Sentencia SL10734-2017 de julio 19 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL10734-2017

Radicación 49823

Acta 2

Magistrado Ponente:

Dr. Ernesto Forero Vargas

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado judicial de la demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones

Se debe recordar que la cláusula convencional 2000-2002 que ha generado esta controversia jurídica, es la contenida en el parágrafo 3.2. del artículo 3º sobre estabilidad, relativo a la terminación del contrato de trabajo, que es del siguiente tenor:

[…] ART. 3º—Estabilidad. Para los trabajadores cuyos oficios se encuentran incluidos en los anexos 1, 2 y 3 de la PRESENTE convención sus contratos actualmente vigentes y los que se celebren en el futuro serán a término indefinido […].

[…] PAR. 3.2.—Terminación del contrato de trabajo Planta Chusacá y Distritos. En los casos de terminación unilateral por parte de la Empresa, se procederá así: […].

[…] 2. Si es sin justa causa la empresa pagará al trabajador b) En los contratos a término indefinido se pagarán los siguientes días de salario:

Menos de 1 año de servicio: 50 días.

Más de 1 año y menos de 2 años de servicio: 100 días.

Más de 2 años y menos de 3 años de servicio: 128 días.

Más de 3 años y menos de 4 años de servicio: 200 días.

Más de 4 años y menos de 5 años de servicio: 233 días.

Más de 5 años y menos de 6 años de servicio: 322 días.

Más de 6 años y menos de 7 años de servicio: 366 días.

Estas sumas incluyen las que la ley tiene señaladas o llegare a señalar para el mismo fin.

Si el trabajador tiene más de siete (7) años de servicio continuo en la compañía, la empresa no hará uso de la terminación del contrato sin justa causa. El término continuo se refiere a que no haya mediado retiro definitivo de la compañía.

Si la justicia laboral considera que el despido no obedeció a justa causa el trabajador con más de siete (7) años y menos de diez (10) años de servicio, podrá ser reintegrado o indemnizado a juicio de la empresa así:

Más de 7 años y menos de 8 años de servicio: 411 días.

Más de 8 años y menos de 9 años de servicio: 627 días.

Más de 9 años y menos de 10 años de servicio: 688 días.

Días que incluyen los que la Ley tiene señalados o llegare a señalar para el mismo fin.

Así mismo, que los argumentos que esgrimió el tribunal para revocar la sentencia impugnada y conceder el reintegro y demás condenas fulminadas, fueron en lo vertebral los siguientes:

1. Que al examinar el contenido del artículo 3º del parágrafo 3.2 de la convención colectiva de trabajo suscrita el día 17 de mayo de 2001, folios 19 a 106 del legajo de 1ª instancia, se advierte que la voluntad de las partes respecto de las consecuencias del despido sin justa causa de trabajadores que tuvieran más de 10 años de servicio y fueran despedidos sin justa causa, a pesar de la prohibición de hacerlo, no señaló en forma expresa e indiscutible la consecuencia para el empleador por infringir dicha prohibición, ni hizo extensiva alguna de las alternativas contenidas en la aludida norma convencional, con lo cual existía un vacío normativo convencional.

2. En consecuencia con lo señalado, la Sala encontró 3 posibles hipótesis jurídicas para superar la alguna identificada, y planteó en la tercera de ellas la que consideró, que al no haberse estipulado en el acuerdo convencional tabla indemnizatoria alguna y haberse prohibido despedir a los trabajadores sin justa causa con más de 10 años de servicio, la consecuencia lógica era su ineficacia y el consecuente reintegro.

De las tres hipótesis, el tribunal encontró que la tercera que preveía el reintegro era la más viable, dado que la norma convencional dispuso expresamente la prohibición al empleador de despedir a los trabajadores que llevaran más de 7 años de servicios, sin justa causa, y su violación implicaría el reintegro también para los trabajadores con más de 10 años de servicio.

3. Finalmente, luego de haberse apartado de las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia en casos similares, solo que para trabajadores con menos de 10 años de servicio, dijo además que esas jurisprudencias no constituían precedente en materia de interpretación de convenciones colectivas de trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, acudió al contenido de la sentencia con radicación 36499 del 29 de julio de 2009, compartió íntegramente esos argumentos y con base ellos, revocó la sentencia apelada.

Pues bien, ha sido pacífico para la Corte, que una de las principales obligaciones del censor, al pretender deshacer la doble presunción que está ligada a la sentencia gravada con el recurso extraordinario de casación, estriba en identificar, atacar y lograr derruir todos y cada uno de los soportes fácticos y jurídicos en los que se fundó el tribunal para estructurar su decisión, pues ataques parciales que dejen por fuera alguno o varios de los cimientos de la sentencia, hacen que la misma siga soportando su intangibilidad en ellos.

Con el anterior escenario queda demostrado el desliz técnico referido, lo que da al traste con el cargo formulado, puesto que aún en el evento en que se pudiera superar, la sentencia, como ya se indicó, seguiría manteniéndose sobre el cimiento estructurado con fundamento en el razonamiento no controvertido por el censor.

