Sentencia SL10985-2014/44379 de julio 30 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 44379

Acta 27

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., treinta de julio de dos mil catorce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el vocero judicial de la sociedad Transportadora Comercial Colombia S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Cuarta de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 16 de octubre de 2009, en el proceso que en su contra instauró Verdier García Carvajal.

Se acepta el impedimento presentado por el doctor Luis Gabriel Miranda Buelvas, quien manifiesta estar incurso en la causal 2º del art. 150 del CPC, por lo tanto, se declara separado del conocimiento.

I. Antecedentes

Persiguió el demandante Verdier García Carvajal se declarara que la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido el 5 de septiembre de 2006, obedeció a culpa patronal de su empleador la empresa Transportadora Comercial Colombia S.A. “TCC” y, en consecuencia, que se le condene al reconocimiento y pago en su favor de los perjuicios morales y materiales “objetivados en el daño emergente y el lucro cesante” y las costas del proceso.

Como sustento de sus pretensiones indicó que laboró para la demandada a través de contrato de trabajo a término indefinido del 23 de septiembre de 1992 al 19 de febrero de 2007; que el contrato de trabajo terminó por acuerdo que no fue suscrito ante autoridad alguna para hacerlo caer en error, a través del cual le hicieron renunciar a sus derechos; que ejercía el cargo de “conductor” con una asignación salarial de $ 1.800.000 promedio mensual; que el día del siniestro —5 de septiembre de 2006— comenzó su actividad laboral desde las 3:00 p.m., asistió a reuniones en la empresa y llevó el vehículo al taller para su revisión y, que a las 7:00 pm. del mismo día, le programaron turno para transportar carga de la ciudad de Medellín a Bucaramanga.

Añadió que mientras conducía a la altura del municipio de Cisneros se quedó dormido y se accidentó; que a consecuencia de ello, le amputaron el brazo izquierdo y le dieron una incapacidad inicial de 30 días; que el accidente acaeció por exceso de carga laboral, pese a que Cafesalud le había comunicado a la empresa el julio 10 de 2006, que no podía trabajar más de 8 horas y que debía descansar 12 horas entre jornada y jornada.

Afirmó que vive en unión libre con Claudia Milena Zuluaga Orrego, con quien procreó al menor Juan José García Zuluaga y que atendía sus necesidades y las de su núcleo familiar con el fruto de su trabajo (fls. 3 a 7).

La convocada al juicio, por conducto de apoderado, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos admitió lo extremos de la relación laboral; la terminación del contrato de trabajo a consecuencia del reconocimiento de la pensión de invalidez en favor del demandante mediante acta en la que así consta; que García Carvajal desempeñaba el cargo de conductor con una asignación básica de $ 702.606 que se incrementaba con el número de viajes que realizara; la ocurrencia del accidente de tránsito que atribuyó a “exceso de velocidad” por parte del trabajador; aceptó también que recibió de la EPS Cafesalud recomendaciones frente al trabajador las cuales acogió y negó que el siniestro hubiere acaecido por culpa del empleador. En su defensa, propuso las excepciones de “causa objetiva de terminación” y “buena fe” (fls. 65 a 70).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Descongestión de Medellín, mediante fallo del 28 de noviembre de 2008, declaró la culpa de la demandada en el accidente de trabajo y condenó a pagar la indemnización de perjuicios morales en monto de $ 8.000.000 y por daño a la vida de relación en cuantía de $ 7.000.000; negó el reconocimiento de indemnización por concepto de perjuicios patrimoniales e impuso costas a la accionada (fls. 114 a 123).

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, conoció por apelación de la parte demandante y mediante fallo del 16 de octubre de 2009, revocó la sentencia de primer grado “en lo que respecta a la absolución de los perjuicios materiales”, para en su lugar condenar por este concepto en la suma de $ 287.672.564, al tiempo que confirmó en lo demás la decisión apelada.

Comenzó por advertir que el recurso de alzada impetrado por la sociedad accionada fue extemporáneo, y en tal sentido, limitó su análisis a la apelación del demandante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró como hecho indiscutido que el demandante laboró como “conductor” de un vehículo de carga al servicio de la empresa demandada entre el 23 de septiembre de 1992 y el 19 de febrero de 2007.

