Sentencia SL10610-2014 de julio 9 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 43847

Acta 24

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., nueve de julio de dos mil catorce.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de septiembre de 2009, en el proceso seguido por Guillermo Sinisterra Beltrán contra la Administración Postal Nacional - Adpostal en Liquidación.

I. Antecedentes

El citado accionante presentó demanda ordinaria laboral en contra de la Administración Postal Nacional - Adpostal en Liquidación, para que previa declaración de que el despido fue ineficaz, se ordene el restablecimiento de su contrato de trabajo en las mismas condiciones en que se encontraba hasta antes de ser separado del cargo, y el pago de los siguientes conceptos: salarios dejados de percibir con sus reajustes legales y convencionales; bonificación de diciembre; primas de navidad y semestral; quinquenios; primas de vacaciones, de retiro por jubilación, de alimentación, de movilización y de recargo en el mes de diciembre; auxilios funerarios, por niños especiales, de traslado por motivo de salud, de rodamiento de motocicletas y bicicletas, y de traslado; vacaciones compensadas; aportes a seguridad social; la indexación y las costas del proceso.

De manera subsidiaria, solicitó que se declarara la nulidad del despido y el reintegro sin solución de continuidad; el pago de salarios legales y convencionales; prestaciones legales y convencionales referidas en la pretensión principal; vacaciones compensadas; aportes a la seguridad social; la indexación y las costas del proceso.

A su vez, y en subsidio de lo anterior, pretendió el pago de la indemnización por despido injusto y las costas del proceso.

En apoyo de sus peticiones refirió que laboró al servicio de la demandada en forma continua e ininterrumpida desde el 12 de junio de 1986 hasta el 7 de octubre de 2005; que desempeñó el cargo de cartero clase III - grado 3, para el que se posesionó mediante Acta 2 de 28 de junio de 1986; que el Departamento Administrativo del Servicio Civil hoy Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante Resolución 3594 de 13 de julio de 1989, lo inscribió en el escalafón de carrera administrativa.

Que a través de la comunicación 4779577 de 30 de diciembre de 1993 se le informó que en desarrollo del Decreto 2124 de 1992 se suprimía la planta de personal de Adpostal a partir del 31 de ese mes y año; que fue incorporado en la nueva planta en el cargo de cartero nivel 01 grado 01; y que posteriormente mediante oficio 01299 del 27 de junio de 1995, se le informó que había sido ascendido al cargo de jefe de oficina postal nivel 5, grado 07.

Aseveró que entre Adpostal y el Sindicato de Trabajadores Postales —Sintrapostal— se suscribió convención colectiva de trabajo, la cual, de conformidad con su cláusula cuarta, era aplicable a todos los trabajadores oficiales y a quienes con anterioridad al 31 de diciembre de 1993 se encontraban vinculados por resoluciones administrativas.

Especificó que la cláusula 9º convencional, denominada “estabilidad laboral”, dispuso que “los trabajadores oficiales de Adpostal, reincorporados por efectos de la reestructuración ordenada en el Decreto 2124 de 1992, están vinculados por contrato de trabajo a término indefinido. Su vinculación se entenderá sin solución de continuidad para todos los efectos legales”.

Señaló que mediante oficio 2-1662 de 6 de octubre de 2005 se le informó que a partir de esa fecha se le daba por terminado, de manera unilateral y con justa causa, su contrato de trabajo.

Que frente a la anterior determinación, agotó la reclamación administrativa (fls. 1-12, cdno. juzg. 7º laboral).

La accionada se opuso al éxito de las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos, admitió la prestación del servicio, los extremos de la relación laboral, los cargos desempeñados, y la terminación unilateral del contrato de trabajo.

Sostuvo que la estabilidad laboral establecida en la convención colectiva de trabajo que amparaba a los trabajadores oficiales de Sintrapostal no permitía que cometieran faltas graves y que incumplieran el contrato de trabajo; y que la terminación se fundamentó en las justas causas que establece el Decreto 2127 de 1945. En su defensa propuso las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, prescripción, improcedencia del reintegro y la innominada (fls. 72-79, cdno. juzg. 7º laboral).

II. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 17 de octubre de 2008, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali de Descongestión condenó a la entidad demandada a pagar al actor la suma de $ 11.682.188,40 por concepto de indemnización por despido injusto; absolvió de las demás pretensiones, y las costas las impuso a la parte vencida (fls. 877-891, cdno. juzg. 7º laboral).

Consideró el juez que dada la naturaleza de la demandada —entidad del orden nacional—, en principio, la jurisdicción laboral no podía conocer del asunto. Sin embargo, estimó que como Adpostal no discutió la afirmación del actor de que era trabajador oficial, ello era suficiente para tenerlo por tal.

Dilucidado lo anterior, estimó que la justa causa invocada por la accionada no se encontraba demostrada, básicamente porque no allegó al proceso el informe de auditoría que le sirvió de sustento para la terminación de la relación laboral con el demandante, además que —dijo el funcionario judicial— la declaración de la testigo no suministraba suficientes elementos de juicio para establecer si el actor era el responsable de los errores que le fueron endilgados como justa causa para despedirlo.

En cuanto a las condenas que debía impartir, encontró el juzgador que en la convención colectiva no se estableció el reintegro por despido injusto, razonamiento que le sirvió para despachar desfavorablemente tal pretensión y conceder la indemnización por terminación del contrato sin justa causa.

III. Sentencia de segunda instancia

Llegado el proceso a la segunda instancia por apelación del demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2009, revocó lo resuelto por el a quo.

