Sentencia SL10728 de agosto 3 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL10728-2016

Radicación 46060

Acta 28

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de Riesgos Profesionales Colmena S. A., Compañía de Seguros de Vida, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario y la réplica presentada por la representante judicial de Javier Adalberto Colunge Benavides.

V. Alcance de la impugnación

El impugnante pretende principalmente que la Corte «… CASE TOTALMENTE la Sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el día 16 de febrero de 2010, en cuanto confirmó en su totalidad la sentencia dictada por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá el día 29 de Agosto de 2008.

Una vez constituida la honorable Corte en sede de instancia, se servirá revocar la decisión del a quo y, en su lugar, ABSOLVER a ARP Colmena de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, declarando probadas las excepciones propuestas y condenando en costas a la parte actora».

Así mismo, de manera subsidiaria persigue:

… que la honorable Corte case parcialmente la sentencia del tribunal, en cuanto al confirmar la del juzgado que dispuso condenar a mi representada al reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y declaró no probadas las excepciones de prescripción y compensación oportunamente propuestas.

Una vez constituida la honorable Corte en sede de instancia, se servirá modificar el fallo del juzgado en el sentido de absolver a mi representada de los intereses moratorios consagrados en el 141 de la Ley 100 de 1993 y declarar probadas las excepciones de prescripción respecto de las mesadas pensionales a que hubiere lugar y en los términos previstos en el artículo 96 del Decreto 1295 de 1994.

Con tal fin formula tres cargos, los cuales fueron oportunamente replicados por el opositor, de los que se estudiarán en un primer momento los jurídicos, y después el fáctico, así:

VI. Cargo primero 

Acusa la sentencia por vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de «… los artículos 11 y 12 del Decreto 1282 de 1994 y 3º del Decreto 1302 de 1994…», debido a la «falta de aplicación» de «… los artículos 3º, 40, 42, 46 y 48 del Decreto 1295 de 1994 (vigentes hasta el 15 de diciembre de 2002) y 1º del Decreto 2463 de 2001, en relación con los artículos 8º, 36, 41 (modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005), 42, 43 y 279 de la Ley 100 de 1993, 1º, 3º, 4º, 5º, 6 º y 7 º del Decreto 1282/94 y 5º, 7º, 9º y 10º de la Ley 776 de 2002 (vigente desde diciembre 17/02), 2º y 3º de la Ley 32 de 1961 y 11º del Decreto 60 de 1973».

Para demostrarlo, hace los siguientes planteamientos:

Aplica el ad quem indebidamente las normas sustanciales antes mencionadas, en la medida en que condena a la ARP Colmena que es un ente administrador del sistema de riesgos profesionales, con fundamento en disposiciones que regulan de manera especial, y para aviadores civiles, el régimen de prima media con prestación definida, del sistema general de pensiones, a cargo de Caxdac.

Lo anterior por falta de aplicación de las normas sustanciales que regulan el sistema de riesgos profesionales y de las demás que, como se verá, eran aplicables en la fecha en la que ocurrieron los accidentes de trabajo que dieron lugar a la controversia materia de este proceso.

Y sustenta la aplicación indebida, argumentando que el Decreto 1282 de 1994 regula el régimen pensional de los aviadores civiles cobijados por el régimen de transición, a lo que adiciona, que por virtud de los artículos 2º y 3º de la Ley 32 de 1961, la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, asume la pensión de jubilación que estaba a cargo de las empresas empleadoras de aviación civil. Y agrega que el artículo 7º del Decreto 60 de 1973 precisa que el régimen de transición de los aviadores civiles, será administrado por la Caja de Auxilios y de Prestaciones de Acdac «Caxdac».

Aunado a esto, expresa que según lo consagrado en el artículo 2º del Decreto 1282 de 1994, el aviador civil beneficiario del régimen de transición especial que selecciona el régimen de ahorro individual con solidaridad, perderá los beneficios del mismo, y distingue que el artículo 11 de la misma normatividad, establece que a los beneficiarios del régimen de transición especial se les aplicará, en tratándose de la pensión de invalidez, las disposiciones que se venían aplicando con anterioridad a la Ley 100 de 1993.

