Sentencia SL10220-2017 de julio 12 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL10220-2017

Radicación 46259

Acta 1

Magistrado Ponente:

Omar de Jesús Restrepo Ochoa

Bogotá, D.C., doce de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS. «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

IX. Consideraciones

Sea lo primero indicar, que la violación de la ley sustancial, por la vía directa «por falta de aplicación», no es otra que la violación por la vía directa, por infracción directa. La violación se presenta cuando el juzgador ignora la existencia de la norma o se rebela contra ella, le niega validez, deja de aplicarla.

No le asiste la razón al opositor en su crítica en relación con la decisión atacada pues no se presentan los errores técnicos que le enrostra. Máxime que la demanda de casación propone dos cargos similares, uno por cada una de las vías.

El recurrente acusa, en ambos cargos, la sentencia del tribunal, de la «falta de aplicación» del artículo 2143, en relación con el artículo 2184 numeral 3º, ambos del Código Civil Colombiano, normas que en su tenor literal expresan:

ART. 2142.—<DEFINICIÓN DE MANDATO>. El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.

La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario.

ART. 2184.—<OBLIGACIONES GENERALES>. El mandante es obligado:

1. A proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato.

2. A reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato.

3. A pagarle la remuneración estipulada o usual.

4. A pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes.

5. A indemnizarle de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa, o por causa del mandato.

Aunque el recurrente solo ataca la violación de normas del Código Civil, este no es un error por cuanto, la Corte tiene sentado lo siguiente:

Debe decirse que la única violación de la ley denunciable en la casación del trabajo es aquella que se refiere a las normas sustanciales de alcance nacional, como son en este caso las referentes al mandato (C.C., arts. 2142 y 2143), de ahí que no sea extraña a la acusación su inclusión en la proposición jurídica, sino más bien indispensable, así lo planteado sea su trasgresión como consecuencia de las normas procesales, que es, en esencia, lo que se ha denominado como la violación medio planteada en ambos cargos (CSJ, Cas. Laboral, Sent. abr. 28/2009, rad. 32.498).

Corresponde a la Sala, entonces, determinar si el tribunal estaba obligado a aplicar en el sub lite, el artículo 2143, en relación con el artículo 2184 numeral 3º, del Código Civil, o si a pesar de haberlos aplicado, lo hizo en forma indebida. El recurrente, en el primer cargo considera, que cuando la sentencia de segunda instancia concluyó que estaba demostrado, «el cumplimiento parcial y mínimo de un mandato general conferido por la parte demandada mediante un poder especial», omitió aplicar las disposiciones relacionadas con la condena a la remuneración, así fuese parcial, acorde con la gestión adelantada, a pesar de no existir pacto previo entre las partes.

Y aunque en el segundo cargo, el recurrente acepta que las normas atacadas fueron aplicadas, dice que el tribunal las utilizó en forma indebida porque no tuvo en cuenta el material probatorio para condenar a la opositora a pagar los honorarios. La combinación entre las dos modalidades no existe porque se presentaron dos cargos separados, individuales; aunque el tribunal solo mencionó en su decisión oral el artículo 2142 del Código Civil, no puede decirse que incurrió en el error jurídico de no aplicar las normas denunciadas por cuanto, al aceptar que se trataba de un contrato de mandato está haciendo aplicación tácita de ellas. No desconoció la gratuidad o remuneración generada por ese tipo de contratos y tampoco que en el mandato se deba pagar la «remuneración estipulada o la usual». Lo que el tribunal dijo fue que en el caso, no se desarrolló la actividad probatoria para demostrar la existencia y el monto de los honorarios.

En tratándose de las obligaciones relacionadas con el mandato judicial que adquiere un abogado litigante al servicio de su cliente, la jurisprudencia laboral ha configurado la siguiente hermenéutica:

En principio el régimen legal que regula la prestación profesional de servicios de los abogados es el previsto para el contrato de mandato en el libro IV, título 28 del Código Civil, no solo por la naturaleza misma de la actividad que cumplen dichos profesionales, sino en virtud de lo definido por el artículo 2144 de dicho estatuto, en tanto prevé que los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios o que implican la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato.

Así en lo que toca con la retribución, el artículo 2143 del Código Civil. dispone que el mandato puede ser gratuito o remunerado y que la remuneración es determinada por la convención de las partes, por la ley o por el juez. De otro lado, el artículo 2184, ordinal 3º, del mismo código define que el mandante está obligado entre otras cosas a pagarle al mandatario ...la remuneración estipulada o la usual […]

Ahora bien, es de suponer que el ejercicio de la abogacía como el de cualquier profesión liberal genere honorarios, pues los profesionales por lo general obtienen el sustento de los servicios que prestan, de manera que debe concluirse que la onerosidad es un elemento de la naturaleza del contrato de prestación de servicios profesionales, pero no uno esencial en cuanto, a diferencia de lo que ocurre con el contrato de trabajo, es legalmente permitido que quién presta un servicio profesional independiente decida hacerlo en forma gratuita, o de manera que su retribución sea aleatoria, como cuando se condiciona a la obtención de un resultado (resaltado fuera del texto).

