Sentencia SL10641-2014 de agosto 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL10641-2014

Rad.: 42602

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 29

Bogotá, D. C., doce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia de fecha 10 de Julio del 2009 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Laboral, y, en instancia, proceda a condenar al banco a: 1) Reconocer que las demandantes, en su condición de esposa e hija, respectivamente, dependientes económicamente del señor LUIS ALBERTO ALDANA CASTAÑEDA q.e.p.d., tienen derecho a sustituir a éste, por partes iguales, en la pensión convencional a la que tenía derecho; 2) condenar al banco a reconocer y pagar a las demandantes, una pensión mensual equivalente al 75% del salario devengado durante el último año de labores, por un periodo de dos (2) años contados a partir del 14 de diciembre de 1998, más las mesadas adicionales; 3) que el valor de la pensión debe ser reajustado anualmente, según la variación del I.P.C.; 4) se ordene pagar un interés equivalente a la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento en que se efectué el pago; y 5) las costas.

Con tal propósito formula un solo cargo.

VI. Cargo único

Se acusa por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 151 del Código de Procedimiento Laboral y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, debido a supuestos errores evidentes de hecho en que incurrió el ad quem.

Según la censura, fueron erróneamente apreciadas las siguientes pruebas:

1. Registro civil de defunción de LUIS ALBERTO ALDANA CASTAÑEDA visto al folio 3 del expediente.

2. Oficio de fecha 19 de enero de 1999 de reclamación de la pensión convencional, visto a los folios 10 del expediente.

3. Demanda ordinaria laboral presentada el día 7 de junio del 2006, vista a los folios 26 a 31 del expediente.

Y, presuntamente, las pruebas dejadas de apreciar fueron:

1. Acta de la audiencia pública de conciliación de fecha 19 de febrero de 1998 del Juzgado 1º Laboral del Circuito de Neiva suscrita entre el BANCO SANTANDER DE COLOMBIA S.A. y el causante, vista a los folios 6 a 9, 87 a 90 del expediente.

2. Oficio de fecha 9 de marzo de 1999 del Jefe Departamento Relaciones Laborales del Banco Santander dirigido a la señora GASCA ALDANA, visto a los folios 11 y 12 del expediente.

3. Oficio de fecha 16 de mayo del 2000 de la señora GASCA DE ALDANA al gerente del BANCO SANTANDER, visto al folio 13 del expediente.

4. Oficio de fecha 4 de agosto del 2000 de la abogada de la gerencia relaciones laborales del banco a la señora GASCA DE ALDANA, visto al folio 14 del expediente.

5. Oficio de fecha 28 de julio del 2004 del jefe del departamento servicios al personal del banco a la señora GASCA DE ALDANA, visto al folio 15 del expediente.

6. Oficio de fecha 11 de agosto del 2004 suscrito por la señora GASCA DE ALDANA visto a folio 16 del expediente.

7. Fotocopia del oficio de fecha 28 de octubre del 2004 suscrito por el jefe del departamento de servicios al personal del banco dirigido a la señora GASCA DE ALDANA en respuesta al oficio anterior, visto al folio 119 del expediente.

8. Fotocopia del derecho de petición de fecha 7 de diciembre del 2004 suscritos por GLORIA DEL PILAR ALDANA GASCA y DIANA CAROLINA ALDANA GASCA.

9. Fotocopia del oficio de fecha 11 de enero del 2005 suscrito por el jefe del departamento de servicios al personal del banco a GLORIA DEL PILAR ALDANA GASCA y DIANA CAROLINA ALDANA GASCA en respuesta al derecho de petición anterior, vista al folio 120 del expediente.

10. Auto de fecha 14 de julio del 2006 del Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., admisorio de demanda visto al folio 35 del expediente. Acta de notificación por aviso de la demanda al BANCO SANTANDER DE COLOMBIA S.A., visto a los folios 42 a 44.

Errores evidentes de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que las demandantes, al reclamar la pensión convencional de su cónyuge y padre al banco, recibieron varias respuestas de éste.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el banco respondió la reclamación de la pensión convencional de LUIS ALBERTO ALDANA CASTAÑEDA negándola y remitiéndolas al I.S.S.

3. No dar por demostrado, estándolo, que, al negarle a las demandantes la pensión de sobrevivientes, tal como se los había recomendado el BANCO, estas continuaron reclamándole al banco la pensión convencional y/o extralegal pactada con LUIS ALBERTO ALDANA CASTAÑEDA.

4. Dar por no demostrado, estándolo, que el BANCO SANTANDER DE COLOMBIA S.A. les negó a las demandantes únicamente la pensión extralegal pactada en el acta de conciliación de fecha 19 de febrero de 1998 del Juzgado 1º Laboral del Circuito de Neiva.

5. Dar por no demostrado, estándolo, que la pensión convencional - extralegal consagrada en el artículo 68 de la Convención Colectiva de Trabajo no fue negada por el BANCO SANTANDER DE COLOMBIA a las demandantes.

6. Dar por no demostrado, estándolo, que el banco le solicitó a GLORIA AMPARO GASCA DE ALDANA la documentación requerida para el reconocimiento de la pensión extralegal del artículo 68 de la Convención Colectiva de Trabajo.

7. Dar por no demostrado, estándolo, que las demandantes no presentaron los documentos exigidos para reconocerles la pensión extralegal del artículo 68 de la Convención Colectiva de Trabajo (declaraciones extrajuicio, certificados de estudio, etc.).

