Sentencia SL10346-2017/46407 de julio 12 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 3

Rad.: 46407

Acta 1

Magistrado Ponente:

Dr. Donald José Dix Ponnefz

Bogotá, D.C., doce de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de Casación

Interpuesto por el apoderado de la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida y en sede de instancia, se revoque la del Juzgado y en su lugar, se absuelva al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda inicial «como pretensión principal».

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación laboral, que fueron replicados y que pasan a ser examinados por la Corte.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia recurrida:

Por haber infringido directamente los arts. 122, 123 y 124 de la Constitución Política; el artículo 30 del Decreto-Ley 1050 de 1968; el artículo 40 del Decreto-Ley 3130 de 1968; los artículos 75, 76, 78, 80 y 81 del Decreto-Ley 1042 de 1978 y el artículo 17 de la Ley 790 de 2002; igualmente haber aplicado indebidamente los artículos 467, 469, 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo, los dos últimos, modificados por los artículos 37 y 38 del Decreto Legislativo 2351 de 1965.

En la sustentación, propone a la Corte el siguiente planteamiento: que los preceptos constitucionales 122, 123 y 125 consagran que los cargos remunerados de las entidades del Estado, solo pueden ser provistos cuando estén contemplados en la respectiva planta de personal; que los funcionarios deben ejercer las funciones señaladas en la Constitución, la ley y el reglamento; que la Carta Política fija como regla, que los empleos en las entidades del Estado son de carrera y se exceptúan los trabajadores oficiales.

Sostiene que estas disposiciones no constituyen una novedad de la Constitución de 1991 y que con anterioridad, se habían dictado los decretos 1050 de 1968, 3130 de 1968 y 1042 de 1978, según los cuales, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, para el cumplimiento de sus funciones, deben ceñirse a la ley o norma que los creó y sus estatutos, y por tanto, no pueden desarrollar actividades o ejecutar actos distintos a los allí previstos y deben estructurar su planta de personal únicamente con los empleados necesarios para desarrollar sus programas presupuestarios.

Señala, además, que según el art. 76 del Decreto-Ley 1042 de 1978, «(…) en ningún caso el número de trabajadores oficiales vinculados al servicio de una entidad podrá exceder el total de cargos fijado(sic) para este tipo de servidores en la respectiva planta de personal (…)»; igualmente cita el art. 17 de la Ley 790 de 2002, que reitera que la determinación de las plantas de personal está reservada a la ley y debe ceñirse a los «(…) cargos necesarios para su funcionamiento (…)».

Indica que a partir de los decretos 1937 y 4410 de 2004, 614, 1322 y 2728 de 2005, quedó establecida la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales y se suprimieron y ajustaron los cargos para conformar la planta de personal de acuerdo con el objeto y funciones de la entidad, debido a la escisión dispuesta en el D.L. 1750 de 2003, dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por el art. 16 de la Ley 790 de 2002.

Aduce el censor que este conjunto de normas fue groseramente violado por el Tribunal en su ilegal sentencia, pues infringiendo directamente la clara voluntad de la ley, confirmó la sentencia del juzgado que dispuso el reintegro de la demandante al cargo que tenía como Secretaria de la ARP. Que los servidores públicos, por excepción a la regla general prevista en la C.N. en el art. 125, puedan ser vinculados a través de contrato de trabajo, no significa que lo relacionado con la planta de personal de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, pueda ser objeto de pactos celebrados mediante convención colectiva de trabajo o modificada, “so pretexto de haber sido ilegal el despido de quien fue considerada trabajadora oficial”, pues la estructura de la función pública está reservada a la ley y por ser cuestión de orden público no se puede modificar válidamente mediante acuerdos particulares o porque la persona irregularmente vinculada no podía ser despedida.

Refiere que si hay objeto ilícito en un acuerdo que contraviene el derecho público de la Nación, es ilegal una sentencia que fulmina una condena que infringe directamente el mandato legal según el cual “en ningún caso el número de trabajadores oficiales vinculados al servicio de una entidad podrá exceder el total de cargos fijado para este tipo de servidores en la respectiva planta de personal”.

Reitera que si el Tribunal no hubiera infringido directamente los mandatos constitucionales y legales, no hubiera aplicado indebidamente los artículos del Código Sustantivo del Trabajo que le dan fuerza normativa a la convención colectiva de trabajo y determinan su campo de aplicación y la extensión a terceros y por tanto no habría confirmado la sentencia del juez de primera instancia que condenó a la demandada a reintegrar a la actora.