Lo precedente, lo concluye expresando:

… los citados decretos 1282 y 1303 de 1994, en los cuales sustenta el ad quem su decisión, claramente establecen que la materia de su regulación está relacionada con un régimen de transición especial aplicable en el sistema a los aviadores civiles que cumplan las condiciones que dicho decreto consagra y, además, que dicho régimen está administrado por Caxdac.

Por esta razón, cuando el tribunal aplica la normativa antes mencionada para condenar a mi representada, incurre en una aplicación indebida en tanto en cuanto (sic) debió aplicar para absolverla, pues mi representada no es un ente administrador del sistema de pensiones ni tiene a su cargo dentro del régimen especial de transición que dicho sistema permite para aviadores civiles, el reconocimiento de una pensión de invalidez.

En forma paralela, señala frente a la «falta de aplicación» lo siguiente:

De la lectura de los decretos 1295, 1202 y 1302 de 1994, así como del Decreto 2463 de 2001 y de la Ley 776/02, se infiere con claridad que en el sistema de riesgos profesionales no existe un régimen especial ni norma alguna expectativa aplicable a aviadores civiles.

A lo que agrega que del artículo 3º del Decreto 1295 de 1994 y artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se infiere que los aviadores civiles no se encuentran excluidos del sistema general de riesgos profesionales, y señala que esto se encuentra ratificado por el Decreto 2463 de 2001, que reglamenta las juntas de calificación de invalidez, el cual en el artículo 1º sólo exceptúa de su aplicación a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, sin mencionar a los aviadores civiles.

Y siguiendo con lo anterior, expone lo subsecuente:

5) Si el ad quem hubiera aplicado las normas antes referidas habría concluido que tratándose de un accidente de trabajo, a cargo del sistema general de riesgos profesionales y siendo mi representada una administradora de dicho sistema, si la Junta Nacional de Calificación de Invalidez como lo reconoce el ad quem y las partes no lo discuten, determinó la disminución de la capacidad laboral del demandante en un 29.75%; ARP Colmena obró de conformidad con lo que dicho Sistema le ordena, en la medida en que según el artículo 40 del citado Decreto 1295/94, vigente para la época en que ocurrieron los accidentes de trabajo al actor, la disminución de la capacidad laboral del actor entre el 5% y 50%, según lo certificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, solo le permite a una ARP reconocer la indemnización a la que se refiere el artículo 42 del mencionado Decreto 1295, pues el 100% para un aviador civil beneficiario del régimen pensional de transición especial, está totalmente a cargo de Caxdac, según corresponda y de acuerdo con lo expresamente señalado en el artículo 7º del Decreto 1282 de 1994.

(...).

6) Este dislate jurídico del ad quem, lo condujo a vulnerar, además de las normas anteriores, los artículos 46 y 48 del Decreto 1295 de 1994, en la medida en que, de haberlos aplicado, habría concluido que en el sistema general de riesgos profesionales, no existiendo norma especial para aviadores civiles ni régimen de transición alguno, condenar a una ARP a pagar pensión de invalidez con base en un dictamen ejecutoriado de la Junta de Calificación de Invalidez del 29.75% de disminución de capacidad laboral, constituye una violación clara y protuberante de los citados preceptos.

VII. Réplica

El demandante opositor, en lo referente a la aplicación indebida, señala que la decisión condenatoria atacada por esta vía se fundamenta en las únicas normas que se expidieron para establecer cuál es el grado de invalidez de un aviador civil, que por cualquier causa médica pierda su licencia de vuelo, y que por tanto, fue correcta la aplicación del Decreto 1282 de 1994, sin que importara para este efecto, la entidad administradora o pagadora de la prestación, de lo que concluye que el tribunal no incurrió en la violación de la ley que se le indilga, porque en el caso en concreto, al tratarse de un aviador civil, las normas especiales que reglamentan la pensión de invalidez que se debe reconocer, son los decretos 1282, 1283 y 1302 de 1994.

De igual forma, frente a la “falta de aplicación”, esgrime que no se trata de que exista un régimen de transición o una norma que exceptué a los aviadores civiles de la aplicación del sistema de riesgos profesionales, sino de la existencia de normas especiales para reglamentar las pensiones de jubilación e invalidez de los pilotos. A su vez, argumenta que la entidad competente para calificar la invalidez es la Junta Especial de Calificación de Invalidez. Y añade que la Caja de Auxilios y de Prestaciones de Acdac “Caxdac”, no es a quien le corresponde el pago de la pensión de invalidez, en razón a que nunca existió afiliación con esta entidad y el derecho reclamado está consagrado en el sistema general de riesgos profesionales.