8. Dar por no demostrado, estándolo, que solo hasta el 28 de octubre del 2004 el banco le negó a GLORIA AMPARO GASCA DE ALDANA el reconocimiento de la pensión convencional de su esposo LUIS ALBERTO ALDANA CASTAÑEDA q.e.p.d.

9. Dar por no demostrado, estándolo, que solo hasta el 11 de enero del 2005 el banco le negó a GLORIA DEL PILAR y DIANA CAROLINA ALDANA GASCA el reconocimiento de la pensión convencional de su padre LUIS ALBERTO ALDANA CASTAÑEDA, q.e.p.d.

10. No dar por demostrado, estándolo, que las demandantes presentaron la demanda ordinaria laboral a través de su apoderado el día 7 de junio del 2006.

11. No dar por demostrado, estándolo, que la demanda ordinaria laboral que pretende el reconocimiento de la pensión convencional fue presentada antes de que se cumplieran tres (3) años entre los actos que negaron dicha pensión convencional y la presentación de dicha demanda.

Demostración del cargo

Sostiene la censura que el ad quem, en la sentencia de fecha 10 de julio del 2009, declara prescrita la pensión convencional que se reclama con el argumento de que, al fallecer el señor ALDANA CASTAÑEDA el día 14 de diciembre de 1998, sus beneficiarios tenían plazo para reclamar el reconocimiento de la prestación convencional hasta el 13 de diciembre del 2001. Y que, sin embargo, como el 19 de enero de 1999 se había presentado reclamación, el fenómeno prescriptivo se extendió hasta el 27 de julio del 2002 (sic), y que la demanda solo se presentó hasta el 27 de junio del 2006.

Conclusión que la censura considera equivocada y errada, al dejar de apreciar las pruebas que demuestran que la prestación pensional de carácter convencional fue negada por el banco a GLORIA AMPARO GASCA DE ALDANA hasta el 28 de octubre del 2004 (fls. 15, 16 y 119) y a DIANA CAROLINA GASCA DE ALDANA hasta el 11 de enero del 2005 (fls. 15, 17, 18 y 120), documentos que, según su dicho, demuestran que, para cuando se presentó la demanda, dichas pretensiones no estaban prescritas, pues los tres (3) años debían contabilizarse a partir de la respuesta definitiva del BANCO.

Para la censura, si bien es cierto, las demandantes, mediante oficio de fecha 19 de enero de 1999, reclamaron la pensión convencional del acta de conciliación celebrada entre el trabajador y el banco, y que esta fue inicialmente negada, en ella se le anunció que si bien no tenían derecho al reconocimiento de una pensión convencional autónomo, sí se le concedería la pensión especial establecida en el artículo 68 de la convención colectiva de trabajo y que tendrían que reclamar primero la pensión de sobrevivientes al I.S.S. (fls. 11 y 12), ante lo cual, al serle negada la pensión por el I.S.S., las demandantes, mediante oficio de fecha 16 de mayo del 2000, insistieron (fl. 13), pero, mediante oficio de fecha 28 de julio del 2004 del jefe del departamento de servicios al personal del banco, se les informó que se les iba a reconocer la pensión convencional del art. 68 de la convención colectiva de trabajo y les solicitaron allegar la documentación respectiva (fl. 15), la cual fue atendida por las demandantes mediante oficio de fecha 11 de agosto del 2004 (fls. 16.19 (sic) a 25, 198, 199, 2002 (sic) a 208), prestaciones económicas pensionales de carácter convencional que fueron negadas por el banco mediante oficios de fechas 28 de octubre del 2004 (fl. 119) y 11 de enero del 2005 (fl. 120), fechas a partir de la cual, según el recurrente, debió el ad-quem contabilizar el tiempo de prescripción, lo cual no hizo al no tener en cuenta dichas documentales, pues, afirma, solo se basó en las documentales relacionadas con el registro civil de defunción y el oficio de fecha 19 de enero de 1999 (fl. 10).

Si el ad quem hubiera tenido en cuenta las documentales que dejó de apreciar, sostiene el recurrente, no habría concluido que eran aplicables los arts. 488 y 489 del C.S. de T., en concordancia con el art. 151 del Código de Procedimiento Laboral, y, por lo tanto, no habría declarado la prescripción de la pensión convencional y habría resuelto de fondo el recurso de apelación interpuesto por las demandantes; pero, manifiesta, lamentablemente debido a los errores evidentes de hecho en que incurrió al apreciar erróneamente unas pruebas y desestimar otras, lo llevaron a la aplicación indebida y a las violaciones sustantivas invocadas, incurriendo en una denegación de justicia, pues, según su dicho, dejó de pronunciarse sobre la apelación contra la sentencia de primera instancia, con el agravante de que la parte demandada no presentó recurso de apelación ni invocó la prescripción ante el H. Tribunal Superior de Bogotá, D.C. - Sala Laboral.

VII. Réplica

El antagonista del recurso considera que el cargo no está llamado a prosperar toda vez que considera indudable que las actoras, como lo dijo el tribunal, interrumpieron, la prescripción con la reclamación del 19 de enero de 1999, de tal manera que, estima, el término de la prescripción se extendió hasta el 18 de enero de 2002, y la demanda solo se presentó el 27 de julio de 2006, como lo acepta el propio recurrente; añade que pretender que una serie de escritos cruzados entre el banco y las demandantes interrumpieron la prescripción es contrario a lo dispuesto en el artículo 489 del CST, ya que esta norma solo permite la interrupción por una sola vez.