VII. La réplica

La opositora aduce en primer lugar, que en la demanda más que atacar la sentencia de segunda instancia dentro de la técnica de casación, comprende alegatos de instancia con consideraciones jurídicas subjetivas que resultan impropios de acuerdo al rigor de la técnica del recurso de casación y apoya esta consideración en el art. 91 del C.P.L.

En segundo lugar, señala que el cargo propuesto por la vía directa, no está llamado a prosperar porque el mismo no vulnera las normas constitucionales y legales citadas por el recurrente. Que el principio de primacía de la realidad sobre las formas de rango constitucional, impone concluir que una vez reconocida la condición de trabajador oficial de un servidor, se le deben reconocer todos los derechos de orden legal y extralegal que se les otorga a quienes desde un principio se vincularon a la entidad mediante contrato de trabajo, “sin que sea dable excepcionar al reintegro”.

VIII. Consideraciones

Estima la Sala, que no le asiste razón a la parte opositora en cuanto a las deficiencias técnicas que le endilga la acusación, pues los razonamientos planteados por la recurrente, obedecen estrictamente a su intención de señalar de manera precisa y coherente el alcance de la impugnación, las causales y submotivos planteados, que dirige por la vía adecuada, en tanto lo que controvierte es la infracción que estima cometió el juzgador al imponer una obligación que a su juicio no tiene basamento legal y constitucional, y en ese horizonte efectúa su discurso jurídico, de manera que es apta para el estudio.

Ahora bien, el Tribunal fundamentó su decisión de modificar el fallo de primera instancia, soportado en las pruebas documentales, que no se discuten por esta vía y que correspondieron a distintos contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la administración (folios18 a 20); certificaciones de inicio de actividades y pago de honorarios (folios 110 a 112) expedidos por el Gerente del CAESO y la declaración de la testigo Ana Isabel Orozco Arbeláez (folio 156) con los cuales concluyó en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, la existencia de la relación de trabajo entre Rosalba Quintero Mendoza y el Instituto de Seguros Sociales y consecuentemente impartió las condenas contenidas en la sentencia objeto del recurso de casación, para el efecto no halló necesario determinar si efectivamente aquella podía estar incorporada dentro de una planta de cargos, pues no podía transgredirse una realidad, esto es que efectivamente la entidad contaba dentro de su planta de personal con cargos con los cuales ejecutaba su función administrativa, lo cual era suficiente, sin que pueda decirse que afecta las competencias constitucionales, tal como lo ha considerado esta Sala de la Corte, de vieja data, como lo plasmó en CSJ SL 24, mar, 2010 rad. 37912:

En efecto, se tiene adoctrinado en casos del ISS, que así no exista el cargo al cual se dispuso el reintegro en la actual planta de personal de la entidad, esto per se no constituye razón jurídica suficiente que impida restablecer el vínculo de quien fue despedido sin observar las previsiones legales y convencionales, pues la protección del derecho y por ende la estabilidad del empleo no pueden verse afectados.

En casación del 4 de noviembre de 2004 radicado 23535, reiterada en sentencias del 21 de noviembre de 2007, 18 de junio y 16 de septiembre de 2009, radicación 28782, 35038 y 36609 respectivamente, esta Corporación en un proceso adelantado contra el mismo ISS, puntualizó:

[…] Teniendo en cuenta lo acotado, no sobra anotar que sobre el aspecto relativo a la procedencia del reintegro frente al hecho de contar la entidad con una plantilla o planta de personal definida y la consecuente aplicación de la convención colectiva de trabajo en esos eventos, esta Sala de la Corte en asunto similar tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia del 23 de octubre de 2003 con radicación 20885, en un proceso que se adelantó contra el Instituto de Seguros Sociales, en la cual se dijo:

<En cuanto a la afirmación que hace la censura concerniente a la inaplicabilidad de la convención colectiva al actor por no encontrarse dentro de la planta de personal de la entidad demandada, tal planteamiento es infundado, pues al tener ocurrencia la relación laboral, surgió para el demandante el derecho a beneficiarse del régimen laboral aplicable a los trabajadores oficiales, incluidas naturalmente las garantías establecidas convencionalmente, en razón del principio de igualdad que rige en el derecho laboral. Sobre este mismo punto la Sala tuvo oportunidad de señalar en sentencia radica con el número 17405 de 4 de febrero de 2002, lo siguiente:

