Sentencia SL 10311-2014 de julio 30 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL10311-2014

Rad. 43025

Acta 27

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

Bogotá, D.C., treinta de julio de dos mil catorce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Martha Cecilia Molina, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali, el 21 de agosto de 2009, en el proceso que instauró el recurrente contra El Instituto de Seguros Sociales.

I. Antecedentes

Martha Cecilia Molina llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales, con el fin de solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen profesional, a partir de febrero 18 de 2000, en cuantía de $ 465.002, la cual debe indexarse; la indemnización estipulada en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, por haber efectuado aportes a los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; lo que ultra y extra petita resulte demostrado; y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para el ISS como trabajadora oficial desde el 8 de febrero de 1977 hasta el 1º de septiembre de 1999, cuando empezó a disfrutar de su pensión de jubilación; que durante la vigencia del contrato estuvo expuesta al mercurio, lo que al final se tradujo en una “polineuropatía periférica de los miembros superiores e inferiores”, enfermedad profesional invalidante que fue calificada como tal por la oficina de medicina laboral del ISS con fecha de estructuración el 18 de febrero de 2000 y una pérdida de la capacidad laboral del 52.15%; elevó solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez, pero la ARP del ISS erróneamente le negó el derecho mediante Resolución 119 de noviembre 24 de 2000, indicando que no era procedente su concesión, en la medida en que ya disfrutaba de la pensión reconocida por esa entidad, mediante Resolución 3156 de 1999; contra esa decisión solicitó la revocatoria directa del acto administrativo, que desatada, confirmó la resolución.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la vinculación de la demandante, precisando que laboró hasta el 1º de diciembre de 1999; la calificación de la pérdida de capacidad laboral, la expedición de las resoluciones que denegaron la pensión y que estudiaron la petición de revocatoria y su apelación; respecto de la exposición de la actora al mercurio, dijo, que no le constaba que se hubiese producido durante la vinculación laboral; adujo en su defensa que de conformidad con el artículo 128 constitucional es prohibida la coexistencia de más de dos o más asignaciones provenientes del tesoro público.

En su defensa propuso las excepciones de falta de agotamiento de la vía gubernativa, incumplimiento de requisitos de fondo para la prestación reclamada, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción (fls. 49 a 55).

II. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 11 de julio de 2008, absolvió al demandado de las pretensiones, e impuso costas a la demandante (fls. 168 a 177).

III. Sentencia de segunda instancia.

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 21 de agosto de 2009, confirmó la de primer grado sin imponer costas en esa instancia (fls. 12 a 22 del cuaderno del tribunal).

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró como fundamento de su decisión, que de los hechos analizados en el expediente se concluía, que la pensión otorgada fue de carácter legal, toda vez que en el plenario no existía respaldo probatorio del que se pudiera deducir que se trataba de una prestación convencional, como lo sostuvo la apelación, ni la existencia de un error del juzgador de primera instancia sobre la calidad de la misma cuando afirmó que era de vejez.

Se remitió a pasajes de la Sentencia CSJ SL, feb. 2003, rad, 19508, y dijo que los dineros que recibe el ISS como aportes parafiscales no son de su propiedad, pero que pese a eso “no es menos cierto que la pensión de invalidez y la pensión de vejez no son compatibles, argumento expuesto en la resolución que estudió la solicitud de revocatoria directa y que no puede ser pasado por alto por corresponder a una inveterada interpretación normativa”; precisó que la pensión de invalidez y la pensión legal de jubilación no pueden ser disfrutadas por el beneficiario simultáneamente, ya que cumplen la misma finalidad protectora de atender la pérdida de capacidad laboral del trabajador, por lo que el ISS al no reconocer la pensión de invalidez al demandante, no desconoció derechos de esté, toda vez que dio cumplimiento a los principios que rigen la seguridad social como es el de la unidad de prestaciones y el de universalidad. Para sustentar su argumento rememoró pasajes de las sentencias CSJ SL. 31 marzo 2009, rad. 34083 y CSJ SL. 27 abr. 2005, Rad. 22907.

Finalmente, hizo un recuento jurisprudencial, para posteriormente concluir que “Refulge con claridad que no incurrió en ningún yerro el juez a quo cuando estableció que las pensiones de vejez y jubilación que en la actualidad disfruta la demandante no son compatibles con la pensión de invalidez que reclama en su demanda, imponiéndose de esta manera la confirmación de la decisión absolutoria de primera instancia”.

Sobre el tema de la indemnización sustitutiva, dijo que el supuesto de hecho contemplado en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, vigente al momento en que se estructuró la invalidez, como en el artículo 15 de la Ley 776 de 2002 que lo modificó para obtener condena, no fue reunido pues la afiliada no fue pensionada por invalidez, ni tampoco ha fallecido como consecuencia de la enfermedad que padece.

IV. Recurso de casación.

Fue interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.

V. Alcance de la impugnación.

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque en su totalidad la absolutoria del a quo, en cuanto no accedió a las pretensiones de la demanda, proveyendo sobre costas como corresponda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que oportunamente fue replicado por el demandado.