VIII. Consideraciones

Le corresponde a la Sala determinar si el ad quem se equivocó al estimar que, con la reclamación del 19 de enero de 1999 presentada por las demandantes al banco, se interrumpió la prescripción, o si, por el contrario, como lo sostienen la censura, para el efecto de contabilizar dicho medio extintivo de la obligación, la reclamación ante dicha entidad bancaria quedó agotada solo hasta el 28 de octubre de 2004 de cara a la actora GLORIA AMPARO GASCA DE ALDANA, y hasta el 11 de enero de 2005, respecto de DIANA CAROLINA ALDANA GASCA, cuando el banco les negó definitivamente el reconocimiento de la pensión convencional causada con la muerte del señor ALDANA CASTAÑEDA, según las pruebas documentales que señala.

Sea lo primero precisar que el presente proceso solo fue iniciado por GLORIA AMPARO GASCA DE ALDANA y DIANA CAROLINA ALDANA GASCA, en calidad de cónyuge e hija, respectivamente; de tal manera que el estudio de las pruebas cuya valoración es objeto de reproche por la censura se contraerá a las relacionadas con tales demandantes.

De igual manera, se tiene que está al margen de la discusión las calidades de cónyuge e hija del causante de las demandantes; que el extrabajador falleció el 14 de diciembre de 1998; que la demanda fue presentada el 27 de junio de 2006 y que la pensión objeto del presente proceso es la especial de carácter temporal (dos años de su causación con la muerte del extrabajador) del artículo 68 convencional, pactada a favor de la cónyuge, hijos menores de 21 años o cualquier otra persona que dependiere económicamente de un exempleado del banco, siempre que no disponga de otros medios para su congrua subsistencia.

En el siguiente cuadro se aprecian las distintas peticiones que fueron presentadas por las actoras, que, según la censura, indican que para la fecha de presentación de la demanda no habían transcurrido los tres años de prescripción:

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Fecha de presentaciónReclamanteDerecho reclamadoFecha respuestaRespuesta del banco
119/01/1999 (fl.10)La cónyugePensión pactada entre el banco y el causante9/03/1999 (fls.11 y 12)“El reconocimiento de la pensión [de la conciliación]…, es estrictamente voluntario y por ende sometido de manera exclusiva a los parámetros fijados en el acuerdo el cual previó que la fecha a partir de la cual nacería la obligación para el BANCO… sería cuando el extrabajador cumpliera los 55 años de edad, es decir que se sujetó el reconocimiento de la prestación a una condición suspensiva.
Por efectos del fallecimiento de su esposo antes de cumplir los 55 años de edad, ya la condición de la cual pendía el nacimiento de la obligación para el banco, no se cumplirá. Adicionalmente el derecho nunca se reconoció en cabeza de su titular,… y además no se previó en la conciliación el derecho de su cónyuge a percibir la pensión voluntaria en el evento del fallecimiento del extrabajador antes de cumplirse la condición de edad.
Por lo anterior, usted no tendría derecho a obtener el reconocimiento de la pensión convencional autónoma; pero como se había comunicado anteriormente sí se le concedería una pensión especial establecida en el artículo 68 de la Convención Colectiva de Trabajo con vigencia desde el 1º de septiembre de 1991 y que hasta la fecha no ha sufrido modificación alguna.
Para poder obtener el derecho antes mencionado se debe cumplir con el art. 70 de la convención ya citada el cual habla de que lo establecido en cuanto a las pensiones debe aplicarse en consonancia con el Decreto 3041 de 1996, por el cual el ISS asume los riesgos de vejez, invalidez y muerte… Por lo tanto usted debe antes que todo adelantar los trámites correspondientes ante el Seguro Social para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes por parte de dicho instituto que permita entonces que el Banco asuma su responsabilidad de pagar durante dos años la diferencia entre lo que el ISS reconozca y lo que le correspondería como jubilación por el banco.
Una vez se tramite lo anterior comedidamente le solicitamos informarnos acerca de esta situación para proceder de conformidad.»
216/05/2000 (fl.13)La cónyugeComunica al banco la Resolución 000130 del 2000 del ISS, mediante la cual les negaron la pensión de sobrevivientes y les conceden una indemnización.
En consecuencia, le solicita al banco el pago correspondiente a lo convenido por el banco de acuerdo con el contrato de transacción suscrito el 16 de febrero de 1998 entre el banco y el causante.
4/08/2000 (fl.14)El banco le responde que los beneficiarios no tienen derecho a la pensión reclamada, «…teniendo en cuenta que el señor ALDANA CASTAÑEDA no disfrutó de la pensión especial que se le reconoció por el banco en el acta de conciliación de fecha febrero 19/98 y en el contrato de transacción de febrero 16 del mismo año, porque nunca cumplió 55 años de edad, condición esta consagrada como necesaria para que se causara la pensión de jubilación en su favor…»
3   28/07/2004 (fl.15)El banco le informa a la cónyuge que le reconocerá una pensión extralegal de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la convención, la cual es de dos años contados de la fecha del fallecimiento del exempleado, siempre y cuando se demuestre que la cónyuge, los hijos menores de 21 años o las personas que venían dependiendo económicamente de él no dispongan de medios suficientes para su congrua subsistencia. Y le solicitan unos documentos.
411/08/2004, fl.16La cónyugeResponde la carta anterior, dice adjuntar sus documentos y los de su esposo, para el reconocimiento de la sustitución pensional de sobrevivientes a que tiene derecho, teniendo en cuenta la carta anterior del banco y el contrato de transacción atrás mencionado. 28/10/2004 (fl.119)El banco le responde: «No hay obligación alguna por parte del Banco del pago por dos años de la diferencia entre lo que el ISS reconoció y lo que le correspondería como jubilación por el Banco, toda vez que liquidada la pensión de acuerdo a lo convenido en el acta de conciliación firmada el 16 de febrero de 1998 entre… y el Banco…con base en el 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de labores…
Teniendo en cuenta lo anterior, al Sr. Aldana C. al momento de cumplir los 55 años de edad, el banco le empezaría a pagar una mesada pensional por valor de $512.771 valor inferior al que el ISS le reconoció a Usted a partir del mes de mayo de 2004 que es de $845.580.
De igual manera su solicitud carece de todo soporte jurídico debido a que Ud. no cumple con uno de los requisitos exigidos en la Convención Colectiva de Trabajo que es “siempre y cuando no disponga de medios suficientes para su congrua subsistencia”.»