Previo a resolver de fondo el asunto, reexaminó los presupuestos procesales bajo el entendido de que “la juez de instancia declaró su competencia y entró a conocer del asunto que se plantea, al considerar que, no obstante la entidad demandada era ‘una entidad de orden nacional’, esta ‘admitió’ que el actor era un trabajador oficial por no haber cuestionado dicha circunstancia ni exigir pruebas conducentes a demostrar lo contrario”.

Aclaró que la facultad de determinar el régimen de los empleados de las entidades del Estado es privativa del legislador, y que son las disposiciones legales las que determinan la naturaleza del servidor público sin que el hecho de haber recibido pagos propios de un trabajador oficial o beneficios convencionales permita desconocer la disposición constitucional que indica quién es el órgano competente para clasificar a los trabajadores del Estado.

Hizo a un lado los lineamientos del a quo atinentes a que si las partes guardan silencio durante el proceso “se presenta una aceptación tácita de la calidad de trabajador oficial”, y reiteró que esa clasificación no depende del juez o del funcionario administrativo.

Procedió entonces a estudiar el presupuesto de la jurisdicción, para lo cual señaló que la Administración Postal Nacional - Adpostal fue creada a través del Decreto 3267 de 1963, vinculada al Ministerio de Comunicaciones y luego reestructurada en empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional a través del Decreto 2124 de 1992.

Transcribió el artículo 6º del citado decreto y el 26 del Decreto 2247 de 1993, para concluir que al ser nombrado el demandante el 27 de junio de 1995 en el cargo de jefe de oficina postal de la oficina postal de Santander de Quilichao “por el director de la entidad demandada” ostentaba la calidad de empleado público y no la de trabajador oficial.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, estableció que la jurisdicción ordinaria laboral no era competente para “estudiar conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente de una relación legal y reglamentaria propia de los empleados públicos, como en el presente caso que el sujeto activo, o demandante, tiene esa cualidad”, pero de igual modo destacó que “la sola manifestación del contrato de trabajo en el escrito demandatario (sic), basta para cobijar al juez laboral de la competencia necesaria para estudiar la razón o no de las pretensiones del actor al momento de proferir sentencia, y en consecuencia, determinar si se probó en el legajo expediental la calidad de trabajador oficial. En caso de no evidenciarse el tipo de relación contractual pretendida, ha dicho la jurisprudencia y la doctrina, de manera reiterada, que debe absolverse a la entidad oficial demandada”.

Con fundamento en lo expuesto y luego de concluir que la jurisdicción laboral no era competente para dilucidar el caso, revocó la sentencia apelada, “no obstante dicha decisión pueda vulnerar el principio procesal de la no reformatio in pejus, toda vez que la a quo profirió el fallo sin observar los presupuestos procesales necesarios para resolver en derecho, generando un vicio insaneable en la providencia que se recurre”.

IV. El recurso de casación

Lo interpuso la parte actora, y con él pretende que la Corte case la sentencia impugnada, y en sede de instancia, revoque la del a quo, y en su lugar, se estimen “las pretensiones principales de la demanda inicial, esto es, declarando la ineficacia del despido, ordenando el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones legales y convencionales dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta que ocurra el reintegro, declarando que no hubo solución de continuidad en la relación laboral”.

De no proceder lo pretendido, solicita que se declare la nulidad del despido, se ordene el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales legales y convencionales dejadas de percibir.

A su vez, y en subsidio de las dos anteriores, pide a la Corte que confirme la sentencia del a quo, pero se corrija el monto de la indemnización por despido injusto para disponerlo en suma de $ 44.952.625, indexado a la fecha de su pago efectivo.

Con tal propósito formula dos cargos, por las causales segunda y primera de casación, respectivamente. Por razones de método, la Sala estudiará, en primer lugar, el cargo orientado por la causal primera de casación.

No hubo réplica por parte de la accionada.

V. Cargo segundo

Por la senda indirecta, atribuye a la sentencia recurrida la violación de la ley sustancial, bajo la modalidad de aplicación indebida, de los artículos “artículos 2º, 26, 28 y 29 del Decreto 2247 de 1993, los artículos 1º, 6º y 7º del Decreto 2124 de 1992 en relación con el artículos (sic) 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968, los artículos 467, 468, 469 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 1º, 8º y 11 de la Ley 6ª de 1945 y artículo 48 del Decreto 2127 de 1495 [sic], los artículos 6º, 7º, 9º, 17, 24, 25, 67, 68 69 y 70 de la Ley 734 de 2022 [sic]. Igualmente se vulneró los artículos 29, 53 y 122 de la Constitución Nacional”.

Señala que el quebranto de las citadas disposiciones, se produjo a consecuencia de los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por demostrado, a pesar de no estarlo, que el demandante estuvo vinculado a Adpostal como empleado público para la fecha de su despido;

2. No tener por establecido, a pesar de estarlo, que la relación laboral del demandante con la entidad demandada fue la propia de los trabajadores oficiales;

3. Tener por acreditado, a pesar de no estarlo, que la demandada no controvirtió la naturaleza jurídica del vínculo que ató a la demandante con el instituto que de acuerdo a lo afirmado en la demanda fue la propia del trabajador oficial;

4. No dar por probado, a pesar de estarlo, que durante la vigencia de la relación laboral y a su terminación la entidad demandada le pagó al actor prestaciones sociales extralegales y le dio tratamiento de trabajadora oficial;

5. No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que el demandante durante su relación laboral con la entidad demandada nunca fue nombrado no tomó posesión de ningún cargo de libre nombramiento y remoción.

6. No dar por establecido, a pesar de no estarlo, que por ser Adpostal una empresa industrial y comercial del Estado, por regla general (presunción) sus servidores son trabajadores oficiales, lo que dejaba al empleador la carga de la prueba de demostrar que el demandante era un empleado público.