VIII. Consideraciones de la Corte

Dada la vía de ataque seleccionada en este cargo, no se discute que: i) el demandante tenía a 1º de abril de 1994, 47 años; ii) que se desempeñaba como aviador civil, titular de la respectiva licencia; iii) que en razón de los accidentes de trabajo sufridos los días 5 y 22 diciembre de 2000, la Junta Especial de Calificación de Invalidez fijó en un 100% su pérdida de capacidad laboral, estructurada el 22 de diciembre de 2000, lo cual le generó la cancelación de la licencia para volar.

1. Para el tribunal la controversia llevada en apelación se centraba en establecer la entidad que debía calificar la pérdida de capacidad laboral del actor, y luego de referirse a los artículos 11 y 12 del Decreto 1282 de 1994, y 3º del Decreto 1302 de 1994, concluyó que por ser el reclamante beneficiario del régimen especial de invalidez allí previsto, eran esas las normas aplicables para determinar el grado de invalidez. En consecuencia, el ente encargado en este caso para dictaminar la pérdida de capacidad laboral era la Junta Especial de Calificación de Invalidez. Y sostuvo, “En lo demás será la Ley 100 de 1993 la norma rectora”.

Por su parte, la entidad recurrente alega que la contienda debió dirimirse acudiendo al Decreto 1295 de 1994, con las modificaciones que del mismo hiciera la Ley 776 de 2002, normas que infringió directamente el tribunal, y no de acuerdo con las preceptivas invocadas en la sentencia gravada, las cuales regulan de manera específica y para los aviadores civiles, el régimen de prima media con prestación definida del sistema general de pensiones a cargo de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de Acdac «Caxdac».

2. En criterio de la Sala no se equivocó el tribunal, por cuanto el artículo 11 del Decreto 1282 de 1994, preceptúa que “Se considera inválido un aviador civil que por cualquier causa de origen profesional o no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido su licencia para volar, que le impida ejercer la actividad de la aviación a juicio de la junta de que trata el artículo siguiente”.

El Decreto 1302 de 1994 dispone en el artículo 3º que «La invalidez de que trata el artículo 11 del Decreto 1282 de 1994, se considerará como incapacidad laboral del 100%»; que fue la que le dictaminó la Junta Especial de Calificación de Invalidez al demandante.

Argumenta el impugnante que la normatividad en comento se refiere es al régimen pensional común y no a riesgos profesionales; sin embargo como se observa del texto del artículo 11, allí se prevé que genera invalidez la pérdida de la licencia para volar por causas de origen «profesional o no profesional», de donde se deriva que se constituye en una regulación especial para los aviadores civiles beneficiarios del régimen de transición establecido en el Decreto 1282 de 1994, esa clase de invalidez también extensiva a riesgos profesionales, y con mayor razón, pues está consagrada precisamente en consideración a la actividad especial desarrollada por el trabajador.

La Corte Constitucional en Sentencia CC C-335/16 declaró ajustada a la Carta dicha previsión y estimó que la pérdida de la licencia para volar por cualquier causa profesional o no profesional, no provocada intencionalmente, es una situación que da lugar a la invalidez del piloto y se acompasa con el peso que tiene la licencia de vuelo en el cumplimiento de esta actividad, que se traduce en la garantía de seguridad que debe brindar el profesional que conduce una aeronave y que reclaman las regulaciones tanto nacionales como internacionales.

Lo que sucede es que como en realidad el Decreto 1282 de 1994 reglamenta en esencia las prestaciones de origen común, lo no previsto en él y en las normas modificatorias sobre el tema en concreto, se regirá no por los preceptos de la Ley 100 de 1993 que regulan el régimen de prima media, sino por la normatividad de riesgos profesionales, lo cual incluye la entidad a cargo de la cual estará la prestación, es decir, si es de origen profesional será en cabeza de la administradora de riesgos profesionales, y bajo las reglas de este sistema.

El Decreto 1282 de 1994 fue expedido en virtud de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República por el artículo 139 de la Ley 100 de 1993 y concretamente las del numeral 2º que prescribe:

ART. 139.—De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley para:

(…).

