CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sentencia SL10435-2017/49626 de agosto 19 de 2017

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL10435-2017

Radicación 49626

Acta 2

Magistrada ponente

Dra. Jimena Isabel Godoy Fajardo

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

XII. Consideraciones

En atención a que los tres cargos persiguen la misma finalidad, es por ello que la Sala por razones de método acomete su estudio, al igual que la decisión conjuntamente.

En efecto los tres cargos que se plantean en contra de la sentencia del tribunal se encaminan por el sendero de la vía directa, habiendo orientado sus argumentos el recurrente, a controvertir la naturaleza jurídica del Banco Central Hipotecario, con el propósito de derivar la calidad de trabajador oficial del demandante y no la de trabajador particular, conclusión a la que llegó el ad quem, y con base en ello sacar avante las pretensiones de la demanda.

Con relación a la naturaleza jurídica de la entidad accionada, esta Sala Laboral de Corte, en varias oportunidades se ha pronunciado, en casos similares al aquí debatido y, ha sostenido que a partir del año 1991, su naturaleza cambió del régimen oficial, al privado y por lo tanto el régimen aplicable al actor es el que regula las relaciones laborales de carácter privado, tal es el caso de la sentencia proferida el 23 de enero de 2008, radicación 32462 y de la cual el tribunal hizo transcripción de los apartes pertinentes.

Ahora bien, es claro que el demandante se desvinculó voluntariamente de la entidad demandada el 7 de julio de 1997, fecha para la cual, el régimen aplicable a los trabajadores de esta era el privado, sin haber alcanzado los 20 años de servicio como trabajador oficial, antes de la modificación de la naturaleza jurídica del banco en 1991.

En ese orden, el tribunal no incurrió en ninguno de los yerros jurídicos que le atribuye la censura, razón por la cual los cargos resultan infundados y por ello, no prosperan.

XIII. Cuarto cargo

Formula el recurrente este cargo por la vía indirecta en los siguientes términos.

(...) La sentencia acusada es evidentemente violatoria por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 8º del Decreto 2351 de 1965, artículo 6º de la Ley 50 de 1990, artículo 65 del CST, con relación a los artículos: a (sic) la Ley 10 de 1934 artículo 12, Decreto 652 de 1935 artículo 4ª (sic), Ley 190 de 1995, Ley 200 de 1995, artículo 20, 1º del Decreto 1848 de 1969, artículo 11 de la Ley 6ª de 1945, artículo 467, 468, y 492 del CST, artículo 1º del Decreto 797 de 1949, artículo 4º de la Ley 4ª de 1976, artículos 21, 36, 141 de la Ley 100 de 1993, artículo 16 Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 49 del ISS, artículo 94 del reglamento interno de trabajo, artículos 45 estatutos del BCH, artículos 16, 30 a 33, 16, 48, 49 del Decreto 2127 de 1945, artículo 1º y 4º de la Ley 33 de 1985, artículo 464 del Decreto 410 de 1971. 177 del CPC, artículo 19 de la Ley 45 de 1990. Artículos 19 y 20 del Decreto 13 de 197,6 (sic) artículo 150-10 de C.P., artículo 210 de la misma superior (sic), artículo 31 del Decreto 3130 de 1968, art. 1740, artículos 1502, 1508, 1515 del C.C., arts. 2º, 17, 49 de la Ley 6ª de 1945. Artículo 5º del Decreto 20 de 2001. Artículo 251 CPC como medio.

Indica que la violación se origina en los siguientes errores de hecho:

(...) 1. No dar por demostrado, estándolo que el documento (sic) folios 69 a 72, cuaderno 1 es nula de nulidad absoluta dada la violación constitucional allí contenida.

2. No dar por demostrado, estándolo que el actor es derechoso de la pensión del artículo 94 del reglamento interno de trabajo por la desvinculación inconstitucional e ilegal cuya acta la muestra la foliatura 69 a 72, cuaderno 1.

3. No dar por demostrado, estándolo que el actor Laureano Celis Jaimes fue trabajador del Banco Central Hipotecario desde el 26 de Noviembre (sic) de 1979 en adelante como trabajadora (sic) oficial cumple 20 años o más de servicio al Estado.

