Sentencia SL10947-2014 /50327 de agosto 6 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL10947-2014

Rad.: 50327

Acta 28

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá D.C., seis de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: “IX. Consideraciones

Se analizan conjuntamente los tres cargos, que aunque dirigidos por vías distintas, se valen de las mismas disposiciones y convergen en un propósito común; además así lo permite el artículo 161 de la Ley 446 de 1998, que convirtió en definitiva la regulación del Decreto 2651 de 1991, artículo 51.

El incipiente sistema de seguridad social que se creó a partir de la Ley 90 de 1946 contempló las contingencias básicas para los trabajadores asalariados, los cuales, en principio, fueron los destinatarios principales de dicha normativa, dado el modelo de aseguramiento elegido por el legislador.

En punto a la pérdida de la capacidad laboral, de manera paulatina, se desarrolló su implementación; el Decreto 3169 de 1964, aprobatorio del Acuerdo 169 del mismo año, estableció el primer contingente de afiliados al seguro obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y previó la manera como debían inscribirse los empleadores, dispuso que la calificación correspondería al Instituto y fijó la clasificación de riesgos.

El Decreto 3170 de 1964 reguló lo concerniente al “seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”; señaló las prestaciones asistenciales y el subsidio por incapacidad temporal, esto es la originada por un periodo de hasta 180 días; en el capítulo IV reguló las incapacidades permanentes, las cuales dividió entre parcial y total; las primeras producidas por “alteraciones orgánicas o funcionales incurables o de duración no previsible, que limiten la capacidad de trabajo del asegurado, sin que produzcan incapacidad permanente total”, y las restantes aquellas que impidieran al asegurado desempeñar habitualmente su trabajo u otro similar compatible con su formación profesional o sus aptitudes; así mismo advirtió que la misma sería absoluta cuando quiera que impidiera al afiliado realizar cualquier tipo de trabajo remunerado.

Para este último evento, el citado decreto agregó a los anteriores, el criterio de “gran invalidez”, esto es que a más de no poderse el trabajador proveer su sustento, requiriese de otra persona para movilizarse o realizar las funciones esenciales de la vida.

A partir de una tabla de evaluación, el entonces denominado departamento médico legal del instituto se encargaba de determinar los porcentajes, bajo un discernimiento esencial, esto es si la patología influía únicamente en el ejercicio de la profesión habitual, o de manera general para dedicarse a otras actividades laborales, o aún más allá, si era de tal talante que impedía el pleno ejercicio de la vida.

En punto a la incapacidad permanente, dicha norma contemplaba su concesión provisional, por un periodo inicial de 2 años, bajo la condición de que si subsistía aquella “después de transcurrido tal periodo, la pensión tendrá carácter definitivo, sin embargo el Instituto podrá efectuar la revisión de la incapacidad cuando lo estime necesario, si hubiere fundamento para presumir que han cambiado las condiciones que determinaron su otorgamiento. Las pensiones serán vitalicias a partir de la edad mínima que para el derecho a pensión de vejez fija el reglamento general del seguro de invalidez, vejez y muerte”.

Tal aserto está sintonizado con el artículo 39 ibídem en el que se dispuso que quienes estuvieran en goce de la pensión por incapacidad debían sujetarse a los reconocimientos y demás exámenes del Instituto, así como a los tratamientos de atención, rehabilitación y adaptación profesional, y que no acatarlos implicaba una “suspensión del trámite o del pago de la pensión según el caso”, esto significa que en cabeza de la entidad demandada estaba decidir sobre la referida suspensión o no del derecho y de contera la prueba sobre tal circunstancia.

Incluso los artículos 66 y siguientes de dicho decreto contemplaron para conceder o negar, tanto la pensión como las indemnizaciones, emitir una “providencia motivada de la comisión de prestaciones del Instituto”, dependencia que podía, según el caso exigir las pruebas que estimara conducentes, aunado a que se contempló la posibilidad de que las partes, frente a cualquiera de tales decisiones interpusiera los recursos de reposición ante la misma comisión y de apelación al consejo directivo, además se contempló que “igual trámite se seguirá para la revisión o modificación de las pensiones cuando se compruebe que han cambiado las condiciones que determinaron su concesión”.

Lo anterior es relevante para la definición de la presente controversia, pues sin duda el argumento medular del tribunal, para negar el otorgamiento de la sustitución pensional, fue el de que dicha resolución estaba sujeta a una condición, pues el reconocimiento solo procedió por 2 años, “sin que exista un mínimo probatorio que permita concluir que después de dicho lapso esta se hubiere convertido en definitiva por la subsistencia de la misma, en tanto no aparece acto alguno del ente de seguridad social que permita corroborarlo y no se puede afirmar, como es el querer del censor que este continuó con sus efectos, máxime que ni siquiera cumplió con la carga de la prueba que dé certeza de que la demandada hubiere pagado dicha prestación después del vencimiento de dicha provisionalidad —año 1979— ni mucho menos que para el año 1995, cuando falleció el trabajador estuviere disfrutando dicha pensión”.

Surge, sin duda, que para el ad quem fue insuficiente que la parte actora allegase la resolución de reconocimiento pensional, pues en su criterio, además, debió incorporar prueba de que continuó devengando la prestación; no obstante, la equivocación consistió en no advertir que era al Instituto de Seguros Sociales, en perspectiva de las disposiciones atrás referidas, a quien le correspondía emitir el acto de suspensión de la pensión, el cual podía ser objeto de los recursos de reposición y apelación y que por tanto exigir a los actores que demostraran la no realización de tal actuación era un imposible jurídico.

En efecto no bastaba con la afirmación simple del ISS de desconocer el paradero del expediente administrativo de Emilio José Barrero para eximirlo de su obligación, pues era a dicha entidad a quien correspondía demostrar, tras estar acreditado en el expediente el reconocimiento pensional, que la misma había cesado, por cualquier medio.

En este caso, como lo advierte el recurrente, existía total certeza del otorgamiento de una pensión por virtud de la Resolución 12256 de 1977 en la que consta que “el asegurado Barrero Emilio José ha solicitado del Instituto Colombiano de Seguros Sociales el reconocimiento de las prestaciones económicas a que haya lugar por concepto de secuelas de carácter permanente ocasionadas por el accidente de trabajo … Que de acuerdo con el dictamen del departamento médico legal del instituto la incapacidad … ha sido calificada como permanente total … que el artículo 23 del reglamento citado establece que las pensiones por incapacidad permanente serán concedidas provisionalmente por un periodo de 2 años y que transcurrido tal periodo las pensiones tendrán el carácter definitivo si en esa fecha subsiste la incapacidad”, luego en verdad no emerge dificultad en comprender que la manera de establecer que la incapacidad dejó de existir después de transcurrido el periodo de 2 años era bajo una calificación de la demandada, la cual estaba sujeta a los recursos administrativos, y que por tanto para liberarse de la obligación aquí demandada requería haber allegado al plenario siquiera copia de la cesación del derecho por la insubsistencia de la referida incapacidad, lo cual no hizo.

Trasladarle a los actores la carga de demostrar que el Instituto no estaba obligado a continuar con el pago de la prestación resulta inviable, máxime cuando las disposiciones que atrás se explicaron son claras en establecer tanto los parámetros de su concesión como de su suspensión, advirtiéndose de ese modo la equivocación del ad quem, en la medida en que invirtió erróneamente la carga de la prueba, sin percatarse de que los demandantes demostraron el derecho pensional que pretendían sustituir.

Por lo visto los cargos prosperan.

Previo a resolver la instancia, para mejor proveer se dispone oficiar al ISS, hoy Colpensiones, para que en el término de 15 días allegue al proceso, de existir, la prueba sobre la cesación del pago de la pensión de invalidez de Emilio José Barrero.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Acéptese como sustituta procesal del ISS a Colpensiones, en los términos del documento obrante a folios 50 y 51 del cuaderno de la Corte.

X. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA la sentencia dictada el 24 de noviembre de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Blanca Enia Valencia Rubio y Hernán Eduardo Barrero Valencia contra el Instituto de Seguros Sociales.

Previo a resolver la instancia, para mejor proveer se dispone oficiar al ISS, hoy Colpensiones, para que en el término de 15 días allegue al proceso, de existir, la prueba sobre la cesación del pago de la pensión de invalidez de Emilio José Barrero.

Sin costas en el recurso, en las instancias a cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».