2º. Determinar, atendiendo a criterios técnico científicos y de salud ocupacional, las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador, que requieran modificación en el número de semanas de cotización y el monto de la pensión. Las demás condiciones y requisitos para acceder a la pensión, se regirán por las disposiciones previstas en esta ley, sin desconocer derechos adquiridos y en todo caso serán menos exigentes. Quedando igualmente facultado para ajustar y armonizar las normas que sobre pensiones rigen para los aviadores civiles y los periodistas con tarjeta profesional.

Esta facultad incluye la de establecer los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador y el trabajador, según cada actividad.

Los artículos 11 y 12 del Decreto 1282 de 1994 y el inciso 1º del artículo 3º del Decreto-Ley 1302 de ese mismo año, fueron declarados exequibles en la sentencia arriba citada, donde se encontró que el legislador extraordinario al expedir esa normativa no excedió las facu1tades conferidas por el artículo 139 de la Ley 100 de 1993, para armonizar y ajustar las normas sobre pensiones que rigen para los aviadores civiles.

No es objeto de discusión en el sub lite, que el demandante Colunge Benavides estaba cobijado por el régimen de transición de los aviadores civiles consagrado en el Decreto 1282 de 1994, cuyo artículo 3º preceptúa:

ART. 3º—Régimen de transición de los aviadores civiles. Los aviadores civiles, tendrán derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el presente artículo, siempre que al 1o. de abril de 1994 hayan cumplido cualquiera de los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres;

b) Haber cotizado o prestado servicios durante diez (10) años o más.

Esta Corte en sentencia CSJ SL, 15 mayo 2012, rad. 43658 sostuvo lo siguiente:

La Sala, en un caso análogo seguido contra la misma demandada Caxdac, en el cual se solicitaba la reliquidación de la pensión de invalidez de un aviador civil a quien se le calificó la pérdida de capacidad laboral y perdió su licencia para volar, al referirse a la invalidez del artículo 11 del Decreto 1282 de 1994, adoctrinó que ‘… la incapacidad para ejercer la profesión de aviador civil, puede no ser invalidante, porque permita desarrollar otra actividad lucrativa que le subvencione su existencia’, (Sentencia del 25 de noviembre de 2008 radicado 34063); lo que significa, que esa incapacidad laboral del 100% para ejercer la profesión de aviador civil sin duda le otorga el derecho al trabajador para acceder a la pensión, pero no equipararla a la máxima invalidez contemplada en la norma anterior aplicable, debiendo para este último evento quedar satisfechas las otras situaciones o el cumplimiento de los presupuestos normativos que permitan tener al trabajador, bien sea como un ‘Inválido permanente total’ (que es cuando el afiliado ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral para desempeñar únicamente el oficio o profesión para la cual está capacitado y que constituye su actividad habitual o permanente, y que en este asunto en particular se traduce en la manipulación de aviones), o, en un ‘Inválido permanente absoluto’ por haber perdido la capacidad laboral para realizar cualquier otra actividad o trabajo remunerado, o, ‘Gran invalidez,’ que se configura cuando la pérdida de capacidad laboral sea de tal magnitud o grado que necesite de la asistencia constante de otra persona para movilizarse o valerse por sí mismo. Todo lo anterior de conformidad con lo preceptuado en los literales a), b) y c) del numeral 1º del citado artículo 5º del Acuerdo del ISS 049 de 1990, que se recuerda su aplicación no se discute en esta litis.

Sin embargo, lo allí dispuesto hacía referencia a una situación originada por riesgo común bajo las previsiones del Acuerdo 49 de 1990 y no por riesgo profesional como en el sub lite, donde la entidad competente para calificar la pérdida de capacidad laboral que es la Junta Especial de Calificación de Invalidez dictaminó «incapacidad absoluta para desarrollar actividades de vuelo, lo que genera una invalidez del cien por ciento (100%); esto genera la imposibilidad del trabajador para ejercer la actividad específica de aviador civil, por razón de la pérdida o cancelación de la licencia para volar, por lo que desde la perspectiva del riesgo profesional amparado era procedente la pensión de invalidez como fue dispuesto en instancias.