7. No haber dado por demostrado estándolo, que el demandante era beneficiario de la convención colectiva de trabajo vigente en Adpostal para la fecha de su despido, por lo que, sus derechos además de a ley debían derivarse del acuerdo colectivo vigente bien para ordenar su reintegro, ya para liquidar la indemnización por despido injusto.

8. No dar por demostrado estándolo, que al demandante antes de despedirlo con justa causa debían adelantarle un debido proceso disciplinario conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002 (CDU)”.

Afirma que los yerros fácticos, se originaron en las “pruebas indebidamente apreciadas o dejadas de apreciar”, que se relacionan a continuación:

“a. Comunicación 7068 del 12 de junio de 1986 por medio de la cual se informa al demandante que ha sido vinculado en provisionalidad en Adpostal para desempeñar el cargo de cartero clase III grado 3. Folios 13 y al 26 del cuaderno 1 de primera instancia.

b. Acta de posesión 002 del 28 de junio de 1986 en la que el demandante toma posesión del cargo de cartero clase III grado 3. Folios 14 y 117 del cuaderno 1 de primera instancia.

c. Resolución 3594 del 13 de julio de 1989 por medio de la cual el Departamento Administrativo del Servicio Civil inscribe en carrera administrativa al demandante en el cargo de cartero clase III grado 3. Folio 15 del cuaderno 1 de primera instancia.

d. Oficio del 30 de diciembre de 1993 por medio del cual el director de Adpostal comunica al demandante que en la nueva estructura de la entidad ha sido incorporado en el cargo de cartero nivel 01 grado 01. Folios 16 y 209 del cuaderno 1 de primera instancia.

e. Oficio 01299 del 27 de junio de 1995 por el que el director de Adpostal comunica al demandante que ha sido ascendido del cargo de cartero 01 al de jefe de oficina postal de Santander de Quilichao. Folios 17 y 229 del cuaderno 1 de primera instancia.

f. Carta de despido del demanadante (sic) con justa causa y sin previo aviso, del 6 de octubre de 2005 firmada por el director de Adpostal. Folios 18 del cuaderno 1 de primera instancia y 609 del cuaderno 2 de primera instancia.

g. Memorial de reclamación administrativa presentado por el demandante a la demandada el 21 de noviembre de 2005. Folios 24 y 25 del cuaderno 1 de primera instancia y 615 y 616 del cuaderno 2 de primera instancia.

h. Oficio 0017 del 4 de enero de 2006 por medio del cual la dirección de Adpostal da respuesta al demandante frente a su reclamación administrativa. Folios 26 a 29 del cuaderno 1 de primera instancia.

i. Copia de la Resolución 1 de 4 de enero de 2000 de la gerencia regional de Adpostal por medio de la cual se impone una sanción disciplinaria al demandante de suspensión del contrato de trabajo por 15 días. Folios 275 y siguientes del cuaderno 1 de primera instancia.

j. Acto de notificación al demandante de la sanción disciplinaria de suspensión del contrato de trabajo por 15 días, del 14 de marzo de 2002. Obrante a folio 279 del cuaderno 1 de primera instancia.

k. Certificado del presidente de Sintrapostal del 4 de julio de 2008 en el que consta que el demandante era afiliado a esa organización sindical y beneficiario de la convención colectiva para la fecha de su despido. Folio 831 del cuaderno 2 de primera instancia.

l. Copia de la convención colectiva de trabajo vigente en Adpostal para el año 2005 cuando fuera despedido el demandante. Folios 849 y siguientes del cuaderno 2 de primera instancia.

m. Escrito de contestación de la demanda presentado por el apoderado de Adpostal obrante a folios 72 y siguientes del cuaderno 1 de primera instancia.

n. Liquidación final de prestaciones sociales del demandante a folios 537 a 541 del cuaderno 2 de primera instancia”.

Para la demostración del cargo, se refiere a los decretos 3135 de 1968, 2124 de 1992 y 2247 de 1993. A renglón seguido, asegura que el oficio 7068 de 12 de junio de 1986, el acta de posesión del 28 de junio de 1986 y la Resolución 3594 de 1989, evidencian que su vinculación con la demandada para el año 1986 se dio como empleado público, en razón a que para esa fecha la entidad accionada era un establecimiento público.

Que del comunicado de 30 de diciembre de 1993, mediante el cual el director general de Adpostal le informó que por Decreto 2124 de 1992 se reestructuró la entidad y que en la nueva planta fue reincorporado como cartero grado 01, se extrae que era trabajador oficial.

Que el tribunal concluyó con sustento en el oficio 01299 del 27 de junio de 1995, a través del cual se le comunicó su ascenso al cargo de jefe de oficina postal, que era empleado público al momento de la terminación de su contrato, lo cual no es acertado, pues “el artículo 26 del Decreto Reglamentario 2247 de 1993 incluyó el cargo de jefe de oficina entre los de (sic) empleados públicos de la entidad, en tanto que el Decreto-Ley 2124 de 1992 orgánico de Adpostal no incluyó en su artículo 6º este cargo. De tal forma que, si se aplica el artículo 6º del Decreto-Ley 2124 de 1992, promulgado por facultades especiales del artículo 20 transitorio de la Constitución Nacional el demandante no podría ser empleado público, ni como cartero grado 01 que fue el cargo asignado luego de la restructuración de la entidad en el año 1993, ni como jefe de oficina postal que fue el cargo al que se le pretendió ascender por el oficio del 27 de junio de 1995”.

