Sentencia 45810 de febrero 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL 1071- 2014

Rad.: 45810

Acta 3

Bogotá, D.C., cinco de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Recurso de casación

Inconforme con el fallo anterior, la parte demandante interpuso recurso extraordinario, el cual concedido por el Tribunal y admitido por esta Sala, se procede a resolver previo estudio de la demanda de casación y su réplica.

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia acusada y en sede de instancia revoque la de primer grado y en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal fin propuso tres cargos, así:

Cargo primero. Acusa la sentencia por vía directa, en la modalidad de “interpretación errónea del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en armonía con los artículos 1º, 2º, 11, 12, 47, 48, 50, 74, 141, 142, 272 de la Ley 100 de 1993. Artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

En el desarrollo afirma el censor que no discute que en este caso no opera el postulado de la condición más beneficiosa y, que el Tribunal encuentra apoyo en el artículo 12 de la Ley 797 para denegar el pago de la pensión.

Agrega que el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, contempla varias hipótesis para que los derechohabientes accedan a la pensión de sobrevivientes, las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores al deceso y la fidelidad, pero también haber satisfecho el número mínimo de semanas cotizadas en el régimen de prima media.

Manifiesta que:

Cuando la norma habla de que el ‘... afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento ...’, indudablemente se está refiriendo al régimen del ISS, es decir, se reitera al citado Acuerdo 49 de 1990 en armonía con el 36 de la Ley 100 de 1993 que exige como densidad mínima de aportes 500 para acceder a una pensión de vejez y no 26 del régimen de Ley 100 de 1993 para acceder a una pensión de vejez, porque con ese número de aportes se obtiene una pensión de vejez en el régimen de prima media, por lo menos para hasta el año 2010 o hasta el 2014 según el caso, fecha última en que definitivamente fenece el régimen de transición pensional.

(...).

Es que si el afiliado tuviere 500 semanas dentro de los 40 y los 60 años y fallece, la muerte le habilita la edad (L. 12/75) y allí se trataría de un derecho adquirido que él trasmite a sus derechohabientes, derecho que en los términos del artículo 58 de la Constitución Nacional es inmutable.

(...)

Es notorio el desvío interpretativo del ad quem, pues indudablemente le está restringiendo el alcance a la norma acusada, al no encontrar en ella sino una de las dos posibilidades que existen para acceder al derecho pensional reclamado, alcance que, además, no se compadece con los fines y objetivos que persigue la Institución de la pensión de supervivientes.

El cargo segundo es similar al anterior aunque en la modalidad de infracción directa del parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y se sustenta en forma muy semejante al anterior.

El Instituto demandado replicó en forma conjunta estas dos acusaciones y adujo que la norma que regulaba la controversia era la Ley 797 de 2003, sin que pudiera hablarse de que opera el principio de favorabilidad, ni soportarse la pretensión en normas de vigencia anterior, con el argumento de la existencia del principio de condición más beneficiosa. Por tanto, el Tribunal aplicó la norma que regulaba la situación y le dio una correcta interpretación.

IV. Consideraciones de la corte

La Corte estudiará en forma conjunta estas dos acusaciones propuestas contra el fallo del ad quem, en atención a que se orientan por el sendero de puro derecho, citan similar elenco normativo y persiguen idéntico objetivo, y por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 161 de la Ley 446 de 1998.

Fueron hechos establecidos en el proceso y que se entienden admitidos por el impugnante dada la orientación jurídica de los ataques, que Walter José Jones Gutiérrez falleció por causas de origen común el 29 de noviembre de 2006; que cotizó al Instituto durante toda su vida laboral 608 semanas, de las cuales ninguna corresponde a los 3 años anteriores al fallecimiento; que acreditó un porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema de 35,38% entre los 20 años de edad y la fecha de la muerte; y que cuando murió no era cotizante activo, pues la última cotización corresponde al ciclo junio de 2003 y hay novedad de retiro en el mes de julio siguiente (fl. 28).

Precisada la anterior situación fáctica, estima la Corte que tal como lo tiene señalado la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado. (CSJ SL 10 Jun 2009, Rad. 36135; 1º Feb 2011, Rad. 42828; 23 Mar 2011, Rad. 39887; y 3 de May 2011, Rad. 37799, entre otras). La excepción está constituida por los expresos eventos en que la jurisprudencia ha aceptado la aplicación ultra activa de normas anteriores ya derogadas, en virtud del principio de condición más beneficiosa.

En este caso, en atención a que el causante falleció el 29 de noviembre de 2006, el derecho de los beneficiarios a la prestación de supervivencia está gobernado por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los cargos aceptan que el causante no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento, pues en ese lapso no sufragó semana alguna, por lo que la prestación no se causó con sustento en la previsión general del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y que tampoco procedía en el sub examine la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, el debate jurídico que se plantea a la Corte se circunscribe a la determinación de si se consolidó el derecho cimentado en el parágrafo 1º de la disposición antes citada que es del siguiente tenor:

PAR. 1ºCuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos de esta ley.