3. Tampoco se equivocó el tribunal, al estimar que la entidad competente para calificar el grado de invalidez era la Junta Especial de Calificación de Invalidez prevista en el citado Decreto 1282 de 1994, que en el artículo 12 consagra: “Para las personas de que trata el presente decreto. Para las personas de que trata el presente decreto (sic), créase la junta especial de calificación de invalidez…”.

Esta Sala tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el tema en una controversia de similares contornos, en Sentencia CSJ SL658-2015, donde se estableció entre otros aspectos, que la junta especializada de calificación de que trata el artículo 12 del Decreto 1282 de 1994, tiene plena competencia para evaluar la pérdida de capacidad laboral independientemente de su origen común o profesional, de todos los pilotos de aviación que estuvieran en el régimen de transición, así no se encuentren vinculados a “Caxdac”. En aquella ocasión, la Corte expresó:

Con las excepciones previstas en su propio texto, la Ley 100 de 1993 pretendió la consolidación de un único régimen de seguridad social, aplicable a todos los habitantes del territorio nacional, con el propósito de lograr un crecimiento en términos de calidad y de cobertura. Por supuesto, por razones de variada índole, diferentes sectores de trabajadores no quedaron integrados, expresamente, los enlistados en el artículo 279 de dicho ordenamiento, en el que no se menciona a los aviadores civiles.

Huelga decir que el propio numeral 2º del artículo 139 del Estatuto de Seguridad Social, declarado exequible según Sentencia C-376 de 1995, confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República para ajustar las normas de aviadores civiles y fue por ello que expidió el Decreto 1282 de 1994, en el que se estableció el ‘régimen pensional de los aviadores civiles’ que dispuso en su artículo 1º que ‘el sistema general de pensiones contemplado en la Ley 100 de 1993 se aplica a los aviadores civiles, con excepción de quienes están cobijados por el régimen de transición y las normas especiales previstas en el presente decreto’, de allí que quienes contaron con 40 años o más en el caso de hombres y 35 en el de mujeres, así como haber cotizado o prestado servicios durante 10 años o más, se regían por otras disposiciones.

A su vez, el inciso 2º del referido artículo 1º define a los aviadores civiles como aquellas personas que ‘sean titulares de una licencia válidamente expedida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, por medio de la cual se les haya habilitado para desempeñar las funciones de piloto o copiloto civil, cualquiera que sean las modalidades que contemplen los reglamentos’; sin hacer relación únicamente a los pilotos comerciales, como lo indica la censura, de manera que en ese concepto se podían comprender a los que desempeñan esa labor en fumigación, en la medida en que también cuentan con la licencia expedida por la Aeronáutica Civil, habilitante para ejercer dicha profesión.

Por su parte, el artículo 12 creó la Junta Especial de Calificación de Invalidez ‘Para las personas de que trata el presente decreto’, integrada por representantes del gobierno, del gremio que agrupe a los aviadores civiles y sus empleadores, ‘de ternas presentadas al Ministro de Trabajo y Seguridad Social por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, y la Asociación de Transportadores Aéreos Colombianos, ATAC, quienes deberán ser expertos en medicina aeronáutica’, de lo cual, necesariamente, se desprende que las valoraciones que requieran todos los aviadores civiles que posean una licencia expedida por la UAEAC, pueden ser realizadas por dicho organismo especializado en medicina aeronáutica, por la sencilla, pero potísima razón de contar con mayor conocimiento en el área específica de la medicina aeronáutica, sin importar si la causa de la incapacidad es profesional o común, entre otras razones, porque el artículo 11 del decreto en mención preceptúa que ‘Se considera inválido un aviador civil que por cualquier causa de origen profesional o no profesional no provocada intencionalmente, hubiere perdido su licencia para volar que le impida ejercer la actividad de la aviación a juicio de la junta de que trata el articulo siguiente. En todos los demás aspectos las pensiones de invalidez de los aviadores civiles en actividad se regirá por lo dispuesto en la ley 100 de 1993’ lo que deja sin piso el argumento del censor según el cual esta pensión no estaba prevista en estos eventos y por tanto no existía competencia para su decisión máxime cuando es el propio decreto el que, atendiendo la especial situación de los aviadores regulo su función.

