Sentencia Sl11075-2017/46677 de Julio 26 de 2017

CORTE SUPREMA DE JSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente

Dr. Omar de Jesús Restrepo Ochoa

SL11075-2017

Rad.: 46677

Acta 003

Bogotá, D.C., veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

Extractos: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. alcance de la impugnación

Pretende la recurrente, que la Corte case la sentencia atacada y que al proferir la de reemplazo “se confirme la sentencia proferida en primera instancia, con las modificaciones solicitadas en el recurso de alza (sic) por la parte demandante…”.

Con tal propósito formuló dos cargos, que no fueron replicados y que serán analizados de manera conjunta, en razón a que atacan un mismo grupo normativo y persiguen un idéntico fin.

VI. Cargo Primero

Acusó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, el Decreto Reglamentario 1158 de 1994, que modificó el Decreto 691 de la misma anualidad y los artículos 1º y 3º de la Ley 33 de 1985, que conllevó la falta de aplicación de la Ley 6ª de 1945 y del Decreto 1045 de 1978.

Al mismo tiempo propuso como directamente infringidos, el artículo 21 y el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los artículos 1º y 3º de la Ley 33 de 1985, lo que condujo a la falta de aplicación de la Ley 6ª de 1945 y del Decreto Reglamentario 1045 de 1974, así como del parágrafo del artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Para demostrar el cargo, el recurrente dio por cierto que la pensión de jubilación le fue concedida por la entidad demandada mediante Resolución n°. 001025 del 9 de febrero de 1995, lo que indica que:

Su regulación pensional no se encuentra regulada (sic) por lo establecido en la ley 100 de 1993, por cuanto fue pensionada antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 para los empleados del orden nacional. (Junio de 1995), por lo cual la conformación de su Ingreso Base de Liquidación, no se regula por lo consagrado en el artículo 36 de la citada ley, así como de igual manera no se encuentra ajustada a los parámetros establecidos en los Decretos 691 y el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, como de manera errada lo aplicó y lo entendió el H. Tribunal […].

Prosiguió indicando que si al entrar en vigencia el sistema de seguridad social de la Ley 100 de 1993, la demandante ya se encontraba pensionada, lo fue con fundamento en normas anteriores a esta ley, incurriendo entonces el Tribunal en lo que califica de “eminente (sic) error de juicio”, al no aplicar el Decreto 1045 de 1978 y la Ley 6ª de 1945.

Enseguida se adentró en consideraciones sobre el contenido de la resolución visible entre folios 9 a 11 del cuaderno de instancia, para indicar que allí se manifiesta como data de adquisición del estatus pensional el 7 de junio de 1993, hecho que, para el casacionista, no fue observado por el ad quem, que por tal omisión aplicó indebidamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994; además, de la misma pieza documental extrajo deducciones sobre el tiempo de servicios acumulado por la recurrente y su incidencia en la aplicación del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, para mostrar que el tribunal aplicó de manera errónea los mandatos de los artículos 1º y 3º ibídem, que no regulan la situación particular y concreta de la demandante.

VII. Cargo Segundo

Acusó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial, por la vía indirecta, al incurrir en errores de hecho que hacen de esa providencia “directamente violatoria, en la modalidad de Infracción Directa” de las siguientes normas:

[...] El Artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 36 inciso 3º y 21 de la ley 100 de 1993, el Decreto 691 de 1994 modificado por el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 y ley 33 de 1985 artículo 1 y la ley 62 de 19 (sic), y en el Artículo 332 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, aplicable éste a los procesos laborales por mandato expreso del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, violación a la cual se ha llegado al darles aplicación indebida al caso sometido a su estudio, siendo regulados por las normas de derecho sustancial contenidas en la ley 6ª de 1945 y el Decreto Reglamentario 1045 de 1978 tales normas sobres las cuales se presento (sic) por parte del Tribunal una falta de aplicación […].