Es cierto que de conformidad con ese precepto es posible acceder a la pensión de sobrevivientes en otra hipótesis, y es cuando el causante hubiere cumplido el número mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para la prestación por vejez, y que en el caso de las personas en régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cobijadas por los reglamentos del Instituto, es el número mínimo de cotizaciones previstas en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, que forman parte del régimen de prima media con prestación definida.

En sentencia CSJ SL 31 de Ago 2010, Rad 42628, reiterada en las de 25 Ene y 22 Feb 2011, Rad. 43218 y 46556 respectivamente, sostuvo esta corporación que cuando el parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 hacía alusión al número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media, comprendía para los beneficiarios del régimen de transición, las previstas en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, que naturalmente incluye la hipótesis de las 500 semanas. Esto dijo textualmente la Sala:

Así las cosas, conforme se anotó con antelación, debe entenderse que la alusión efectuada al número mínimo de semanas de que trata el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 es el fijado por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que le hayan sido introducidas, entre otras, por la propia Ley 797 de 2003.

Sin embargo, ello será así siempre y cuando que el afiliado no sea beneficiario del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, en tal caso, y en tratándose de un afiliado al Seguro Social, por razón de los beneficios de ese régimen se le debe aplicar, en materia de densidad de cotizaciones, el régimen al cual se encontrara afiliado para el 1 de abril de 1994, que lo es el Acuerdo 49 de 1990, en particular su artículo 12, por así disponerlo el señalado artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Y lo anteriormente expuesto es así porque, en primer término, como quedó visto, las normas vigentes de ese acuerdo forman parte del régimen de prima media con prestación definida y, en segundo lugar, deben utilizarse en materia de edad, número de semanas cotizadas y monto de la prestación, para los beneficiarios del régimen de transición pensional.

No obstante que el legislador contempló esta otra forma de acceder a la prestación periódica de supervivencia, naturalmente quien pretenda acogerse a los beneficios del parágrafo en comento debe demostrar que cumple los requisitos allí exigidos, esto es, que el afiliado tenía acumulado en su haber el número de aportes exigido en el régimen de prima media para consolidar el derecho a la pensión de vejez. Y la demostración de esos supuestos es la que se echa aquí de menos, pues admitiendo que el régimen aplicable a la pensión de vejez del difunto era el previsto en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, como beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debía demostrar que sufragó mínimo 1.000 semanas de cotizaciones en toda la vida laboral o 500 en los 20 años anteriores al fallecimiento, según lo ha entendido la Sala. (CSJ SL 1º de Feb 2011, Rad. 44863, 17 y 24 May 2011, Rads. 41661 y 37951 respectivamente).

Y lo cierto es que el difunto aportó 608 semanas en toda la vida laboral y 290 semanas en los 20 años que antecedieron a su deceso.

Al no haberse demostrado que se cumplen los supuestos normativos del parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, la pensión de sobrevivientes en este caso no está regida por esa disposición, y en esa medida no se configuraron los yerros jurídicos que denuncia el recurrente.

En consecuencia, no prosperan los cargos.

Cargo tercero. Acusa por vía indirecta la “aplicación indebida del parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en armonía con los artículos 1, 2, 11, 12, 46, 47, 48, 50, 74, 141, 142, 272 de la Ley 100 de 1993. Artículos 177 y 197 del C. de P. L., y 145 del C. de P. L. Artículos 48 y 53 de la C. N.”.

Refiere como errores manifiestos de hecho:

“No dar por demostrado, siendo evidente, que el asegurado Walter José Jones Gutiérrez, cotizó al ISS 608 semanas antes del fallecimiento”.

Acusa como erróneamente apreciadas la Resolución 22713 de 2007 (fls. 21 a 23) y la Historia de cotizaciones al Instituto (fl. 29).

En la demostración asevera el impugnante que en los documentos denunciados consta que el afiliado cotizó en toda su vida laboral 608 semanas, y esa densidad de aportes le permitía acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media bajo los reglamentos del Instituto que exigía un mínimo de 500 semanas.

V. Consideraciones de la Corte

Para desestimar el cargo basta señalar que el error de hecho que se le enrostra al tribunal no existe, porque la sentencia acusada no desconoció que el asegurado cotizó 608 semanas en toda la vida laboral. Por el contrario, el Juzgador expresamente dejó consignado que no hubo controversia en la apelación sobre ese aspecto fáctico.

Adicionalmente, demostrar que se cotizaron 608 semanas en toda la vida laboral resulta inane frente al sentido de la decisión cuestionada, pues lo que eventualmente serviría para acceder a la pensión deprecada con arreglo al parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que es hacia donde se orienta el cargo, sería demostrar 1.000 semanas de aportes en cualquier tiempo o 500 semanas en los 20 años anteriores al fallecimiento, como se dejó establecido con ocasión de la primera acusación, deber que no honra el recurrente.

Se desestima el cargo.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $3’150.000. Por secretaría tásense las demás costas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 29 de enero de 2010, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por Eucaris del Socorro Vanegas Osorio contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, hoy sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».