Fluye claro el acierto del juez de la alzada, toda vez que no solo los aviadores civiles pertenecen al sistema integral de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993, conformado por los subsistemas de pensiones, salud y riesgos laborales, sino que además la junta especializada de calificación de que trata el artículo 12 del Decreto 1282 de 1994, tiene plena competencia para evaluar la pérdida de capacidad laboral de todos los pilotos de aviación, en los eventos descritos de quienes estuvieron en el régimen de transición así no se encuentren vinculados a Caxdac, pues no es esta la condición de que trata el precepto legal, sino que la facultad de dicho ente está supeditada a la existencia de la licencia expedida por la Aeronáutica Civil, requisito al margen de la discusión en esta sede judicial.

En ese orden, el argumento de la impugnante no encuentra de donde asirse, en la medida en que, paralelo al sistema general de riesgos profesionales, el legislador no previó la existencia de un modelo especial de riesgos laborales para el gremio de los aviadores civiles, sino que creó un órgano especializado al que encargó de practicar las evaluaciones médicas de dichas personas, en aras de establecer su pérdida de capacidad laboral, no sólo en punto al porcentaje de la misma, sino de su origen, dado que no se advierte una sola razón que justifique la limitación que propone la censura, sino que más bien se impone que el dictamen sea integralmente emitido por una misma entidad.

Por último, se ha de advertir frente al Decreto 2463 de 2001, a las leyes 962 de 2005 y 776 de 2002, disposiciones citadas en el recurso, que de todas maneras no resultarían aplicables por ser posteriores a la estructuración de la invalidez que lo fue el 22 de diciembre de 2000.

Por las razones anteriores, no prospera el cargo.

IX. Cargo segundo 

Acusa la sentencia por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y argumentó «…Como lo ha expresado en reiteradas oportunidades esa (sic) honorable Corte, en el derecho laboral o en el derecho a la seguridad social, la aplicación de sanciones por causa de la mora de un obligado, implican, por parte de quien la aduce, la demostración de la conducta torticera o fraudulenta del obligado», y señalando que «…Desde este punto de vista, mientras no exista tal demostración no es dable aplicar la consecuencia punitiva, en la medida en que aunque se presente la mora, no hay negligencia sino una circunstancia de orden jurídico que, dentro del marco de la buena fe, dio lugar a negar el reconocimiento de un derecho con causa en una legítima y razonable interpretación de la ley». Y finaliza, esgrimiendo que «…el efecto punitivo que dicha disposición consagra por el no pago de una pensión, no es automático y se requiere que la parte demandante demuestre una conducta torticera o negligente por parte de la persona o entidad obligada».

X. Réplica 

El demandante considera que la interpretación realizada por el a quo al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, confirmada por el tribunal, corresponde al contenido de la misma y a su espíritu. Y en consecuencia, aduce que la norma no exige para su aplicación, que el actor tenga que demostrar que el obligado actuó de mala fe.

XI. Consideraciones de la Corte:

Plantea la recurrente que no es dable condenar al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, cuando quien alega el incumplimiento, no demuestra “… la conducta torticera o fraudulenta del obligado…”.

En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ha sostenido la Corte tradicionalmente desde la sentencia de 23 de septiembre de 2002, rad. 18512, que en principio deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en cuanto se trata simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, tiene carácter resarcitorio y no sancionatorio.

En sentencia CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 42783, la corporación trajo a colación la de 29 mayo 2003, rad. 18789, donde se asentó esa postura en los siguientes términos:

Cierto es que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal y como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala. En efecto, así dijo la Corte en sentencia de 23 de septiembre de 2002 (Radicación 18512).

Así las cosas, no se equivocó el tribunal al confirmar la condena por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, aunque la Sala en fecha más reciente — Sentencia SL704-2013— moderó la anterior posición jurisprudencial, lo hizo para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado pueda darle la jurisprudencia, que no es aquí el caso.

En sentencia CSJ SL, 23 feb. 2010, rad. 33265, dijo la Corte que dichos intereses procedían también en caso de riesgos profesionales:

Respecto de los intereses moratorios, previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, esta Sala estimó que si en forma general el citado artículo se refirió a las pensiones de que trata tal normatividad, no hay ninguna razón valedera para excluir los intereses moratorios de las derivadas de riesgos profesionales, como es en el caso que nos ocupa,

Por lo dicho, no prospera el cargo.