Precisó que la inconformidad del accionante se concretó en la absolución que profirió la primera instancia respecto de los perjuicios materiales.

Aludió el CST art. 216, para afirmar que cuando exista culpa suficientemente comprobada del empleador, en el accidente de trabajo o en la enfermedad profesional, está obligado al pago de la indemnización total y ordinaria de perjuicios.

Se apoyó en la definición de accidente de trabajo prevista en el art. 9º del Decreto 1295/1994 y precisó que la carga de la prueba imponía al actor: (i) la demostración del accidente de trabajo, (ii) los perjuicios derivados del mencionado suceso y (iii) la culpa del empleador.

Halló demostrados los dos primeros supuestos, esto es, el accidente de trabajo y los perjuicios derivados del mismo, estos conforme a la calificación de invalidez que dictaminó la junta regional de Antioquía en 57,05%. Se detuvo en el análisis de la culpa patronal para determinar si igualmente se encontraba acreditada.

Al respecto adujo, que “[p]ara el 10 de julio de 2006, el departamento de salud ocupacional de Cafesalud EPS comunicó al director de programación y logística de la demandada, que el demandante presentaba secuelas de síndrome de Apnea Hipopnea obstructiva del sueño severa con hipersomina diurna, en virtud de lo cual debía laborar en jornada máxima de 8 hora (sic) diarias continuas, con descanso mínimo de 12 horas entre jornada recomendación que debía cumplirse durante 6 meses con el fin de evitar accidentes y complicaciones en la salud del trabajador”.

Descendió a las versiones ofrecidas por los declarantes José Antonio Rojo y Jaime Trujillo, compañeros de trabajo del actor, quienes informaron que el día del siniestro García Carvajal inició sus labores al medio día, que recibió el vehículo de carga y lo llevó al taller para revisión técnica y que si bien la partida del vehículo a la ciudad de Bucaramanga ocurrió después de las 6 o 7 de la noche, el trabajador estuvo disponible al servicio de la empresa desde medio día, “es decir que para la hora en la que tuvo lugar el accidente 9:30 pm. aproximadamente, (…) ya había superado el límite de las 8 horas de trabajo en el día”.

Destacó que con anterioridad al evento enunciado, el 17 de febrero de 2006, el demandante tuvo otro accidente de trabajo al quedarse dormido mientras manejaba, y agregó que “es diciente” que el director de Salud Ocupacional de la sociedad hubiera concluido como posible causa del siniestro “el hecho de que el trabajador, hubiese quedado dormido (…)”.

Concluyó el Tribunal que el último accidente de trabajo se dio por culpa comprobada de la empleadora, “pues en la conducción del vehículo de carga el trabajador fue vencido por el sueño, después de superar ocho horas de labores, desconociendo la demandada la advertencia que dos meses antes le había hecho el departamento de salud ocupacional, de Cafesalud EPS dada la enfermedad que padecía el actor: síndrome de el (sic) sueño severo con hipersomnia diurna”.

Determinó entonces que es procedente la condena al pago de perjuicios materiales en suma de $ 278.672.564, efecto para el cual acogió el dictamen pericial que le ofreció claridad y solidez a más de que no fue objetado por las partes.

Señaló que no le era dable a quien causó el perjuicio, descontar suma alguna del valor de las prestaciones pagadas por Suratep ARP al demandante, quien desde el 19 de diciembre 2006 recibía la pensión de invalidez de origen profesional derivada del accidente de trabajo objeto de análisis. En apoyo de tal afirmación citó y transcribió en extenso la sentencia CSJ SL, 9 de nov. 2000, rad. 23861.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto condenó al pago de los perjuicios materiales consagrados en el CST art. 216, para que en sede de instancia “proceda a confirmar las decisiones proferidas por el juzgado a-quo en contra de la demandada” y resuelva en costas como corresponda.

Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, uno por la vía indirecta y por la directa las dos restantes, los que fueron replicados y se estudiarán el primero y segundo de manera conjunta por guardar unidad de designio y por separado el tercero.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia recurrida de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, “los artículos 16, 19, 216, 56, 57 numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 2º literal c), 4º, 9º, y 45 del Decreto 1295 de 1.994; artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo, en relación con los artículos 63, 1603, 1604, 1614, 2341 del Código Civil, artículos 174, 177, 205, 248 y 298 del Código de Procedimiento Civil, artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 de 1993”.

Afirma que la violación se produjo a consecuencia de los errores de hecho que a continuación se enlistan:

“1º Dar por demostrado, sin estarlo, que existió culpa suficientemente comprobada de la demandada, en la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por el señor Vedier García Carvajal.

2º No dar por demostrado, estándolo, que la demandada, actuó con diligencia y cuidado para evitar que el demandante sufriera un accidente de trabajo, no excediendo el límite fijado para su jornada de trabajo por Cafesalud EPS, o sean (sic) ocho (8) horas.

3º Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente ocurrió por sueño del trabajador.

4º Dar por demostrado, sin estarlo, que cuando ocurrió el accidente el actor llevaba más de ocho (8) horas en su labor”.

Presenta como medios de prueba erróneamente apreciados:

1. Documento sobre tiempo de servicios (fl. 29).

2. Informe del accidente de trabajo (fl. 78, 79, 81, 81 y 82 a 84) e investigación del mismo (fl. 71 y Ss.).

3. Recomendación de Cafesalud EPS, sobre límite en la jornada de trabajo del actor (fl. 66 y 28).

4. Certificación de invalidez de la junta regional de Antioquia (fl. 103 a 106).

5-. Testimonios rendidos por José Antonio Rojo y Jaime Trujillo (fl. 93 a 93Vto., y 100 a 100 Vto.).

6. Dictamen pericial sobre perjuicios materiales (fl. 137 y 138).

7. Documento sobre otro accidente el 17 de febrero de 2006 (fl. 39).

Indica que no apreció la confesión inserta en la demanda, referida a la iniciación de la jornada de trabajo el día del accidente.

Para demostrar el cargo cita extracto de la sentencia de CSJ SL, 18 ene 1963, de la que no ofrece número de radicación, con el fin de afirmar que en la condena impuesta al empleador por el accidente de trabajo, la culpa patronal debe estar fehacientemente comprobada y que el sub judicie no está demostrada y sin embargo, el tribunal soportó su conclusión en suposiciones y conjeturas consignadas en “la investigación del accidente”, investigación que —dice— evidencia que al momento del siniestro el trabajador “solo llevaba dos horas y cuarenta y cinco minutos de viaje, por lo cual es inexacto que hubiere excedido el límite de ocho (8) horas fijado por Cafesalud”.

Insiste que en los términos del CST, Art. 216, la culpa del empleador no se presume sino que debe estar debidamente comprobada, y que no obstante el Tribunal la edificó sobre la “posibilidad del accidente” y que el trabajador fue “vencido por el sueño””, hecho este último del que no hay prueba contundente.

Agrega que el demandante desde la demanda introductoria confesó que su actividad laboral comenzó a las 3:00 pm. y que con las reuniones, llevada del vehículo al taller y la programación del viaje a las 7 de la noche, se dio una actividad intermitente y discontinua, que aunada al viaje que duró dos horas y cuarenta y cinco minutos, demuestra que la jornada no superó las ocho horas límite recomendadas por Cafesalud y que “en el peor de los casos”, el trabajador alcanzó a trabajar tan solo cinco horas y media.

Para criticar la prueba testimonial, aduce simplemente que los deponentes son sospechosos dada su calidad de demandantes en contra de la empresa.

VII. Cargo Segundo

Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa por “aplicación indebida de los artículos 16, 19, 216, 56, 57 numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 2º literal c), 4º, 9º y 45 del Decreto 1295 de 1994; en relación con los artículos 63, 1603, 1604, 1614, 2341 del Código Civil, artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 de 1993”.

Al desarrollar el cargo señala que la culpa no se presume y que la normativa sobre indemnización ordinaria, “exige reparación por el ‘riesgo creado’ en la actividad del empleador y por ello al no aparecer ‘culpa comprobada’ no se puede aplicar el artículo 216 del CST como lo ha hecho el Tribunal equivocadamente”.