VI. Cargo único.

Textualmente reza: “Acuso la sentencia 208 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa por interpretar erróneamente los artículos 11 y 132 de la Ley 100 de 1993, artículos 2º, 24, 47, 48 del Decreto 1295 de 1994, los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional y el artículo 95 de la Convención Colectiva suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato de trabajadores vigencia 1996-1999”.

En la demostración del cargo, sostiene que la pensión de invalidez es de origen profesional.

...no resulta incompatible o impedimento para el disfrute de la pensión de jubilación convencional a que indudablemente tiene derecho la demandante, en razón de que si bien es cierto, el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, estableció como causales de incompatibilidad de las pensiones e indemnizaciones sustitutivas que cubre el ISS, entre otras con las demás pensiones y asignaciones del sector público, dicha causal no es procedente su aplicación por cuanto la normatividad prevista en el literal a) fue objeto de nulidad declarada por el Consejo de Estado mediante sentencia de abril 3 de 1995 expedientes 5708 y 5833 y 5937. Y en el mismo sentido ha sido reiterados los pronunciamientos del Consejo de Estado y la misma Corte Suprema de Justicia en señalar que los dineros que administra el Instituto de Seguros Sociales no son del tesoro público sino, que este es un mero administrador de los dineros que aportan los trabajadores y empleadores con el propósito de manejarlos y no como lo afirmó el Instituto de Seguros Sociales, además criterio acogido por el tribunal de segunda instancia.

Agregó que la pensión de jubilación reconocida a la demandante por el demandado, es una pensión voluntaria a cargo del empleador, que no se encuentra sometida a condición extintiva o resolutoria alguna. Para argumentar su tesis remembró pasajes de la sentencia de esta Sala del 1º de diciembre de 2009, radicación 33558.

Dijo que la sentencia también es contraria a derecho, por cuanto

...sustenta su decisión y considera que están justificados los argumentos de la entidad demandada, al sustentar que por tener las prestaciones la misma finalidad se hacen incompatibles, esta postura es violatoria de los derechos de la trabajadora pues el fallador no debe ocuparse de las prestaciones que recibe los asegurados esto en cuanto a monto y cantidad sino, que lo asuntos sometidos a su decisión tengan amparo en la ley y Constitución, pues para el caso que nos ocupa si bien es cierto ambas prestaciones concurren en cabeza de la misma persona, también lo es, que la trabajadora en cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo se expuso a situaciones de riesgo y que ese riesgo, precisamente por amenazar la salud y la vida del trabajador, este se encuentra protegido por convención colectiva y por el sistema de seguridad social, y en ese sentido el trabajador tiene derecho a que se le reconozca sus derechos, así concurran varios en el mismo trabajador, máxime si son de naturaleza diferente.

VII. Réplica

Advierte que el escrito de la demanda casación incurre en graves e insuperables fallas técnicas que impiden a la Corte pronunciarse de fondo, entre ellas la de no señalar que hacer con la decisión de primera instancia; que el cargo único carece de proposición jurídica “porque se aseveró que el tribunal había interpretado erróneamente unas normas las cuales jamás estimó, y, además, se enumeró dentro de los artículos supuestamente infringidos disposiciones de la convención colectiva de trabajo”, por lo que considera que no señaló la violación de algún precepto de naturaleza sustancial del orden nacional.

Destaca que la vía escogida por el censor no es la correcta, toda vez que si el tribunal no aplicó las normas relativas a la pensión de invalidez de origen profesional, el camino indicado era el de la infracción directa. Así mismo, consideró, que “en la sustentación del recurso extraordinario no se discutió y, claro está, mucho menos se destruyó, el principal fundamento de la decisión impugnada: la incompatibilidad entre la pensión de vejez y la de invalidez de origen profesional, ya que en el ataque único de la demanda de casación se argumentó respecto de la supuesta compatibilidad entre la pensión de jubilación convencional y la de invalidez de origen profesional”, para ello se remitió a pasajes de la Sentencia CSJ SL, 20 feb. 2007, rad. 28501.

VIII. Consideraciones.

Como el único cargo propuesto fue dirigido por la vía directa, son situaciones fácticas indiscutidas i) el reconocimiento que hizo la entidad demandada como empleadora de la pensión de jubilación convencional en virtud a los servicios prestados, a partir del 2 de diciembre de 1999, conforme a la Resolución 3156 de ese mismo año; ii) la pensión de vejez que se le otorgó la misma entidad como aseguradora, en virtud de la subrogación del riesgo, a partir del 1º de diciembre de 2004, conforme a la Resolución 5430 de 2005; iii) la estructuración de la invalidez por enfermedad profesional, a partir del 18 de febrero de 2000, con una pérdida de capacidad laboral del 52.15%; y iv) la negativa respecto del otorgamiento de la pensión de invalidez de origen profesional que le solicitó la actora a la accionada bajo el argumento de ser incompatible con la pensión de vejez que le fue reconocida.