XII. Cargo tercero 

Acusa la sentencia por vía indirecta, en la modalidad de «falta de aplicación» de los artículos 40, 42, 46, 48 y 96 del Decreto 1295 de 1994, en relación con los artículos 11 y 12 del Decreto 1282 de 1994, 3 del Decreto 1302 de 1994, y 5, 7, 9, 10 y 18 de la Ley 776 de 2002. Y señala, que esta violación obedece a «… que la sentencia acusada incurre en violación de medio de los artículos 31 (L.712/01, art. 18) y 77 del CPT y SS y 92 (D.E. 2282/89, art. 1º, núm. 43) y 96 (D.E. 2282/89, art. 1º, núm. 45) del CPC, aplicables CPT y SS por virtud de la remisión analógica consagrada en el art. 145».

Argumenta que la infracción de las anteriores disposiciones se produjo por los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que ARP Colmena pagó al actor la indemnización por incapacidad permanente parcial.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la demanda fue presentada el 13 de diciembre de 2007, respecto de una incapacidad estructurada en el mes de diciembre de 2002.

Y señala que estos errores de hecho se originaron en la falta de apreciación de las siguientes pruebas:

— Escrito de la demanda (fls. 142-170) y su contestación (fls. 219-228).

— Certificación de liquidación de prestaciones económicas (fl. 243).

— Notas de presentación personal y fecha de reparto de la demanda, obrantes a folios 170-vuelto y 171 del expediente.

Lo anterior, lo demuestra de la siguiente manera:

… De los escritos de la demanda y su contestación, así como de los documentos obrantes a folios 243, 171-vuelto y 170 del expediente, ignorados por el ad quem, se establece:

a. Que ARP Colmena pagó a entera satisfacción de la parte actora la indemnización por incapacidad permanente parcial, en la suma de $29’524.673.oo.

b. Que la demanda fue presentada en diciembre de 2007 respecto de la estructuración de una incapacidad que las partes en el escrito de la demanda y su contestación reconocen tuvo ocurrencia a partir del mes de diciembre de 2002.

3. La falta de apreciación de las pruebas antes referidas condujo al ad quem a declarar no probadas las excepciones de prescripción y compensación propuestas y esta vulneración de medio de las normas procesales, dio lugar a la violación de lo previsto, por una parte, en el artículo 96 del Decreto 1295 de 1994 que establece que las mesadas pensionales prescriben en el término de tres años y, por la otra, de los artículos 40, 42, 46, y 48, del citado Decreto 1295, en la medida en que, al no declarar probada la excepción de compensación y condenar a mi representada al pago de una pensión, no obstante haber pagado la indemnización por incapacidad permanente parcial, aceptó el ad quem, de manera jurídicamente incorrecta, que en el sistema de riesgos profesionales sea posible pagar indemnización y pensión al mismo tiempo respecto de un mismo hecho…

Lo anterior, en abierta contradicción con lo dispuesto en el parágrafo segundo del citado artículo 48 del Decreto 1295/94, según el cual “no hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez”, norma ésta aplicable también por analogía al caso en estudio.

XIII. Réplica

En relación a lo planteado por el recurrente en este cargo, el opositor establece que el tribunal efectivamente señaló que la ARP demandada, canceló al demandante la indemnización por incapacidad permanente parcial, razón por la cual no puede afirmarse que no se haya dado por demostrado este hecho. De igual forma, afirma en relación con los demás errores alegados, que el tribunal hizo suyos los argumentos del juez de primera instancia, y este último, se manifestó sobre la demanda, su contestación, y tuvo en cuenta la fecha en que se hizo la presentación personal de la primera, con el reparto de la misma en la oficina judicial.

XIV. Consideraciones de la Corte 

Impugna la recurrente que el tribunal al momento de tomar la decisión, no tuvo en cuenta la fecha de presentación de la demanda para efectos de declarar la prescripción, e igualmente, refuta que no tuvo presente la cancelación de la indemnización por incapacidad permanente parcial a favor del demandante, en suma de $29.524.673.oo, por lo que habría pago de lo no debido.

