadas en cualquiera de los primeros veinte días calendario, adjuntando los registros individuales de prestación de servicios, no como los requería la Fundación, sino en los términos en que lo exigía el entonces Ministerio de Protección Social, a través de la Resolución 3374 de 2000.

De allí que la supervisión es una exigencia estatal, a todo aquel que se comprometa a realizar actividades en las que esté inmerso el derecho fundamental a la salud, y eso es lo que se extrae de tal documental.

Fue importante para que el tribunal entendiera desvirtuada la subordinación, el que se tratara de consulta externa, realizada en consultorio privado y con los instrumentos propios del actor, y así aparece documentado a folio 18, en los que incluso se codificaron los distintos servicios a los que se comprometió, de acuerdo con su capacidad instalada, esto es la que derivaba de la organización empresarial de la que ya disponía aquel.

Esto mismo se encuentra incorporado en los contratos que obran de folios 312 a 315, por el periodo comprendido entre el 1º de febrero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008, y también en los de folios 326 a 342, en los que consta que la sede de prestación de servicio es el “consultorio particular” y que se suscribieron luego de que se certificó el cumplimiento de los “requisitos esenciales para la prestación de servicios de salud” pues recuérdese que es el artículo 193 de la Ley 100 de 1993, el que incorporó la posibilidad de que los profesionales médicos pudieran ser contratados por capitación “con el fin de incentivar la eficiencia y la calidad de la prestación de servicios de salud”, que en todo caso debían cumplir con unos estándares básicos para tal efecto.

Así el pago que se realizaba era en modalidad completa, es decir una base de usuarios, que no excedía dos horas diarias, que podían ser las que determinase el odontólogo, el cual podía incluso declinar sobre ellas, con incidencia, únicamente, en el valor de los honorarios, pero no en la terminación del contrato suscrito y además no tenía exclusividad, de allí que pudiera ocuparse de otras actividades en el día.

Si se mira con detenimiento, la supervisión allí prevista, no expresaba un poder de dirección empresarial, sino exclusivamente los estándares mínimos de exigencia de la Superintendencia y del Ministerio, que implantaron un sistema obligatorio de garantía de la calidad y auditoría médica, que venía a incorporarse como lex artis de la labor desempeñada, y que en modo alguno puede constituirse como expresión de subordinación, sino de la coordinación estatal sobre un servicio público fundamental.

El documento denunciado, de folio 32, ni siquiera es dirigido al actor, sino a toda la red odontológica de Valledupar, con el objeto de socializar los informes estadísticos de servicio y no es un requerimiento, sino una invitación a una reunión.

A folio 42, si obra un oficio, de 1º de junio de 2004 dirigido al actor, en él se le informa sobre la auditoría de las historias clínicas, en las que se le indican inconsistencias en las mismas y en la lectura de los exámenes radiológicos, de diagnóstico, plan de tratamiento y evolución, sin que esto pueda constituirse como un elemento demostrativo de relación laboral, pues por el contrario, lo que evidencia es que siendo recursos públicos, su pago por servicio reflejara aquellos que en realidad se prestaron y esto solo podía extraerse de las historias clínicas que, en ese momento, encontró con deficiencias el auditor, sin que ello implicara amenaza de sanción o de terminación, sino por el contrario allí se expone “se generaliza por ítem pero en algunos casos las fallas son en unas historias clínicas. El objetivo es que se tomen estas irregularidades y mejoren el diligenciamiento de sus historias clínicas”, y esto mismo se repite en el documento de folio 45, en el que el auditor le informa las inconsistencias en los productos contratados y refiere que “presenta un promedio de cumplimiento de citas del 60% y de la auditoría de historias clínicas del 82% dando un resultado óptimo de diligenciamiento”, de manera que simplemente informa lo que sucede, pero no adopta ninguna actuación de la que se derive poder subordinante, como parece entenderlo el censor y así también se expresa en la documental de folio 62.

El oficio de folio 111 también es el resultado de una auditoría, con no conformidades, en el que se le solicita un plan de mejoramiento con acciones correctivas, que no puede ser entendido como una potestad subordinante, sino resultado de la aplicación de estándar estatal sobre las historias clínicas.

La misiva de folio 71 no está dirigida al actor, sino de forma genérica a los odontólogos adscritos a la red de Valledupar y se convoca a una reunión para “tratar asuntos de suma importancia en cuanto al manejo científico y humano que se le está dando al usuario”, y lo mismo puede decirse del folio 79, que no está dirigida al actor, y ni siquiera aparece recibida por él, e igual prédica cabe del folio 90 y 115.

El documento de folio 89, trata sobre el cumplimiento tope de citas odontológicas, está dirigido al accionante, y se le informan el número de pacientes que se le remitiría en el mes de octubre de acuerdo con el máximo diario de 3 horas que para la fecha tenía, y el de folio 126 refiere una cantidad mínima de actividades de promoción y prevención, que están determinadas, no por criterio de la fundación sino de las “matrices del programa del Magisterio para el 2006”.

Tales probanzas son significativas en cuanto evidencian la autonomía profesional y técnica del accionante, el cual disponía de la distribución de su tiempo, de su propio consultorio particular, actuaba con plena autonomía profesional, únicamente enmarcada en políticas de salud obligatorias y no en la imposición de los estándares de la Fundación y además, bien podía utilizar otros recursos y profesionales para el cumplimiento de la labor contratada; ni siquiera podía estimarse que tuviese un horario, por el contrario podía definir los tiempos de atención y el número de pacientes a atender, y los correctivos que se solicitaron estaban estrechamente ligados con los productos convenidos, sin que, su deficiencia, fuera motivo de sanción o amenaza, sino que se enmarcó en el plan de auditoría sobre servicios de salud de los docentes.

Esa caracterización evidencia que no pudo el tribunal cometer los errores endilgados, pues aunque existía la presunción laboral, no la encontró corroborada en el trámite procesal y, por el contrario, advirtió, con certeza, que la profesión liberal de odontólogo, no mutó a la laboral, de allí que al no haberse configurado algún equívoco tampoco sea viable el estudio de los testimonios por no ser prueba calificada y porque, se insiste, no se hallaron razones para el quiebre de la sentencia, permaneciendo esta inalterable.

Sin costas, dado que no hubo réplica.

VIII. Decisión:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Juan Carlos Calderón Calderón contra la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».