Sentencia SL10757 de julio19 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Donald José Dix Ponnefz

SL10757-2017

Radicación 55030

Acta 02

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Dora Gladys Ayala, contra la sentencia proferida por la Sala Décimo Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, 2 de septiembre de 2011, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la recurrente contra Instituto de Seguros Sociales en Liquidación.

En cuanto al memorial obrante a folios 41 a 42 del cuaderno de la Corte, téngase como sucesor procesal del extinto Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, en armonía con el artículo 60 del CPC aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social, por expresa remisión del artículo 145 del CPTSS.

I. Antecedentes

La actora demandó al Instituto de Seguros Sociales la pensión de vejez a partir del 1º de febrero de 2009, los incrementos anuales, las mesadas adicionales, la indexación, los intereses moratorios, lo extra y ultra petita, y las costas.

Fundamentó sus pretensiones, en que nació el 20 de diciembre de 1953; que para el 1º de abril de 1994, cumplía con más de 40 años de edad; que durante toda su vida laboral aportó al ISS de forma ininterrumpida, pues empezó desde julio de 1997 hasta el 25 de enero de 2009, «fecha en la que efectuó su última cotización al sistema como trabajador independiente»; que aportó más de 577 semanas entre el 1º de julio de 1997 y el 20 de diciembre de 2008; que el 11 de marzo de 2009, solicitó el reconocimiento de pensión de vejez y, que mediante Resolución 014547 de 2009, la demandada le negó por considerar que no cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, ya que solo acreditaba 548 semanas en toda la vida laboral; que agotó la reclamación administrativa.(fls. 2 a 9).

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que mediante las resoluciones citadas negó la pensión de vejez; admitió la edad de la demandante y las cotizaciones; no así que fuera beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, al 1º de abril de 1994 no se encontraba afiliada a la seguridad social y, de los demás dijo no ser ciertos o no constarle.

Propuso las excepciones de inaplicabilidad de la norma, inexistencia del derecho, cumplimiento de un deber legal, imposibilidad de cobrar intereses, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción de las mesadas e imposibilidad de condena en costas (fls. 41 a 45).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, en providencia de 30 de julio de 2010, absolvió de todas las pretensiones y, condenó en costas a la demandante (f.º 65 a 70).

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en decisión del 2 de septiembre de 2011, confirmó la de primera instancia. Impuso costas a cargo de la accionante. (fls. 96 a 100).

Estudió el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, los requisitos exigidos para la pensión de vejez en el régimen de prima media regulado por la Ley 797 de 2003, y acorde con las probanzas, puntualizó que, el régimen de transición protege las expectativas legitimas que la cotizante tenía al momento de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, y que si bien, no se requería que la persona estuviere afiliada al 1º de abril de 1994, si era fundamental que tuviese un régimen anterior, por lo que concluyó:

(...) se observa claramente de la prueba documental que la demandante no cumple con ese requisito. Efectivamente, no se acreditó en el proceso de que antes de que entrará en vigencia el sistema general de pensiones hubiese tenido algún vínculo laboral como servidora pública o en el sector privado o se hubiese efectuado cotizaciones a alguna entidad de pensiones incluso diferentes al ISS, de manera que no puede concluirse que tuviese régimen anterior a la Ley 100 de 1993, ni mucho menos, que este fuese el regulado en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990.

De acuerdo a lo anterior, la norma aplicable en materia de pensión de vejez de la señora Dora Gladys Ayala es el artículo 33 de la ley 100, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, pero de tal disposición sólo cumple con el requisito de edad al haber nacido el 20 de diciembre de 1953; pero sólo acredita 604.2857 semanas cotizadas en toda la vida y en su caso, la exigencia es de 1.125.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la apoderada de la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte, case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo proferido en primera instancia y, se aceda a todas las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia del tribunal en los siguientes términos:

(...) es violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; 1º, 2º y 3º del Decreto 813 de 1994; 1º y 2º del Decreto 1160 de 1994 en relación con los artículos 1º,12,14 y 20 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1.990; 31,50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, 9º de la Ley 797 de 2.003 que modificó a su vez el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,13, 53 y 58 de la Constitución Nacional y el Acto Legislativo 01 de 2.005 que modificó el Artículo 48 de la Carta Magna.

