Sentencia SL10550 de julio 19 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA LABORAL

Magistrada Ponente:

Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota

SL10550-2017

Radicación 53586

Acta 02

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el 23 de agosto de 2011, en el proceso ordinario que instauró Diana Marcela Giraldo Cruz contra el Instituto de Seguros Sociales En Liquidación.

I. Antecedentes

Diana Marcela Giraldo Cruz llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales, con el fin que fuera declarada la existencia de dos contratos de trabajo que iniciaron desde el 13 de junio de 2003 hasta el 31 de agosto de 2006; y del 1º de febrero de 2007 al 15 de agosto de 2008, respectivamente y, en consecuencia, se profiriera condena por concepto de vacaciones, cesantías y sus intereses, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, aportes a seguridad social, cálculo actuarial por concepto de cotizaciones a pensión y a salud, indemnización moratoria prevista en el Decreto 797 de 1949 y costas del proceso.

Indicó que laboró para la demandada mediante contratos de prestación de servicios; que desempeñó el cargo de abogada de la administradora de riesgos profesionales, labor que prestó de manera personal y subordinada, dentro del horario de trabajo comprendido entre las 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes; que cumplía las mismas funciones que las desempeñadas por el personal de planta del ISS; que no le pagaron sus prestaciones sociales y que es beneficiaria del acuerdo convencional suscrito entre Sintraseguridadsocial y el ISS (fls. 1 a 5).

Al dar respuesta a la demanda, el ente accionado se opuso a todas las pretensiones formuladas en su contra. En cuanto a los hechos precisó que no eran ciertos, salvo aquel relacionado con la presentación de una solicitud de pago de prestaciones sociales. Expresó que la demandante se desempeñó como contratista independiente con total autonomía y sin subordinación; que los contratos de prestación de servicios se encontraban regidos por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios; que la actora constituyó pólizas de garantía; que siempre cobró y se le pagaron honorarios y que, además, firmó voluntariamente cada uno de los contratos de prestación de servicios. Aseguró que la accionante no es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo, al no hacerse extensiva a los contratistas independientes.

En su defensa propuso las excepciones de prescripción, inexistencia del contrato de trabajo, mala fe de la demandante, inexistencia del derecho y de la obligación, ausencia del vínculo de carácter laboral, buena fe, cobro de lo no debido y relación contractual no era de naturaleza laboral (fls. 56 y 57).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, mediante fallo de 22 de octubre de 2010, declaró que entre la demandante y el Instituto de Seguros Sociales existieron dos contratos de trabajo a término indefinido, los cuales rigieron entre el 13 de junio de 2003 y el 31 de agosto de 2006; y desde el 1 de febrero de 2007 hasta el 15 de agosto de 2008.

En consecuencia, condenó a la entidad demandada a pagar la suma de $43.560.990, por concepto de vacaciones, primas de servicios, primas de navidad, cesantías, intereses a las cesantías e indexación; así como a las costas del proceso.

Por su parte, la entidad fue absuelta del pago de la indemnización por mora en el pago de las prestaciones sociales, lo anterior, teniendo en cuenta que:

[…] la entidad, al momento en que celebró los contratos con la demandante, creyó estar celebrando los contratos estatales a que hace referencia el artículo 32 de la Ley 50 de 1990 y no los contratos de trabajo que a la postre resultaron probados. Adviértase que la misma demandante, en interrogatorio de parte absuelto, acepta que conocía el contenido de los contratos suscritos, por lo que no puede imputársele mala fe a la parte demandada, sino la buena fe de celebrar los contratos que conllevaran a la óptima prestación de los servicios que ofrece la entidad» (fls. 149 y 150).

Contra la anterior decisión, las partes interpusieron recurso de apelación (fls. 155 y 160).

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, mediante fallo del 23 de agosto de 2011, modificó el numeral segundo de la decisión apelada, en el sentido de condenar al ISS al pago de las siguientes sumas de dinero: $8.570.342.55, por auxilio de cesantía; $673.690.17, por intereses a la cesantía; $7.781.031, por prima de servicios; $6.114.196, por prima de navidad; $3.325.710, por compensación en dinero de vacaciones; $21.870.074, por falta de consignación de las cesantías en un fondo; $54.200.000, por indemnización moratoria del primer contrato de trabajo, desde el 30 de noviembre de 2006 hasta cuando se realice el pago total de lo adeudado por concepto de salarios, prestaciones e indemnizaciones adeudadas; $65.197.000, por indemnización moratoria del segundo contrato, a partir del 14 de noviembre de 2008 y hasta que se verifique el pago de lo adeudado.