4. No dar por demostrado, estándolo de composición Accionaria del Demandado, (sic) (fl. 74, contestación demanda (440 a 456, cdno. 1) referidas en la sentencia del ad quem folio 327), es prueba suficientemente válida para indicar que el Banco Central Hipotecario con relación a sus trabajadores se encuentran sometidos al régimen de derecho privado por ser una sociedad de economía mixta del Estado y al actor aplicable el régimen de trabajador privado.

En la demostración del cargo, luego de transcribir en su integridad el texto del acta de conciliación y de atribuirle a la misma la calidad de prueba eficiente del despido injusto; insiste en la calidad de trabajador oficial del demandante y en la falta de aplicación por parte de la demanda de las normas de que regulan las entidades descentralizadas, de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia, lo que genera causal de nulidad absoluta constitucional de la terminación del contrato de trabajo.

En la demostración del segundo error, transcribe el texto del artículo 94 del reglamento interno de trabajo, armonizándolo con la documental de folios 70, 71 y 72 del cuaderno 1, para señalar, cuál sería el monto de la pensión de jubilación que pretende, concluyendo que el tribunal incurrió en un error protuberante al concluir que el demandante renunció a cualquier reclamación futura respecto a la pensión y dándole efectos de cosa juzgada.

Finalmente, insiste en la parte pertinente a la demostración de los errores tercero y cuarto, en la composición accionaria de la entidad convocada al juicio y de allí, en la calidad de trabajador oficial del demandante.

Enlista como pruebas erróneamente apreciadas las siguientes:

(...).

1. Conciliación de terminación del contrato de trabajo (fls. 69 a 72, cdno. 1).

2. Contenido de la demanda introductoria (fls. 4 a 42, cdno. 1 adicional).

3. Contestación de la demanda (fls. 111 a 103).

4. Reglamento interno de trabajo (fls. 87 a 103, cdno. 1).

5. Liquidación de prestaciones sociales (fls. 72, 218, cdno. 1).

6. Contrato de trabajo de trabajador oficial (fls. 11 a 12, cdno. 1).

7. Composición accionaria (fl. 74, cdno. 1).

8. Cédula de ciudadanía (fl. 117, cdno. 1).

Y como pruebas no apreciadas:

1. Estatutos del Banco Central Hipotecario (fls. 108 a 116).

2. Oferta de desvinculación del actor (fls. 19 a 29, cdno. 1).

3. Sentencia 12.636 de 31 marzo de 2000 (fls. 167 a 182, cdno. 1).

4. Recopilación de normas convencionales y arbitrales vigentes en el BCH (fls. 73 a 86, cdno. 1).

XIV. Réplica

La demandada al replicar este cargo, advierte que la vía indirecta a través de la cual se dirige el cargo, no puede catalogarse como un verdadero recurso extraordinario de casación, pues en el extenso escrito de demostración del mismo, no se logra demostrar que el tribunal se hubiese equivocado ni siquiera en forma leve, pues en los errores de hecho se alegan situaciones de tipo jurídico que no pueden plantearse como yerros fácticos.

Señala que la censura incurre en un error técnico al no denunciar el artículo 19 del CPTSS, ello como quiera que el tribunal concluyó que la conciliación que se celebró con fundamente en dicha disposición y sobre ella montó todas las consideraciones en las que fundamentó la decisión impugnada, por lo tanto al estar el cargo indebidamente planteado, le resulta imposible a la Corte quebrar la sentencia de segunda instancia, y por lo tanto el cargo no tiene vocación de prosperidad.

XV. Consideraciones

Le asiste razón a la oposición en su argumentación en cuanto a que el recurso adolece de graves errores de técnica que lo inhabilitan para su prosperidad.

Recuérdese que en el recurso extraordinario de casación el estudio de la Corte comporta la confrontación de la sentencia con la ley, y no tiene como objeto reexaminar la causa ya decidida en las instancias, sino verificar, cuando sea procedente, que la presunción de acierto y legalidad con las que están revestidas las decisiones judiciales no sea mera enunciación formal.

El escrito que contiene la demanda de casación en este caso, parece más un alegato de conclusión de instancia, a pesar de que su esquema se ajuste a la forma legalmente aceptada, pero sin cumplir con las exigencias propias del recurso extraordinario.