Ahora bien, dejando de lado el desacierto identificado, el cargo tampoco daría al traste con la sentencia acusada, como pasa a explicarse:

De antaño, la Sala Laboral de la Corte ha enseñado que en tratándose de apreciación de cláusulas convencionales, no es función de la Corte determinar el verdadero sentido o alcance de las mismas, por cuanto la convención colectiva de trabajo no es una norma sustancial de alcance nacional, motivo por el cual la labor hermenéutica de la segunda instancia frente a ese tipo de estipulaciones, debe ser respetada por la Corte, aun cuando aquella no se comparta, salvo que ésta se muestre manifiestamente irracional.

Sobre se particular se ha expresado por la Sala lo siguiente:

[…] Precisado lo anterior y descendiendo al asunto sub judice, se impone recordar que la Corte ha enseñado de vieja data, que no constituye una finalidad del recurso de casación fijar el sentido que las convenciones colectivas de trabajo tienen como normas jurídicas, puesto que, no obstante su gran importancia en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho del trabajo, jamás pueden participar de las características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes que las celebran quienes están llamadas, en primer término, a establecer su sentido y alcance.

En atención al origen y finalidad de la convención colectiva de trabajo, carece ella del alcance nacional que tienen las leyes del trabajo sobre las cuales sí le corresponde a la Corte interpretar y sentar criterios jurisprudenciales, por lo que, en tanto actúa como tribunal de casación, lo único que puede hacer, y ello siempre y cuando las características del desatino sean de tal envergadura que puedan considerarse un error de hecho manifiesto, es corregir la equivocada valoración como prueba de tales convenios normativos de condiciones generales de trabajo.

También cabe recordar que por imperativo legal los contratos y convenios entre particulares —y la convención no es otra cosa diferente a un acuerdo de voluntades sui generis—, deben interpretarse ateniéndose más a la intención que tuvieron quienes lo celebraron, si dicha intención es claramente conocida, que a las palabras de que se hayan servido los contratantes. Esta regla de interpretación está expresada en el artículo 1618 del Código Civil y aun cuando referida en principio a los contratos de derecho común, también debe ser tomada en consideración por los jueces del trabajo; y dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social faculta a los jueces laborales para que en las instancias aprecien libremente la prueba, es un deber de la Corte, en su condición de tribunal de casación y en todos los casos en que no se configure error de hecho manifiesto, respetar las apreciaciones razonadas que de la convención colectiva de trabajo —mirada ella como prueba de las obligaciones que contiene-– haga el Tribunal fallador. Radicación 42947, 28 de febrero de 2012.

Más recientemente en Sentencia CSJ SL7215-2016, sobre idéntica temática expresó:

[…] Si bien, la jurisprudencia tiene definido que cuando se trata de la intelección del contenido de las estipulaciones de un convenio colectivo de trabajo, los juzgadores de instancia gozan de un relativo margen de discrecionalidad, también ha considerado que si la lectura del texto convencional se distancia de lo que razonablemente cabe entender, perfectamente la Corte puede proceder a su rectificación, sin que ello comporte una afrenta al artículo 61 del Código Procesal del Trabajo.

El recurrente destacó en su demostración del cargo, que en este caso no se trataba de la posibilidad de efectuar razonablemente varias lecturas de la citada cláusula, en tanto que lo hecho por el tribunal fue una aplicación impropia de la misma, por razón de haberla utilizado para una situación fáctica que no regula, pues ella solo cobija los casos de los despidos de trabajadores con antigüedad de servicios entre los 7 y 10 años.

Una lectura detenida de tal estipulación en su primera parte, deja en evidencia, que en ella se acordó crear una prohibición para despedir, sin justa causa, a los trabajadores que llevaran más de 7 años de servicio en la compañía demandada, y por ello, expresamente se pactó: «Si el trabajador tiene más de siete (7) años de servicio continuo en la compañía, la empresa no hará uso de la terminación del contrato de trabajo sin justa causa […]», razón por la cual, la intelección del Tribunal sobre las consecuencias derivadas del incumplimiento de esa limitación es una de las posibles lecturas de dicha cláusula, que además apareja, como también lo concluyó el tribunal, crear una estabilidad gradual y proporcional a los trabajadores según el tiempo de vinculación, y en ese contexto, resulta plausible y no un verdadero disparate el alcance que le asignó el tribunal a éste precepto convencional, más aún si para los trabajadores con hasta 10 años de servicio, existía la posibilidad del reintegro y en este caso el actor tenía 25 años de servicio.

Por lo visto, el ad quem conforme a la libre formación del convencimiento que le asiste en los términos del artículo 61 del CPTSS, apreció razonadamente las tantas veces mencionada cláusula convencional.

En lo que si acierta el recurrente, es en afirmar que el tribunal erró al acudir, para soportar la decisión del reintegro, a una sentencia que se refiere al análisis de una convención colectiva de trabajo en una empresa distinta a la suscrita con la demandada, yerro que resulta intrascendente, como quiera que esa sentencia no fue el único argumento que se utilizó por el juez colegiado para soportar su interpretación de la cláusula convencional, como se mostró al inicio de éste acápite de la sentencia y además, no fue atacada técnicamente como correspondía.

Por todo lo anterior, el tribunal no pudo cometer el yerro fáctico endilgado, y en tales condiciones se rechaza el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de parte demandada, por cuanto su acusación no salió avante y la demanda fue replicada por el demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 7.000.000, que se incluirán en la liquidación con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 17 de agosto de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso ordinario laboral adelantado por JUAN ANTONIO SUÁREZ BARRAGÁN, contra INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A. ICOLLANTAS S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva de la sentencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»