Asimismo, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción. En lo demás, confirmó el fallo recurrido (fls. 50 a 52).

En lo que interesa el presente recurso, el Tribunal concluyó, contrario a lo expuesto por el a quo, que la persistencia del ISS en vincular a la demandante a través de simulados contratos de prestación de servicios y en desconocer los reiterados pronunciamientos judiciales que sobre la materia se han proferido; son demostrativos de su mala fe en el no pago oportuno de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a las que tenía derecho la trabajadora, lo que es suficiente para imponer la indemnización moratoria prevista el artículo primero del Decreto 797 de 1949.

IV. Recurso de casación

El recurso fue interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

El recurrente pide que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada, en lo que se refiere a la condena impuesta a título de indemnización moratoria, para que, en sede de instancia, confirme el fallo de primer grado, y se le absuelva del pago de esa pretensión.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.

VI. Único cargo

Acusa la sentencia por la vía indirecta, por aplicación indebida «del artículo 52 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, modificado por el artículo 1º del Decreto Ley 797 de 1949» (fl. 29).

Estima que la violación denunciada fue consecuencia del siguiente error de facto:

No dar por demostrado, estándolo, que el Seguro Social actuó con buena fe simple durante la ejecución y terminación del vínculo con la actora.

El anterior yerro fáctico derivó, a su juicio, de la errada valoración de (i) los contratos administrativos de prestación de servicios (fls. 24 al 44); (ii) la sustentación del recurso de apelación de la parte demandada (fls. 160 al 163); y de no haber apreciado el escrito de contestación de la demanda (fls. 50 al 57).

En la demostración del cargo, sostiene que el Tribunal valoró indebidamente los contratos de prestación de servicios celebrados por la demandante, de cuyo análisis podía deducirse que no existió simulación, ni intención de ocultar alguna situación de parte de la entidad; sino el convencimiento puro y simple de estar en presencia de una profesión liberal, razón por la que estimó que esta persona podía desempeñar labores en forma autónoma e independiente.

Esas circunstancias, agrega, se encuentran probadas en la contestación de la demanda y en el escrito que contiene la sustentación del recurso de apelación, en las que se aduce que el ISS actuó con buena fe simple, bajo la creencia de que dichos contratos se encontraban regulados por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

VII. Réplica

La parte demandante considera que en este caso el ISS actuó de mala fe, pues haciendo uso de la contratación contemplada en la Ley 80 de 1993, fue vinculada para ejercer funciones en iguales condiciones que aquellas que ostentan funcionarios pertenecientes a la planta de personal, ello, desconociendo la jurisprudencia existente sobre la materia, como las distintas condenas que en asuntos similares se le han impuesto al ISS por concepto de indemnización moratoria.

Indica que, en todo caso, los jueces están revestidos de autonomía en la valoración de las pruebas, por lo que el reproche efectuado en este caso, que refleja únicamente la particular apreciación que sobre ellas hace la demandada, resulta insuficiente para configurar un error de hecho en casación.

VIII. Consideraciones

El único aspecto que discute el recurrente en casación es aquel relacionado con la condena que, a título de sanción moratoria, le fue impuesta por el juez de segundo grado luego de encontrar acreditada mala fe en la celebración de reiterados contratos de prestación de servicios con la demandante, pese a que se estaba frente a una verdadera relación laboral. En su criterio, los elementos de juicio que obran en el expediente, acreditan que la entidad estaba plenamente convencida de que el vínculo que unía a las partes podía regularse al amparo de la Ley 80 de 1993.

Para fundamentar el cargo, el ISS acusa de pruebas mal valoradas los diferentes contratos de prestación de servicios celebrados con la actora y el escrito de sustentación del recurso de apelación; y como elemento no valorado, la contestación de la demanda.

No obstante, para la Corte esos documentos y piezas procesales no permiten deducir la buena fe del actuar de la entidad demandada en la forma en que se indica en el recurso extraordinario. La Corte estima que, por el contrario, la existencia de esos documentos es simplemente demostrativa de la voluntad de ocultar la verdadera relación de dependencia y subordinación que vinculaba a la demandante con el ISS.