Indica que no existe duda sobre las conclusiones fácticas a las que llegó el juez colegiado, esto es que la demandante nació el día 2 de diciembre de 1953, que cumplió los 55 años de edad en el mismo día y mes del año 2008, que para el 1º de abril de 1994 fecha en la que empezó a regir la Ley 100 de 1993 cumplió con los requisitos de edad y semanas cotizadas para adquirir su pensión de vejez antes del 31 de julio de 2010, fecha establecida como límite temporal en el Acto Legislativo 01 de 2.005 que modificó el artículo 48 de la Constitución Nacional, que realizó su última cotización al ISS para los riesgos de IVM el 31 de enero de 2009 en calidad de trabajadora independiente, en el régimen subsidiado de pensiones por la imposibilidad de realizar cotizaciones de otra forma.

Cuestiona que no se aplique el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por la circunstancia de no haber cotizado a los riesgos de IVM antes del 1º de abril de 1994.

Cita sentencias de esta Sala que en su criterio se ocupan de la situación de quienes no se encontraban a afiliados al 31 de marzo de1994 para ser beneficiario del régimen de transición. A continuación, trascribe lo que denominó ‹‹errada la aseveración que sobre el particular razona el ad quem››, en el fallo recurrido:

(...) Ahora bien, se observa claramente de la prueba documental que la demandante no cumple con este requisito. Efectivamente no se acredito en el proceso que antes de que entrará(sic) en vigencia el sistema general de pensiones hubiere tenido algún vínculo laboral como servidora pública o en el sector privado (¿ES (sic) qué antes del primero de abril de 1994 se podía cotizar al ISS, en calidad de trabajador independiente?)(sic) o que hubiese efectuado cotizaciones a alguna entidad de pensiones incluso diferentes al ISS de manera que no puede concluirse que tuviera un régimen anterior a la Ley 100 de 1993, ni mucho menos, que éste fuese regulado en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 (...).

De lo anterior se colige, que es claro que, el juez colegiado al no reconocer el beneficio de régimen de transición, por la carencia de afiliación se opone a la postura de la Sala, en el sentido que las prestaciones económicas se adquieren cuando se han cumplido los requisitos de semanas y edad en vigencia de la norma más favorable “sin supeditar en ningún momento la consolidación del derecho pensional, ha de estar afiliado o no, en una determinada fecha›. Alude que es una contradicción desde la ‹‹óptica de los Derechos Irrenunciables a la Seguridad Social (C.N., art. 48), y a la vez al principio a la Igualdad (C.N., art.13)”.

Señala, que de aceptarse la tesis del tribunal en el sentido de ser necesaria la afiliación

(…) antes del 1º. de abril de 1994 para ser beneficiario del régimen de transición, lo que en su criterio contraría la jurisprudencia consolidada de la Sala, también se consolidaría una violación flagrante al principio de igualdad, como la de permitir que personas que no estuvieron afiliadas a una caja de seguridad social antes del 31 de marzo de 1994 se les respete el régimen de transición, y otros que no lo pudieron estar, por mandato del legislador se le impida beneficiarse de dicho régimen trabajador independiente), como sucede en el caso de marras, donde nos encontramos frente a una persona que solo pudo empezar a cotizar para los riesgos de IVM, cuando la ley se le permitió con posterioridad al 01 de abril de 1994.

Itera la censura que la actora cumplió los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria del régimen de transición y que, en cuanto al requisito de estar afiliada, es una condición que se debe analizar en perspectiva con los pronunciamientos del Consejo de Estado que declararon nulos varios decretos sobre el particular.