Afirma que por ser cartero en junio de 1995, solo podía ser ascendido al cargo de jefe de oficina si ese nuevo cargo tenía el carácter de trabajador oficial; que no existe norma constitucional ni legal que autorice ascender sin concurso de méritos a un trabajador oficial al que se vincula por contrato de trabajo; que la única manera de hacer esos ascensos era porque esos cargos correspondían a trabajadores oficiales.

Que el juez de apelaciones se equivocó en la valoración de la carta de despido pues solo a un trabajador oficial se le termina el contrato de trabajo con presunta justa causa y sin previo aviso; que con esa prueba la demandada reconoció que se trató de una sanción disciplinaria de la Ley 734 de 2002, y no se respetó el debido proceso establecido en el Código Disciplinario Único.

Asegura que el oficio 0017 de enero de 2006, da cuenta que la demandada confirma su condición de trabajador oficial, lo que se reitera con la contestación de la demanda y la Resolución 1 de 2000 con la que se le impone una sanción disciplinaria. Frente a esta última prueba dice que fue indebidamente apreciada y desestimada.

Advirtió que el Estado no puede aprovechase de su propio dolo y los jueces no pueden interpretar o aplicar normas que resulten menos favorables al trabajador, “pues estando vigente los decretos 2124 de 1992 y 2247 de 1993, se impone la primera por ser de mayor jerarquía, pero además por ser más favorable al trabajador conforme al artículo 53 de la Constitución Política”.

Por último, critica la falta de apreciación de la convención colectiva de trabajo pues de haberla tenido en cuenta habría declarado la ineficacia o nulidad del despido y hubiese corregido el monto que por indemnización por despido injusto fulminó el a quo.

VI. Consideraciones

Corresponde a la Corte determinar a cuál categoría laboral perteneció el demandante para la fecha de su desvinculación de la Administración Postal Nacional, Adpostal, esto es, si fue un empleado público o un trabajador oficial.

De lo anterior dependerá la procedencia del estudio de los derechos reclamados por el promotor del proceso y derivados del contrato de trabajo y/o de la convención colectiva.

Pues bien, conviene recordar que tradicionalmente han sido dos los criterios legales a tener en cuenta para determinar la categoría laboral de los servidores que prestan sus servicios a entidades de la administración pública: (i) el factor orgánico, referido a la naturaleza jurídica o el tipo de entidad, y (ii) el funcional respecto a la actividad desempeñada específicamente por el trabajador, para corroborar si ella guarda relación con la construcción y sostenimiento de obras públicas.

La regla general es que quien presta sus servicios en organismos y entidades de la rama ejecutiva del poder público y de la administración pública cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, es empleado público, y solo por excepción, será trabajador oficial el que se ocupa en la construcción y sostenimiento de obras públicas.

Igualmente se erige como derrotero general que quienes prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales, a excepción de los que, conforme a los estatutos de dichas empresas, desempeñen actividades de dirección y confianza, que serán empleados públicos.

En ese marco jurídico, se tiene que Adpostal a partir de la expedición del Decreto 2124 de 1992 “Por el cual se reestructura la Administración Postal Nacional - Adpostal” expedido con fundamento en las facultades concedidas al Presidente de la República en el artículo 20 transitorio de la Constitución Política, se reestructuró en empresa industrial y comercial del Estado, razón por la cual sus servidores, en principio, son trabajadores oficiales.

Al respecto, el artículo 1º del Decreto 2124, intitulado “Naturaleza jurídica”, dispuso:

“Reestructúrase en empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente a la Administración Postal Nacional —Adpostal—, creada y organizada por el Decreto 3267 de 1963, vinculada al Ministerio de Comunicaciones, a la cual, salvo lo dispuesto en el presente decreto, para todos los efectos, le serán aplicables las disposiciones que regulan el régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado (negrillas propias de la Sala)”.

De su lado, el artículo 6º de la misma normativa, de forma similar a como lo hizo el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, difirió a la entidad la facultad de determinar en sus estatutos internos qué actividades(1) serían desempeñadas por empleados públicos. Dijo el precepto en mención:

“ART. 6º—Régimen de los empleados. En los estatutos internos de Adpostal se determinará qué cargos serán desempeñados por empleados públicos. En todo caso, quienes desempeñen funciones de director general, subgerente, secretario general, consejero, gerente regional, jefe de departamento y jefe de división tendrán la calidad de empleados públicos. Los demás funcionarios de la planta de personal tendrán la calidad de trabajadores oficiales (negrillas propias de la Sala)”.

Aunque la redacción de la disposición transcrita no sea la más afortunada, de su contenido se puede inferir razonablemente lo siguiente: i) los funcionarios de Adpostal, por regla general, son trabajadores oficiales; ii) por excepción, en los estatutos internos de la entidad se precisaran qué actividades serán desempeñadas por empleados públicos; iii) en todo caso, como mínimo —en el entender de la Corte— serán empleados públicos quienes desarrollen funciones de director general, subgerente, secretario general, consejo, gerente regional, jefe de departamento y jefe de división.

Es en este sentido que para la Sala debe interpretarse la norma, mas no como una prohibición para que en los estatutos internos se puedan fijar cargos adicionales sujetos a una relación legal y reglamentaria a los que por autoridad la misma ley ha determinado que deben ser desempeñados por tales servidores.

Y es que desde una perspectiva teleológica y pragmática de la norma resulta razonable la interpretación de la Corte, pues dadas las actividades que son propias de las empresas industriales y comerciales del Estado, es la entidad la que conoce las particularidades y fortalezas de su gestión empresarial y económica, lo cual le permite determinar qué actividades según su ramo, son de mayor dirección y confianza, y por ende, deben ser desempeñadas por empleados públicos, naturalmente sometidos a las reglas de la carrera administrativa y sus excepciones.