VIII. Réplica

Refiere la oposición varios yerros de técnica; señala que la prueba testimonial no es calificada; aduce la culpa comprobada del empleador y la acreditación de sus elementos estructurantes a lo que suma el proceder omisivo de la empleadora frente a las directrices de salud ocupacional en relación con la patología “síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño severa con hipersomia diurna” padecida por el demandante y las directrices puntuales de servicio máximo de ocho horas, con descanso de doce horas entre turnos.

VIII (sic). Consideraciones

En esencia, lo que pretende el recurrente es desvirtuar la culpa del empleador, para con ello obtener la absolución de la condena a la indemnización por perjuicios materiales que le impuso el ad quem.

En ese contexto los cargos están llamados al fracaso, toda vez que como quedó dicho al historiar el itinerario procesal, la culpa suficientemente comprobada del empleador en el accidente de trabajo fue declarada por el juzgador de primer grado, decisión que quedó en firme e hizo tránsito a cosa juzgada en cuanto no fue controvertida por la demanda, cuyo recurso de alzada fue extemporáneo.

De hecho la propia censura tácitamente la admite al señalar como se indicó en precedencia, que el alcance de la impugnación apunta a que se case parcialmente el fallo del tribunal en relación con los perjuicios materiales, para que en sede de instancia esta Corporación confirme el fallo del a quo que, se itera, declaró la responsabilidad por culpa plena patronal de la empresa demandada (fl. 114 a 121 C-1).

Así las cosas, los cargos primero y segundo a través de los cuales pretende demostrar el recurrente, yerros fácticos y jurídicos en la decisión impugnada, son infundados.

XI. Cargo tercero

Acusa la sentencia recurrida de violar por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, “los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 de 1993, artículos 16, 19 del CST lo que lo condujo a aplicar el artículo 216 del C.S. del T. en concordancia con los artículos 2º literal c), 4º, 9º y 45 del Decreto 1295 de 1994, artículos 63, 1603, 1604, 1614 y 2341 del C. Civil, en concordancia con los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º y 9º de la Ley 100 de 1993”.

Sostiene que si la Ley 100/1993 “reemplazó el C.S. del T. en los riesgos profesionales, eliminando las prestaciones en capital, creando en su reemplazo la pensión de invalidez, deben armonizarse esas normas con la indemnización por culpa patronal en el accidente del artículo 216 del CST”; añade que no es de recibo que sea más amplia la cobertura del citado artículo frente a la prevista para la pensión por invalidez de la Ley 100/93 art. 37, 38 y 39.

Estima que con el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez se “cumplió con la obligación de reparar el daño en este caso concreto” y, que por tanto, “no (sic) existe compensación de lo pagado por la ARP con lo que debe pagar el empleador, dado que la pensión cubre totalmente el perjuicio”.

XII. Réplica

Se opone a la prosperidad del cargo y aduce que el tribunal no se rebeló contra las normas cuya violación acusa la censura. Apoya su dicho en providencias de esta Sala y concluye que la pensión de invalidez tiene un origen diferente al de la indemnización total y ordinaria a cargo del empleador y que por tanto no son excluyentes entre sí.

XIII. Consideraciones

Debe dilucidar la Corte, si como lo afirma el recurrente, la pensión de invalidez reconocida al actor, repara el daño que sufrió en el accidente de trabajo y compensa el pago de la indemnización plena de perjuicios a cargo del empleador. 