57/12/2004, fls.17 y 18Las hijas del causanteReclaman la pensión del artículo 68 de la convención, ante la renuencia, según su dicho, de reconocer a su madre dicha pensión. 11/01/2005, fl.120 El banco les responde que, les reiteran, que ni ellas ni su madre tienen derecho al pago de las mesadas pensionales; les aclaran que el banco no tiene obligación de pagar por dos años de la diferencia entre lo que el ISS le reconoció a la esposa e hijos menores de 21 años y lo que le correspondería por jubilación del banco. Que no había diferencia alguna pues el banco le pagaría al Sr. Aldana una mesada de $512.771 y el ISS les reconoció una mesada de $845.580

Por otra parte, el recurrente también le critica al ad quem el que no hubiese apreciado el acta de conciliación visible a folios 87 y 88, mediante la cual el causante y el banco terminaron el contrato de trabajo de mutuo acuerdo y acordaron una pensión a cargo del banco y a favor del extrabajador para cuando cumpliera los 55 años de edad, con vocación de ser compartible con la que le llegare a reconocer el ISS; al respecto observa la Sala que, efectivamente, el ad quem no hizo comentario alguno sobre ella.

La censura considera que el ad quem se equivocó al tomar en cuenta, para efectos de contabilizar la prescripción, únicamente la reclamación del 19 de enero de 1999, y, con base en tal documento, determinar que la prescripción se había extendido hasta el 27 de julio (sic) de 2002, cuando, según el recurrente, las demandantes, en dicha petición, la pensión que solicitaron fue la del acuerdo conciliatorio celebrado por el causante y les fue negada.

Igualmente, le enrostra al ad quem el que no hubiese tenido en cuenta las demás reclamaciones de la pensión que la parte actora le hizo al banco, frente a lo cual la Sala entiende que, en realidad, el juez de alzada no las apreció como dice el recurrente, pues, sin referirse a su contenido, determinó que no las podía tener en cuenta conforme al artículo 489 del CST, dado que esta norma dispone que la interrupción se da por una sola vez, o sea que, sin apreciarlas, dio por hecho que trataban el mismo tema que la primera, es decir sobre la pensión pretendida en el sublite.

Con base en la reclamación del 19 de enero de 1999, el ad quem consideró que los tres años se extendieron hasta el 18 de enero de 2002, y, como encontró que la demanda fue presentada el 27 de junio de 2006, estimó que, para esta fecha, ya habían pasado más de cuatro años después de la fecha límite para accionar el derecho reclamado.

Realizado el examen de las peticiones, tanto la presentada el 19 de enero de 1999, como las restantes aludidas por la censura como no apreciadas, considera la Sala que, desde la perspectiva fáctica, el ad quem sí se equivocó en la lectura que le dio a aquella reclamación para efectos de contabilizar la prescripción.

Aunque la mencionada petición fue la primera reclamación pensional que hizo la cónyuge al banco, en ella, evidentemente, no se reclamó la pensión que ahora se persigue con el presente proceso, cual es la especial del artículo 68 convencional. Por tanto, no podía servir para interrumpir la prescripción de cara a esta pretensión.

Según lo atrás visto, en la citada petición del 19 de enero de 1999, la cónyuge reclamó la pensión pactada en la conciliación, cuyo reconocimiento, en arreglo a lo dispuesto en el acta respectiva (fl.88) y la respuesta de la demandada a la precitada petición (estas fueron denunciadas por el censor como no apreciadas por el ad quem), se hizo bajo la condición de llegar el extrabajador a los 55 años de edad, de carácter compartible con la que le llegare a reconocer al ISS, quedando a cargo del banco la diferencia si la del ISS resultaba de menor valor.

De donde se desprende, sin duda, que, en la petición del 19 de enero de 1999, se reclamó una pensión distinta a la que es objeto del presente litigio, al igual que sucedió en las siguientes peticiones, salvo, en la reclamación suscrita por las hijas del causante, realizada el 7 de diciembre de 2004 (fls. 17 y 18), donde ellas sí le solicitaron al banco, justamente, la pensión convencional del artículo 68, de carácter temporal, por el término de dos años contados a partir de la fecha del fallecimiento (ocurrido el 14 de diciembre de 1998), la cual, en efecto, coincide con la pretendida en el presente proceso.