En el presente asunto, la facultad de fijar en los estatutos internos qué actividades serían desempeñadas por servidores con vínculo legal y reglamentario, vino a ser desarrollada por la junta directiva de Adpostal a través del Acuerdo 003 de 1993, aprobado por el Decreto 2247 de 1993, en el que estableció lo siguiente:

“ART. 26.—Régimen de los empleados. Para todos los efectos legales, las personas que prestan sus servicios en Adpostal son trabajadores oficiales vinculados a la empresa mediante contrato de trabajo. Sin embargo, tendrán la calidad de empleados públicos de libre nombramiento y remoción por parte del director general, las personas que desempeñen los siguientes cargos:

a) Subgerente.

b) Secretario general.

c) Consejero.

d) Gerente regional.

e) Gerente seccional.

f) Jefe de oficina

g) Director de departamento.

h) Jefe de división.

PAR. 1º—Estos empleados públicos de la empresa se posesionaran ante el director general o ante el funcionario que este delegue...” (Negrillas propias de la Sala).

En este orden, no encuentra esta corporación que el tribunal se haya equivocado al afirmar que el cargo de jefe de oficina postal correspondía a un empleo regido por una relación legal y reglamentaria, pues nótese como a la luz del estatuto interno de Adpostal, la actividad de jefe de oficina, debía ser desempeñada por servidores que tuvieran la calidad de empleados públicos, precisamente por considerar la entidad que tal empleo comportaba funciones de dirección y orientación institucionales.

Por último, y para dar respuesta concreta a los reparos del censor según los cuales la accionada durante la ejecución de su relación laboral le dio el trato de trabajador oficial, aspecto que en su sentir fue aceptado en la contestación de la demanda, debe la Sala recordar que la facultad de determinar el régimen jurídico laboral de los servidores públicos es del resorte exclusivo de la ley. Al respecto se ha dicho lo siguiente:

“Además, como lo ha sostenido la Sala en infinidad de oportunidades, la existencia de documentos en los cuales aparezca el actor como trabajador oficial no es suficiente, para determinar la naturaleza del vínculo del servidor público con la administración, pues ella deriva de la ley y no de la voluntad de las partes (sents. de mayo 21/2003, rads. 20497 y 20447, y de abr. 15/2005, Rad. 24968).

En efecto, aunque los servidores hayan tenido el tratamiento de trabajadores oficiales y sus créditos laborales se liquidaran conforme a la normatividad aplicable a ellos, esto no es suficiente para demostrar dicha condición, pues la ubicación del servidor público como trabajador oficial ora como empleado público, no se define por acuerdos voluntarios, por normas convencionales, por resoluciones o decretos administrativos sino exclusivamente por la ley” (CSJ SL, 8 nov. 2006, rad. 28490).

Corolario de lo expuesto, el cargo no prospera.

VII. Cargo primero

Por la causal segunda de casación laboral, atribuye a la sentencia recurrida el contener decisiones que hacen más gravosa su situación de apelante único, lo que “se traduce en la vulneración del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Nacional y con él la violación por FALTA DE APLICACION (sic) de las siguientes disposiciones: los artículos 1º, 6º y 7º del Decreto 2124 de 1992 en relación con el artículo 26 del Decreto 2247 de 1993, el artículos (sic) 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968, los artículos 467, 468, 469 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 1º, 8º y 11 de la Ley 6ª de 1945 y artículo 48 del Decreto 2127 de 1945, los artículos 6º, 7º, 9º, 17, 24, 25, 67, 68 69 y 70 de la Ley 734 de 2002. Igualmente se vulneró (sic) los artículos 29 y 53 de la Constitución Nacional”.

En sustento de la acusación, asegura que al ser el demandante apelante único, el tribunal debió resolver solo los aspectos debatidos en la impugnación y respetar los principios de congruencia y de la no reforma en perjuicio.

Que no obstante lo anterior, el juez colegiado revisó la naturaleza jurídica del vínculo laboral del actor, aspecto que no estaba en discusión, pues la demandada “durante la vigencia de la relación laboral lo trató como trabajador oficial”; que si ello no estaba en controversia, mal hizo el tribunal en abrir un debate sobre un tema pacífico, sobretodo porque lo dejó en la imposibilidad de “aportar nuevas pruebas o argumentos en defensa de su posición por cuanto durante el trámite del proceso no hubo duda de su condición”.

Sostiene que el cargo propuesto “sería base para la casación de la sentencia recurrida pero solo alcanzaría para que el tribunal constituido en sede de instancia confirmara la decisión del a quo sin pronunciarse sobre el fondo de nuestra apelación, por tanto a efecto de que la honorable Sala de Casación Laboral una vez case la sentencia por la causal segunda se constituya en sede de instancia para resolver la apelación del demandante, procedemos a demostrar las normas que en este caso por la vía directa resultan vulneradas”.

Para tales efectos se refiere al artículo 1º del Decreto 2124 de 1992, del que colige que a partir de la vigencia de esa normativa la demandada es una empresa industrial y comercial del Estado; de los artículos 6º y 7º ibídem, y 5º del Decreto 3135 de 1968 deduce que el director general, subgerente, secretario general, consejero, gerente regional, jefe de departamento y jefe de división, y demás funcionaros, son empleados públicos; que por encontrarse vigente el anterior decreto a la fecha de su despido su calidad era la de trabajador oficial.

Asegura que el yerro del tribunal se derivó del artículo 26 del Decreto 2247 de 1993 que reglamentó el Decreto 2124 de 1992, normativa que “re-define los cargos que serán desempeñados por empleados públicos de libre nombramiento y remoción, incluyendo el cargo de jefe de oficina que no estaba incluido en el Decreto 2124 de 1992. Como el Decreto 2247 de 1992 es de inferior jerarquía que el Decreto-Ley 2124 de 1992, no podía derogarlo, por tanto estando vigentes las dos normas, por mandato del artículo 53 de la Constitución Nacional debió optarse por la norma que resultaba más favorable al trabajador, es decir el 2124...”.