El tema puntual que controvierte el impugnante en la acusación, se contrae única y exclusivamente a la conclusión del sentenciador de alzada relacionada con la incompatibilidad entre la pensión de invalidez pretendida y la de vejez que ya le había reconocido el ISS a la demandante, en tanto consideró que ambas prestaciones económicas tenían la misma finalidad. Soportó su argumento en la sentencia de esta Corporación CSJ SL, 31 mar. 2009, rad. 34083; pues a juicio del recurrente ambas pensiones pueden concurrir en una misma persona, como lo precisó la Corte en la Sentencia CSJ SL. 1º dic. 2009, rad. 33558, la que extracta en sus partes pertinentes.

Frente a la anterior problemática conviene destacar, que si bien es cierto la Corte venía sosteniendo en las providencias citadas por el tribunal como apoyo de su providencia, que las pensiones de vejez y de invalidez de origen profesional eran incompatibles por amparar el mismo riesgo, tal criterio fue revaluado para dar paso a la compatibilidad de dichas prestaciones económicas, en tanto protegen contingencias diferentes, pues mientras la primera cubre un riesgo común, la segunda lo hace frente a aquellos que son propios de la actividad laboral; además, porque tienen fuentes de financiación autónomas e independientes, que implican una cotización separada al de la seguridad social y poseen una reglamentación diferente.

En efecto, la línea de pensamiento que tiene actualmente la corporación sobre el tema debatido, fue expuesto en un asunto de similares características al que hoy ocupa la atención de la Sala, en la sentencia CSJ SL, 13 feb. 2013, rad. 40560, cuando al rememorar la Sentencia CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 34820, dijo:

“Dado que el ad quem consideró incompatibles la pensión de invalidez de origen profesional con la de vejez, postura que, ciertamente, esta Sala prohijaba en calendas recientes, como lo acreditó el colegiado con las sentencias que transcribió, pero que fue precisada para ahora admitirse la compatibilidad entre ellas, al extenderse a dicho caso la argumentación propia de la compatibilidad entre pensiones de invalidez por riesgo común y profesional, tal como se adoctrinó en las sentencias 33558 de 1º de diciembre de 2009 y 33265 de 23 de febrero de 2010, ello implicará la prosperidad de la acusación y el consecuente quiebre de la sentencia gravada”.

En efecto, es patente que, al demandante, a quien se le había reconocido pensión de invalidez parcial mediante Resolución 04253 de 1983, se le denegó, inicialmente, la pensión de vejez que solicitó, por estimar el ISS que ella resultaba incompatible con la de invalidez de origen profesional que disfrutaba, y que solo accedió a concedérsela cuando aquel optó por la de vejez, con renuncia a la de invalidez, según se registró en la Resolución 005663 de 7 de octubre de 1991 (fl. 2)”.

Es de recordar que, al contestarse la demanda, el ISS admitió que el actor reunía los requisitos de edad y número de semanas cotizadas (1287) para concederle la pensión de vejez, por lo que, entonces, se está en presencia de dos pensiones, y no de una (la de invalidez) que se transforma en otra o que pasa a tener carácter de definitiva o vitalicia (Ac. 49/90, art. 10, en materia de invalidez de origen común, o 23 del 155 de 1963, en materia de riesgos profesionales)”.

Al respecto, baste, entonces reiterar acá lo dicho en la Sentencia 33265 de 23 de febrero de 2010:

“El punto de derecho que se discute a través de los dos cargos, orientados por la vía directa, es la conclusión del tribunal relativa a que no son compatibles la pensión de sobrevivientes que tiene su origen cuando el afiliado muere por razón de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, con la “sustitución de pensión de vejez que ya le fue otorgada por el ISS”. (Fl. 24).

“Para sentar el anterior criterio, el juzgador de segundo grado, aludió a la jurisprudencia, y transcribió la providencia de esta Sala del 18 de mayo de 2006, radicación 25598, la cual estimó era la aplicable al caso examinado, y efectúo la correspondiente exégesis del artículo 15 de la Ley 776 de 2002 inciso 2º literal b), referente a la devolución de saldos e indemnización sustitutiva.

“Ahora bien, sin ser necesario entrar al análisis de los errores técnicos que le increpa el opositor al primer cargo de la demanda de casación, que no impiden su estudio de fondo, es suficiente expresar que siendo indiscutible que la sustitución de la pensión de vejez de origen común a favor de la actora se dio a través de la Resolución 799 de 2003, y al pretender esta que se le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes de origen profesional, se equivocó el tribunal al concluir la incompatibilidad de las dos prestaciones antecitadas por las siguientes razones:

“En primer lugar, es necesario señalar, que el sistema de riesgos profesionales establecido a partir de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-Legislativo 1295 de 1994, que unificó los regímenes preexistentes, se define como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, que tienen la finalidad de prevenir, proteger y atender las consecuencias que se derivan de los riesgos profesionales, esto es, de los accidentes o enfermedades que pueden padecer las personas por causa u ocasión del trabajo o actividad desarrollada.