De lo anterior, se sigue que, por el contrario, a la fecha de presentación de la demanda, la cónyuge supérstite no había presentado reclamación puntual de cara a la pensión del artículo 68 convencional, por tanto ella no pudo haber interrumpido la prescripción de la acción en cuanto a su derecho pensional objeto del presente litigio; en consecuencia, se llega a la misma conclusión del ad quem sobre que, a la fecha de presentación de la demanda, su derecho sí había prescrito.

En consecuencia, respecto a la cónyuge, a pesar del yerro fáctico en que incurrió el ad quem en la valoración de la reclamación del 19 de enero de 1999, no prospera la casación, porque, en instancia, se llegaría a la misma conclusión del ad quem, aunque por distintas razones.

En lo que concierne a la hija DIANA CAROLINA ALDANA GASCA aquí demandante, con base en la documental obrante a los fls. 17 y 18 no observada por el ad quem y en atención al reproche formulado por la censura de cara a tal omisión, se constata que ella sí presentó reclamación a los cinco años, 11 meses, 23 días del fallecimiento de su padre, el 7 de diciembre de 2004, pero también es cierto que, en dicha reclamación, la codemandante alega que era menor de edad para cuando falleció su padre, circunstancia esta que no podía ser inadvertida por el juzgador de segundo grado, en tanto que la mencionada situación suspende la prescripción hasta que se llegue a la mayoría de edad.

Una vez se tiene conocimiento de la reclamación de la hija demandante, quien alega su condición de menor de edad para el momento del deceso de su padre, en aras de no vulnerar derechos fundamentales de una menor de edad, le corresponde a la Sala indagar si esa era realmente su condición para entonces y establecer cuándo llegó a la mayoría de edad, máxime si el propósito del recurso es poner en evidencia que el juez se equivocó en la declaración de prescripción, al no valorar todos los documentos señalados por la censura, encontrándose entre ellos, se itera, la petición de la hija donde alega ser menor de edad para la fecha de la muerte de su padre.

El ad quem guardó silencio sobre la calidad de menor de edad de la hija del causante; sin embargo, el a quo sí había determinado, de forma expresa, que, para el momento del deceso del extrabajador, la hija demandante era menor de edad (fl.520), lo que implica otra razón adicional para concluir que el ad quem se equivocó al tomar en cuenta la sola reclamación del 19 de enero de 1999 presentada por la cónyuge, para efectos de él contabilizar la prescripción respecto de ambas demandantes. Evidentemente, sí el tribunal hubiera revisado también la del 7 de diciembre de 2004 presentada por la codemandante ALDANA GARCÍA, se habría dado cuenta que la situación de la minoría de edad de ella, para la fecha de la muerte del causante (inclusive establecida por el a quo), en todo caso se lo impedía.

Al margen que el presente es un cargo por la vía indirecta, es pertinente, para darle contexto a los yerros fácticos cometidos por el ad quem y en atención a la función unificadora de la jurisprudencia a cargo de esta Corte, traer a colación la sentencia de vieja data de esta Sala, CSJ SL 11 de diciembre de 1998, No.11349, sobre la suspensión de la prescripción frente a los menores de edad:

La suspensión y la interrupción de la prescripción son dos fenómenos jurídicos distintos, pero como la ley laboral no regula la figura de la suspensión, cabe aplicar, por remisión, las normas del Código Civil sobre el particular, como se indicó en sentencia del 6 de septiembre de 1996, expediente 7565, que se adoptó por mayoría.

La ley laboral establece una prescripción que frente a la prevista en otras legislaciones, puede considerarse de corto tiempo, que procura la reclamación rápida, consecuente con la necesidad de definir ágilmente las controversias surgidas de una relación de trabajo. Sin embargo, esta proyección cede en ciertas situaciones especiales en las que el Estado debe especial protección a determinadas personas, entre las cuales están los menores de edad, para quienes no corre el término extintivo de la prescripción, mientras estén en imposibilidad de actuar. Vale decir, que deja de operar en el momento en que alcanzan la mayoría de edad, o cuando su representante ejerce en su nombre el derecho de acción y en desarrollo del mismo presenta la demanda que corresponda.

En el derecho común, aplicable por remisión a los créditos laborales, el artículo 2541 del Código Civil contempla la suspensión de la prescripción extintiva de las obligaciones y remite al artículo 2530 ibídem para identificar las personas en cuyo favor opera tal figura, dentro de las cuales el artículo 68 del Decreto 2820 de 1974, que modificó parcialmente aquella disposición, incluye a “Los menores, los dementes, los sordomudos y quienes estén bajo patria potestad, tutela o curaduría”.

Si la norma transcrita extiende el beneficio de la suspensión de la prescripción a los menores, los dementes y los sordomudos, y expresamente se refiere a quienes cuentan con representación legal (patria potestad y guarda), es claro que la suspensión opera sin consideración a que exista o no tal representación, por lo que debe entenderse que el modificado artículo 2530 del CC contiene un beneficio para determinadas personas a quienes la ley protege sin importar que el sujeto cuente o no con un representante legal eficiente o ineficiente, por lo que el error en que aquel incurra, no puede afectar la situación jurídica del representado.