VIII. Consideraciones

Con miras a determinar si la sentencia del tribunal se encuentra viciada de ilegalidad por haber incurrido en la causal segunda de casación laboral, concierne a la Corte dilucidar los siguientes problemas jurídicos:

1º) ¿Objetivamente el juez ad quem reformó el fallo de primer grado en perjuicio del demandante en su condición de apelante único? En caso afirmativo, ¿podía el juez aplicar una excepción a dicho principio bajo el argumento de encontrarse frente a la ausencia de un presupuesto procesal, específicamente el de la falta de jurisdicción?

2º) La definición por parte de la jurisdicción ordinaria laboral de una controversia relativa a la categoría que ostenta un servidor público (trabajador oficial o empleado público), ¿es un tema concerniente a la verificación de un presupuesto procesal o un asunto de orden sustancial?

1º) El principio de la no reformatio in pejus y sus limitantes.

El principio de la no reformatio in pejus —derivado del apotegma tantum devolutum quantum appellatum—, con consagración legal en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (y recientemente en el art. 626 del CGP) y como causal de casación en el numeral 2º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es una de las garantías del derecho fundamental al debido proceso, del cual gozan todas las personas involucradas en un trámite judicial y que veda la posibilidad de agravar, perjudicar o empeorar objetivamente la situación del apelante único, e impide que se prive a la impugnación de su finalidad específica de obtener un resultado más favorable.

Este principio, que fue constitucionalizado en el artículo 31 de la Carta Política, responde a una situación que resulta obvia, y es que quien recurre una decisión de forma solitaria supone que pretende obtener una ventaja, más no un menoscabo en la situación jurídica que se le hubiere definido en la sentencia de primera instancia. Por tal razón, también se ha dicho que el citado principio es un aporte invaluable a la seguridad jurídica.

Sin embargo, dicha garantía no tiene un carácter absoluto, comoquiera que también encuentra unas limitantes de igual o mayor envergadura legal y constitucional, a saber:

1. Las relacionadas con la observancia de algunos presupuestos procesales que el juez está obligado a decretar ex officio (v. gr. falta de jurisdicción), así no hayan sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada. Esta limitación se justifica en razón a que sobre ella descansan las bases del debido proceso y de la organización judicial, de donde resulta imposible jurídicamente soslayarlas. (Al respecto puede consultarse la sent. de mayo 25/87, Rad. 0696, de la Sec. Primera de la S. Cas. Laboral).

2. Cuando en la sentencia de segundo grado se quieran introducir enmiendas o modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con lo recurrido (CPC, art. 357).

3. En situaciones en las cuales se pueden menoscabar principios rectores del debido proceso. Sobre este punto, en reciente sentencia CSJ SL, 6 nov. 2013, rad. 39891, esta corporación indicó:

“... En efecto, para que se presente la transgresión del principio de la no reforma peyorativa en el proceso laboral, no solo hay que verificar que únicamente una de las partes ha apelado (o ambas lo hayan hecho, pero sobre puntos diferentes de protesta), que el sentenciador ad quem empeore con su proveído la situación del único apelante y que la reforma no se funde en aspectos íntimamente ligados con lo recurrido. Es fundamental también verificar que quien resulte ser condenado como responsable de la obligación, haya igualmente actuado como parte. La ausencia de este último requisito hace inaplicable el llamado principio de la no reformatio in pejus, pues evidencia un frontal quebrantamiento de uno de los subprincipios integradores del principio del debido proceso, que es elemento esencial e imprescindible de este: el derecho de defensa. Un derecho que, a su vez, se concreta en los derechos de contradicción de las pruebas y alegatos de la contraparte y de defensa técnica. La aplicación, entonces, del llamado principio de la no reforma en perjuicio, no es automática ni absoluta toda vez que el juez de segunda instancia adopte una decisión peyorativa con respecto a la situación del único apelante, ya que será necesario también verificar la presencia de los otros requisitos antes enunciados”.

4. Cuando el juez ad quem sea competente para conocer de la decisión en virtud del grado jurisdiccional de consulta (CPTS, art. 69, y sentencias CSJ SL, 26 mar. 2003, rad. 21673, CSJ SL, 4 may. 2010, rad. 35135, entre otras).

Puestas así las cosas, en el presente asunto, prima facie, la reforma en perjuicio que efectuó el juez de apelaciones al revocar el fallo de primera instancia que reconoció la indemnización por despido sin justa causa a favor del demandante, se encontraría justificada en razón a la falta de un presupuesto procesal, específicamente el de la falta de jurisdicción, lo cual, en principio, no daría lugar a casar el fallo impugnado.

Sin embargo, vale la pena preguntarse si la decisión judicial en la cual se dilucida sí un servidor pertenece a la categoría laboral de trabajador oficial o no, y por ende, si su forma de vinculación con la administración es contractual o legal y reglamentaria, ¿es una decisión de orden sustancial y de mérito o de constatación de un requisito procesal?, lo cual pasa a estudiar la Corte en el siguiente acápite.

2º) La definición judicial de la categoría laboral de un servidor y su consecuente forma de vinculación con la administración, es un asunto de orden sustancial.