Afirma que el régimen de transición de que trata el art. 36 de la Ley 100 de 1993, es el establecido en los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990 y que le es más favorable a la actora; que se necesita un referente normativo que permita identificarla con el régimen pensional anterior más favorable a la Ley 100 de 1993. Hizo alusión a las limitaciones temporales consagradas en el Acto Legislativo 01 de 2005 —31 de julio de 2010—, para señalar el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas por parte de la demandante antes del vencimiento de aquella fecha.

Finaliza la acusación, indicando que el tribunal incurrió en el yerro jurídico al dejar de aplicar en el caso de marras, el art. 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 1º, 12, 14 y 20 del Acuerdo 049 de 1990; 31, 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993; 13, 48, 53 y 58 de la C.N. y Acto Legislativo 01 de 2005.

VII. Cargo segundo

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley, por la vía directa por interpretación errónea del art. 36 de la Ley 100 de 1993; 1º, 2º y 3º del Decreto 813 de 1994 y artículos 1º y 2º del Decreto 1160 de 1994, en relación con los artículos 1º, 12, 14 y 20 del Acuerdo 049 de 1990; artículos 31, 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, 9º de la Ley 797 de 2003 que modificó a su vez el artículo 33 de la Ley 100 de 1993; 13, 53 y 58 de la Constitución y el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 de la Carta Magna.

Indica que fundamenta el cargo en la jurisprudencia de antaño de esta corporación e invoca algunas sentencias, para reafirmar que, con base en ellas, parte de la interpretación errónea que el ad quem da al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y así fundamentar su inaplicación al caso bajo examen. Luego de efectuar un razonamiento y cita de los requisitos consagrados en el art. 36 tantas veces mencionado, expresa que el yerro jurídico endilgado al fallador de segunda instancia por interpretación errónea que realiza de la norma:

(...) será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados (...), en donde concluye erradamente que para ser beneficiario del régimen de transición se requiere estar afiliado al ISS con anterioridad al 1º de abril de 1.994, estableciendo según la inteligencia del ad quem dicha frase un requisito adicional para beneficiarse del régimen de transición disímil al de tener 35 años de edad si es mujer o 40 años de edad si es hombre o 15 años o más de servicios a dicha fecha.

Continúa:

(...) cuando la norma se refiere al régimen anterior, se trata simplemente de una expresión aclaratoria, y no, de un requisito adicional, permite demostrar la interpretación errónea que del art. 36 de la Ley 100 de 1993 hizo el ad quem.

Considera que se debe confrontar la hermenéutica sistemática y consolidada sobre el punto de los derechos adquiridos decantado por esta Sala, en cuanto a no limitar la consolidación de un derecho prestacional al hecho de haber estado afiliado o no en una determinada fecha; lo que se debe verificar es el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas.

VIII. Réplica

La réplica aduce que no se configura la interpretación errónea que se predica respecto artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto el tribunal le fijó alcance a esta norma en el sentido de que para estar amparado en el régimen de transición que la misma consagra, es necesario haber estado afiliado al Instituto de Seguro Social antes de la vigencia de la Ley en mención. Dice que tal interpretación es válida y, por ende, acertada.

Argumenta que una cosa es precisar que para estar amparado por el régimen de transición de artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no es necesario que para la fecha en que empezó a regir ésta, la afiliación o adscripción a un sistema de seguridad social en pensiones, en este caso, el ISS, estuviera vigente, porque esté cotizando; y otra, muy diferente, además acertado, es el planteamiento del tribunal relativo a que para estar cobijado por dicho régimen, se requiere que con anterioridad a la fecha en que empezó regir la citada la ley de seguridad social integral en pensiones, quien cumpla con alguno de los requisitos que dan derecho al mismo: edad, tiempo de servicio y cotizaciones, haya estado afiliado o adscrito a determinado sistema pensional, así no este cotizando.

(...) Y fue en aplicación de esa interpretación que al no encontrar demostrado que, con anterioridad a la aludida data, la demandante (...) hubiese estado afiliado (sic) o adscrito al ISS, no era posible invocar el régimen de transición para que se le aplicaran los acuerdos que en esa entidad regulan la pensión de vejez.