El anterior precedente a su vez fue reiterado en la providencia CSJ SL 30 de octubre de 2012 no. 39631, como sigue:

Precisamente, y al acudir la Corte Suprema de Justicia a la normativa civil que consagra la figura de la suspensión de la prescripción, artículos 2541 y 2530, se evidencia que el Tribunal no advirtió la insoslayable circunstancia de que la acción fue promovida, entre otros, por los hijos menores de edad del señor Carlos Arturo Cajar Rivera y, por tanto, la prescripción no puede correr para ellos, mientras no se haya llegado a la mayoría de edad, porque tanto procesal como sustancialmente el eventual derecho discutido en el juicio no hace parte del haber patrimonial del representante legal de los incapaces, sino de sus representados.

Ilustra la cuestión en precedencia, la doctrina recibida por esta Sala en sentencia del 15 de febrero de 2011, radicación 34817:

“Sobre el tema de la suspensión de la prescripción que afecte derechos de los menores, esta Sala de tiempo atrás, por mayoría, definió que los artículos 488 del C. S. del T. y 151 del C. P. del T. y de la S.S., no gobiernan lo referente a dicho punto, por lo que se debe acudir a las normas de aplicación supletoria, esto es, a los artículos 2541 y 2543 del C. C.

En sentencia del 7 de abril de 2005 Rad. 24369 se reiteró lo expuesto en la del 18 de octubre de 2000 Rad. 12890 referida por la censura; allí se dijo en lo pertinente:

“La prescripción en el sub lite no puede correr mientras no se haya llegado a la mayoría de edad, porque tanto procesal como sustancialmente el eventual derecho discutido en el juicio no hace parte del haber patrimonial del representante legal del incapaz, sino de su representado.

“Lo reflexionado corresponde a la doctrina sentada por la mayoría de esta Sala, entre cuyos pronunciamientos se citan el del 6 de septiembre de 1996 radicación 7565 y el del 11 de diciembre de 1998, radicación 11349, en el que se puntualizó:

“La suspensión y la interrupción de la prescripción son…” (Negrilla de la sentencia citada).

Por demás, esta Corte considera necesario reiterar, esta vez, la observación general que deben seguir los jueces en cumplimiento de la Constitución, puesta de presente en la precitada sentencia, sobre el riguroso deber de cuidado de los derechos de los menores frente a la prescripción de las acciones, a saber:

Aquí y ahora, se impone a la Corte Suprema de Justicia llamar la atención a los falladores en torno a que cuando las acciones laborales sean promovidas por menores de edad, es riguroso cumplir con el deber de guardar sumo cuidado en lo que respecta con el estudio de la suspensión del término de prescripción de las acciones, dada la celosa protección que la Constitución Política pregona en relación con los derechos de los mismos.

Tampoco hay que olvidar la doctrina enseñada por esta Corporación en lo atinente a que la regulación del fenómeno de la suspensión de la prescripción corresponde a un tema de orden público y esa regulación debe ser aplicada estrictamente, aunque no hubiera sido alegada en las instancias. (Ibídem) (Destaca esta Sala).

Si bien, en este caso, la demandante en calidad de hija ya no era menor de edad para el inicio del presente proceso, lo cierto es, conforme a lo establecido por el a quo y no cuestionado en segunda instancia, que sí lo era para cuando se cumplió el hecho de la muerte de su padre que le generó la legitimación para reclamar la pretensión objeto de la presente litis.

En atención a lo atrás señalado, para ahondar más en razones, esta Sala se remite al registro de nacimiento de fol. 4 del plenario, donde consta que la demandante ALDANA GASCA nació el 18 de marzo de 1985, por tanto, se tiene que ella cumplió los 18 años el 30 de marzo de 2003, fecha en la cual comenzó a correr la prescripción de la acción.

De lo anterior se sigue que el ad quem sí se equivocó al no tener en cuenta la reclamación de la demandante ALDANA GASCA (fls. 17 y 18) de cara a la pensión del artículo 68 convencional, de fecha 7 de diciembre de 2004, yerro que fue relevante, porque, en el caso de esta accionante, el término de los tres años previstos en el artículo 488 del CST para que opere el tan mentado medio extintivo que había comenzado a correr el 30 de marzo de 2003 se interrumpió el 7 de diciembre de 2004, lo que indica que, para la fecha de presentación de la demanda (27 de junio de 2006), este no se había cumplido.

En consecuencia, se casará parcialmente la sentencia en cuanto declaró la prescripción de la acción respecto de las pretensiones de la demandante ALDANA GASCA.

IX. Sentencia de instancia

Visto en sede de casación que no había operado la prescripción de la acción respecto de las pretensiones de la demandante en calidad de hija del causante, lo que sigue, en sede de instancia, es resolver su inconformidad de cara a la sentencia del a quo.

En primer lugar se cita el texto de la norma convencional, fl. 262, que contiene la pensión objeto de pretensión:

Artículo 68. El cónyuge, los hijos menores de 21 años o las personas que hubieren venido dependiendo económicamente de un exempleado del Banco, siempre que aquellas personas no dispongan de medios suficientes para su congrua subsistencia, cuando el exempleado hubiere prestado sus servicios a la Institución por más de 20 años continuos o discontinuos, cuyo fallecimiento ocurriere después de haber terminado la vigencia de su contrato con el Banco, cualquiera que fuere su edad a tiempo de morir y siempre que no se le hubiere hecho efectiva ninguna de las pensiones aquí establecidas, tendrán derecho a recibir por un fallecimiento del exempleador, una pensión mensual equivalente a la que tendría derecho de acuerdo con los artículos 54 y 55 de la presente reglamentación.