A) En efecto, la sentencia dictada por un juez laboral que dirime una controversia judicial sobre la categoría laboral de un servidor público es en sí misma una decisión de fondo o de mérito, porque implica para el funcionario judicial un análisis fáctico, probatorio y normativo tendiente a verificar si quien demanda tiene la calidad de trabajador oficial que dice tener, y en consecuencia, si tiene derecho o no a los beneficios reclamados y derivados del contrato de trabajo, lo cual, claramente encaja dentro de su ámbito de competencia conforme lo establece el numeral 1º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social:

“ART. 2º—Competencia general. ‘Artículo modificado por el artículo 2º de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:’ La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo” (negrillas propias de la Sala).

Lo anterior bajo el entendido que los trabajadores oficiales se vinculan a la administración pública mediante un contrato de trabajo, y por ello, para verificar la existencia de tal vínculo y los derechos que puedan derivar de él, es necesario como condición sustancial previa, determinar si conforme a los criterios legales quien demanda es un trabajador oficial o no.

Sobre este tópico, resulta importante traer a colación lo dicho por esta corporación en sentencia CSJ SL, 18. mar. 2003, rad. 20173, oportunidad en la cual expresó que las decisiones que resuelven las pretensiones relativas a la existencia del contrato, son de fondo o de mérito, y por ende, son ajenas a los presupuestos procesales:

“Como el tema de la existencia del contrato de trabajo fue materia de discusión, y el tribunal absolvió por no encontrarlo demostrado, la sentencia no podía ser calificada de incongruente, porque ese presupuesto es, en los juicios laborales contra entidades oficiales, de fondo o mérito.

Y como la sentencia se pronunció sobre un presupuesto de la pretensión y no sobre uno formal (alguno de los presupuestos procesales), el tribunal hizo actuar el derecho sustancial, y desde luego para beneficio de la demandada, por lo que no infringió ni el artículo 228 de la Constitución Política ni el 4º del Código de Procedimiento Civil, normas que le indican al juez cómo debe hacer actuar en juicio el derecho sustancial, uno de cuyos aspectos es, naturalmente, el derecho de defensa, con lo cual se le significa al recurrente que ese derecho no es únicamente el que beneficia al trabajador.

La circunstancia de que la entidad demandada haya aportado la copia de un contrato de trabajo en nada podía modificar la decisión impugnada, puesto que la definición de la relación personal de servicio con la administración pública corresponde al legislador y no a las partes.

Para controvertir la existencia del contrato de trabajo en una relación de servicios personales con la administración pública no es necesario alegar las excepciones de falta de jurisdicción y competencia. Basta negar ese contrato.

En efecto, la jurisprudencia tiene dicho que, para que el juez laboral asuma la competencia en un juicio contra una entidad de derecho público, al actor le basta afirmar la existencia del contrato de trabajo porque, de controvertirse esa afirmación, al juez le corresponde en la sentencia de fondo declarar si existió o no, y solo en caso positivo puede reconocer los derechos que emanen de ese contrato.

Y ha precisado la jurisprudencia esa particular manera de desarrollarse la relación procesal que vincula a los servidores de la administración pública con ella misma, para poner de presente que la decisión que declare la existencia del contrato, como la que lo niega, es de fondo, con lo cual ha rechazado como previas las excepciones de falta de jurisdicción o competencia. Desde luego tampoco ha admitido que esas excepciones operen al finalizar la instancia, ya que ni la jurisdicción ni la competencia dependen del resultado del juicio.

La sentencia que absuelve a la administración por no haberse demostrado que el demandante le prestó un servicio personal como trabajador oficial es, resultado de lo dicho, una decisión de fondo que implica desestimar las pretensiones de la demanda.

Lo anterior explica una irregularidad del cargo ya que este, equivocadamente, propone la consecuencial infracción directa de las normas sustanciales, y todo porque el acusador asume erradamente que hubo una sentencia formal, sin advertir que hubo una de fondo, en la que se aplicó la ley sustancial en sentido adverso a lo pretendido por él, como actor del juicio” (negrillas propias de la Sala).

La sentencia reseñada sirve para precisar que en estos eventos la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral viene dada desde que el promotor del proceso en la demanda inicial afirma que tiene una relación laboral regida por un contrato de trabajo (ficto-presunto o expreso) con una entidad u organismo de la administración pública, bien sea con miras a obtener el reconocimiento de beneficios y derechos legales o extralegales exclusivos de los trabajadores oficiales o discutir sobre los ya existentes, pretensiones que obviamente invitan al juez a razonar sobre la categoría laboral del funcionario como requisito sustantivo previo a resolver cualquier punto relacionado con el contrato de trabajo.

Significa ello que la sentencia judicial que se pronuncia de esta forma, no define la competencia de esta jurisdicción, sino que determina (de fondo o de mérito) si el demandante que reclama un beneficio exclusivo de los trabajadores oficiales —y por ende derivado del contrato de trabajo— tiene derecho a lo solicitado o no, labor que solo es posible lograr si previamente el funcionario judicial dilucida si el promotor del proceso pertenece a tal categoría laboral de servidor público, y si en consecuencia su relación se encuentra regida por un contrato de trabajo.

B) Agréguese a lo ya expuesto, que desde un punto de vista procesal-constitucional, por regla general, no podría definirse la jurisdicción y competencia mediante sentencia, por cuanto:

(i) La falta de jurisdicción es una causal de nulidad insaneable y frente a ella el juez debe adoptar las siguientes conductas cuando advierta su existencia: a) mediante auto decretar de oficio la nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción; b) remitir las diligencias al juez competente y con jurisdicción. Es esta la vía y la forma diseñada por el legislador para sanear esta irregularidad; no otra. De su lado, cuando la falta de jurisdicción se avizora desde el momento mismo en que se presenta la demanda, el juez debe rechazarla por falta de jurisdicción y remitirla al que estime con jurisdicción y competencia (C. Const. C-807/2009).