En efecto, la jurisprudencia ha sostenido, de forma por lo demás reiterada, que no basta argüir la suscripción de un contrato de prestación de servicios y proponer como excusa el convencimiento de haber actuado dentro de los parámetros de la Ley 80 de 1993, para lograr la exoneración en el pago de la sanción moratoria.

La sola presencia de los mencionados contratos, sin que concurran otras razones atendibles que justifiquen la conducta de la demandada de haberse sustraído del pago de las sumas de dinero adeudadas, no es suficiente para tener por demostrada la convicción de la entidad de haberse ajustado a los postulados de la buena fe (CSJ, SL16414-2016).

En esas condiciones, el recurrente no puede desconocer que el establecimiento de la corrección del comportamiento del empleador depende del examen que, en cada caso, realice el juez de cara a los elementos probatorios obrantes en el proceso a efectos de determinar si aquel, más allá de la existencia misma de los contratos de prestación de servicios, tenía o no razones fundadas para abstenerse de reconocer prerrogativas laborales (CSJ, SL5642-2014), ante lo cual, las manifestaciones del censor acerca de la autosuficiencia de dichos contratos para inferir de allí su buena fe, se aprecian insuficientes para derruir los fundamentos de la sentencia del Tribunal, y quedan relegadas a meras apreciaciones particulares en torno a los alcances que, a su juicio, el ad quem debió haberle dado a esas específicas pruebas.

Las anteriores consideraciones son suficientes para descartar el yerro endilgado por el recurrente, habida cuenta que los contratos de prestación de servicio y las manifestaciones del empleador de tener la creencia de haber celebrado válidamente una forma de vinculación diferente a la laboral –incorporados en los escritos de contestación de la demanda y de sustentación de la apelación- no son causas que lo exoneren de la indemnización moratoria (CSJ SL5642-2014); el Tribunal acertó, entonces, cuando, en su ejercicio valorativo, no le dio a aquellos documentos contractuales, el carácter concluyente que les atribuye el recurrente y, en su lugar, acudió al acervo probatorio restante para determinar si la forma de vinculación de la trabajadora era consecuente con su situación o si, por el contrario, bajo la apariencia de un contrato distinto del laboral se ejerció efectivamente sobre aquella una continua y permanente subordinación.

Y aquí resulta relevante poner de manifiesto que el Tribunal, luego de analizar los diferentes testimonios, así como la existencia de más de 19 contratos de prestación de servicios celebrados con la demandante de forma ininterrumpida, concluyó que la entidad no obró de buena fe, en tanto utilizó una modalidad de contratación de carácter transitorio para vincular a una persona cuyos servicios requería de forma habitual.

Encontró el ad quem que no existía colaboración esporádica o especial por parte de la trabajadora sino que desarrollaba una labor continua, quien además recibía y cumplía órdenes del Jefe del Departamento de Riesgos Profesionales de la entidad, y constató así mismo que en la planta de personal había servidores que desempeñaban las mismas funciones que ella, que debía pedir permisos, entre otros aspectos que hacen derivar una subordinación jurídica; elementos a partir de los cuales pudo descartar, razonablemente, el supuesto desconocimiento invocado por el ISS y, en su lugar, tener por probada su intención de ocultar una situación que materialmente se regía bajo un verdadero contrato de trabajo.

En este punto, la Sala debe recordar que para que los errores en la valoración probatoria lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo, no basta con que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas respecto de otras sino que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que se creyó establecer, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que configure lo que la ley llama el error de hecho (SL4514-2017).

Como ha quedado expuesto que el tribunal no incurrió en un defecto con esas características al ordenar el pago de la indemnización moratoria por cada contrato de trabajo independientes que encontró demostrados, puesto que el análisis de las pruebas calificadas que se hizo en la sentencia es razonable.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Debe la Sala aclarar que la forma en que el tribunal impuso el pago de la indemnización moratoria por separado para cada contrato de trabajo, se mantendrá incólume porque este aspecto no fue materia de inconformidad por parte del ISS en el recurso de casación.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de $7´00.000, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. 

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el 23 de agosto de 2011, en el proceso que instauró Diana Marcela Giraldo Cruz contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán QuinteroDolly Amparo Caguasango VillotaErnesto Forero Vargas.