En la apelación, se le reprocha al juez de primer grado el que hubiese negado la pensión porque la parte actora no demostró que carecía de medios para su congrua subsistencia, además, porque se acreditó que ellas estaban recibiendo de parte del ISS una pensión “sustitutiva”.

Con relación a la accionante ALDANA GASCA, a quien se contrae exclusivamente el estudio de la apelación por parte de esta Corte, dados los límites fijados por el resultado de la decisión del recurso de casación, encuentra la Sala que ciertamente tiene razón la recurrente cuando dice que el a quo no se percató que la pensión del ISS la empezaron a devengar cinco años y cuatro meses después del deceso del extrabajador; a fls. 492 y 493, obra prueba de la Resolución 1397 del 20 de abril de 2004, donde consta que el ISS reconoció la pensión a favor de la cónyuge sobreviviente del trabajador y madre de la demandante ALDANA GASCA, con una mesada inicial de $499.097, a partir de diciembre de 1998, pero esta se la comenzó a pagar desde junio de 2004.

Por otra parte se tiene que la hija del causante aquí demandante, para la fecha del deceso del padre, 19 de diciembre de 1998, era menor de edad (tenía 13 años), lo cual indica que no era económicamente independiente, y al faltar el padre quedó dependiendo únicamente de su madre, quien debía velar por ella misma y, al menos, por su hija menor de edad aquí demandante, por lo que no es razonable estimar que, sin habérsele otorgado la pensión por el ISS al grupo familiar beneficiario de la pensión de sobrevivientes del causante, dentro de los dos años siguientes a su muerte (periodo a reconocer la pensión transitoria), se diga que, durante este tiempo, la actora contaba con los recursos suficientes para su congrua subsistencia. Por el contrario, dicha situación basta para concluir que la hija menor, económicamente dependiente, no tuvo cubierta su congrua subsistencia, durante los dos años siguientes a la muerte de su padre.

En un caso semejante, adelantado contra la misma entidad aquí demandada, esta Corte consideró que no se desvirtúa la falta de recursos para la congrua subsistencia en los años siguientes a la muerte del causante, con el reconocimiento retroactivo de la pensión a cargo del ISS, pero tardío (mucho después del periodo a reconocer la pensión transitoria), con el siguiente razonamiento:

… incluso, se vale de esa documental para señalar “que la demandante es beneficiaria de pensión de vejez reconocida por el ISS, es decir que cuenta con medios suficientes para su congrua subsistencia” (fl. 453).

Por el contrario, se advierte la “incompleta o deficiente” valoración de esa documental, dado que indiscutiblemente la Resolución 0300187 del ISS fue expedida el 30 de septiembre de 2004, o sea, más de tres años después del fallecimiento del causante acaecido el 5 de febrero de 2001, lo que necesariamente implica que en ese intervalo entre el deceso y la expedición del acto administrativo de reconocimiento de la prestación, y dado que la actora –como está probado en el proceso sin reparo de la accionada- dependía económicamente de Villalba Díaz, no tuvo los ingresos “para su congrua subsistencia”. Con otras palabras, si existía la dependencia económica, estaba también demostrada la dependencia para la “congrua subsistencia”. (Se destaca en esta oportunidad)

Para reforzar lo expuesto bien precisa traer a colación el texto de la disposición convencional, que consagra el derecho reclamado.

Dice la norma:

“Artículo 63. Fallecido un trabajador jubilado, su cónyuge, sus hijos menores de 21 años o las personas que han venido dependiendo económicamente del jubilado, siempre que aquellas personas no dispongan de medios suficientes para su congrua subsistencia, tendrán derecho a percibir la respectiva pensión durante tres (3) años, contados desde la fecha del fallecimiento (…)”.

Ello significa, en criterio de la Corte, que la “incompleta o deficiente” valoración de las mencionadas resoluciones condujo al juez ad quem a cercenar el contenido de la cláusula convencional trascrita, dado que el acto administrativo que reconoció la pensión de sobrevivientes a la accionante solo se profirió hasta el 30 de septiembre de 2004. Y al hacerlo, el juez colegiado desconoció que el tenor literal de la obligación convencional le otorgaba a la actora el “derecho a percibir la respectiva pensión durante tres (3) años, contados desde la fecha del fallecimiento” de Villalba Díaz, es decir, desde el 5 de febrero de 2001 hasta el mismo día y mes del 2004, período durante el cual, irrefutablemente, la accionante no percibió materialmente el 50% de la referida pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero permanente. CSJ SL 27 de febrero de 2013, no. 45264.

Por demás, respecto de que no se necesita la prueba de la dependencia económica de los hijos menores de edad para beneficiarse de la pensión con causa en la muerte de su padre, esta Sala lo dejó dicho así, en la sentencia precitada:

La sentencia complementaria de instancia (fls. 457 a 462), negó el derecho a la pensión reclamada por los hijos del causante, porque al decir del a quo, los menores no “probaron dentro del proceso” la dependencia económica que tenían respecto del causante, “por lo que mal haría este juzgador otorgar un derecho que no se probó en su momento procesal”, […]

Por su parte, la apelante cuestiona la decisión de primer grado en cuanto excluyó a los menores del derecho pensional deprecado. Reiteró que nacieron de la unión entre… Castellanos y el causante; que ellos dependían en un todo de su padre, quien les “suministraba todo lo necesario para su sustento, estudio, vivienda, salud, recreación etc.; que al morir quedaron desamparados y al cuidado de su madre”.