“Es, por lo tanto, indudable que al tomar el seguro el empleador y, por demás, cumplir con la cancelación oportuna de la prima de aseguramiento o cotización, la lógica consecuencia no es otra que la asunción del riesgo y el pago de las prestaciones económicas que se originan al sobrevenir el suceso, a cargo de la aseguradora ARP”.

“Valga recordar, que esta Sala de la Corte en pronunciamientos anteriores ha sostenido que, en el sistema laboral colombiano, la responsabilidad por los riesgos profesionales, en principio, está a cargo del empleador y surge desde el inicio de la relación laboral, quien, para liberarse de ella, la debe asegurar en las administradoras de riesgos profesionales, mediante la afiliación de sus trabajadores, cumpliendo con el pago de las correspondientes cotizaciones, para que a su vez tales entidades se responsabilicen y reconozcan las prestaciones económicas y asistenciales por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se presenten.

“El sistema de riesgos profesionales está concebido esencialmente como de aseguramiento, en el cual el tomador del seguro es el empleador, y, por ello, la decisión de escoger la entidad que debe cubrir los riesgos le corresponde exclusivamente a él; la aseguradora es la ARP; los asegurados son los trabajadores; los beneficiarios del seguro son los mismos trabajadores o su núcleo familiar; la prima de aseguramiento es la cotización que debe asumir exclusivamente el empleador; el riesgo asegurado es la contingencia producto del accidente de trabajo o la enfermedad profesional; y por último los beneficios, en caso de presentarse el siniestro, lo son las prestaciones asistenciales y económicas a que tienen derecho los trabajadores que sufren los percances o, en caso de muerte, sus causahabientes beneficiarios señalados en la ley.

“La responsabilidad de las ARP y, el momento en que para ellas se inicia la cobertura del sistema de riesgos profesionales, empieza el día calendario siguiente al de la afiliación, según lo dispuesto en el literal k) del artículo 4º del Decreto 1295 de 1994.

“Si el artículo 13 del Decreto 1295 de 1994 y el artículo 2º del Decreto 1772 del mismo año, que lo reglamenta, establecen expresamente que son afiliados obligatorios al sistema general de riesgos profesionales, los jubilados o pensionados que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, como sucedió en este caso, es dable entender, que dicha afiliación conlleva todas las prerrogativas inherentes a dicha afiliación, esto es, el reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales o económicas a que hubiere lugar, toda vez que no tiene razón de ser que se permita una afiliación al sistema de riesgos profesionales si el asegurado no puede acceder a los correspondientes beneficios”.

“Si una entidad administradora de riesgos profesionales recibe la afiliación de un trabajador subordinado, de un independiente o de un asociado, no puede sostener que no le cabe ninguna responsabilidad cuando se presenta un infortunio laboral, alegando una presunta incompatibilidad entre pensiones de diferentes regímenes que no contempla la ley, de modo que queda esa entidad obligada a cubrir las prestaciones por el riesgo ocasionado”.

“Igualmente, debe señalarse que, según el literal K del artículo 4º del Decreto 1295 de 1994, la cobertura del sistema general de riesgos profesionales, se inicia desde el día calendario siguiente de la afiliación. Así las cosas, dicha afiliación produce efectos desde el momento en que se cumplió la anterior condición, sin que le sea posible a la ARP sustraerse de las obligaciones derivadas de la correspondiente afiliación, apoyándose en una presunta incompatibilidad que no establece la normatividad que regula la materia, tal como se indicó anteriormente”.

“De otra parte, en lo relativo al literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, valga recordar, la reciente sentencia de esta Sala del 1º de diciembre de 2009, Radicación 33558, donde se dijo que este prohíbe la concurrencia de las pensiones de invalidez y vejez en un mismo afiliado; sin embargo, al encontrarse ubicada dicha normativa en el libro primero de dicho ordenamiento, debe entenderse que no comprende lo concerniente a riesgos profesionales, que tiene su propia regulación en el libro tercero de tal estatuto. En ese orden, aún con el vigor jurídico que cobró la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de abril de 1994, las pensiones de invalidez por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional, son compatibles con la de vejez o con la de invalidez de origen común, entre otras cosas, por la potísima razón de que los recursos con que se pagan, tienen fuentes de financiación independientes, toda vez que se cotiza separadamente para cada riesgo”.

“De otro lado, si bien es cierto, el parágrafo segundo del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, establece la incompatibilidad entre dos pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional, solo habrá lugar a ello cuando tengan origen “en el mismo evento”, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, toda vez que se trata de una pensión adquirida por el causante con base a un tiempo de servicio y una edad determinada en la ley y una pensión de sobreviviente originada en un accidente de trabajo ocurrido con posterioridad al estado de pensionado por vejez del fallecido”.

“Así las cosas, considera la Sala, que las pensiones de invalidez por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional o, en su defecto, la de sobrevivientes de origen profesional, son compatibles con la de vejez o con la de invalidez de origen común o con estas sustituidas en sus causahabientes-, por cuanto las primeras provienen de un infortunio laboral del asegurado a causa de su actividad profesional, y las segundas se derivan de un riesgo común, la cual como lo ha sostenido esta Sala, no es consecuencia obligada de la clase de trabajo o del medio en que labora el trabajador; además, estas cubren contingencias distintas, tienen reglamentación diferente; los recursos con que se pagan, tienen fuentes de financiación autónomas; y, se cotiza separadamente para cada riesgo”.

“De conformidad con los criterios esbozados precedentemente, y sin dubitación alguna, reitera esta Sala, que se trata de institutos diferentes, esto es, prestaciones de origen diverso, destinados a cubrir contingencias distintas, sujetos a regulaciones que históricamente han sido separadas y diversas, cada uno con su fuente de financiación autónoma”.

“En virtud de lo anterior, concluye la Sala que existe compatibilidad entre la pensión de vejez por origen común sustituida a su causahabientes con la de sobrevivientes por riesgos profesionales, por tener rasgos relevantes que las diferencian y no existir normatividad alguna que establezca dicha incompatibilidad”.

“Además, nuevamente huelga remembrar, la sentencia de esta Sala del 1º de diciembre de 2009, Radicación 33558, la cual brinda algunos elementos de juicio aplicables al caso examinado, donde se dijo que:

“(...) Si bien, la Corte se ha pronunciado en el sentido de señalar la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la de vejez, en esta oportunidad, precisará que bajo circunstancias especiales, como las que se dejaron delineadas, es perfectamente posible la compatibilidad con que el tribunal favoreció las aspiraciones del actor, esto es, entre una de invalidez con una de jubilación a los 55 años de edad.

“Lo mismo cabe referir respecto de lo preceptuado en el literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que prohíbe la concurrencia de las pensiones de invalidez y de vejez en un mismo afiliado; empero, al encontrarse ubicado el precepto en el libro primero de dicho ordenamiento, debe interpretarse que no abarca lo relacionado con riesgos profesionales, que tienen su propia regulación en el libro tercero de tal estatuto. (...).

“Contribuye en gran manera a la desestimación del cargo, memorar que para la época en que Camilo Eduardo Riaño se desvinculó del Banco Central Hipotecario, había completado más de 20 años al servicio de la entidad, y solo esperaba el cumplimiento de la edad para consolidar su derecho, cuando le sobrevino la invalidez, tanto que, ni siquiera su deceso hubiera privado a los legitimados de acceder al goce de la pensión de jubilación, mucho menos puede tomarse esa solución por el solo advenimiento de la pensión de invalidez”.

“No es la unidad de designio de las dos prestaciones el criterio que debe prevalecer a la hora de definir una controversia como la que concita la atención la Sala, pues desde esa perspectiva no sería viable la percepción simultánea de las pensiones de sobrevivencia y de vejez por una misma persona, pues el simple prurito del “beneficio de asistencia económica”, destinado a “cubrir esa imposibilidad de generar los recursos económicos necesarios para la subsistencia”, no ha sido óbice para que la jurisprudencia haya definido que la esposa o la compañera permanente de un pensionado fallecido, si satisface las exigencias legales, acceda a la pensión por vejez, así la misma entidad de seguridad social le esté pagando la otra prestación. Incluso, se tiene decantado que una misma persona puede ser beneficiaria simultáneamente de una pensión de invalidez de origen profesional, y otra generada en riesgo común, como en sentencia de 12 de septiembre de 2001, Radicación 16033, al dejarse sustentado lo siguiente:

“La controversia que plantea el cargo tiene que ver con la decisión del tribunal de no declarar compatibles las pensiones de invalidez de diverso origen: por riesgo profesional y por riesgo común, que el ISS reconoció al actor, y de las cuales aquel suspendió la primera. Para ello argumentó el juzgador que ambas prestaciones amparan un mismo riesgo, esto es, la invalidez, y que ellas tienen la misma finalidad protectora; así mismo, estimó que la medida del ente de seguridad social de suspender unilateralmente el pago de la prestación derivada del accidente laboral padecido por el accionante está ceñida al artículo 42 del Decreto 2665 de 1988.

“Independientemente de la controversia que se expone en relación con la posibilidad jurídica de que la demandada pudiera, unilateralmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 del Decreto 2665 de 1988, suspender el pago de la pensión de invalidez por riesgo profesional que primigeniamente reconoció al demandante, aspecto formal que a la postre no define el derecho sustancial de este, pues es relativo al procedimiento administrativo interno del ISS, para la Corte el cargo debe prosperar.

“Así se afirma y concluye porque las prestaciones económicas que no se debate percibía el demandante antes de la suspensión objeto de discusión y que fueron reconocidas por resoluciones número 10.213 del 27 de noviembre de 1984 y 8625 del 3 de enero de 1986, guardan compatibilidad entre sí, debido a que cada una cubre un riesgo diferente y están sujetas a una reglamentación distinta, que atiende a su naturaleza disímil dentro del derecho de la seguridad social, aspecto que no le fue ajeno al legislador desde la Ley 90 de 1946 y en la posterior legislación sobre la materia, lo cual no permite confusión en torno a los efectos jurídicos emanados de las variadas contingencias que protege el seguro, como en efecto lo son el riesgo de invalidez, vejez y muerte, y las eventualidades del accidente de trabajo y la enfermedad profesional, a cada una de las cuales, de manera autónoma, les ha determinado su propio perfil y sus respectivas consecuencias.

“En este sentido fue que se pronunció la Corte en su Sentencia 11235 del 18 de noviembre de 1998, que trae a colación el censor, y en la que se puntualizó lo siguiente:

“Por otra parte, ya en lo que tiene que ver con las pensiones de invalidez que disfrutó en vida el señor Laurencio Cubillos considera la Sala oportuno aclarar aquí, con el fin de zanjar cualquier posible discusión en torno a la validez de tal percepción simultánea de las mismas, que su compatibilidad nació precisamente del hecho de que cada una cubre un riesgo distinto y de que cada una de ellas parte de presupuestos reglamentarios diferentes.

“Conviene recordar que desde la instauración del régimen de la seguridad social en Colombia mediante la Ley 90 de 1946, no es posible confundir los efectos jurídicos provenientes de los diferentes riesgos que ampara el seguro, entre ellos, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales con los derivados de enfermedades de origen no profesional, los cuales fueron delimitados separadamente en cuanto a sus consecuencias.

“Consta en el informativo que el señor Laurencio Cubillos cotizó para el instituto demandado durante más de 12 años para el seguro de invalidez, vejez y muerte, así como para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, bajo la afiliación Nº 02003300648 y que en tal virtud disfrutó, hasta su fallecimiento, de sendas pensiones de invalidez que en su oportunidad le concediera y pagara el Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con las disposiciones reguladoras de las contingencias correspondientes: la primera, por incapacidad permanente total originada en la enfermedad profesional debidamente diagnosticada en su momento, y la segunda por invalidez permanente total derivada de una enfermedad no profesional e igualmente determinada conforme a los procedimientos pertinentes, tal como se desprende de los informes correspondientes (fls. 57 y 75).

“Si bien la Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que en principio no es posible disfrutar simultáneamente dos pensiones por un mismo beneficiario, ello ha sido exclusivamente en aquellos casos en que así lo disponen expresamente las normas aplicables o estas cubren un mismo riesgo o atienden al mismo seguro, como el de invalidez de origen común —que en determinadas circunstancias deviene en pensión de vejez— y la pensión de jubilación, o la plena de jubilación patronal y la de vejez que reconoce el ISS. Nótese que estas pensiones tienen la misma naturaleza y amparan, se repite el mismo riesgo, a diferencia de aquellas que ahora ocupan la atención de la Sala y cuya coexistencia no está prohibida.

“Y esa clara diferencia en cuanto a su origen - una proviene de un infortunio laboral del asegurado a causa de su actividad profesional, en tanto la otra se deriva de un riesgo común, que no es consecuencia obligada de la clase de trabajo o del medio en que labora el trabajador conduce inequívocamente al tratamiento de “contingencias” distintas, al menos por la época de los hechos.

“Y a su turno ello apareja el que la reglamentación pertinente gobernara dos “seguros” independientes y autónomos: el de enfermedad general y maternidad (EG y M), de una parte, y accidentes de trabajo y enfermedad profesional (ATEP), de la otra. Siendo diferentes, entre otros aspectos, su financiación, su administración, el sujeto obligado a las cotizaciones, el monto de las mismas, los requisitos de las prestaciones otorgadas y el monto de ellas en uno y otro seguro.

“Así, desde la Ley 90 de 1946, por la cual se estableció el seguro social obligatorio y se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, y hasta el Acuerdo 049 de 1990, se trataron estos seguros en secciones distintas y cada uno ha venido siendo reglamentado en forma separada por diferentes decretos y acuerdos, así: a) ATEP: decretos 3169 de 1964, 3170 de 1964, 3224 de 1981, 2496 de 1982; y acuerdos 258 de 1967, 539 de 1974 y 027 de 1982; y b) EG y M: decretos 770 de 1975, 462 de 1983, 2053 de 1988, 1172 de 1989, 1664 de 1984, y acuerdos 575 de 1975 y 158 de 1980. De manera que con algunas excepciones en que se ha producido una reglamentación conjunta, siempre se han distinguidos esos dos seguros aún por las normas orgánicas de los seguros sociales contenidas en la Ley 90 de 1946 y en los decretos extraordinarios 433 de 1971 y 1650 de 1977.

“Y en el caso específico, la consideración de no ser excluyentes las dos pensiones que disfrutó en vida el pensionado hasta su deceso, obedeció fundamentalmente a que la primera de origen profesional se concedió por “incapacidad permanente total”, concepto que en los términos del precepto entonces aplicable (Ac., 155/63, art. 16, aprobado por D. 3170/64), implica que el asegurado padece de una serie de alteraciones orgánicas o funcionales incurables o de duración no previsible que le impiden desempeñar su trabajo habitual u otro similar compatible con sus aptitudes y formación profesional, pero no lo inhabilita para desempeñar “toda clase de trabajo remunerado”, como sí ocurriría si se estuviera en presencia de la “incapacidad absoluta” regulada por el inciso segundo ibídem. Esta es la razón esencial para que el Instituto conocedor de que previamente se había otorgado una pensión de origen profesional, no viera óbice alguno para que el trabajador laborara en un oficio diferente al primigenio y para que no pusiera reparo a la otra pensión de origen no profesional basada en una enfermedad distinta y consintiera expresamente la compatibilidad entre ambas hasta el fallecimiento de su beneficiario”.

“En consecuencia, cuando el ad quem concluyó que la pensión de invalidez por riesgo profesional que inicialmente otorgó el ISS al actor, era incompatible con la pensión de invalidez por riesgo común que posteriormente le reconoció, a pesar de haber colegido inicialmente que de los artículos 8º del Decreto-Ley 433 de 1971 y 18 del Decreto 3041 de 1966 no se deduce la incompatibilidad alegada por el ISS (fl. 317), incuestionablemente incurrió en la infracción normativa que le increpa la censura, pues no aplicó los preceptos referidos en la proposición jurídica del ataque, que permite la compatibilidad alegada en la demanda ordinaria, como lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte”.

“Tal doctrina no pierde vigencia aún con la previsión normativa del parágrafo segundo del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, en el sentido de establecer la incompatibilidad entre dos pensiones de invalidez, pues solo habrá lugar a ello cuando tengan origen “en el mismo evento”.

“En el caso bajo examen, con mucha mayor razón, las pensiones de jubilación y de invalidez son compatibles, pues el sujeto pasivo de esas obligaciones es diferente, siendo que además, la segunda no está destinada a mutar la pensión de vejez, puesto que ampara un riesgo diferente. En consecuencia, la sentencia cuestionada no incurre en la trasgresión jurídica que le enrostra la censura, sin que sobre anotar que el interés que le asiste al ente bancario accionado para solicitar la compartibilidad se ve seriamente comprometido, dado que quien eventualmente estaría interesado en la integración de las dos pensiones es la entidad de seguridad social que reconoció y actualmente paga la prestación por invalidez, dado que al momento en que asuma el pago de la pensión de vejez, será quien deba sufragar las dos prestaciones. (...).”

“Consideraciones todas ellas aplicables al sublite, dado que la esencia de las mismas se mantiene en cuanto a que, para la época en que se reconoció la pensión de invalidez parcial al actor (Res. 4253/83), por el ISS, el campo de riesgos profesionales y enfermedad profesional (ATEP) era regulado por el Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, independiente de la normatividad regulatoria del ámbito de la invalidez, vejez y muerte de origen común (IVM), Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966 y, luego en 1991, cuando se le concedió la pensión de vejez, esta era gobernada por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, regulatorio de los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional”.

Con fundamento en el precedente jurisprudencial que ahora se reitera, es claro que el tribunal sí incurrió en el dislate jurídico que se le endilga en el cargo, al inferir que la pensión de invalidez de origen profesional que pretende le sea reconocida, es incompatible con la de vejez que le viene cancelando la entidad de seguridad social demandada, pues como ya se dejó precisado, no existe imposibilidad jurídica para que respecto de una misma persona puedan coexistir ambas prestaciones, ya que se itera, amparan contingencias diferentes, tienen fuentes de financiación distintas, la obligación de cotizar es exclusiva del empleador y los rigen reglamentaciones diversas.

IX. Sentencia de instancia.

Tal y como se dejó consignado al estudiar los cargos en sede de casación, no hay discusión en el sentido de que a la demandante se le dictaminó una pérdida de su capacidad laboral en un 52,15% de origen profesional, estructurada el 18 de febrero de 2000, lo que además se corrobora con los medios de prueba que se incorporaron al proceso, en especial, el documento de folio 15 del expediente.

Es así como, de conformidad con el artículo 46 del Decreto 1295 de 1994, norma vigente para cuando se produjo la discapacidad de la actora, le asiste el derecho de acceder a la pensión de invalidez de origen profesional incoada, debiéndose liquidar el ingreso base con arreglo a lo que dispone el artículo 20 del citado Decreto en concordancia con el artículo 10 del Decreto 1771 de 1994, en cuanto establece que es “El promedio del último año, o fracción de año si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior, de la base de cotización obtenida en la empresa donde se diagnosticó la enfermedad, declarada e inscrita en la entidad administradora de riesgos profesionales a las que se encuentre afiliado”.

En consecuencia, el valor de la mesada pensional y el retroactivo que le corresponde a la demandante, se obtiene tal y como se describe en los siguientes cuadros:

Salarios del último año para el IBL.

icon
ver tabla
19/02/199928/02/1999121,71$ 659.318,00$ 720.220,89
01/03/199931/03/1999304,29$ 659.318,00$ 720.220,89
01/04/199930/04/1999304,29$ 659.318,00$ 720.220,89
01/05/199931/05/1999304,29$ 659.318,00$ 720.220,89
01/06/199930/06/1999304,29$ 659.318,00$ 720.220,89
01/07/199931/07/1999304,29$ 900.969,00$ 984.193,81
01/08/199931/08/1999304,29$ 900.969,00$ 984.193,81
01/09/199930/09/1999304,29$ 696.615,00$ 760.963,11
01/10/199931/10/1999304,29$ 659.318,00$ 720.220,89
01/11/199930/11/1999304,29$ 659.318,00$ 720.220,89
01/12/199931/12/1999304,29$ 874.897,00$ 955.713,47
01/01/200031/01/2000304,29$ 988.604,00$ 988.604,00
01/02/200018/02/2000182,57$ 988.604,00$ 988.604,00
  36051,43  

Liquidación de la pensión

Ingreso base de liquidación=$ 823.020,36
Fecha de pensión=18/02/2000
Número de semanas=51,43
Porcentaje de pensión=60%
Valor primera mesada=$ 493.812,21

Retroactivo pensional e intereses moratorios.

icon
ver tabla
FechasNº deValorIntereses
DesdeHastaPagosPensiónMesadasDe mora
18/02/200031/12/2000 $ 493.812,21  
03/03/200131/12/2001 $ 537.020,78  
02/06/200231/12/20025,93$ 578.102,87$ 3.445.493,10$ 10.797.075,14
01/01/200331/12/200314$ 618.512,26$ 8.659.171,70$ 24.876.063,52
01/01/200431/12/200414$ 658.653,71$ 9.221.151,94$ 24.084.894,44
01/01/200531/12/200514$ 694.879,66$ 9.728.315,30$ 22.871.628,62
01/01/200631/12/200614$ 728.581,33$ 10.200.138,59$ 21.319.877,75
01/01/200731/12/200714$ 761.221,77$ 10.657.104,80$ 19.494.769,50
01/01/200831/12/200814$ 804.535,29$ 11.263.494,06$ 17.665.587,53
01/01/200931/12/200914$ 866.243,15$ 12.127.404,06$ 15.856.725,81
01/01/201031/12/201014$ 883.568,01$ 12.369.952,14$ 12.946.771,81
01/01/201131/12/201114$ 911.577,12$ 12.762.079,62$ 10.027.797,25
01/01/201231/12/201214$ 945.578,94$ 13.238.105,19$ 6.948.260,71
01/01/201331/12/201314$ 968.620,72$ 13.560.690,02$ 3.579.845,53
01/01/201430/06/20147$ 987.411,96$ 6.911.883,70$ 472.261,65
Total$ 134.144.984,21$ 190.941.559,27

Dado lo anterior, se revocará la sentencia absolutoria de primera instancia, para en su lugar, condenar a la demandada a pagar a la actora la pensión de invalidez de origen laboral, a partir del 18 de febrero de 2000, en cuantía de $ 493.812,21. Por concepto de retroactivo pensional desde el 2 de junio de 2002 hasta el 30 de junio de 2014, las mesadas adeudadas con sus respectivos intereses moratorios ascienden a $ 190.941.559,27.

En cuanto a las pretensiones propuestas, las mismas consideraciones que ya se consignaron son suficientes para declararlas no prosperas, salvo la de prescripción, que se declarará probada parcialmente, en cuanto a los retroactivos de las mesadas causadas antes del 2 de junio de 2002, en tanto que si bien la demandante hizo la reclamación al ISS el 22 de febrero de 2000, conforme se advierte a folio 23 y 24 del expediente, solo presentó el escrito de demanda el 2 de junio de 2005 (fl. 9).

Costas en primera y segunda instancia a cargo de la entidad demandada. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el veintiuno (21) de agosto de dos mil nueve (2009), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Martha Cecilia Molina contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede instancia, REVOCA la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, el 11 de julio de 2008, para en su lugar:

CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a pagar a favor de Martha Cecilia Molina, la pensión de invalidez de origen laboral, a partir del 18 de febrero de 2000, en cuantía de cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos doce pesos con veintiún centavos ($ 493.812,21). Por concepto de retroactivo pensional desde dicha calenda hasta el 30 de junio de 2014, las mesadas adeudadas con sus respectivos intereses moratorios ascienden a ciento noventa millones novecientos cuarenta y un mil quinientos cincuenta y nueve mil pesos con once centavos ($ 190.941.559,27). En valor de la mesada desde el 1º de julio de 2014, corresponde a la suma de novecientos ochenta y siete mil cuatrocientos once mil pesos con noventa y seis centavos ($ 987.411,96). Se declara probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas pensionales e intereses causados con anterioridad al 2 de junio de 2002. Los demás medios exceptivos no tienen vocación de prosperidad.

Costas en primera y segunda instancia a cargo de la entidad demandada. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.