Sentencia SL10886-2016/45771 de agosto 3 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 45771

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Luis Quiroz Alemán

Acta 28

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Laura del Carmen Charum Díaz, contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso adelantado por la recurrente contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones —Caprecom—, juicio donde se llamó en garantía al Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital —Favidi—.

I. Antecedentes

La señora Laura del Carmen Charum Díaz, promovió demanda contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom, con el fin de obtener el mayor valor no liquidado, desde el momento del reconocimiento de la primera mesada pensional (enero de 2003), en tanto para hallar el ingreso base de liquidación, se tomó lo devengado desde el año de 1994, y no se acudió al percibido en el último año de servicio, junto con los intereses ordinario y/o comerciales de mora (fls. 2 a 6, cdno ppal).

Como sustento fáctico de sus pretensiones expuso: que fue pensionada mediante acto Administrativo 2118 de 2000, con la cual se le reconoció una pensión; que con Resolución 2341 del 9 de diciembre de 2000, se modificó la anterior y se le reconoció una prestación de jubilación, que con posterioridad fue aclarada y después reliquidada y reajustada, por conducto de las resoluciones 439 y 2847, ambas del año 2003, respectivamente, e informó que el IBL se estableció con base en lo devengado a partir del mes de abril de 1994, y no con lo percibido en el último año de servicio, lo cual generó una diferencia a su favor.

Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a todas y cada una de las pretensiones, para lo cual alegó que a la demandante se le reconoció una pensión con sustento en las leyes 33 y 62 de 1985 y el Decreto 692 de 1994, donde se respetó, de las dos primeras, la edad, el tiempo de servicio y el monto de la prestación, pero las demás condiciones, entre ellas, la relativa al ingreso base de liquidación, se realizó de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

En su defensa formuló las excepciones de inexistencia de la obligación por falta del derecho alegado, cosa juzgada administrativa, ejecutividad, ejecutoriedad, obligatoriedad, y eficacia de los actos administrativos, y llamó en garantía al Fondo de Ahorro y Vivienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá —Favidi— (fls 41 a 45, cdno ppal).

El llamado en garantía, también hizo oposición a las pretensiones, e indicó que la prestación reconocida por Caprecom, era ajustada a derecho. Como excepciones propuso las de improcedencia del llamamiento, falta de competencia, e inexistencia de la obligación (fls. 189 a 193 del cuaderno principal).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, a quien correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 15 de febrero de 2007, absolvió al demandado y al llamado en garantía (fls. 587 a 592 del cuaderno principal).

III. Sentencia de segunda instancia

Por apelación de la demandante conoció del proceso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien, con sentencia 30 de octubre de 2009, confirmó la de primera instancia (fls. 633 a 640 del cdno. ppal.).

El tribunal, para arribar a su decisión, asentó que no existía discusión que la demandante era beneficiaria del régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual, aclaró, cobró vigencia para los trabajadores del sector público del orden distrital el 30 de junio de 1995. Manifestó que también se encontraba por fuera de debate que la normativa aplicable era el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, disposición que procedió a transcribir.

Expuso que la forma de hallar el IBL fue regulado por el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y tan solo se acude al régimen anterior, en este caso, a la Ley 33 de 1985, en lo referente a la edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto de la prestación.

Que esa interpretación no conllevaba a la inescindibilidad de la ley, pues, esta Sala de la Corte había precisado que la aplicación del régimen de transición, garantizaba que el monto de la pensión fuera el previsto en la normatividad anterior, no así en lo relativo al ingreso base de liquidación.

IV. Recurso de casación

Propuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

VI. Alcance de la impugnación

Pretende se case totalmente la sentencia del tribunal, para que, en sede de instancia se revoque la del juzgado y se acceda a las súplicas de la demanda.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral formula tres cargos que fueron replicados, los cuales se estudiarán conjuntamente, en atención a que se presentan por la misma vía, se valen de similar argumentación y persiguen un mismo fin.

VII. Primer cargo

Acusa la sentencia, por la vía directa, en la modalidad de infracción directa del artículo 53 de la Constitución Política, en relación con los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 33 de 1985, así como el artículo 230 Superior.

En la demostración del cargo, dice que el artículo 53 Superior, señala como principio mínimo fundamental del trabajo, el “in dubio pro operario”, con el cual los trabajadores tienen derecho a exigir la aplicación de la interpretación más favorable; que para determinar el ingreso base de liquidación, existen dos posiciones, la primera de ellas del Consejo de Estado, quien ha indicado que la tasa de reemplazo y la base salarial la conforma el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, y procede a transcribir la sentencia con radicado 25000- 23 -25 -000- 2003 – 07987- 01 (0836 – 08).

Manifestó que la segunda interpretación es la otorgada por esta Sala de la Corte, según la cual, del régimen anterior, solo se tiene en cuenta la edad, el número de semanas cotizadas y el monto de la prestación, no sucediendo lo mismo con el IBL, el cual queda sometido al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia la posición más favorable es la del Consejo del Estado, y debe ser la aplicada por los juzgadores.

VIII. Segundo cargo

Acusó la sentencia, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y 53 de la Constitución Nacional, lo que condujo a la violación de los artículos 14 y 141 de la Ley 100 ibídem.

Señaló que el sentido correcto que debe otorgársele al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, específicamente en cuanto al monto, que no solo hace referencia al porcentaje para liquidar una pensión, pues también comprende el ingreso base de liquidación; que al remitirse al régimen anterior, el mismo debe aplicarse en su integridad, y en consecuencia, el tribunal, para liquidar la primera mesada pensional, debió remitirse a lo cotizado durante el último año de servicios.

IX. Tercer cargo

Acusó la sentencia, por la vía directa, en la modalidad de infracción directa del artículo 53 Superior, y el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 33 de 1985, y 230 de la Constitución Política.

Para sustentar el cargo, informa que existe una contradicción entre los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siéndole más favorable la aplicación del primero de los nombrados, por lo que es suficiente con afirmar que el IBL se debía calcular conforme al régimen anterior, esto, por ser la norma más favorable.

X. Réplica

El Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital —Favidi—, manifestó que el tribunal, al adoptar su decisión, se había ajustado a derecho, sin que incurriera en interpretación errónea de las normas denunciadas, siendo además que la prestación se concedió con fundamento en una disposición específica y no general.

Por su parte, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones —Caprecom—, señaló que no se controvirtieron los argumentos señalados en la sentencia cuestionada, e indicó que esta corporación ya se ha pronunciado frente a temas de igual o similares características y avaló la posición del tribunal.

XI. Consideraciones

Según los términos con los que se formulan los cargos, el tópico que corresponde a esta Sala determinar, se circunscribe en establecer si el fallador de segundo grado se equivocó al determinar que para liquidar la pensión de una persona beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe estarse a lo dispuesto en el régimen anterior, para este caso, la Ley 33 de 1985, con excepción del ingreso base de liquidación, el cual ha de obtenerse conforme al artículo 36 de la Ley 100 ibídem.

Para dar respuesta a la inconformidad planteada por la recurrente, es suficiente con señalar que esta corporación, de forma pacífica ha señalado que el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, preserva tan solo del régimen anterior, la edad, el tiempo de servicios o semanas cotizadas, y el monto de la pensión, pero los otros aspectos, entre ellos, el ingreso base de liquidación quedan gobernados por la ley última mencionada.

Ese ha sido el derrotero trazado por esta Sala en casos anteriores, en los que se ha debatido la misma situación que ahora se pone a consideración de la Corte. Así por ejemplo en sentencia CSJ SL 12998 – 2015, al respecto se manifestó:

“Pues bien, esta Sala de la Corte, con estricta sujeción a lo dispuesto en el art. 36 de la L. 100/1993, ha considerado de forma reiterada, uniforme y pacífica (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad 44238, CSJ SL 17 abr. 2012, rad. 53037, CSJ SL 570-2013, CSJ SL4649-2014, CSJ SL17476-2014, CSJ SL2982-2015, entre otras), que el régimen de transición únicamente preserva 3 aspectos del régimen anterior: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. De suerte que, los demás aspectos de la prestación, tales como el ingreso base de liquidación, son los consagrados en la Ley 100 de 1993.

Al respecto, esta corporación en sentencia CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 33343, reiterada, entre otras, en la CSJ SL, 24 feb. 2009, rad. 31711 y, recientemente, en CSJ SL6476-2015, adoctrinó:

Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho.

Desde luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como las referidas a los derechos prestacionales.

Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado.

Lo anterior significa que fue el propio legislador quien, al diseñar la forma como estarían estructurados los beneficios del régimen de transición que creó para quienes al momento en que entró a regir el sistema de pensiones les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho prestacional, que es el caso de la actora, dispuso que ese régimen estaría gobernado en parte por la normatividad que, antes de entrar en vigor ese sistema, se aplicaba al beneficiario y, en otra parte, por el propio artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero en uno solo de los elementos que conforman el derecho pensional: el ingreso base de liquidación.

De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones (resaltado fuera del texto original).

(…)

No sobra recordar que por virtud de su autonomía en la interpretación y aplicación de las normas, la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, tiene este, como único criterio, así sea diferente al de otras Corporaciones Judiciales en torno a los diferentes tópicos que le sean planteados”.

En consonancia con lo atrás expuesto, no hay duda que la conclusión del tribunal, relativa a que el ingreso base de liquidación de la prestación reconocida a la demandante no era la prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es ajustada a derecho, en atención a que el IBL, para las personas beneficiarias del régimen de transición pensional, se encuentra previsto en la Ley 100 de 1993, sin que tampoco se vulnere el principio de favorabilidad que aduce la censura en el tercer cargo.

Por lo visto, los cargos no prosperan.

Costas a cargo de la Demandante. Como agencias en derecho se señala la suma de $ 3.250.000, monto que deberá ser incluido en la liquidación que haga el juzgado, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida 30 de octubre de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Laura del Carmen Charum Díaz contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones —Caprecom—, juicio donde se llamó en garantía al Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital —Favidi—.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.