Sentencia SL10562-2017/48099 de julio 19 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

SL10562-2017

Rad.: 48099

Acta 2

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

La Sala comienza por advertir, que acorde con las normas procesales y a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas de técnica que su planteamiento y demostración requieren, que, de no cumplirse, puede conducir a que el recurso extraordinario resulte infructuoso.

Además, debe recordarse, como en numerosas ocasiones lo ha dicho esta corporación, que este medio de impugnación no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor se contrae a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el Juez de apelaciones al dictarla, observó o no las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para dirimir el conflicto.

Visto lo anterior, encuentra la Sala que el escrito contentivo de la demanda de casación, presenta deficiencias técnicas que comprometen la prosperidad del cargo, y que no es factible subsanarlas de oficio en virtud del carácter dispositivo del recurso extraordinario, tal como en seguida pasa a detallarse:

1. El numeral 4º del artículo 90 del CPTSS, establece que la demanda debe contener “la declaración del alcance de la impugnación”, que como lo ha reiterado la Sala consiste en la indicación de lo que “(…) se debe casar, es decir, la parte de la sentencia acusada que debe quebrase, o la totalidad de la misma, conforme a las circunstancias del caso; la actividad de la Corte en sede de instancia, o sea señalar si el fallo de primera instancia debe confirmarse, revocarse o modificarse; y en estos dos últimos casos, qué debe disponerse como reemplazo” (CSJ SL, 20 oct. 2005, rad. 24440).

En ese sentido, es evidente que el alcance de la impugnación en el sub examine, más que la expresión de lo que en concreto se pretende, muestra una evidente impropiedad al procurar que “La honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en sede de instancia, revoque todos y cada uno de los apartes de la sentencia impugnada en primera y segunda instancia”, cuando es sabido que la decisión de primer grado solo es susceptible de ser recurrida en casación en el caso previsto en el artículo 89 ibídem, esto es, cuando existe acuerdo entre las partes para saltar la instancia de la apelación —casación per saltum—, que no se configura en el sub lite, donde se surtió la alzada a instancia del recurrente y de la señora Alba Mery Muñoz Aguirre.

Significa lo anterior que le correspondía al recurrente acusar la decisión del Tribunal e impetrar en sede de instancia, lo que pretendía frente a la decisión de primer grado, sea su confirmación, modificación o revocatoria y, en estos dos últimos casos, cuál sería la decisión de reemplazo, pero nunca en los términos como está formulado.

Deficiencia que cobra mayor relevancia cuando en la demostración del cargo, no sólo critica la decisión del ad quem, sino también enfila su distanciamiento con la sentencia del a quo, lo cual es inapropiado, pues el recurso de casación, salvo la casación per saltum, está instituido para juzgar la sentencia del juez de apelaciones, no la dictada en primera instancia.

2. El literal a) del numeral 5º del artículo 90 ibídem, entre otros requisitos, exige que el recurso debe contener “El precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado”, y el literal b) ibídem, establece que cuando se crea que la infracción legal ocurrió como consecuencia de los errores de hecho o de derecho en la apreciación de una o unas pruebas, deben citarse en forma singularizada y además precisarse “qué clase de error se cometió”.

Exigencias que lejos está de cumplirlas la censura, pues ni cita alguna de las normas sustanciales en las cuales soportó su decisión el Tribunal para confirmar la existencia del contrato de trabajo entre las partes y las condenas que de dicha declaración se desprenden, ni tampoco individualiza el eventual error de hecho o de derecho en que pudo incurrir el sentenciador de segundo grado.

Aquí es importante recordar que, si bien la casación del trabajo contempla, como una de sus causales, la violación de la ley sustancial del orden nacional; excepcionalmente cabe la acusación de normas procesales como violación de medio, la que se presenta cuando aquellas son el instrumento o el vehículo que conduce a la transgresión del precepto legal sustantivo, pero ello, en momento alguno releva a la censura de indicarle a la Corte cuál fue la norma sustancial que consagra el derecho debatido, lo cual, como se vio, lejos estuvo de acatar la censura.

Igualmente, es criterio de la Sala que las disposiciones contentivas de reglas de procedimiento relacionadas con la validez de la prueba se han de discutir en el recurso extraordinario por la vía directa, por cuanto antes de incurrir el sentenciador en una errónea apreciación o falta de valoración de las pruebas que genera errores manifiestos de hecho o derecho, lo que, en estos casos, se infringe, en primer lugar, es la ley instrumental que gobierna la solicitud, producción, aducción, aportación y decreto de los elementos probatorios legalmente admisibles, que configura un yerro jurídico que desde luego no es el caso bajo estudio.

3. De otra parte, la censura en lo absoluto controvierte las razones fundamentales por las cuales el fallador de segundo grado concluyó que “no es válida la intervención ad excludendum realizada por la señora Alba Mery Muñoz Aguirre”, principalmente las referidas a que resultaba “sospechoso” y “peligroso” para los derechos reclamados por el demandante, su intervención como ad excludendum; además, si eventualmente tuviese algún tipo de obligación como empleadora, que dice lo fue del actor, la misma podía ser solucionada a la luz de la figura de litis consorcio facultativo por pasiva y no como interviniente ad excludendum. Entonces, como estos pilares no fueron controvertidos, los mismos, tienen la virtualidad de mantener inalterable la decisión atacada, pues gozan de la presunción de legalidad.

Aunque lo anterior sería suficiente para desestimar el cargo, la Corte hace notar que la decisión de segundo grado en momento alguno infringió las normas adjetivas señaladas por la censura. Se explica:

1. Desde antaño se tiene adoctrinado por esta Sala de la Corte, que el hecho de darles mayor credibilidad a unos medios de convicción que a otros, no constituye una violación de la ley procesal, por motivo que los sentenciadores de instancia a la luz del artículo 61 del CPTSS gozan de la “potestad legal de apreciar libremente la prueba”, para, con ello, formar su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, acerca de los hechos discutidos. Esto, con base en aquellos elementos de prueba que más los induzcan a hallar la verdad real, siempre y cuando las inferencias del juzgador sean lógicas y aceptables, por lo cual quedan abrigadas por la presunción de legalidad.

De suerte que los jueces de instancia, conforme a esa potestad legal, pueden válidamente fundar su decisión en aquellos elementos probatorios que les merezcan mayor persuasión o credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure un yerro (CSJ SL 832-2013, reiterada, entre otras, en sentencia CSJ SL2833-2017).

Entonces y como para el sentenciador de alzada, investido de la potestad legal precisada anteriormente, le merecieron mayor persuasión y credibilidad, entre otras pruebas, las testimoniales rendidas por Octavio Enrique Peberthy López y Jorge Salazar Toro, de cara a los elementos probatorios señalados por la censura, mal puede concluirse que cometió un error fáctico, el que por demás y como arriba se precisó, ni siquiera fue señalado por el recurrente.

2. La intervención ad excludendum prevista por el artículo 53 del CPC, hoy por el 63 del CGP, es una figura por medio de la cual se admite en un proceso, la presencia de un tercero cuya pretensión es la cosa o el derecho controvertido en todo o en parte; es decir, que quien interviene como tal pretende que se le reconozca el derecho, sobre lo que se está en el discutiendo: un ejemplo de ello, en materia laboral, es cuando la cónyuge y la compañera permanente pretenden acceder a una pensión de sobrevivientes, pues cada una de ellas puede ejercer su acción con prescindencia de los demás, salvo cuando previamente se ha reconocido el derecho a una o hay de por medio derechos de menores de edad, en estos casos la figura a emplear, sería diferente (Sent. CSJ SL, 22 ago. 2012, rad. 38450).

Dicho de otra manera, la figura de la intervención ad excludendum, fue consagrada por el legislador para que un tercero intervenga en un proceso, formulando pretensiones en contra del demandante o del demandado, pero nunca para que, motu proprio irrumpa en el litigio, asumiendo obligaciones jurídicas y responsabilidades económicas que le corresponden a otro contendiente obligado, que fue precisamente lo que sucedió en el caso de autos y la razón por la cual, el sentenciador de alzada, no la admitió como tal, catalogando dicho proceder como “sospechoso” y “peligroso”, para los intereses de quien reclamaba sus derechos como trabajador.

Lo anterior sin olvidar que Rodrigo Gómez Vásquez, al contestar la demanda, guardó total hermetismo frente al carácter de empleadora que eventualmente hubiese podido ostentar la señora Mery Muñoz Aguirre, ni siquiera aceptó que era el propietario del depósito de chatarra y menos utilizó alguna de las figuras jurídicas que eventualmente lo hubiesen relevado de algún tipo de responsabilidad como empleador, máxime que ni siquiera formuló excepciones, pues sólo en casación, y de manera tardía, insiste que quien verdaderamente ostentaba la calidad de empleadora era la señora Muñoz Aguirre.

3. Finalmente, no puede pasarse por alto que el juez, bien como director del proceso, ora como garante los derechos fundamentales de los trabajadores, está investido de facultades para tomar decisiones que prevengan dilaciones o hagan nugatorios los derechos, tanto así que puede imponer cauciones, decretar medidas previas, integrar o negar la intervención de terceros en cualquiera de sus manifestaciones, entre otras; actuar que en momento alguno puede ser catalogado como violatorio de la Constitución Política o de la ley, pues simplemente está dirigido a buscar que el proceso mismo no se entrabe o se le pongan obstáculos para lograr su cometido y una adecuada administración de justicia.

En consecuencia, el cargo se desestima.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del demandado recurrente. En su liquidación, que deberá hacer el juez de conocimiento conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso, inclúyase como agencias en derecho la suma de siete millones de pesos ($7.000.000).

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia la sentencia proferida, el 18 de junio de 2010, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que Francisco Froilán Moreno Pérez le adelanta a Rodrigo Gómez Vásquez.

Costas conforme se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».