Sentencia SL10504-2014 de agosto 6 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 46826

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL10504-2014

Acta 28

Bogotá, D. C., seis de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

1. No desconoce la corporación que el único cargo que se eleva contra el fallo de segundo grado, presenta algunas deficiencias de técnica como lo remarca el opositor; a manera de ejemplo, se solicita el quebrantamiento de la sentencia y que en sede de instancia sea revocada, cuando por sabido se tiene que una vez opera la casación, la providencia desaparece del mundo jurídico. De la misma manera, en la proposición jurídica se acude simultáneamente a los conceptos de interpretación errónea y aplicación indebida respecto de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política lo cual resulta contradictorio.

Adicionalmente, en el desarrollo a pesar de tratarse de una imputación por vía jurídica, se mezclan argumentos de carácter fáctico cuando se hace referencia a prueba testimonial, y a una presunta omisión del empleador en el deber de afiliación o afiliación tardía, circunstancia que dicho sea de paso, constituiría un hecho nuevo inamisible en el recurso extraordinario.

2. No obstante lo anterior, la Corte rescata un cargo autónomo por el sendero de puro derecho como la faculta el numeral 4 del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, en armonía con el numeral 1 de la misma disposición, en cuanto en la proposición jurídica se cita la norma sustantiva que efectivamente regula la controversia como lo es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y dado que en la demostración se afirma por parte del impugnante que al haber cotizado el causante más de 50 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento, esto le daba el derecho pensional a los beneficiarios de acuerdo con jurisprudencia de la Corte, razón por la cual ha de entenderse que se acude a la modalidad de interpretación errónea, y en esa perspectiva se hará el estudio de fondo de la acusación.

Hay que recordar que la finalidad del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 citado, fue flexibilizar el recurso extraordinario en aras de lograr la efectividad de los derechos sustanciales acorde a lo dispuesto en el artículo 228 constitucional, mandato que debe ser acogido máxime cuando se trate de controversias en las que estén en juego derechos tan trascendentales como la pensión de sobrevivientes, que con arreglo al artículo 48 superior son de carácter irrenunciable y definidos por la jurisprudencia como fundamentales.

3. Hechas las anteriores precisiones, no admiten controversia los siguientes hechos establecidos en el proceso: i) que el causante Jaime de Jesús Álvarez falleció el 9 de enero de 2005; ii) que sufragó 66 semanas de cotización en los 3 años anteriores al fallecimiento y en toda la vida laboral acumula 161 semanas de aportes; iii) que la demandante ostenta la condición de beneficiaria como compañera permanente del difunto; iv) que la pensión fue negada por el Instituto por no cumplirse el requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema previsto en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

4. Es cierto que en casos similares al presente, la corporación en el pasado, exigió en relación con la pensión de sobrevivientes, el cumplimento por parte del causante del porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema durante el lapso en que tuvo vigor ese requisito, esto es entre la entrada en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y la sentencia que lo declaró parcialmente inexequible, la CC C-556/09, con apoyo en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuanto el juez constitucional en la parte resolutiva no previó que esa decisión tuviese efectos retroactivos. Al no haber modulado la Corte Constitucional los efectos del fallo al realizar el control abstracto, se entendió que durante el periodo en que tuvo vigor la exigencia de fidelidad de cotizaciones al sistema, estuvo amparada por la presunción de constitucionalidad y su aplicación en ese interregno resultaba obligatoria.

La actual mayoría de la Sala, en Sentencia CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 42540, varió su criterio en lo referente a los efectos que debe surtir la declaratoria de inexequibilidad de una determinada disposición en materia de seguridad social, que haya impuesto un requisito que el juez de la Carta encuentra contrario a preceptos superiores por ser abiertamente regresivo.

En esos eventos y ante la existencia de una previsión legal que desconoce el principio de progresividad el cual irradia las prestaciones de la seguridad social, el juzgador para lograr la efectividad de los postulados que rigen la materia y valores caros a un estado social de derecho consagrados en nuestra Constitución Política, especialmente en los artículos 48 y 53, y que encuentran sustento también en la regulación internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los tratados sobre el tema ratificados por el Estado colombiano los cuales prevalecen sobre el orden interno, debe abstenerse de aplicar la disposición regresiva aún frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad, en las hipótesis en que ella se constituya en un obstáculo para la realización de la garantía pensional. Lo anterior significa que no se está disponiendo su inaplicabilidad general, pues frente a quienes la norma no resulte regresiva y consoliden el derecho durante el tiempo que tuvo vigor debe surtir plenos efectos.

Esto es, no se trata de darle efectos retroactivos a la decisión de inexequibilidad mencionada, sino de inaplicar el requisito de fidelidad por su evidente contradicción con el principio constitucional de progresividad que rige en materia de seguridad social.

