Sentencia SL11042-2014 de agosto 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL11042-2014

Radicación 56331

Acta 29

Magistrada ponente

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «X. CONSIDERACIONES

1. No le asiste razón al opositor en los cuestionamientos de orden técnico que le achaca a la demanda de casación. En primer lugar, porque la Corte ha sostenido que la demanda inaugural del proceso puede ser acusada en casación como una pieza procesal susceptible de generar un error de hecho manifiesto en su apreciación; en segundo lugar, porque todos los cargos fueron diáfanos en afirmar que se denunciaba la sentencia del Tribunal por violación a la ley sustancial, de donde se colige que el recurrente optó por la causal primera de casación laboral (CPT, art. 87 num. 1º y ss.); y en tercer lugar, porque si bien en el primer cargo el censor omitió indicar la vía de ataque, lo cierto es que al revisarse su sustentación, es fácil extraer que se orientó por la vía indirecta, ya que, relaciona los errores de hecho y las pruebas que apreció erróneamente el Tribunal, sin perjuicio de que el desarrollo de la acusación se orienta a demostrar los yerros fácticos enrostrados.

2. Superado lo anterior, esta Sala abordará el estudio conjunto de los tres cargos, comoquiera que todos apuntan a que el Tribunal incurrió en dos violaciones medio de la ley sustancial: una por el quebrantamiento del principio de congruencia (CPC, art. 305) y otra por transgresión del principio de consonancia (CPT, art. 66A y ss.).

2.1. Principio de congruencia.

Sobre el particular, conviene recordar que, conforme al principio de congruencia, toda sentencia judicial debe estar “en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda” (CPC, art. 305) y referirse “a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales” (L. 270 de 1996 art. 55).

Así, de la regla de la congruencia, se desprende que toda sentencia judicial ha de cumplir las siguientes cualidades intrínsecas: (i) debe estar en consonancia con los hechos (congruencia fáctica) y (ii) las pretensiones aducidas en la demanda (congruencia objetiva).

En cuanto al segundo de los eventos (congruencia objetiva), nuestro ordenamiento procesal laboral, en razón a los principios rectores y tuitivos del trabajo que lo nutren, ha consagrado una excepción y consiste en que los jueces de primera y única instancia se encuentran facultados para proferir fallos extra y ultra petita, bien sea concediendo derechos diferentes a los pedidos, a condición de que “los hechos que lo originen haya sido discutidos y estén debidamente probados”, u ordenando el pago de sumas mayores a las demandadas “cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas” (CPT, art. 50 y ss.).

Lo anterior sirve para precisar que el juez laboral se encuentra facultado para dictar una sentencia que excede o que va más allá de lo pedido, pero para emitir una distanciada de los motivos o hechos en que se fundamenta la pretensión (causa petendi), en tanto y en cuanto, ésta —la causa de pedir— se constituye en la esencia del debate, no pudiendo el juez alterarla (por ser un tercero imparcial), so pena de vulnerar el debido proceso y desfigurar algo que es propio de las partes: los hechos.

En el presente asunto, el apoderado del ISS centra su ataque en que el Tribunal desbordó el marco fáctico que le fue planteado por las partes, puesto que la actora afirmó en la demanda inicial que cotizó al Instituto de Seguros Sociales 887.71 semanas, y nunca dijo que aportó 1.02486, semanas.

Al respecto, la Sala al revisar objetivamente el escrito inaugural del proceso, encuentra que el juez colegiado no pudo haber incurrido en el yerro fáctico endilgado, pues la actora si bien mencionó en el hecho inicial que según la historia laboral cotizó 887.71 semanas, también lo es que en los hechos 19 y 20 de la demanda, afirmó que con los aportes de los años 1988 a 2004, no registrados por el ISS, completaba las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez; adicionalmente, en el acápite de “Fundamentos y razones de derecho” relató que el ISS no le había reconocido las semanas cotizadas en los años 1988 a 2004, de los cuales “tiene la planilla de pago”.

Desde esta perspectiva, el Tribunal no incurrió en los yerros endilgados, ya que la cuestión de las semanas cotizadas fue un tema colocado en la palestra por la parte demandante, tanto en los hechos de la demanda, como en los fundamentos de derecho de la misma.

Lo anterior, sin perjuicio de que los hechos planteados fueron objeto de prueba y controversia por ambas partes, ya que al revisarse las documentales obrantes en el expediente, la mayoría son en su gran parte pruebas relacionadas con el número de semanas cotizadas, lo que reafirma el argumento de que la sentencia fue congruente con la dialéctica propia del juicio.

2.2. Principio de consonancia (CPT, art. 66A y ss.).

Aduce el recurrente que el Tribunal desbordó su competencia funcional al entrar a estudiar el acervo probatorio y pronunciarse sobre el tema de la compatibilidad de la indemnización sustitutiva de vejez y la pensión de vejez, dado que no fue una materia controvertida en el recurso de apelación.

Una vez escuchado el audio contentivo de la sustentación del recurso de alzada, encuentra la Sala que no le asiste razón al recurrente en casación, toda vez que tanto el tema de la valoración probatoria que efectuó el a quo como el de la indemnización sustitutiva, fueron asuntos abordados en la apelación.

Respecto a lo primero, dijo el recurrente en la audiencia oral:

El señor juez (...) no tuvo en cuenta que la solicitud dada por mi cliente la señora Ana Bertilda Huertas Melo, desde un comienzo, cuando consideró y estaba completamente segura de que había completado las semanas cotizadas por ella, le hacían merecedora para ser reconocido y pagada su pensión de vejez, el hecho de que el Instituto de Seguros Sociales le dé una respuesta donde le esté informando que ellos niegan esa posibilidad de que se le pueda reconocer la pensión por el dicho de ellos de no tener el número de semanas cotizadas se hace pues injusto que presentando las mismas pruebas dentro del mismo expediente, el despacho no se dé cuenta de la existencia de las mismas, que no se dé cuenta que se hicieron desde antes de que se hubiera presentado la respuesta del Seguro Social de la indemnización, debido a eso, tengo que recalcar el hecho importantísimo que no es verdad lo que dice el despacho de que la señora Ana Bertilda Huertas haya solicitado la indemnización sustitutiva, en ningún momento aparece dentro del expediente ese hecho, nosotros lo que sabemos es que efectivamente solicitó su pensión como lo dije antes y que el Seguro Social le ha negado la pensión y como resultado de eso le dice usted tiene derecho es a la indemnización sustitutiva.

(...) el despacho no tuvo en cuenta que el resultado de la solicitud de la señora ante el Seguro Social fue contestada diciendo que le faltaban X número de semanas y que posteriormente la señora le pasa uno a uno los recibos de pago que aparecen en el expediente a folios 179 a 243 A. Por eso seria del caso que si el a quo no tuvo tiempo de revisar estas pruebas presentadas por la demandante, el a quo tenga en cuenta que a folio 60 se presentan las cotizaciones faltantes según lo que decía el ISS, y que en todos los folios siguientes del 179 al 243 se tuvieron todas las cotizaciones que le hacen merecedora a la señora Ana Bertilda Huertas para el reconocimiento y pago de su pensión de vejez. Son los únicos requisitos que pide la ley, que la señora tenga la edad y como efectivamente lo dice el a quo sí tenía la edad en su momento, lo que no está de acuerdo es que no haya tenido el tiempo de servicios, sus cotizaciones, nosotros lo estamos probando presentándolas físicamente (...) (resaltado propias de la Sala).

En cuanto a lo segundo, esto es, las implicaciones del reconocimiento de la indemnización sustitutiva frente a la pensión de vejez, el apelante expresamente dijo que la actora antes de recibir la indemnización sustitutiva había solicitado la pensión de vejez, y más adelante se refirió a principios básicos, “a que se tenía que tener en cuenta lo concerniente al artículo 58 de la Constitución, al artículo 53, al principio de favorabilidad, de las situaciones que pudieran producir duda, etc.”. Todo lo cual, en armonía con los argumentos concernientes a las pruebas documentales que acreditaban las semanas cotizadas, evidencia que al Tribunal se le llevaron esos temas.

Esta Sala de Casación Laboral, ha dicho en reiteradas oportunidades, que si bien el recurso de apelación obliga a quien lo interpone a sustentar las razones que lo distancian de la decisión, esa carga argumentativa no está sujeta a fórmulas sacramentales o a determinados parámetros (CSJ SL, 14 ago. 2010, rad. 28474, CSJ SL, 14 sept. 2010, 37614, CSJ SL754-2013, entre otras).

En este orden, no puede afirmarse que la segunda instancia no tenía competencia para examinar las pruebas valoradas por el juez a quo, si precisamente eso era lo que cuestionaba el apelante cuando dijo que en los folios del expediente —que relacionó— se registraban los aportes faltantes para completar las semanas mínimas de cotización, lo cual era suficiente para que el juez colegiado entrara a revisar las pruebas con miras a verificar los requisitos legales de causación de la pensión de vejez.

Igual sucede con el tema de la pensión de vejez y la indemnización sustitutiva de vejez, en la medida que, si bien la argumentación no fue la más acertada, lo cierto es que la materia objeto de inconformidad fue llevada al juez de segundo grado, quien en virtud de su libertad de apreciación probatoria y de aplicación del derecho (iura novit curia), podía apartarse de esos razonamientos jurídicos y concluir, que el reconocimiento de dicha prestación sustitutiva, no impedía el acceso a la pensión de vejez por ser esta última un mecanismo de amparo principal.

Finalmente, para abundar en razones, esta Sala ha de recordar que conforme a la sentencia C-968 de 2003 de la Corte Constitucional, que condicionó la exequibilidad del CPT art. 66A y ss., el recurso de apelación comprende no solo los asuntos materia de inconformidad del apelante, sino también los derechos laborales mínimos e irrenunciables de los trabajadores, siempre y cuando (i) hayan sido discutidos en el juicio y (ii) estén debidamente probados(1).

En ese orden, si como se dijo en precedencia, el asunto de la densidad de semanas fue materia de discusión en el juicio y contaba con respaldo probatorio, el Tribunal tenía competencia funcional para pronunciarse sobre el mismo al conocer del recurso de apelación, así el tema no hubiese sido abordado expresamente al sustentarse la alzada, ya que, estaba de por medio un derecho mínimo e irrenunciable de la demandante.

Por lo expuesto, los cargos no prosperan.

XI. CARGO SEGUNDO

Señala que la sentencia impugnada violó la ley sustancial, “por haber aplicado indebidamente el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990, al igual que aplicó indebidamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y por haber infringido directamente el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, el artículo 6º del Decreto 1730 de 2001 y el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003”.

Refiere en esencia que el Tribunal se rebeló contra la ley, pues a pesar de dar por probado que la demandante recibió una indemnización sustitutiva, condenó al ISS al reconocimiento de la pensión de vejez. Al respecto, insiste en que conforme al D. 1730/2001 art. 6º, la indemnización sustitutiva de vejez es incompatible con la pensión de vejez.

Puntualiza que la L. 797/2003 art. 12 par. 1º, ilustra el verdadero sentido del art. 37 de la L. 100/1993, pues en esa disposición se establece “el efecto que tiene el hecho de que el afiliado “haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley”, efecto que no es otro diferente al de perder el derecho a le pensión de sobreviviente los beneficiarios”. Agrega que “carecería de todo sentido que los beneficiarios pierdan el derecho a la pensión de sobrevivientes cuando el afiliado “haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez”; pero, en cambio, el afiliado que ha recibido esa indemnización o que, aunque no la hubiera recibido, la “haya tramitado”, conserve el derecho a recibir la pensión de vejez, sin que para nada importe que le haya sido pagada la indemnización que sustituye dicha pensión”.

Concluye con que si el Tribunal no hubiera infringido directamente la L. 100/1993 art. 37, el D. 1730/2001 art. 6° y la Ley 797/2003 art.12, no hubiera aplicado indebidamente el A. 49/1990 art. 12 y L. 100/1993 art. 141, como en efecto lo hizo al condenar a pagar a la demandante los intereses moratorios.

XII. CARGO TERCERO

Tanto la proposición jurídica como la sustentación del cargo, son una transcripción del anterior.

XIII. RÉPLICA

Aduce que en el segundo cargo, el censor no indicó la causal ni la vía escogida. También que el ad quem tuvo en cuenta el reconocimiento de la indemnización sustitutiva y por ello ordenó que fuera tenida “como anticipo del retroactivo”.

XIV. CONSIDERACIONES

1. En este evento, tampoco le asiste razón al opositor cuando indica que el recurrente omitió indicar la causal y la vía de ataque, en la medida que, en todos los cargos se denuncia la violación a la ley sustancial, expresión que despeja cualquier duda acerca de la causal por la que optó el recurrente para atacar la sentencia en casación y que no es otra que la establecida en el num. 1º art. 87 CPT y ss. Adicionalmente, si bien no se indicó expresamente la vía de ataque escogida, de la sustentación de la acusación —eminentemente jurídica— es fácil colegir que el recurrente se inclinó por la senda directa o de puro derecho.

2. Superado lo anterior, se impone recordar que conforme al criterio de esta Corporación, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de vejez, no impide la reclamación judicial de la pensión de vejez cuando el derecho pensional se había consolidado en fecha anterior a la solicitud pensional, habida cuenta que (i) la indemnización sustitutiva es una prestación subsidiaria o residual respecto de la pensión de vejez, es decir, solo procede el reconocimiento de aquella cuando la persona a pesar de tener la edad, no ha cumplido con el número mínimo de semanas y no tiene la posibilidad de seguir cotizando para el riesgo de vejez; (ii) cuando el trabajador cumple con los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez, ya tiene un derecho adquirido; y (iii) el error de la administradora de pensiones que niega el derecho pensional a pesar de que el peticionario cumple con los requisitos mínimos, no puede generar beneficio alguno en su favor.

Así, por ejemplo, en sentencia CSJ SL, 31 ene. 2012, rad. 36637, la Sala apuntó:

No sobra destacar que el hecho de que el Instituto demandado le hubiera reconocido y pagado equivocadamente a la demandante la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez no tiene incidencia alguna en frente de la constitución del derecho pensional con anterioridad a ese momento, dado que la pérdida de eficacia de las cotizaciones por vía del reconocimiento de esta clase de prerrogativas se produce siempre y cuando no se tenga el de la pensión, que es un derecho principal, pues, aparte de que éste ipso facto al cumplimiento de sus exigencias tendrá la connotación de derecho adquirido, lo cierto es que el error del administrador del sistema de riesgos no puede ser fuente de derecho alguno a su favor como para sustraerse al reconocimiento de la prestación y, obviamente, en modo alguno en desmedro del derecho pensional del cotizante o trabajador.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Dado que hubo réplica, las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de seis millones trescientos mil pesos ($ 6.300.000.00).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de octubre de 2011, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso adelantado por ANA BERTILDA HUERTAS MELO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

1 En relación con el tema puede consultarse la Sentencia CSJ SL5863-2014.