Señaló que el Tribunal incurrió en tres errores de hecho evidentes, que describió así:

1. Dar por plenamente demostrado en el Proceso, sin estarlo que la demandante hace parte o esta (sic) inmersa dentro del Régimen de Transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto adquirió o completo (sic) los requisitos (status de pensionada) para el reconocimiento pensional desde el 7 de junio de 1993, es decir antes de la promulgación de la ley 100 de 1993.

2. No dar por establecido en el Proceso, estándolo, que la demandante había completado más de 15 años de servicio en entidades públicas al momento de entrar en vigencia la ley 33 de 1985, desde el 19 de enero de 1965 hasta el 15 de marzo de 1971 al servicio del Servicio Seccional de Salud de Antioquia y del 1º de abril de 1971 hasta (sic) 1º de enero de 1985 al servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; lo que la hacia (sic) estar inmersa a la demandante en el Régimen de Transición de dicha norma Ley 33 de 1985, que a su turno le adjudica el derecho a que su pensión sea reconocida y liquidada de conformidad con lo establecido en la Ley 6ª de 1945 y sus decretos reglamentarios.

3. Dar por establecido en el Proceso que la pensión de jubilación de la demandante debe ser liquidada de conformidad con las cotizaciones o aportes según lo establecido en el Decreto 691 de 1994 modificado por el Decreto 1158 de 1994 artículo 1º, cuando en verdad lo establecido en el proceso es que su derecho pensional no es regulado por normas que sintetizan o complementan el Sistema General de Pensiones estableado (sic) en la ley 100 de 1993.

Como pruebas no apreciadas indicó las siguientes:

El documento auténtico que reposan (sic) a fls 1 a 6, 9 a 11, del proceso, consistentes éstos en la demanda inicial, así como la Resolución No. 001025 de febrero 9 de 1995 por medio de la cual se le reconoció pensión de Jubilación a la demandante por parte de la entidad demandada, Caja Nacional de Previsión (hoy Cajanal E.I.C.E. en liquidación).

Para la demostración del cargo dijo, en síntesis, que el Tribunal apreció de manera errónea los documentos reseñados, en los cuales consta que la demandante tiene derecho a que su pensión sea liquidada con fundamento en los parámetros establecidos en las normas anteriores a la ley 33 de 1985, sin especificar el libelista a cuáles se refiere, por haber completado más de 15 años de servicio en el sector público, antes de la entrada en vigencia de la misma, y que por ello se encuentra fuera del Régimen de Transición consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100; expuso que el Tribunal incurrió en tal error, en el grado de protuberante, pues lo llevó a aplicar el régimen de seguridad social de la ley últimamente citada, que no regula el caso.

Observó como otro error trascendente, cometido por el ad quem, el consistente en no apreciar que la Resolución 001025 del 9 de febrero de 1995 estableció el 7 de junio de 1993 como fecha de adquisición del estatus jurídico de pensionada, explicando que ello incidió en que la sentencia acusada tuviese por régimen que regula la litis el contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que fue aplicado indebidamente, circunstancia que implicó dejar de aplicar normas que sí regulan la situación particular y concreta del derecho pensional de la demandante, tales como la Ley 6ª de 1945 y el Decreto Reglamentario 1045 de 1978, así como la parte final del artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

VIII. Consideraciones

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, la decisión del Tribunal estuvo soportada, esencialmente, en que la demandante tenía como régimen aplicable a su situación pensional, el de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en los aspectos ahí señalados, que no incluyen, ni la base salarial para liquidar la pensión, ni los factores integrantes de la remuneración para efectos de calcularla, para lo cual acudió al inciso 3º del artículo 18 de la misma preceptiva, que en el caso de los servidores públicos orienta a la aplicación de la Ley 4ª de 1992, concordada con el Decreto 691 de 1994, modificado por el Decreto 1158 de 1994.