Salta a la vista que el tribunal pasó por alto la confesión hecha en el punto 6.21 de la demanda, donde el actor reconoció que el 26 de mayo de 2003 la convocada a proceso le canceló la suma de $29’524.663,oo por concepto de liquidación de incapacidad permanente parcial, con lo cual incurrió en error manifiesto que lo condujo a avalar la condena al reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional a favor del demandante, sin disponer que se descontara el valor pagado por indemnización por incapacidad permanente parcial, proveniente del mismo riesgo estructurado, aceptando así, que el accionante se beneficiara simultáneamente de las dos prestaciones sin causa justificada para ello.

En relación con la prescripción, se ha de precisar que el tema ha sido regulado de manera específica por la normatividad de riegos profesionales, en los artículos 96 del Decreto 1295 de 1994; 18 de la Ley 776 de 2002, y más tarde en el artículo 22 de la Ley 1562 de 2012.

En el sub lite como la invalidez se estructuró el 22 de diciembre de 2000, aplica el literal a) del artículo 96 del Decreto 1295 de 1994, que establecía para las mesadas pensionales el término prescriptivo de tres años. Ese precepto fue declarado inexequible mediante Sentencia CC C-452/02, pero con efectos diferidos hasta el 17 de diciembre de 2002.

La jurisprudencia de la Corte ha considerado que el término prescriptivo empieza a correr no desde la data del accidente de trabajo sino «a partir de la fecha en la que se establezcan, por los mecanismos previstos en la ley, las secuelas que el accidente de trabajo haya dejado al trabajador, lo que desde luego implica la imperiosa necesidad de que éste haya procurado el tratamiento médico de rigor y la consecuente valoración de su estado de salud». (CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 28821, reiterada en la CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 39867).

La invalidez del actor fue definida en el dictamen de la Junta Especial de Calificación de Invalidez el 3 de junio de 2005; la demanda fue presentada el 13 de diciembre de 2007 (fl. 170 vto.), lo que significa que evidentemente no se configuró el fenómeno prescriptivo, por lo que se descarta un yerro fático del tribunal por ese motivo.

En el anterior orden de ideas, se casará parcialmente la sentencia de segunda instancia, pero únicamente en cuanto no se ordenó descontar lo pagado por concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial.

Se ha de advertir que la fecha a partir de la cual las instancias dispusieron la condena al pago de la prestación, no fue objeto de controversia por las partes.

Sin costas en sede de casación, dada la prosperidad parcial del cargo tercero.

XV. Fallo de instancia 

En instancia, se añade a lo expuesto en sede de casación, que no es admisible la condena simultánea a la pensión de invalidez de origen profesional con fundamento en el Decreto 1282 de 1994 y la indemnización por incapacidad permanente parcial en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 1295 de la misma anualidad, por la potísima razón de que al encontrarse acreditados los supuestos necesarios para la prestación periódica por invalidez, excluye la referida incapacidad permanente parcial que estaba prevista para unos supuestos fácticos diferentes en los artículos 40 y siguientes del citado Decreto 1295 de 1994 y declarados inexequibles mediante Sentencia de la Corte Constitucional CC-C-452/02.

En efecto, la indemnización por incapacidad permanente parcial era viable según la norma en comento, en los casos en que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, generaran una disminución definitiva, igual o superior al 5%, pero inferior al 50%, de la capacidad laboral para la cual ha sido contratado el trabajador; por el contrario, la pensión de invalidez por riesgo profesional del régimen pensional de los aviadores civiles, que es especial, procede para el aviador civil por pérdida de capacidad laboral del 100% en los términos arriba indicados, y como esta última es más beneficiosa y tiene como fuente el mismo riesgo y el mismo evento generador, son excluyentes.

Así las cosas, se adicionará el fallo del juzgado en el sentido de autorizar a la demandada a descontar de la obligación debida, lo pagado por liquidación de incapacidad permanente parcial.

Las costas en instancias como quedaron dispuestas.

XVI. Decisión 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el dieciséis (16) de febrero de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por Javier Adalberto Colunge Benavides contra Riesgos Profesionales Colmena S.A., Compañía de Seguros de Vida, en cuanto no autorizó a la demandada a descontar de la obligación debida, lo pagado por concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial. No la casa en lo demás.

En instancia se adiciona la sentencia del Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá de 29 de agosto de 2008, en el sentido de autorizar a la demandada a descontar de la obligación debida, lo pagado por concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».