Olvida el recurrente que cuando se escoge la vía indirecta por error de hecho para atacar la sentencia, la actuación del censor no se debe limitar a la anunciación de los yerros en que hubiere podido incurrir el juzgador de segunda instancia, ni a enlistar las pruebas calificadas que estima erróneamente apreciadas o inapreciadas, sino que además, tiene la obligación de exponer y demostrar el contenido objetivo que esos elementos probatorios denunciados contienen, según su criterio, al igual que la valoración equivocada que de ellos se vierte en la sentencia, si se acusa error de apreciación.

Además de lo anterior, el impugnante debe evidenciar cómo, de haberse apreciado dichas pruebas, debieron haber incidido en la decisión, de suerte que el resultado le hubiere sido favorable a sus intereses.

La Corte, en este caso, no puede acometer el análisis lógico que la casación busca, que no es otra cosa que la comparación entre lo que el juez de segunda instancia decidió y lo que ha debido decidir, pues, en el escrito de sustentación, se hizo una mera enunciación de las pruebas que estimó mal apreciadas, al igual que de las que estimó omitidas por el tribunal, pero se encaminó hacia un propósito distinto, como fue el de determinar la naturaleza jurídica de la entidad accionada y la de sus servidores, asunto este que resulta intrascendente para el propósito de fondo, que era el de descifrar si la conciliación celebrada entre las partes contiene algún vicio del consentimiento, o si la misma está afectada de “nulidad absoluta constitucional” como se aduce tanto en el escrito de demanda como en el que contiene el recurso de casación.

De otra parte, el supuesto dolo en que se alega incurrió la demandada, al —en opinión del recurrente— inducir al demandante a celebrar la conciliación, que es el tema central del conflicto jurídico, no puede definirse sin que el recurrente previamente ilustre a la Corte sobre cuál es la prueba calificada de cuyo contenido se debe inferir, sin lugar a equívocos, la conducta reprochable imputada al empleador.

El impugnante pretende demostrar la nulidad del acuerdo conciliatorio, a través de las pruebas documentales que enlista como erróneamente apreciadas, al igual que no apreciadas por el tribunal sin explicar, a través de qué documentos se infiere, sin lugar a dudas, la conducta reprochable asumida por la entidad accionada, por haber sido mal apreciados el juez de segunda instancia, o simplemente haberlos echado de menos.

La demostración del cargo entonces, tampoco se ajusta a la vía indirecta escogida por el censor, pues se hace de su parte una extensa disquisición de orden jurídico, cuando el sendero escogido obliga a un debate fáctico y probatorio, deficiencia técnica que resulta insuperable, a tal punto que es en el final del cargo cuando se hace la relación de las pruebas erróneamente apreciadas, así como las supuestamente no valoradas.

La Sala ha reiterado que, en las disposiciones legales que rigen las relaciones laborales para los trabajadores particulares y oficiales, se establece como uno de los modos de terminación de los contratos de trabajo, el mutuo consentimiento, sin que en las mismas se consagre restricción alguna a esta facultad de las partes (lit. b, num. 1º del art. 61 del CST, subrogado por el art. 5º, la L. 50/90 y el lit. d del 47(sic) del D. 2147/45). Por lo tanto, la decisión de poner fin a la relación laboral de mutuo consentimiento puede originarse en el empleador o en el trabajador, sin importar la causa que le de origen, mientras esta sea lícita y posible toda vez que la única exigencia adicional es la relativa a que el consentimiento de las partes esté libre de vicios tales como el error, la fuerza o el dolo, y que además no desconozca derechos mínimos ciertos e indiscutibles.

De lo anterior se colige que la acusación no demuestra, que el ad quem haya incurrido en los errores que se le endilgan en el cargo, al concluir que la conciliación que suscribieron las partes para finalizar la relación laboral fue producto de un acto libre y voluntario de estas, que contó con objeto y causa lícitos y posibles, por lo que el cargo en los términos presentados no tiene la vocación de prosperidad.

En cuanto a las costas del recurso extraordinario, al no salir avante la demanda de casación y haberse presentado réplica a la misma, serán a cargo de la parte demandante recurrente, con la inclusión de la suma de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000,oo) m/cte., a título de agencias en derecho, para lo cual se dará aplicación al artículo 366 del Código General del Proceso.

XVI. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de junio de 2010, en el proceso ordinario adelantado por el señor Laureano Celis Jaimes contra el Banco Central Hipotecario.

Costas, como quedó señalado en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».