De modo pues, —afirma la réplica—, que la única interpretación que contiene el fallo gravado en relación con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que, según lo pretendido en la demanda ordinaria, es la norma base esencial del mismo, no es errónea.

Y respecto de la aplicación indebida, por sustracción de materia, tal concepto de vulneración de la ley no se configura, pues si el Tribunal aplicó dicho precepto y lo hizo con sujeción al alcance correcto que le confirió, mal se puede predicar, por la vía directa, como se hace, su indebida aplicación.

IX. Consideraciones

Dada la vía jurídica escogida se encuentra fuera de controversia que Dora Gladys Ayala, nació el 20 de diciembre de 1953, que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no cotizó ninguna semana y que alcanzó 577, pero sufragadas desde el 1º de julio de 1997.

En punto a lo debatido esta Sala de Casación de manera reiterada y pacífica ha sostenido que para ser beneficiario de la transición contemplada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es necesario haber estado afiliado al régimen anterior con el que aspira pensionarse.

Al respecto, esta Sala de Casación en sentencia CJS SL8098-2014, en la que se rememoró la providencia CSJ SL2129-2014, reiterada en fallos CSJ SL9965-2015, CSJ SL10483-2015, CSJ SL13203-2015, CSJ SL16803-2015, SL3267-2016 y CSJ SL5888-2016, frente al mismo asunto, precisó:

(...) la Sala tuvo la oportunidad de estudiar y definir el tema, y en un asunto análogo adoctrinó que para que se aplique el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es presupuesto fundamental que ese grupo poblacional, frente al cambio legislativo, tenga en ese momento una expectativa legítima de que su pensión será producto de aplicar el sistema o régimen pensional anterior del cual es beneficiario, sin que sea indispensable tener la condición de cotizante activo para el 1º de abril de 1994. En otras palabras, es posible acceder al derecho pensional con amparo en la citada transición, pero siempre y cuando la persona hubiera estado afiliada al sistema anterior con el que aspira pensionarse, ya que no es admisible hacer derivar un derecho de una calidad que nunca se tuvo. En sentencia reciente de la CSJ SL 220129-2014, del 19 de feb./ 2014, rad. 49815, en un proceso seguido contra el mismo Instituto de Seguros Sociales, se puntualizó: (...).

En efecto, la razón de implementar un régimen de transición cuando opera un cambio legislativo en materia pensional, no es otra que la de proteger a quienes estuvieren próximos a pensionarse, respetando los requisitos que les exigía el sistema pensional que les era aplicable con antelación al nuevo, sin que ello signifique que para beneficiarse de esta garantía sea necesario estar cotizando en ese momento.

Para que se aplique el beneficio del régimen de transición, es presupuesto fundamental que ese grupo poblacional, frente al cambio legislativo, tenga en ese momento una expectativa legítima de que su pensión será producto de aplicar el sistema o régimen pensional anterior del cual es beneficiario, sin que sea menester tener la condición de cotizante activo, en este caso, para el 1º de abril de 1994.

En esas condiciones, reitera la Sala que el régimen de transición que contempla el tránsito de legislaciones pensionales, tiene como finalidad que las personas próximas a cumplir los requisitos para pensionarse, se les respete su expectativa legítima de consolidarlo bajo las condiciones anteriores. De ahí que, para que se aplique el beneficio previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es necesario haber estado afiliado al sistema anterior con el que aspira pensionarse, ya que no es admisible derivar un derecho de una calidad que nunca se tuvo, de modo que, en la medida en que el tribunal no quebrantó las normas denunciadas a través de una equivocada interpretación, es que el cargo no tiene prosperidad.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente toda vez que hubo réplica; como agencias en derecho se fija la suma de $3.500.000 que liquidará el Juzgado de primera instancia, según lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Décima Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 2 de septiembre de 2011, dentro del proceso que instauró Dora Gladys Ayala contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación.

Costas a cargo de la recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Donald José Dix PonnefzJimena Isabel Godoy FajardoJorge Prada Sánchez.