De consiguiente, si como acontece en el caso de los autos, un abogado ha prestado sus servicios sin haber acordado honorarios y no consta que haya renunciado a ellos o los haya supeditado a la consecución de un objetivo determinado, corresponde entender que se le deben los usuales en consideración a la índole, cantidad, calidad e intensidad de las labores cumplidas. Por lo tanto, si para esta hipótesis los contratantes disputan ante la justicia en torno a la existencia y monto de los honorarios, el juzgador ha de definir en primer término si éstos en verdad se causaron para luego determinar su valor. La causación dependerá de que se demuestre en el plenario la prestación de servicios, mientras que la fijación de la cuantía requerirá del establecimiento de la remuneración usual, esto es, lo que acostumbran los abogados, cuya prueba deberá efectuarse en los términos del artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, con apoyo en testimonios o en documentos auténticos, como pueden ser las tarifas definidas, con aprobación del ministerio de justicia, por los colegios respectivos (resaltado fuera del texto). (CSJ, Cas. Laboral. Sent., dic. 10/97, rad. 10046).

Lo expresado por el tribunal en el sentido de aceptar que hubo «cumplimiento parcial y mínimo de un mandato general conferido por la parte demandada mediante un poder especial»; decisión tomada con base en la libre formación del convencimiento, no es un error que pueda llevar a la Sala a casar la sentencia atacada. Veamos:

No existe duda de que los documentos enunciados como mal apreciados evidencian gestiones del actor, como profesional del derecho; sin embargo, no demostró que su gestión se hubiera cumplido a cabalidad para generar el pago de honorarios. Concretamente, no aportó con la demanda ejecutiva el título ejecutivo complejo previsto en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. A pesar de haber proferido mandamiento de pago y decretado medidas cautelares, el juzgador se percató de que el proceso estaba cimentado en un documento que no reunía las condiciones de título ejecutivo para esta causa específica, cual es, «la certificación expedida por el director nacional de Cartera de Salud Vida EPS, sistema de seguridad social en salud»; razón por la cual, frente a la ausencia del «título ejecutivo idóneo» exigido por el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el Decreto 2633 de 1994, artículo 5º, inciso segundo, tomó la decisión de «declarar de oficio la irregularidad (sic) de lo actuado en esta instancia cuando se libró mandamiento de pago, por no existir título ejecutivo».

Consecuentemente, «negó el mandamiento de pago solicitado por Salud Vida S.A. EPS, en contra del departamento del Chocó. Dispuso el levantamiento de las medidas de embargo decretadas» (fl. 114). Luego, el superior de instancia, confirmó la decisión.

En ese orden de ideas, los errores enrostrados a la decisión del ad quem, no existieron. El tribunal no desconoció la existencia de gestión por el abogado, al contrario, la reconoció. En cuanto que el mandato se hubiera cumplido a cabalidad, el recurrente no cumplió, como lo dijo el juzgador colegiado, con la carga de probarlo.

Es claro que entre las partes no se pactó por escrito contrato de prestación de servicios profesionales, además, el «poder especial» otorgado al abogado Edison Alberto Pedreros Buitrago, por el señor Juan Carlos López Aguilar, representante legal de Salud Vida S.A. EPS (fl. 38), para impetrar el proceso ejecutivo singular de mayor cuantía, carece de un pacto expreso sobre el porcentaje de honorarios a favor del apoderado; sin embargo, dicho mandato judicial impone una obligación dirigida a que el profesional del derecho «inicie, tramite y lleve hasta su terminación el proceso de la referencia». Justamente, allí está inmersa la «obligación de medio» estipulada en el artículo 1603 del Código Civil, a cuyo tenor: «los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación».

Lo anterior permite inferir a la Sala, que la «obligación de medio» adquirida por el demandante como abogado, conllevaba la de aportar el medio probatorio idóneo y adecuado para obtener un mandamiento de pago que no admitiera cuestionamiento alguno, y que para el caso concreto no era otro que el «título ejecutivo complejo».

Con sabiduría, la Ley 1123 de 2007, artículo 28, señala, entre los deberes profesionales del abogado: «actualizar los conocimientos inherentes al ejercicio de la profesión». Así mismo, «acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y la forma de pago», y especialmente a «prevenir litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos […]».

En voces de la Sentencia C-1178 de 2001 de la Corte Constitucional, «el profesional del derecho, antes de aceptar la representación que se le otorga está obligado a conocer el asunto y a indagar la postura que pretende asumir su poderdante para aceptar el otorgamiento solo si la comparte […]».

Tal omisión en el deber del abogado, conllevó a que no cumpliera con sus obligaciones, y en tal virtud no hay lugar a reclamar los honorarios correspondientes.

En este orden de ideas, los cargos no están llamados a prosperar.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso instaurado por EDISON ALBERTO PEDREROS BUITRAGO, contra SALUD VIDA S.A. EPS.

Costas en sede de casación, a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese. y devuélvase al tribunal de origen.»