El tema ya ha sido suficientemente desarrollado por la jurisprudencia de esta corporación, entre otras, en la sentencia CSJ SL, 13 mar. 2012, rad. 39798, en la que adoctrinó: 

(…) el ad quem al negar la compensación de la condena impuesta a la demandada por indemnización plena de perjuicios con el pago que ha realizado la ARP por concepto de pensión de sobrevivientes, (…) no hizo más que seguir el precedente mayoritario que viene aplicando esta Corte en múltiples casos, verbigracia en la Sentencia 35121 de 2009, reiterada en la 36815 de 2011; en aquella esta Sala resolvió el punto de inconformidad de la censura como sigue: 

“Con respecto al derecho a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo, nuestra legislación tiene prevista dos maneras de reparación identificables jurídicamente así: una, la denominada reparación tarifada de riesgos, relativa al reconocimiento de los beneficios o prestaciones económicas previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 y demás normas reglamentarias según el caso a cargo de las administradoras del riesgo profesional; y otra, la reparación plena de perjuicios que tiene que ver con la indemnización total y ordinaria de estos por culpa patronal en la ocurrencia del siniestro, y que corresponde asumir directamente al empleador en los términos del artículo 216 del C.S. del T. 

Estas dos formas de reparación tienen distinta finalidad, habida consideración que la que está a cargo de la ARP busca proteger de manera objetiva al afiliado o a sus causahabientes señalados en la ley, siendo de naturaleza prestacional perteneciente al sistema de seguridad social integral; mientras que la indemnización plena de que trata el artículo 216 del C. S. del T., persigue la indemnización completa de los daños sufridos al producirse un accidente de trabajo por culpa del empleador, en la modalidad de subjetiva, el cual hace parte de un riesgo propio del régimen del derecho laboral. 

Otra de las diferencias entre las reparaciones a que se ha hecho mención, consiste en que el empleador siendo el llamado a asumir las consecuencias de la culpa comprobada frente a un accidente de trabajo que se produzca, no le es dable como responsable directo del perjuicio descontar suma alguna de las prestaciones dinerarias pagadas por la entidades del sistema de seguridad social, a menos que el empleador responsable por culpa haya sufragado gastos que le correspondían a estas entidades, por virtud del riesgo asegurado, evento en el cual sí puede hacer el descuento de lo que tenga que pagar por indemnización conforme lo consagra la norma, por razón de que tales entidades de previsión social, como se dijo, lo que cubren es el riesgo laboral propio de la denominada ‘responsabilidad objetiva del patrono’ en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, pero en ningún momento la responsabilidad derivada de la culpa del empleador, que es de naturaleza subjetiva (…). 

Adicionalmente, es de anotar, que la Sala en decisión del 7 de marzo de 2003 radicación 18515, que reiteró la sentencia que data del 25 de julio de 2002 radicado 18520, al referirse a esta temática había adoctrinado que aún con la expedición del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, al colocarlo en relación con el artículo 216 del C. S. del T., mantiene invariable la tesis según la cual las entidades de seguridad social no asumen las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por culpa suficientemente comprobada del empleador, y por tanto no es posible que le aminoren esa carga patrimonial al patrono encontrado culpable, quien tiene toda la responsabilidad ordinaria por mandato del citado precepto sustantivo laboral (…). 

Las anteriores directrices jurisprudenciales permiten inferir, que los beneficiarios o causahabientes del trabajador fallecido que reciban una reparación integral de los perjuicios sufridos derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal, y simultáneamente un beneficio prestacional del ISS o de la ARP, no están accediendo a un doble beneficio por un mismo perjuicio, en la medida que como se explicó su origen es disímil y obedecen a causas diferentes, sin olvidar que para estos casos la culpa y el dolo no son asegurables”. 

Por tanto, conforme al precedente citado que actualmente sigue esta Sala, no es posible compensar las sumas que resulta a deber la empresa a título de lucro cesante, por los perjuicios materiales incluidos en la reparación integral del daño, en aplicación del artículo 216 del CST, con las recibidas por concepto de pensión de sobrevivientes, por tratarse de obligaciones diferentes (…). 

Entonces, conforme a la línea jurisprudencial expuesta, no incurrió el ad quem en el error jurídico que se le endilga; por el contrario su decisión se sujetó a las normas que regulan la materia así como el precedente en cita, de modo que el cargo no prospera. 

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de seis millones trescientos mil pesos ($ 6.300.000). 

XIV. Decisión 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 16 de octubre de 2009, por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del juicio ordinario laboral seguido por Verdier García Carvajal contra la sociedad Transportadora Comercial Colombia S.A. 

Costas conforme se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Carlos Ernesto Molina Monsalve.