Sentencia SL10423-2014 de agosto 6 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 46862

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Acta 28

Bogotá, D.C., seis de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones de la Corte

Sea lo primero señalar, en relación con las presuntas fallas de índole técnico que la parte replicante enrostra a la censura, que esta tiene razón en cuanto a que la Sala ha sostenido que cuando el fallo acusado se sustenta en decisiones anteriores de esta corporación la modalidad de violación de la ley que debe invocarse es la de interpretación errónea. Pero también ha enseñado en muchas oportunidades que ese no es un principio absoluto e inmutable, en tanto supone que dichos fallos versen sobre el alcance de una disposición legal sustantiva. Por ejemplo, si en el precedente jurisprudencial que tuvo como báculo el fallador, se analizó una norma que no es la pertinente al caso controvertido, es procedente el estudio del ataque por aplicación indebida. Igualmente, si la jurisprudencia utilizada por el juzgador como apoyo de su decisión, no se correspondía con el contexto fáctico creado a partir de lo descrito en los hechos del libelo introductorio, la modalidad de violación de la ley sustancial no es propiamente la interpretación errónea.

Consecuente con lo expuesto y revisado el cargo en cuanto a su alcance y demostración, se endilga la indebida aplicación por la vía directa del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, en concomitancia con el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, además de las normas contenidas en los artículos 4º, 13, 48 y 53 de la Constitución y por lo tanto no se acudió la modalidad de interpretación errónea, pues la censura invoca los principios de la condición más beneficiosa y de progresividad, para edificar el ataque no por interpretación errónea —como se pregona en la réplica—, sino por la indebida aplicación de las normas citadas en precedencia, lo cual permite abordar el estudio de fondo del cargo, conforme se indica.

En segundo lugar, cabe señalar que dada la vía escogida (directa), no se encuentran en discusión los siguientes presupuestos de orden fáctico:

i) Los señores Mario Antonio Montoya Castaño y Gladys del Socorro Colorado Botero, contrajeron matrimonio el 20 de diciembre de 1984, según se acreditó con el registro civil de matrimonio allegado a folios 25 del cuaderno principal; de su unión nacieron Leydi Johana y Sindy Carolina Montoya Colorado, hoy mayores de edad.

ii) El señor Mario Antonio Montoya Castaño falleció el 20 de abril de 2006, tal como se acreditó con el registro civil de defunción a folios 22 del expediente.

iii) La señora Gladys del Socorro Colorado Botero, en calidad de cónyuge supérstite, reclamó al Instituto de Seguros Sociales la pensión de sobrevivientes, que le fue negada mediante Resolución 106 del 20 de diciembre de 2006, allegada a folios 12 a 14 del plenario, por el no cumplimiento de los requisitos legales al efecto.

iv) El causante en el último año anterior a su fallecimiento cotizó cero (0) semanas al sistema de pensiones administrado por el Instituto de Seguros Sociales.

Precisado lo anterior, la Sala aborda de fondo el cargo.

De la norma vigente y aplicable

En el asunto bajo examen, tal como en reiteradas oportunidades y de manera pacífica lo tiene establecido esta Sala de Casación Laboral, la disposición que regula la pensión de sobrevivientes, en principio, es la vigente al momento de la ocurrencia de la muerte. Al efecto, baste citar algunos ejemplos: sentencias CSJ SL, 19 feb. 2014, Rad. 46101, SL, 5 feb. 2014, Rad. 42193, SL, 29 ene. 2014, Rad. 37955, entre otras.

Consecuente con lo anterior, la norma vigente y aplicable para el caso es el artículo 12 de la Ley 797de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, dado que el causante falleció el 20 de abril de 2006. Según tal normativa, para acceder al derecho deprecado es necesario tener cotizadas cuando menos 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento del afiliado, las que, en el asunto concreto, no se acreditaron, conforme señaló la resolución del Instituto de Seguros Sociales 106 del 20 de diciembre de 2006 y la parte demandante reconoció desde la demanda. Sin embargo, la censura invoca la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, con base en una norma que para la fecha del deceso del causante ya no estaba vigente, como es el A. 049/1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.

En este orden, en el caso bajo examen observa la Sala que el tribunal aplicó la norma que gobierna el caso —como se estableció desde el comienzo de estas consideraciones—, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y lo hizo en la forma debida. En efecto, la densidad de semanas cotizadas en ella exigida no la satisfizo el causante, ya que este no cotizó bajo esa legislación, que era la vigente al momento de su muerte (2006). Tampoco dejó cumplidos los presupuestos del tipo normativo anterior (L. 100/93 en su versión original), conforme quedó establecido en las instancias.

Es que, si se pretendiera aplicar el principio de la condición más beneficiosa, no sería admisible acoger el citado A. 049/1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y considerar los requisitos allí exigidos para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues no es permitida al juzgador la aplicación plusultractiva del citado principio. Es decir, aplicar cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, so pretexto de ser más favorable. En tal sentido, la Sala se pronunció en la sentencia CSJ SL, 19 ago. 2014, Rad. 46101, en la que se rememoró la sentencia CSJ SL, 9 dic. 2008, Rad. 32642, en la que se dijo:

En otras palabras, no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho. Más explícitamente, un asunto al que ha de aplicarse la Ley 797 de 2003, o la 860 del mismo año, si se considera más rigurosa esta frente a la norma reemplazada, es preciso establecer si se satisficieron los requisitos y condiciones de la derogada disposición para, en caso afirmativo, hacer valer la condición más beneficiosa. Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido —a su vez— a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle un especie de efectos “plusultractivos”, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (rad. 32642).

Proyectado lo dicho al presente caso, no era procedente haber considerado los requisitos del A. 049/1990, de manera “plusultractiva”, ni siquiera por el principio de la condición más beneficiosa ni el de favorabilidad, menos aún si se tiene en cuenta que este último opera cuando existe un conflicto entre dos normas de igual o distinta fuente formal, que no es el caso.

En conclusión, el ad quem aplicó la norma correcta al caso y no se vislumbra la aplicación indebida de las normativas que enrostra la censura ni, por lo mismo, la vulneración de la Carta Política que se invoca. De ahí que sea igualmente acertada la decisión que confirmó la absolución impartida frente a la pensión de sobrevivientes deprecada, toda vez que el causante no dejó acreditado el derecho según la norma que gobierna el caso y tampoco con fundamento en la aplicación de los principios echados de menos por la censura.

De conformidad con lo analizado, la Sala determina que el cargo no alcanza prosperidad.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente, a favor del Instituto demandado, por lo infundado del cargo y que fue replicado. Se cuantifican en la suma de $ 3.150.000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 23 de abril de 2010 por la Sala Décimo Cuarta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso promovido por GLADYS DEL SOCORRO COLORADO BOTERO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».