Este criterio mayoritario va con lo dispuesto en la sentencia de 8 de mayo de 2012, Rad. 35319, en que esta Sala asentó que en aquellos casos en que el afiliado ya había cumplido los requisitos previstos en una disposición para que se le cubriera una de las contingencias a cargo de la seguridad social, la ley nueva no puede hacer más gravosa su situación en el sentido de exigirle unas condiciones superiores a las ya satisfechas, para acceder a la prestación correspondiente.

Consideró la corporación que cuando,

el esfuerzo económico de un afiliado ha alcanzado el mínimo de contribuciones que la ley vigente señala como necesarios para que se le reconozca una determinada pensión, un cambio legislativo no puede aniquilar la eficacia de tales cotizaciones so pretexto de que falta por cumplirse la condición señalada en la ley para hacerlo exigible.

Más adelante precisó:

Los aludidos preceptos deontológicos surgen de las disposiciones del orden jurídico vigente, tanto de rango legal como supralegal, en la específica materia de la seguridad social. En efecto, la Constitución consagra el derecho fundamental de la seguridad social en su artículo 48; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 establece en su artículo 22 que toda ‘persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social’.

De esta garantía de orden prestacional y, por lo mismo, sujeta a las condiciones económicas y legales de cada Nación, fluyen derechos que, una vez consolidados, no pueden ser desconocidos ni aún en estados de excepción (C.P., art. 93), al igual que las reglas y principios contenidos en los tratados que sobre la materia ratifique el Estado colombiano, las cuales prevalecen en el orden interno y sirven de pauta interpretativa de la normatividad nacional. En este sentido, cabe citar la decisión de la Sala, del 8 de julio de 2008 (Rad. 30581) en la que se sostuvo:

‘Es más, remitiéndose esta corporación a las fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo, incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo OIT no se oponen a la aplicación de la condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con la orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT que <En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación> (resalta y subraya la Sala)’.

Como se ve, la constitución de la OIT plantea el tema en el plano de la sustitución de normas, y no necesariamente alude a derechos consolidados, sino también a garantías o condiciones establecidas en la ley modificada.

Incluso debe indicarse que el Pacto de San José que contempla el compromiso de los Estados de lograr progresivamente la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, impone una estructura programática en torno al citado derecho, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 26 contempla el compromiso ‘para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales’.

De otro lado, el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 estableció que los principios mínimos señalados en el 53 de la Constitución tienen ‘plena validez y eficacia’ en materia de seguridad social. Esa alusión expresa de los principios constitucionales allí señalados, es la fuente donde se sustenta los principios laborales, y así no puede estimarse que sea un postulado exclusivo del ‘derecho del trabajo’, sino lógicamente aplicable a la seguridad social.

El reconocimiento de aquellos no se opone al mandato constitucional del imperio de la ley, entendida esta lato sensu. Del mismo modo, corresponde reconocer que no pueden erigirse en una regla absoluta, porque en un Estado Constitucional no hay lugar a mandatos de ese género, máxime cuando su desarrollo no se opone a la posibilidad de que una situación social sobreviniente conlleve, para conservar una prestación en términos reales, es decir efectivamente adjudicable, que se modifiquen los requisitos para su reconocimiento, haciéndolos más rigurosos. Pero la situación de quien ya cumplió la prestación económica, derivada del ‘contrato intergeneracional’, o de ‘ayuda mutua’ amerita un reconocimiento por haber hecho el esfuerzo que en su momento se le exigió, todo al aplicar la función interpretativa e integradora de los principios.

Esas, entre otras razones, obligan a que el juzgador asuma un visión amplia, en la que la aplicación mecánica de la norma dé paso a la realización de los principios mínimos fundamentales, que se encuentran plasmados en la Constitución Política, que garantizan la seguridad social y la imposibilidad de su menoscabo, lo que respalda la Ley 100 de 1993, que en su artículo 3º, no solo dispone su ampliación, sino su progresividad, de modo que esas preceptivas deben irradiar, a no dudarlo, una prestación como la de la invalidez.

5. Es con fundamento en los criterios precedentes, que en el sub lite, no puede exigirse a la demandante para efectos de la pensión de sobrevivientes, el cumplimiento por parte del causante del requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la muerte, no obstante que esta ocurrió estando en vigor tal exigencia, por cuanto dicha previsión fue a todas luces regresiva como lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia CC C-556 de 2009.

Asentó la Alta Corporación:

(…) la exigencia de fidelidad de cotización, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, es una medida regresiva en materia de seguridad social, puesto que la modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la pensión de sobrevivientes, desconociendo la naturaleza de esta prestación, la cual no debe estar cimentada en la acumulación de un capital, sino que por el contrario, encuentra su fundamento en el cubrimiento que del riesgo de fallecimiento del afiliado se está haciendo a sus beneficiarios.

