Sentencia SL1035-2016/46944 de enero 27 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL1035-2016

Rad.: 46944

Acta 2

Bogotá, D.C., veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda de casación y su réplica.

(…).

VIII. Consideraciones de la Corte

No obstante que el censor acudió a algunos preceptos legales de aplicación exclusiva en el sector de los trabajadores particulares, como es el caso del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ese defecto puede ser subsanado al entender la Corte que se hace referencia a la normatividad equivalente en el sector oficial.

Descarta la Sala la existencia de error manifiesto de hecho del Tribunal derivado de la equivocada apreciación de los distintos contratos de prestación de servicios signados por las partes, al haber dado por demostrada la existencia de contrato de trabajo entre las partes.

En efecto, el sentenciador ad quem no ignoró el contenido de la documental, ni el acuerdo entre los signatarios respecto de una contratación de carácter independiente regida por la normatividad que regula la prestación de esa clase de servicios en el sector público, esto es la Ley 80 de 1993. En ese sentido, resulta desatinado el predicamento encaminado a evidenciar la existencia de un desvío valorativo respecto de los contratos de prestación de servicios por ese aspecto.

Lo que sucede es que el Juzgador le negó validez a lo acordado contractualmente por las partes, en cuanto contrariaba la ley laboral que es de orden público, pues con fundamento en otros medios de prueba que analizó, llegó a la conclusión de que en la realidad la relación entre las partes se desenvolvió bajo signos distintivos de un vínculo de trabajo humano subordinado.

Así, el sentenciador de alzada se apoyó entre otros, en la constancia expedida por la Jefe del Departamento de Recursos Humanos – Seccional Cundinamarca y Distrito Capital del Instituto de Seguros Sociales, la certificación sobre ejecución de servicios prestados expedida por la Coordinadora Central de Autorizaciones de la entidad, y en comunicaciones provenientes del Coordinador de la Central de autorizaciones Gerencia EPS Cundinamarca y D. C., que en su concepto daban cuenta de que la actora desempeñó sus funciones “bajo permanente subordinación, y además, era considera (sic) por sus superiores como un trabajador que desempeña funciones dentro del ISS”.

Esos razonamientos del Tribunal no fueron derruidos por el censor, lo que conduce además, a que la acusación sea incompleta, pues no puede olvidarse que quien pretenda el éxito de un cargo por la vía indirecta debe desvirtuar uno a uno los pilares fácticos que soportan la decisión, porque de lo contrario la sentencia de segundo grado que viene amparada por las presunciones de legalidad y acierto permanece incólume.

En lo relacionado con la supuesta confesión de la demandante contenida en el interrogatorio de parte cuando afirmó que suscribió contratos de prestación de servicios independientes, de todas formas, se itera el Tribunal no desconoció ese hecho, sino que dando aplicación al principio de primacía de la realidad, y por tratarse de disposiciones de orden público, y de derechos irrenunciables, le restó validez a dichos acuerdos y concluyó en la existencia de un verdadero vínculo laboral.

Frente al testimonio de Dumar Orozco Bernal (fls. 214 a 215) y el interrogatorio de parte de la actora que le permitieron al sentenciador de segundo grado deducir el cumplimiento de un horario, es de advertir que en principio no son pruebas calificadas en casación laboral según lo previsto por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, salvo que previamente se hubiere encontrado error en prueba apta, lo que aquí no ocurrió. En el caso del interrogatorio de parte es prueba apta en casación sólo cuanto contenga confesión, y en lo que concretamente aquí se alega ella no se estructura. Por lo demás, como antes se refirió, el Tribunal para deducir la existencia de subordinación se apoyó también en otras pruebas que no fueron acusadas y que constituyen el soporte de la sentencia gravada.

Por último, cuestiona el impugnante la conclusión del fallo referente a que la actuación de la demandada no estuvo revestida de buena fe, pues en su criterio, el que la actora no hubiere objetado la modalidad contractual y prestara su consentimiento para la suscripción de contratos de prestación de servicios descarta un comportamiento de mala fe de la entidad.

Referente a este tema se ha de precisar que la aquiescencia del trabajador para acudir a una forma de contratación distinta a la laboral cuando en realidad se trata de un verdadero contrato de trabajo, no exime al empleador de ser condenado al pago de la indemnización moratoria, si se encuentra como en este caso que su actuar estuvo revestido de mala fe.

No puede olvidarse que el trabajador es la parte débil de la relación, y que en muchas ocasiones se ve compelido por la necesidad de obtener una fuente de ingresos para su subsistencia y la de su familia, a aceptar condiciones alejadas de las que en estricto rigor rigen en el mundo del trabajo, y el que haya prestado su consentimiento para suscribir contratos aparentes de prestación de servicios como aquí sucedió, no exime per se al empleador del pago de la indemnización moratoria, cuando se demostró que la entidad demandada procedió a suscribir varios de esos contratos de manera sucesiva para el ejercicio del cargo de Trabajadora Social en labores administrativas propias del giro ordinario de sus actividades, con abierto desconocimiento de las normas que regulan la contratación administrativa de servicios personales.

En sentencia CSJ SL, 7 dic. 2010, rad. 38822, razonó la Corte:

… últimamente la Sala se ha inclinado por considerar que, en principio, la existencia de los mencionados convenios, por sí solos, no es suficiente para tener por probada la convicción de la entidad de haber ajustado su conducta a los postulados de la buena fe. En sentencia de 23 de febrero de 2010, radicación 36506, se dijo:

‘Bajo esta perspectiva, los contratos aportados y la certificación del ISS sobre la vigencia de los mismos, en este asunto no pueden tenerse como prueba de un actuar atendible y proceder de buena fe; ya que los mismos no acreditan más que una indebida actitud del ISS carente de buena fe, al acudir a iterativos y aparentes contratos de prestación de servicios que no están sujetos a la citada Ley 80 de 1993, con desconocimiento reiterado del predominio de actos de sometimiento y dependencia laboral que muestran todos los demás medios de prueba, lo cual no deja duda de que la entidad era conocedora de estar desarrollando con el actor un contrato de trabajo bajo la apariencia de uno de otra índole’.

De ahí que, mirado en conjunto el caudal probatorio, lo que acontece en el sub examine, es que en la práctica el ISS abusó en la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios con supuestos mantos de legalidad, con el único propósito de negar la verdadera relación de trabajo subordinado como la del analizado servidor, a efecto de burlar la justicia y los condignos derechos sociales que debieron reconocerse a tiempo a favor del trabajador demandante, lo que es reprochable y reafirma la mala fe de la entidad empleadora.

Finalmente se ha de acotar que es procedente la condena a indemnización moratoria en este caso, porque la demandante conservó la calidad de trabajadora oficial al servicio del instituto, pues cuando operó la escisión de la entidad mediante Decreto 1750 de 2003, no fue de las servidoras que pasaron a las empresas sociales del Estado en calidad de empleadas públicas, como se indica en la comunicación del 9 de junio de 2008 emitida por la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento donde precisa que “revisadas y verificadas las bases de datos del grupo de contratación de servicios personales, planta de personal activos y retirados de esta entidad” encuentra que entre la ESE en cita y la demandante “no existió vinculación legal y reglamentaria o contrato de trabajo, como tampoco de prestación de prestación de servicios.” (fl. 229).

Los razonamientos que preceden son suficientes para concluir en la no prosperidad de la acusación.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $6’500.000. Por Secretaría tásense las demás costas.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el nueve (9) de abril de dos mil diez (2010), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso promovido por María Wesley Guzmán Torres contra el Instituto de Seguros Sociales, en liquidación.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».