La decisión del Instituto de congelar la “Planta de Personal”, expresada en el artículo 35 de la convención colectiva aportada al proceso no significa que no puedan presentarse relaciones laborales, pues de configurarse estas por cualquier circunstancia estarán necesariamente regidas por el régimen laboral aplicable a los trabajadores oficiales, en razón a que sus estatutos o los programas que haya adoptado no pueden imperar sobre las normas laborales dado el carácter de orden público que estas ostentan. Otras serán pues las consecuencias a nivel interno de la entidad surgidas con ocasión del incumplimiento de sus directivas, pero que no son materia de las que pueda ocuparse la Sala en este asunto>.

En este orden de ideas, no puede ser ilegal que el juzgador válidamente pueda ordenar el reintegro de quien como el demandante tiene derecho al mismo, por reunir los presupuestos de la norma convencional para ser beneficiario, habida cuenta que se dan las exigencias para su aplicación, partiendo del supuesto que su vinculación no pudo ser en forma distinta a la de un contrato de trabajo y que la condición que adquirió no es otra que la de un trabajador oficial, frente al que han de prevalecer esas disposiciones sobre los decretos de reestructuración de la planta de personal aludidos por el censor”.

Y en decisión del 13 de septiembre de 2006 radicado 26539, la Sala había señalado:

[…] Con todo, cumple advertir que esta Sala de la Corte ha precisado en asuntos seguidos contra la misma entidad demanda, que la inexistencia del cargo al cual se ordena el reintegro de un trabajador oficial en la planta de personal no es razón jurídica que impida la aplicación de las normas convencionales a ese servidor y, precisa ahora, tampoco el cabal cumplimiento de ese reintegro, pues el derecho a la estabilidad laboral de un trabajador no puede verse afectado por las disposiciones internas de la entidad que ha terminado su contrato de trabajo de manera ilegal, aparte de que no existe ningún obstáculo legal para que la plantilla de personal sea ajustada para cumplir con una orden judicial. Y en el caso que nos ocupa, si el cargo del demandante no fue incluido en la plantilla de los trabajadores oficiales del instituto llamado a juicio, es cuestión que no le puede ser a aquel imputable, pues obedeció a la ilegal decisión de esa entidad de no considerarlo como uno de sus trabajadores pese a que, en realidad, como se estableció en el proceso, la prestación personal de sus servicios estuvo regida por un verdadero contrato de trabajo”.

De forma que la Sala en tales eventos, ha decantado una doctrina soportada en que dicho reintegro se obtiene como consecuencia de la declaratoria de un contrato de trabajo, por virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas, además de que se comprueba su terminación unilateral y sin justa causa, al amparo de la convención colectiva de trabajo, ha manifestado que:

Prevalece el derecho a restablecer la relación laboral obre lo dispuesto internamente por la entidad alrededor de su planta de personal. En efecto, se tiene adoctrinado en estos particulares casos, que así no exista el cargo al cual se dispuso el reintegro en la actual planta de personal de la entidad, esto per se no se erige en razón jurídica suficiente que impida restablecer el vínculo de quien fue despedido sin observar las previsiones legales y convencionales, pues la protección del derecho y por ende la estabilidad del empleo no pueden verse afectados (CSJ SL, 7 sep. 2010, rad. 37175; CSJ SL, 28 feb 2012, rad. 38344; CSJ SL, 25 mar. 2015, rad. 45252).

De otro lado, frente a los reparos del censor, en cuanto a las estructuras laborales de las empresas industriales y comerciales del Estado, la Sala ha adoctrinado que:

De análoga manera, ha proclamado la Sala, en torno a la afirmación relativa a la improcedencia del reintegro para aquellos eventos en los que no se encuentre previsto el empleo en planta de personal de la entidad, en que se sustenta el ataque, que esa supuesta restricción, que, en principio tendría origen constitucional, no opera frente a la declaración de existencia de la relación laboral, pues esta abarca la concerniente al vínculo legal que, en verdad, debe ostentar la persona al servicio de la entidad empleadora, esto es, si es trabajador particular o del Estado y, en este segundo caso, la condición de trabajador oficial o empleado público, lo que determina implícitamente las garantías y derechos de los cuales es o fue beneficiario, como lo es el de la reinstalación en el empleo (CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 42627).

Finalmente, la Corte ha precisado que la escisión del Instituto de Seguros Sociales dispuesta por el Decreto 1750 de 2003 tampoco constituye un impedimento para que se disponga el reintegro, si, como lo dedujo el Tribunal, “A pesar que la escisión que sufrió el Seguro Social con el Decreto 1750, el Instituto De Seguros Sociales continuó con la prestación de los riesgos profesionales y a esta sección estaba adscrita la demandante, luego el reintegro es totalmente procedente» (CSJ SL12223/2014, SL2051, 8 feb 2017, rad.45390).

En consecuencia, el Tribunal no infringió las disposiciones constitucionales y legales incluidas dentro de la proposición jurídica, al disponer el reintegro de la demandante.

El cargo es infundado.

IX. Cargo segundo

Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 467, 469, 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados los dos últimos por los artículos 37 y 38 del Decreto Legislativo 2351 de 1965.

Que tal infracción legal que se endilga a la sentencia, fue consecuencia de la errónea apreciación de la demanda primigenia (fls. 3 a 10) y de la convención colectiva de trabajo (fls. 31 a 94), que relaciona en cuatro puntos, así:

a) No haber dado por probado, estándolo, que la estabilidad laboral pactada en la convención colectiva de trabajo solo fue convenida en caso de falta que conlleve a la terminación del contrato de trabajo;

b) No haber dado por probado, estándolo, que el “restablecimiento del contrato mediante el reintegro en las mismas condiciones de empleo” solo se pactó para el caso de la terminación unilateral cuando debía cumplirse previamente el trámite “establecido en el inciso 16(sic) del artículo 108 esta(sic) Convención Colectiva”;

c) Haber dado por probado, sin estarlo, que para terminar el contrato de Rosalba Quintero Mendoza, se adujo como causa una falta “que conlleve la terminación del contrato de trabajo”; y

d) Haber dado por probado, sin estarlo, que para terminar el contrato de Rosalba Quintero Mendoza debía cumplirse previamente el trámite “establecido en el inciso 16(sic) del artículo 108 esta(sic) Convención Colectiva”.

Al desarrollar el cargo, el censor señala que en la demanda

[…] la actora únicamente afirma que dejó de laborar por decisión unilateral del ISS al informarle que no le sería renovado el contrato, configurándose un despido sin justa, pero no aseveró como causa de su pretensión obtener el reintegro al mismo cargo que venía desempeñando en iguales o mejores condiciones que tenía al momento de la desvinculación, que para desvincularla el Instituto de Seguros Sociales hubiera aducido que ella cometió una “falta que conlleve la terminación del contrato de trabajo».

Que, en la convención colectiva de trabajo, fundamento de la decisión del Tribunal, la estabilidad laboral solo quedó pactada si el despido hace necesario el cumplimiento previo ante el Comité de Relaciones Laborales, el trámite acordado en dicha convención, «en caso de falta que conlleve la terminación del contrato de trabajo».

Que solamente si la terminación unilateral del contrato, exige la intervención del mencionado comité por tratarse del caso de falta que conlleve la terminación del contrato de trabajo, resulta procedente el restablecimiento del mismo mediante reintegro en las mismas condiciones de empleo; hecho que se comprueba con la lectura de los arts. 5º y 108 de la convención colectiva de trabajo.

Además, indica, que aceptando la afirmación de la actora en el sentido de habérsele informado el 31 de marzo de 2005 que:

[…] el contrato de trabajo no sería renovado, «esto es, no se le reprochó el haber cometido una falta que ameritara una sanción disciplinaria, se impone concluir que en su caso no es procedente el haber ordenado que se le reintegrara al cargo que tenía como secretaria de administración de la ARP, ya que el derecho a la estabilidad laboral pactado en el artículo 5º. De la convención colectiva de trabajo únicamente se convino si se pretermitía el trámite establecido en el inciso 16(sic) del artículo 108 esta(sic) Convención Colectiva»; y el trámite convencional en el que se pactó que el comité de relaciones laborales revisara «todos los antecedentes que puedan dar lugar a tal decisión por parte del instituto», conforme quedó acordado en el inciso 17 —y no en el inciso 16— de dicha cláusula convencional, únicamente se convino “En caso de falta que conlleve la terminación del Contrato de Trabajo». Vale decir, únicamente se pactó dicho reintegro cuando la terminación se debía a una que permitiera «aplicar la sanción de terminación del contrato».

Si el despido no se debió a la comisión de una falta cuya consecuencia hubiera sido la aplicación de una sanción, no tenía que intervenir el Comité de Relaciones Laborales y por tal razón, Rosalba Quinterno Mendoza no tiene derecho a pedir que mediante sentencia judicial sea condenado el Instituto de Seguros Sociales a restablecer el contrato y a reintegrarla «en las mismas condiciones de empleo que gozaba anteriormente sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir».

X. La réplica

Por su parte, la réplica asevera que se plantea es una discrepancia jurídica y no se ataca el sustento medular del fallo proferido por el ad quem. De manera que, las conclusiones plasmadas en la sentencia impugnada resultan correctas desde el punto de vista jurídico y probatorio y teniendo en cuenta que ninguno de los asertos esenciales del fallo fue confutado por la censura, el cargo no debe prosperar. Solicita no casar la sentencia.

XI. Consideraciones

En el sublite, el censor circunscribió la discusión a dos aspectos: al hecho de que la actora en la demanda inicial no indicó como pretensión, «el reintegro al mismo cargo que venía desempeñando en iguales o mejores condiciones que tenía al momento de la desvinculación» y a la aplicación de la cláusula convencional de estabilidad que dio lugar al reintegro de la actora, ordenado por los jueces de instancia. Con base en ello, formuló cuatro errores de hecho y denunció la errónea apreciación de la «demanda inicial y del documento auténtico del cual proviene la violación indirecta de la ley por la que se pide sea infirmada la sentencia del tribunal».

Establece el art. 5º de la convención colectiva de trabajo, vigente para los años 2001-2004, lo siguiente:

“ART. 5º—Estabilidad laboral

El Instituto garantiza la estabilidad en el empleo de sus Trabajadores Oficiales y en consecuencia no podrá dar por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo sino tan solo por alguna de las justas causas debidamente comprobadas y establecidas en el artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, con previo cumplimiento de lo contemplado en el artículo 1º del mismo decreto y de lo establecido en el inciso 16 del artículo 108 de esta Convención Colectiva. No producirá efecto alguno la terminación unilateral de un contrato de trabajo que se efectúe pretermitiendo lo estipulado anteriormente y en consecuencia, el trabajador, mediante sentencia judicial, tiene derecho al restablecimiento del contrato mediante el reintegro en las mismas condiciones de empleo que gozaba anteriormente sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir […] (folios. 33 y 62 del cuaderno principal).

Del texto anterior, se infiere que queda sin fundamento lo argüido por el impugnante, en el sentido de que el sentenciador apreció erróneamente el documento auténtico que contiene el convenio colectivo de trabajo, toda vez que de la cláusula 5ª de este se desprende, no solo que hay lugar a reintegro cuando se trate de una justa causa y no se sigue el trámite convencional, sino en otros eventos en que se termine unilateralmente el contrato de trabajo, cuya declaración surge de unos supuestos fácticos o reales como la declaratoria de los jueces de primer y segundo grado, en virtud del principio de rango constitucional de primacía de la realidad sobre las formas contenido en el art. 53 de la C.N., lo que le otorga el derecho a la trabajadora a los beneficios convencionales, entre ellos la estabilidad laboral mediante reintegro deprecada en la demanda inicial, cercenados por el supuesto vínculo mediante la celebración de contratos sucesivos de naturaleza civil o administrativa.

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal no incurrió en error de hecho alguno al determinar que la cláusula de estabilidad de la convención colectiva de trabajo resultaba aplicable.

Se advierte entonces, que no aparece acreditado que el juzgador de segundo grado se haya equivocado al concluir que la actora era beneficiaria de la estabilidad laboral en el Seguro Social para el período 2001 a 2004 y el consecuente reintegro al cargo que desempeñaba como Secretaria administrativa de la ARP, a quien se le hacen extensivos los beneficios convencionales, en virtud de lo dispuesto en los arts. 470 y 471 del CST, modificados por los arts. 37 y 38 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, respecto de la aplicación de la convención y su extensión a terceros y por tanto se descarta el yerro manifiesto señalado por la censura, en cuanto la violación indirecta por aplicación indebida de estos preceptos.