Por las razones anteriores, prospera el cargo, y el fallo del tribunal será casado en su integridad.

IX. Sentencia de instancia

En sede de instancia, y acorde con lo expuesto con ocasión del recurso extraordinario, se tiene que en este caso solo se exige en cuanto a densidad mínima de cotizaciones sufragadas por el causante, la prevista en el numeral 2 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y que fue declarada exequible en la Sentencia C-556 ya comentada, esto es: “cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”, las cuales se cumplen a cabalidad pues en ese lapso el de cujus aportó 66 semanas como se observa en la Resolución 13343 de 14 de junio de 2006 (fls. 11 a 13), por lo que su compañera puede acceder al derecho deprecado a partir del 9 de enero de 2005, en cuantía equivalente al salario mínimo legal.

El cálculo se efectuó teniendo en cuenta la Corte que no se probó que el causante hubiera cotizado sobre un salario superior al mínimo legal, y con apoyo en el ingreso base de liquidación de $291.137,oo que se acogió para la indemnización sustitutiva y las cotizaciones correspondientes a los meses de diciembre de 2004 y la proporcional de enero de 2005 (fls. 23 y 24), que permiten inferir que se aportó sobre el salario mínimo legal.

Así, se fijará el valor inicial de la pensión en la suma de $381.500,oo que era el SMLV para el año 2005. Por concepto de retroactivo pensional entre el 9 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2014, se impondrá la cantidad de $65’647.866,67, todo de conformidad con el siguiente cuadro:

SL10504-2014-2
SL10504-2014-2
 

En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, cabe invocar el criterio sostenido por la Sala en la sentencia CSJ SL, 6 nov. 2013, rad. 43602, donde dijo textualmente:

En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la doctrina tradicional de la Corte desde la sentencia de 23 de septiembre de 2002, rad. 18512, ha sido que deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que producía al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, tenían carácter resarcitorio y no sancionatorio.

En sentencia de 13 de junio de 2012, rad. 42783, la Corte trajo a colación la de 29 de mayo de 2003, rad. 18789, donde se asentó esa postura en los siguientes términos:

‘Cierto es que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal y como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala. En efecto, así dijo la Corte en sentencia de 23 de septiembre de 2002 (Radicación 18512)’.

La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir.

Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en principio regulaban la controversia; en esas condiciones, no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta no estuvo guiada por el capricho o la arbitrariedad, sino por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia.

En el sub lite procede entonces la exoneración de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues como se dejó suficientemente explicado con ocasión del recurso extraordinario, la concesión de la pensión de sobrevivientes obedeció a la inaplicación del requisito de fidelidad por su evidente contradicción con el principio constitucional de progresividad que rige en materia de seguridad social, aún antes de la declaratoria de inexequibilidad operada en Sentencia CC C-556/09, lo que implicó un cambio de jurisprudencia que no podía prever la administradora demandada.

Por el contrario, es viable la condena a la indexación de las sumas causadas y no pagadas, porque se trata simplemente de reconocer la pérdida que sufrió el dinero por el paso del tiempo. Esa actualización se hizo conforme a la fórmula:

SL10504-2014-1
SL10504-2014-1
 

Procedimiento que ha sido avalado por la Sala como se observa en el fallo de 13 de junio de 2012, Rad. 41996.

La suma a pagar por ese rubro asciende a $10’241.304,62.

Se autorizará al instituto a descontar de la obligación, el valor que hubiere sido pagado por concepto de indemnización sustitutiva debidamente indexado.

Por lo tanto, se revocará la sentencia del juzgado en cuanto absolvió de la pensión deprecada y de la indexación de la deuda, y en su lugar se impondrá condena por esos conceptos en los términos expresados. Se confirmará la absolución por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Sin costas en el recurso extraordinario dada la prosperidad del cargo. Las de las instancias en un 80% a cargo de la demandada.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Nubia Flerida Vallejo de Morales contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, hoy sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. En sede de instancia, revoca parcialmente la sentencia de 18 de agosto de 2009, del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto absolvió de la prestación deprecada y de la indexación de la deuda, y en su lugar, condena a la entidad demandada al pago en favor de la actora de la pensión de sobrevivientes, a partir del 9 de enero de 2005, en cuantía inicial de $381.500,oo más los incrementos legales y mesadas adicionales de junio y diciembre. El valor de la mesada para el año 2014, se fija en $616.000,oo. Por concepto de retroactivo pensional entre el 9 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2014, se impone la suma de $65’647.866,67. Se confirma la absolución dispuesta por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Se autoriza al instituto a descontar de la obligación, el valor que hubiere sido pagado por concepto de indemnización sustitutiva debidamente indexado.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».