Aunque se presentan errores de técnica en la demanda de casación, estos son superables. Veamos: (i) en el primer cargo, propuesto por la vía directa, se mezclan argumentos fácticos y jurídicos; (ii) en el segundo cargo, planteado por la vía indirecta, se acusa la providencia recurrida, de la violación de normas de derecho sustancial, en la modalidad de «infracción directa», ya de por sí, no apta por este sendero, pero las primeras que enuncia son reglas de orden procesal y sin mayor relación con los problemas jurídicos bajo examen; (iii) al indicar que el Tribunal incurrió en los presuntos errores, se dice que los materializó «al apreciar erróneamente, o al dejar de apreciar, el acervo probatorio». Estos errores son salvables en cuanto que, respecto del primero, la valoración de prueba documental se propuso también como base del cargo formulado por la vía indirecta.

En relación con el segundo defecto, al desarrollar el cargo, el censor aclara, que el desatino enrostrado a la sentencia del Tribunal, se presentó al aplicar indebidamente las normas que le sirvieron de estribo para revocar la sentencia del a quo, sin que la mera enunciación de dos artículos del Código de Procedimiento Civil pueda estimarse suficiente como para no desplegar el estudio correspondiente respecto de las restantes disposiciones, que sí son de derecho sustancial.

Finalmente, en cuanto a la tercera falencia, en punto de si dejó de apreciar, o si se apreció erróneamente la prueba en la alzada, la lectura de la demostración del cargo también permite entender que la aparente contradicción se subsanó, al desarrollarse el cargo con base, únicamente en la equivocada apreciación de la resolución de Cajanal en que se reconoció la pensión, como generadora de la aplicación indebida de los preceptos que fueron fundamento del fallo impugnado.

Aunque le asiste razón al recurrente, cuando afirma que el ad quem cometió errores ostensibles, que lo llevaron a aplicar indebidamente las normas que consideró fundantes del derecho pensional, como el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y las que tuvo en cuenta, para la determinación de la base salarial de la liquidación pensional, ello no da lugar al quebrantamiento de la sentencia recurrida.

Al aplicar el criterio reiterado de la Sala, sobre cuáles son los factores que configuran la base liquidatoria de la pensión de jubilación de servidores públicos como la demandante, implicaría, ya en sede de instancia, la revocatoria de la decisión del a quo, lo que conllevaría a un resultado idéntico al que se obtuvo en la sentencia atacada.

En efecto, resulta indiscutible que la pensión reconocida por la Cajanal a la recurrente Posada Correa, mediante Resolución 001025 de 9 de febrero de 1995 (fls. 9 a 11), y reliquidada por Resolución 008254 de 12 de mayo de 2000 (fls. 12 a 15), lo fue por haberle prestado sus servicios al ICBF por más de 20 años (fl. 9) —del 1 de abril de 1971 al 30 de junio de 1994—, fuera de los que cumplió a favor del Servicio Seccional de Salud de Antioquia, entre el 19 de enero de 1965 y el 15 de marzo de 1971 (ibídem), es decir, como servidora pública para aquella época, al amparo de las leyes 33 y 62 de 1985, “aplicando el 75% sobre el salario promedio de 12 meses” (fl. 13), por estar cobijada por el régimen de transición allí señalado (art. 75 del Decreto 1848 de 1969), y al cumplimiento de la edad de 50 años —el 7 de junio de 1993 (fl. 7).

Lo cierto es que la base para cuantificar la pensión está constituida por el promedio de los factores salariales de la remuneración, sobre los cuales efectuaron aportes a la caja de previsión, y no sobre todo lo percibido o devengado en la última anualidad, como desatinadamente lo persiguió siendo aplicables los enlistados en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, en la forma como fue modificado por la Ley 62 del mismo año, en los siguientes términos:

“Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio”,

Sobre ello basta traer a colación lo anotado por la Corte en un caso similar al presente, en sentencia SL4222-2017 de 1º de marzo de 2017, que a su turno transcribió lo expuesto en la sentencia SL8597 de 7 de julio de 2015, rad. 48000, así:

[…] esta Corporación ha indicado de tiempo atrás que el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, en desarrollo del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, que es la base normativa de la pensión otorgada al demandante, señaló de manera taxativa los factores salariales a tener en cuenta a la hora de liquidar el promedio del salario que sirvió para los aportes en el último año de servicios, al consagrar que “…la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio”, de modo tal que solo estos factores sirven para la base de los aportes, siendo que cuando la norma se refiere a que “En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes” está haciendo clara referencia a aquéllos y no a otros que se pudieran entender por una interpretación extensiva, pues lo cierto es que la lista del artículo 1º de la Ley 62 de 1985 es taxativa y cerrada y no permite la inclusión de elementos diferentes a los contemplados allí.

Sobre este punto particular, en la sentencia CSJ SL486-2013, en la que se citó la providencia CSJ SL, 29 may.2012, rad. 44206, esta Sala recordó:

“La censura se equivoca cuando sostiene, al negar, infructuosamente, la taxatividad de los factores salariales para liquidar la pensión, que si la intención del legislador con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el 3º de la Ley 33 de 1985 hubiese sido fijar esta, no habría determinado que la prestación pensional se calcula de todas maneras sobre los mismos factores que sirvieron de base para el correspondiente cálculo del aporte durante su vida laboral.

En otras palabras, el censor sostiene que, conforme a las Leyes 33 de 1985 y 62 de 1985, se debe reconocer la pensión con base en los factores salariales sobre los cuales se cotizó, sin importar que estos hayan sido incluidos en el ingreso base de cotización por el legislador, es decir, según tal interpretación, los factores a cotizar quedaban a voluntad del cotizante, con la eliminación de un tajo de los establecidos en la norma.

(…) según lo atrás expuesto, la inteligencia que el censor propone dar a tales normas es equivocada, pues de una interpretación sistemática de los artículos contenidos en la Ley 33 de 1985, con las modificaciones introducidas con la Ley 66 del mismo año, sin duda alguna, se infiere que el legislador sí estableció taxativamente los factores salariales sobre los cuales se debía aportar para tener derecho a la pensión, y, por ende, el IBL se debe determinar con base en dichos factores; la expresión de que “…las pensiones siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”, no hace cosa distinta que reafirmar la obligatoriedad de tales factores y de los aportes para efectos de establecer el IBL. Lo anterior concuerda con lo dicho por esta Sala en la sentencia 26659 de 2005:

Estima la Sala que no tiene relevancia el hecho de que en las referidas disposiciones se haga referencia a los factores para la liquidación de aportes a las Caja de Previsión y en este caso el actor no haya aportado a ninguna de ellas, pues de todos modos el inciso 3° del artículo 1° de la Ley 62 de 1985 hacía alusión a que ‘En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes’.

Y como bien lo señaló el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en sentencia de 29 de abril de 2004, rad. 2287-03, ‘la estipulación final del artículo 1° de la Ley 62 citada, sobre la liquidación de la pensión de acuerdo con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, no significa una exclusión para los casos en que la entidad no haya efectuado los descuentos por tal concepto, sino la obligación, para los empleados de régimen especial, de pagar los respectivos aportes sobre todos los rubros que según la ley deben constituir factor de liquidación pensional, de manera que si no han sido objeto de descuento, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento la entidad de previsión efectúe los descuentos pertinentes’.