Pues bien, estudiados los registros civiles de nacimiento (fls. 316 y 317), que por demás no fueron refutados por la demandada, encuentra la Sala que… son hijos de… Castellanos y de… Villalba Díaz (q.e.p.d.); que el primero nació el 18 de junio de 1992 y la segunda el 1º de diciembre de 1997, de manera que, indiscutiblemente, para la data en la que falleció su padre, 5 de febrero de 2001, eran menores de edad y esa condición, sin más, les otorga el derecho a la pensión deprecada.

Recuérdese que a la pensión legal de sobrevivientes, conforme lo establece el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, sustento de la decisión del juez a quo, tienen derecho los hijos menores del causante, quienes precisamente por esa condición, no tienen que probar ninguna dependencia económica de quien los proveía de todo lo necesario para su subsistencia. En ese sentido, resulta patente la equivocación y suficiente para revocar la providencia. (Ibídem)

Resta decir que no fue el caso de que se alegara por la demandada que al extrabajador o a la demandante le fue reconocida de su parte otra pensión de carácter convencional que excluyera la pretendida con el presente proceso; por el contrario, de los mismos medios de defensa se desprende que el banco no les había reconocido pensión alguna.

De lo anterior se sigue que se revocará parcialmente el ordinal primero de la decisión absolutoria del a quo, para, en su lugar, reconocer la pensión convencional del artículo 68 convencional a favor de la demandante DIANA CAROLINA ALDANA GASCA, en calidad de hija menor del causante ALBERTO ALDANA CASTAÑEDA, para la fecha del deceso, por el periodo de dos años contados a partir del 19 de diciembre de 1998.

En razón a que en la convención fuente del derecho reconocido en la presente sentencia no se dijo nada sobre las mesadas adicionales establecidas por los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, entre otras, para las pensiones de sobrevivientes, este silencio se suple con lo dispuesto en la ley. En consecuencia, se reconocerán las cuatro mesadas adicionales correspondientes a los dos años de vigencia de la pensión aquí reconocida.

La cláusula 68 remite a los artículos 54 y 55 de la misma convención para indicar el valor de esta pensión; en el primero de estos se establece que, con 20 años de servicio a la institución, la pensión se computará sobre el promedio del sueldo básico devengado en el año anterior al retiro del banco, sin tener en cuenta bonificaciones así: sobre los primeros $600 pesos del promedio del sueldo básico devengado en el año anterior al retiro, el 80% de dicho sueldo; por los excedentes de $600 pesos hasta $1.000, el 60%; por los excedentes de $1.000 hasta $3.000 el 40% y por excedentes de $3.000 el 30%, de manera que el cómputo de la pensión será la suma de los diferentes porcentajes, de acuerdo con el promedio del salario básico devengado por el empleado en el año anterior al retiro de la institución. Y agrega que si la liquidación de la pensión, en arreglo a dicha tabla, da como resultado una inferior a la que le correspondería al empleado de acuerdo con la ley vigente, la pensión será equivalente a la legal. En el artículo 55, se establece un incremento adicional sobre la base fijada en el anterior, del 2% en cada una de las escalas, para después de 20 años de servicios.

No se requiere de mayores cálculos para deducir que los precitados valores base para aplicar la tabla están desactualizados, y estarían lejos de arribar siquiera al salario mínimo legal de la época. En ese orden, se reconocerá una pensión temporal con valor igual a la legal, por tanto se tomará el monto de la primera mesada reconocida por el ISS según la R. 1397 de 2004 visible a fls. 492 y 493, o sea la suma de $499.097 resultante de aplicar el 75% al IBL equivalente a $665.462; a la que se le harán los ajustes de ley.

No se condena a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dado que la pensión del sublite no aplica para ellos. Ni a la indexación de las mesadas, porque esta no fue solicitada.

Se declaran no probadas las demás excepciones de cara a la condena aquí impuesta.

Sin costas en el recurso extraordinario; las de las instancias a cargo de la parte demandada que resultó vencida.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 10 de julio de 2009, en el proceso que instauraron GLORIA AMPARO GASCA VDA. DE ALDANA y DIANA CAROLINA ALDANA GASCA, contra el BANCO SANTANDER DE COLOMBIA S.A., en cuanto declaró la prescripción de la acción respecto de las pretensiones de la demandante DIANA CAROLINA ALDANA GASCA. En instancia, se revoca parcialmente el ordinal primero de la decisión absolutoria del a quo, para, en su lugar, reconocer la pensión convencional del artículo 68 convencional a favor de la demandante DIANA CAROLINA ALDANA GASCA, en calidad de hija menor del causante LUIS ALBERTO ALDANA CASTAÑEDA para la fecha del deceso, por el periodo de dos años contados a partir del 19 de diciembre de 1998, con una mesada inicial equivalente a la suma de $499.097, con los ajustes de ley, más las cuatro mesadas adicionales causadas en dicho tiempo. Se absolverá de las demás pretensiones y se declaran no probadas las excepciones de cara a la condena impuesta.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».