Y es que resulta lógico que si el juez advierte que carece de jurisdicción, es decir, de absolutas facultades para decidir, lo natural es que resuelva esa vicisitud mediante auto y se abstenga de hacerlo a través de sentencia, porque de hacerlo en esta última forma invadiría la órbita de una jurisdicción distinta, con flagrante vulneración al debido proceso y con clara extralimitación de funciones públicas.

(ii) En realidad, el fallo que no se pronuncia sobre el fondo del asunto por ausencia de un presupuesto procesal, es una sentencia inhibitoria, las cuales en el actual ordenamiento constitucional —salvo excepcionalísimos casos— no tienen cabida, a tal punto que la jurisprudencia constitucional ha señalado que son la “antítesis” del acceso a la administración de justicia y del debido proceso por cuanto son una forma de obstrucción de justicia y de prolongación de los conflictos sociales. Por ello, en la Sentencia C-666 de 1996, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de los numerales 3º y 4º de los artículos 91 y 333, respectivamente, del Código de Procedimiento Civil “en el sentido de que las providencias judiciales inhibitorias únicamente pueden adoptarse cuando, ejercidas todas las atribuciones del juez y adoptadas por él la totalidad de las medidas procesales para integrar los presupuestos del fallo, resulte absolutamente imposible proferir decisión de fondo”.

C) Aquí y ahora, necesario es precisar que lo dicho no se opone al deber del juez de decretar la falta de jurisdicción cuando advierta que la controversia es totalmente ajena al contrato de trabajo —y por ende exclusiva de los empleados públicos—, y adoptar las conductas procesales atrás indicadas, esto es, proceder con el rechazo de la demanda o el decreto de la nulidad correspondiente, y, en ambos casos, enviar las diligencias a la jurisdicción que considere competente.

En efecto, nada le ayudaría a la realización de la justicia que advirtiendo el funcionario judicial la falta de jurisdicción, por ejemplo, cuando el demandante de forma equivocada crea que su relación legal y reglamentaria se denomina contrato de trabajo —y así la intitule en la demanda— y pretenda un derecho o privilegio exclusivo de los empleados públicos (v. gr. los de la carrera administrativa), que el juez laboral tramite el proceso a sabiendas de la incompetencia que le asiste y al final deniegue las pretensiones de la demanda bajo el argumento de no corresponder el asunto a esta jurisdicción, ya que, no solo se generaría una prolongación del conflicto y un desgaste de la administración de justicia, sino también una denegación de la misma porque seguramente habrá operado la caducidad de la acción ante el juez administrativo.

Luego, frente a estos asuntos que se ventilen ante la jurisdicción del trabajo y que tengan por objeto debatir temas relacionados con la relación legal y reglamentaria, es deber del juez adoptar las medidas de saneamiento correspondientes y remitir las diligencias a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la que, conforme lo establece el numeral 2º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, es la que tiene competencia para conocer de los procesos “relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado...”.

Del caso en concreto

Conforme a lo expuesto resulta patente que en el sub lite el tribunal se equivocó al revocar el fallo de primer grado, bajo la creencia de estar facultado para hacerlo por encontrarse frente a un presupuesto procesal del cual podía pronunciarse con independencia de que se desmejorara la situación del apelante único, siendo que en realidad el asunto debatido era de orden sustancial, precisamente porque para efectos de su resolución, el juez de conocimiento debía resolver, de forma previa, si el demandante era trabajador oficial o no, y en consecuencia, si su relación se encontraba gobernada por un contrato de trabajo o no, raciocinio del cual dependía, a su vez, la viabilidad de las pretensiones de la demanda.

Valga aclarar que el hecho de que la definición de la controversia sea de derecho sustancial, no significa que en su defensa la accionada pueda admitir o allanarse a la calidad del vínculo que el demandante afirme tener para con la administración pública —como lo pretende hacer ver el actor bajo el argumento de que la entidad demandada aceptó que era trabajador oficial—, por cuanto como se dijo en precedencia, es la ley la que en definitiva determina la naturaleza del vínculo del servidor, no la voluntad de las partes. Súmese que, conforme al aforismo iura novit curia, los jueces son libres de calificar jurídicamente los hechos debatidos en el proceso.

En virtud de lo expuesto, la Sala casará el fallo del tribunal y obrando en sede de instancia mantendrá intactas las condenas impuestas por el juez de primera instancia; ninguna otra modificación se dispondrá porque ese es el efecto propio de la causal segunda de casación invocada en el presente cargo, según el criterio expuesto por esta corporación en las sentencias CSJ SL, 1 sept. 2009, rad. 35398, CSJ SL, 4 may. 2010, rad. 35135, entre otras.

Sin costas en el recurso extraordinario.

IX. Sentencia de instancia

Conforme a lo referido supra, se confirmará íntegramente la sentencia proferida el 17 de octubre de 2008, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali de Descongestión, que condenó a la entidad demandada a pagar al actor la suma de $ 11.682.188,40 por concepto de indemnización por despido injusto.

En punto a las costas de las instancias, no se causan en la alzada y las de primer grado corren a cargo del demandado.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2009, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso adelantado por Guillermo Sinisterra Beltrán contra la Administración Postal Nacional - Adpostal en Liquidación.

En sede de instancia, RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia proferida el 17 de octubre de 2008, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali de Descongestión.

2. Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno, presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.

(1) A pesar de lo dicho se debe precisar que entre el Decreto 3135 de 1968 y el 2124 de 1992 existe una diferencia en cuanto a la delegación de la facultad de determinar a través de los estatutos internos quiénes serán empleados públicos en la entidad, pues mientras aquel se refiere a quienes desarrollen “actividades” de dirección y confianza, el último habla de “cargos”.