En lo que sí repara la Sala es en la expedición del Decreto 553 del 27 de marzo de 2015, norma de alcance nacional, que por tanto no requiere prueba, la cual da cuenta de la imposibilidad de la reinstalación física de la trabajadora, por supresión de la entidad, sin que ello implique desconocer que se mantenía la obligación del pago de salarios y prestaciones legales y extralegales desde su desvinculación hasta el 31 de marzo de 2015, fecha en la que se extinguió el Instituto de Seguros Sociales, según lo determinó la referida norma legal.

Así lo ha destacado esta Sala de la Corte, en reciente decisión CSJ SL 4984-2017, en la que consideró:

Ahora bien, como quiera que la liquidación final del Instituto de Seguros Sociales ocurrió el 31 de marzo de 2015, fecha en que quedaron automáticamente suprimidos todos los cargos existentes y terminaron todas las relaciones de trabajo, se condenará a la parte accionada al pago de la indemnización por despido injusto conforme a la tabla indemnizatoria contenida en el artículo 5º de la convención colectiva de trabajo, debidamente indexada al momento de su pago, teniendo en cuenta para ello el salario que le habría correspondido a la actora a la fecha de la liquidación de la entidad.

Vale aclarar, por último, que en razón a que la extinción de la entidad es un hecho sobreviniente, que impide la materialización del derecho al reintegro, el pago de la indemnización por despido injusto es perfectamente compatible con las condenas al pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir, y de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión.

En ese sentido procede la casación parcial de la decisión de segundo grado.

Según lo explicado en sede de casación y en atención al decreto que extinguió al ISS, procede la modificación de la sentencia dictada el 22 de abril de 2009 por el Juzgado Quinto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín para en su lugar condenar al pago de salarios y prestaciones legales y extralegales desde la fecha de desvinculación de la accionante hasta el 31 de marzo de 2015 cuando se expidió el Decreto 553 del 27 de marzo de la misma anualidad, que liquidó definitivamente a la demandada, teniendo en cuenta el incremento salarial reconocido por el demandado a los trabajadores oficiales; así mismo se dispondrá el pago de la indemnización por despido injusto convencional consagrado en el art. 5º de la misma, para lo cual se tomará como base el último salario devengado en cuantía de $ 808.530.90 reconocido por el Tribunal (folio 230) que se mantiene incólume al no ser objeto de casación, con base en lo siguiente:

S1034-1------1
S1034-1------1
 

S1034-2
S1034-2
 

S1034-3
S1034-3
 

S1034-4
S1034-4
 

Sin costas dada la prosperidad parcial de la acusación.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso que instauró Rosalba Quintero Mendoza contra el Instituto De Seguros Sociales en cuanto ordenó el reintegro de la demandante al cargo que desempeñaba como Secretaria administrativa de la ARP. No casa en lo demás.

En sede de instancia, se dispone la modificación del numeral primero de la sentencia del 22 de abril de 2009, dictada por el Juzgado Quinto Laboral de Descongestión de Medellín en el sentido que, ante la imposibilidad del reintegro, la demandada debe pagar los salarios y prestaciones legales y extralegales dejados de percibir por la actora desde la fecha de su desvinculación, hasta el 31 de marzo de 2015, cuando se expidió el Decreto 553 del 27 de marzo de 2015, que liquidó definitivamente a la demandada; así mismo dispóngase el pago de la indemnización por despido injusto convencional, con base en el salario devengado a la fecha del despido, $ 806.530 reconocido por el Tribunal (folio 230), y que se mantiene incólume al no ser objeto de casación hasta la fecha de su liquidación —31 de marzo de 2015—, sumas que deberán reconocerse debidamente indexadas, así:

• $ 97.023.708 por salarios dejados de percibir, más indexación $33.772.868,56;

• $ 8.085.309 por auxilio de cesantías

• $ 933.853,19 por intereses sobre cesantías

• $ 8.085.309 por prima de servicios

• $ 5.952.369,17 por indexación de los anteriores conceptos.

• $ 8.085.309 por prima de navidad más indexación $ 2.814.405,71;

• $ 15.874.156,67 indemnización por despido injusto más indexación $ 2.216.188,68.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».