Con base en este criterio, lo cierto es que la entidad demandada tuvo en cuenta para la liquidación del promedio pensional los factores de asignación básica, horas extras, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados, primas de servicios, vacaciones y antigüedad y salario en especie, elementos que claramente establece el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, de modo tal que al no incluir los desayunos, la bonificación semestral, las vacaciones y la bonificación por retiro, que están siendo pretendidos con el presente juicio por el demandante, la entidad no desconoció, bajo ninguna circunstancia, las normas aplicables a la pensión del citado, pues estos aspectos no están contemplados expresamente por el legislador para liquidar su promedio pensional, tal como se dijo en líneas anteriores. En cuanto a la pretendida sobre-remuneración, que según la constancia de folio 14- 15 ascendió a $523.145.43, se observa con claridad que la entidad demandada sí la tuvo en cuenta para fijar el monto pensional, por cuanto en el valor de $1.495.569.28 que fijó como asignación básica, la incluyó junto con los sueldos mensuales de $588.974.87 y $383.449, que correspondieron a los periodos comprendidos entre el 2 de enero de 1990 y el 31 de agosto del mismo año y del 1 de septiembre de 1990 al 1 de enero de 1991, respectivamente, por lo que, en este punto particular, tampoco hay lugar a reliquidar la cuantía de la pensión como lo aduce el demandante.

Para la Corte resulta claro que así la entidad empleadora hubiese efectuado aportes sobre elementos que no debían incluirse dentro de los mismos, por cuanto no estaban consagrados expresamente en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, esta circunstancia no puede tener la virtualidad de generar derecho en cabeza del demandante a que se reliquide su base pensional, sino tan solo a su devolución por parte de la entidad.

Finalmente, para la Sala tampoco tiene vocación de prosperidad el argumento del recurrente, en cuanto a que la entidad apreció erróneamente la Resolución No.040195 de 1993 en la que constaba que la entidad liquidó la prestación con la veinteava parte de la prima de antigüedad, toda vez que no puede existir una valoración indebida sobre un punto frente al cual el fallador de segundo grado en ningún momento se pronunció, pues tal como lo dejan ver sus consideraciones, resulta claro que el Tribunal no hizo análisis alguno frente al tema, de modo que no pudo haber incurrido en el defecto fáctico endilgado hoy por la censura, máxime que como lo dejan ver el escrito de la demanda inicial de folios 1 a 7 del cuaderno principal y del agotamiento de la vía gubernativa de folios 11 a 13, el demandante no propuso como controversia la omisión de la totalidad de la prima de antigüedad y, por ende, no pretendió de manera expresa y concreta la inclusión de la misma por un valor superior al fijado por la entidad demandada, siendo, entonces, que se trata de un tema ajeno al núcleo inicial de la presente litis.

Puestas así las cosas, se observa que el Tribunal, en la sentencia objeto del recurso extraordinario, entendió erradamente, que la demandante era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, error en el que incurrió al leer el texto de las resoluciones que concedieron y reliquidaron la pensión de jubilación a la señora Posada, y que los factores para integrar la base de cálculo de su prestación jubilatoria estaban dispuestos en los mandatos de la misma ley de seguridad social integral, que en el caso de los servidores públicos, remiten a la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios. Inobservó el Tribunal que la pensión de jubilación de la señora Posada Correa quedó estructurada el 7 de junio de 1993 (fl. 9), esto es, antes de que la Ley 100 de 1993 entrase en vigor.

Lo anterior no implica que la razón esté de parte de la recurrente, cuando se duele de que su pensión no fue liquidada sobre todo lo devengado durante el último año de servicios, pues, como quedó evidenciado, la Ley 33 de 1985 contiene, en su artículo 3º, reformado por la Ley 62 del mismo año, una estipulación taxativa de factores salariales que son los que deben aplicarse al cuantificar la prestación.

Finalmente, no sobra puntualizar que las resoluciones emitidas por Cajanal, informan que la liquidación inicial de la pensión y su revisión posterior obedecieron a los postulados de las Leyes 33 y 62 de 1985 (folios 9 y 13), por lo que, de la presunción de legalidad que las cobija, dimana que tales actos administrativos están acordes a derecho.

Conforme a lo razonado, los cargos, aunque fundados, no prosperan.

No hay lugar a costas.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia dictada el dieciséis (16) de abril de dos mil diez (2010) por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Eva de los Dolores Posada Correa contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal. E.I.C.E.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen»