Sentencia SL10950-2014/47883 de agosto 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 47883

Acta 29

Magistrada Ponente

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Sentencia de primera instancia

Por decisión de 19 de enero de 2010, el Juzgado Veintiuno Laboral Piloto de Oralidad del Circuito de Medellín, luego de negar las pretensiones de la demanda, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, por no cumplir con los requisitos de la ley. No impuso costas.

III. Sentencia del tribunal

Apeló el actor y, mediante la sentencia gravada, el ad quem revocó la decisión del a quo. Ordenó al Instituto que pagara al demandante $29.683.900 por el retroactivo de la pensión de invalidez, la cual reconoció a partir del 1º de septiembre de 2005, en cuantía igual al salario mínimo legal vigente. Negó las restantes pretensiones y dejó las costas de primera instancia a cargo del demandado, pero no las impuso por la alzada (folios 48 a 51).

Fundó el pronunciamiento en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Dejó fuera del debate la fecha de la estructuración de la invalidez y su porcentaje, así como la vigencia de la Ley 860 de 2003 para ese momento y que “para la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones había cotizado al I.S.S. más de 300 semanas, puesto que contaba con 728.7142 (Fls. 8 a 10)”.

Destacó la teleología de la prestación por invalidez y estimó indispensable ensayar la aplicación de la “hermenéutica constitucional”, en especial el principio de la condición más beneficiosa, sobre la que dijo:

(…) se encuentra llamada a regular el fenómeno de la sucesión de normas para mantener la situación alcanzada en gracia de una norma sustituida por otra del mismo rango. Supone la condición más beneficiosa la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determina que deba respetarse en caso de ser más favorable al trabajador. Es así como debe explicarse que se ha de acudir a lo preceptuado por el Decreto 758 de 1990, no en aplicación del régimen de transición, sino haciendo uso del principio constitucional anteriormente referido, en concordancia con el carácter progresista y proteccionista que le asiste al sistema de seguridad social.

Aludió a las sentencias 29914 de 24 de enero de 2008 y 31932 de 20 agosto del mismo año, de esta Sala de la Corte que, dijo, comenzó a dar un giro después de la Carta de 1991, “en aras de garantizar las prerrogativas relacionadas con derechos a la seguridad social en materia pensional, regulando los cambios legales, derechos que fueron originados por el afiliado durante su vinculación a la seguridad social al haber cumplido con las exigencias que traía la norma anterior a la Ley 100 de 1993, pero que con la entrada en vigencia de ésta última, fallecieron sin cumplir con la densidad de semanas normativamente exigidas”.

Con base en el salario mínimo legal vigente, calculó el valor del retroactivo y negó los intereses moratorios, toda vez que la pensión no se causó en los términos del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, “sino en virtud de un estudio principalístico que no ha de cobijar al Instituto de Seguros Sociales”, entidad que simplemente aplicó la normatividad vigente.

IV. El recurso de casación

Propuesto por la demandada y concedido por el Tribunal, fue admitido por la Corte.

V. Alcance de la impugnación

Solicita la casación total del pronunciamiento de segundo grado, para que en sede de instancia se confirme el que puso fin a la instancia inicial.

Por la causal primera de casación propone dos cargos, replicados en tiempo.

VI. Primer cargo

Por vía directa, denuncia violación “por haber aplicado indebidamente el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990 (D. 758/90, art. 1º) y por haber infringido directamente el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que subrogó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.

Recuerda que a partir del efecto general inmediato de las leyes sobre seguridad social, dada la naturaleza de orden público que las caracteriza, la Sala ha consolidado una jurisprudencia que considera improcedente el principio de la condición más beneficiosa ante supuestos fácticos como los que registra este proceso. Cita e identifica por su fecha y número de radicación 11 sentencias de esta Sala especializada de la Corte, posteriores a la invocada por el Tribunal, que variaron la doctrina sobre el punto y acota que no es razonable asumir que las modificaciones de una nueva ley sobre seguridad social surten efecto cuando resultan favorables al afiliado, pero no cuando hacen más rigurosas las exigencias para obtener una prestación del sistema; que no conviene olvidar que en virtud de la adición de que fue objeto el artículo 48 constitucional, mediante el Acto Legislativo 1 de 2005, a los principios constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad, que deben ser desarrollados por la Ley, se impone agregar los de integralidad, unidad y participación, introducidos por la enmienda mencionada.

Por ello, continúa el censor, esos 6 principios, además del de sostenibilidad financiera, inherente al de eficiencia, son los que deben guiar la labor interpretativa “de las leyes que se dicten para regular el ejercicio de este derecho constitucional fundamental”, a despecho de “los principios mínimos fundamentales que deberán inspirar al legislador cuando dicte el estatuto del trabajo”.

Aduce que el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990 dejó de tener vigencia en virtud de la expedición de la Ley 860 de 2003, de suerte que no pueden ser comparables en cuanto a los requisitos para acceder a la pensión de invalidez. Enseguida, expone:

Aun cuando el artículo 53 de la Constitución Política no es el fundamento constitucional del derecho a la seguridad social, pues el fundamento de ese derecho es el artículo 48, debido a que el tribunal invocó el denominado principio de la condición más beneficiosa, debo recordar que la Corte Constitucional en la sentencia C-168 de 20 de abril de 1995, al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11, 36 y 288 de la Ley 100 de 1993, desechó la tesis del demandante, quien aducía en respaldo de su pretensión que el último inciso del artículo 53 de la Constitución Política consagra lo que en el fallo de exequibilidad se denominó “teoría de la irreversibilidad” en cuanto preceptúa que “la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”, haciéndole decir al precepto constitucional que bajo ningún respecto (sic) la ley nueva puede disminuir, reducir o acortar derechos que antes la ley antigua les ha reconocido.

Según la doctrina constitucional sentada en el fallo, los derechos de los trabajadores que no pueden ser menoscabados por la ley no son otros distintos a los “derechos adquiridos” a que se refiere el artículo 58 de la Constitución Política.

Reproduce un pasaje de la sentencia anunciada y asevera que con la intelección del juez constitucional queda desmentida la tesis del ad quem, que aboga por la inmodificabilidad de las normas de seguridad social, insostenible por la dinámica propia de las relaciones sociales, políticas y económicas.

VII. Segundo cargo

Denuncia al sentenciador «por haber aplicado indebidamente el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990 (D. 758/90, art. 1º) y por haber interpretado erroneamente (sic) el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que subrogó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993>.

Para demostrar esta acusación, despliega similar argumentación a la del cargo inicial, que resulta innecesario repetir.

VIII. La réplica

Augura fracaso a la pretensión del recurrente, en cuyo propósito arguye que el artículo 53 constitucional es aplicable aun cuando “haya habido (sic) varios tránsitos de legislación”; es decir, no es necesario que las fuentes formales sean consecutivas de manera inmediata. Copia un pasaje de las sentencias 35455 de la Corte Suprema de Justicia —de la cual no indicó fecha— y la C-428 de 2009, para terminar preguntando “Cómo puede lógicamente sostenerse que una persona que cotizó casi 800 semanas en vigencia del acuerdo 49 de 1990, pierda su derecho a la pensión de invalidez por la aplicación de una normatividad más progresiva? ¿Cómo puede sostenerse que no hay un nexo lógico que permita que se le aplique una normativa anterior, así no sea la inmediatamente anterior?”.

IX. Se considera

Según la vía escogida se encuentra fuera de discusión que a IVÁN ÁLVAREZ CANO le fue calificada una pérdida de la capacidad laboral de 66,65% estructurada el 1º de septiembre de 2005, y que en los 3 años anteriores solo cotizó 17 semanas, la última en noviembre de 2003.

Para el juzgador de segundo grado procedía la condena en aplicación del Acuerdo 49 de 1990, y por virtud del principio de condición más beneficiosa, independientemente de que la invalidez se configuró en vigencia de la Ley 860 de 2003, por lo que accedió a tal precepto.

Sin embargo en ello radica el error jurídico que pone de presente la censura, pues aunque la jurisprudencia de esta Corte, desde la sentencia hito 35319 de 2012 estimó posible acudir a la norma anterior, cuando la contingencia hubiere ocurrido en vigencia de las Leyes 797 y 860 de 2003, lo cierto es que se ha clarificado que no puede el juez hacer un recuento histórico legal para acomodar la circunstancia a la norma que considere, pues ese no es el espíritu que debe guiar el ordenamiento jurídico.

Frente al tema que se propone en este caso, consideró esta Sala en sentencia de 9 de diciembre de 2008, radicación 32642:

En otras palabras, no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho. Más explícitamente, un asunto al que ha de aplicarse la Ley 797 de 2003, o la 860 del mismo año, si se considera más rigurosa ésta frente a la norma remplazada, es preciso establecer si se satisficieron los requisitos y condiciones de la derogada disposición para, en caso afirmativo, hacer valer la condición más beneficiosa. Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido —a su vez— a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle un[a] especie de efectos “plusultractivos”, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (rad. 3264[9]).

Más recientemente, en fallo CSJ SL709-2013 de 2 de octubre de 2013, radicación 54259, en un proceso con idéntico perfil fáctico al presente, expuso la Sala:

En los dos cargos, en lo esencial, pretende la censura que la controversia se resuelva dando aplicación al artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Sin embargo, desde ya se advierte el fracaso de las acusaciones, por lo siguiente:

El actor cotizó un total de 758.8571 semanas, la última de las cuales fue en agosto de 1992. Su invalidez se estructuró el 16 de febrero de 2005, dictaminándosele una pérdida de su capacidad laboral del 53.38%.

En ese orden, la norma aplicable era el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, pues como lo tiene definido esta Corporación, en caso de estados de invalidez, para definir el derecho, se debe tener en cuenta, en principio, la norma vigente para el momento en que la invalidez fue estructurada.

Ahora, es evidente que el demandante no cotizó 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, por lo que al amparo de esa norma no tendría el derecho que reclama, según el criterio mayoritario de esta Sala.

Si se aceptara, también de acuerdo al criterio de la mayoría de la Sala, que por virtud del principio de la condición más beneficiosa, la norma aplicable podría ser el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, es claro que tampoco el actor cumpliría con los requisitos que dicha norma exigía, pues si su última cotización la hizo en agosto de 1992, es obvio que para el momento de estructuración de la invalidez no estaba cotizando y no cotizó 26 semanas dentro del año anterior a ese momento, como tampoco cotizó las 26 semanas a dicho momento, ya que dejó de cotizar al sistema.

Así las cosas, es inadmisible que la controversia sea resuelta con fundamento en las disposiciones pertinentes del Acuerdo 49 de 1990, primero porque dicho Acuerdo fue derogado en esa parte por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que a su vez fue modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, y segundo, porque el principio de la condición más beneficiosa no tiene por naturaleza buscar una norma pasada y derogada que se adapte a la situación particular del pretendiente al derecho, como reiterada y pacíficamente lo tiene adoctrinado la Sala.

Dado que, como quedó verificado en las instancias, el accionante no satisface el requisito de densidad de cotizaciones requerido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en tanto a pesar de haber cotizado algo más del 75% de las necesarias para acceder a la pensión de vejez, toda vez que es beneficiario del régimen de transición, en los 3 años que precedieron a la estructuración de la invalidez solo registra aportes por 17 semanas (fl. 17), lo que hacía inviable acudir a la regulación del Acuerdo 49 de 1990, tal como se explicó en la jurisprudencia citada.

Ahora, el actor tampoco satisface los requisitos para la pensión de vejez, pues sólo cotizó 250 semanas en los 20 años anteriores a la estructuración.

Como lo explicó, los cargos son fundados y prósperos.

X. Sentencia de instancia

Las consideraciones atrás expuestas son suficientes para concluir que el actor no completó la densidad de semanas exigidas en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y tampoco del precepto 39 de la Ley 100 de 1993, en tal sentido procede confirmar el fallo dictado por el Juzgado Veintiuno Laboral Piloto de Oralidad, el 19 de enero de 2010.

Dado que prosperó la demanda, no se imponen costas. En primera instancia, son a cargo del demandante; no proceden por la alzada.

Téngase a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES —COLPENSIONES— como sustituta procesal del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, según los términos del escrito obrante a folios 47 y 48 del cuaderno de la Corte.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 16 de junio de 2010, dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por IVÁN ÁLVAREZ CANO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. En instancia, confirma la de 19 de enero de 2010, proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral Piloto de Oralidad del Circuito de Medellín.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».