Sentencia SL11076-2017/48469 de julio 26 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL11076-2017

Rad. 48469

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Acta 03

Bogotá, D.C., veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado.

Con tal propósito formula un cargo, oportunamente replicado. La Sala procede a estudiarlo.

VI. Cargo único

Está formulado en los siguientes términos:

Acuso la sentencia de segundo grado de violar indirectamente la ley sustancial en sus Arts. 25 Decreto 2351 de 1965, Art. 10 Decreto Reglamentario 1373 de 1966, Art. 36 Decreto 1469 de 1978 en la modalidad de aplicación indebida de los Arts. 62 y 63 del C. S. del Trabajo modificado por el Decreto 2351 de 1965 Artículo 7º Literal A) Numeral 6º, parágrafo, Arts. 58 Numeral 1º, 104, 107, 116, 121 del C. S. del Trabajo, Art. 120 modificado por el Decreto 616 de 1954 Art. 6º Art. 432 del C. S. del Trabajo modificado por la Ley 584 de 2000, art. 16 y falta de aplicación del Arts. 1530, 1531, 1534 del C. Civil Colombiano, a a consecuencia de errores de hecho provenientes de la apreciación equivocada de la prueba documental, sus reconocimientos originados por las declaraciones de quienes los suscribieron e interrogatorio de parte absuelto por la demandada y el demandante (Lo resaltado es del texto original).

Más adelante expresa que el Tribunal, entre otras disposiciones violó los artículos 1º, 4º, 468, 469, 476, 478 y 479 del CST.

El primer error de hecho, lo hace consistir en haber dado por demostrado “(…) sin estarlo, que revisado el listado de las actividades programadas por Bavaria S. A. en la orden de aseo 63028070 de 18 de octubre de 2003 a la envasadora 5B, había sido ejecutada de manera deficiente por el demandante”.

En la demostración del cargo, en síntesis, expresa que dicho error se cometió al no haber valorado correctamente la orden de aseo 63028070 del 18 de octubre de 2003 (f.º 7 y 7 vto que se repite a 252 y 252 vto), pues de haberlo hecho, se hubiese percatado con suma facilidad que el demandante “ejecutó eficientemente las labores encomendadas y que con anterioridad habían programado los ingenieros Ricardo Sarria y Oscar Ramírez”.

Arguye que a reglón 19 de la citada prueba, se especifica que la actividad a realizar en la “Envasadora 5B”, por el actor y otro compañero suyo, consistía en el “Aseo de transportadores entrada y salida máquina - estructuras- bandejas - cadenas - eje conductor y conducido-piñones - carretes-acrilicos-bases y pisos”, labor que fue ejecutada satisfactoriamente por el demandante, tanto así que en la columna correspondiente, titulada “Verificado”, así lo dejaron claro los ingenieros que le habían encomendado tal labor y que posteriormente la supervisaron, colocando en la respectiva casilla la letra “v” de verificado.

En ese orden de ideas, resulta de bulto el yerro fáctico cometido por el Tribunal cuando para hallar por demostrada la justa causa atribuida al accionante, le da plena credibilidad a la nota que aparece al reverso de las documentales 7 y 52, que refieren a que “se encontró mugre…enfiladora de la máquina… también se encontró mugre y vidrio alrededor de pistones elevadores, gabinetes inferiores de la máquina”; lo cual por demás es contradictorio, pues si primero se dio el visto bueno a la actividad encomendada a Garzón Romero, mal podía endilgársele deficiencias en las labores a él encomendadas, para con ello dar por finalizado el vínculo laboral.

Prosigue el recurrente, que la nota no refiere de manera específica que el actor hubiese sido el responsable o el artífice de las irregularidades que dan cuenta la citada nota, máxime que la orden de aseo 63028070 hace referencia a dos grupos de trabajo, el primero conformado por Germán Garzón y Edmundo Huertas quienes estaban encargados de efectuar el aseo a la “Envasadora 5 A” y el segundo integrado por Nelson Zárate y Ricardo Garzón quienes estaban encargados del aseo de la “Envasadora 5 B”, con lo cual lejos está de hallarse acreditada la justa causa endilgada al demandante.

Por demás, la citada orden en los renglones 10 y 17 es clara en especificar que el actor y su compañero de trabajo en la “Envasadora 5B” debía “Retirar las guardas de la parte inferior para limpiar el sitio de instalación del motor y la parte inferior de la maquina con agua”, “limpiar el piso alrrededor (sic) de la maquina envasadora 5b con agua, cepillo y jabón”, actividades estas que también fueron verificadas por los citados ingenieros sin encontrar objeción alguna, lo cual por sí solas dejan sin vigor las causas imputadas al actor, tales como encontrar mugre en todo el manejo de botellas, vidrio alrededor de los pistones, elevadores, gabinetes inferiores de la máquina envasadora y sus bandejas transportadoras de botellas de entrada y salida.

Trascribe luego apartes de la declaración rendida por Oscar Bladimir Ramírez Espinosa y Hernán Restrepo Quintero, para con ello demostrar que las labores encomendadas al demandante fueron cumplidas conforme a las órdenes a él impartidas, por demás precisa que los hechos no ocurrieron en la “Envasadora 5B”, sino en la “Envasadora 6B”.

El segundo error de hecho lo hace gravitar en haber dado por demostrado “sin estarlo, que la conducta del demandante en la diligencia de descargos era desleal y censurable al negarse a firmar el acta de descargos”, cuando en verdad, dice, si el Tribunal hubiese valorado en su justa dimensión la diligencia de descargos (f.º 247), se hubiera percatado que el trabajador cumplió las órdenes impartidas por el empleador, tanto así que fue claro en señalar que “el aseo quedó perfectamente hecho”.

Explicación que en momento alguno podía considerarse como desobligante, menos desleal e indisciplinado, por demás y como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, el trabajador “no puede ser obligado a inculparse”, pues la diligencia de descargos, es simplemente el escenario para conocer las pruebas que lo inculpan para con ello desvirtuarlas o aceptarlas, no para inexorablemente aceptar los cargos que le atribuye el empleador.

Por demás, si el Tribunal hubiese valorado el interrogatorio de parte rendido por el demandante, hubiese advertido que la razón por la cual se negó a firmar el acta de descargos estuvo centrada en que la misma era contradictoria, además en aquella se explica con suma claridad que la revisión del aseo se hizo sin su presencia, máxime que, itera, el ingeniero Restrepo, quien suscribe la nota sobre la que soporta el despido, al rendir su testimonio es claro en señalar, que los hechos ocurrieron en la “Envasadora 6B” más no en la asignada al demandante.

Más adelante se ocupa de lo que considera confesión de la demandada al responder las preguntas 16 y 19 del interrogatorio de parte, en tanto el representante legal reconoció que al actor no se le puso de presente las pruebas técnicas que eventualmente lo hubiesen podido incriminar, máxime que la empresa estaba certificada en control de calidad ISO 9000, 14000, 18000.

VII. La réplica

Comienza por arrogarle deficiencias de orden técnico como que resulta ilógico que, para demostrar la comisión de dos errores de hecho, la censura hubiese necesitado “más de 45 hojas tamaño oficio” para demostrarlos, cuando la jurisprudencia ha sido prolija en sostener que el error fáctico debe ser de tal magnitud que “brille al ojo”, es decir, que resulte ostensible, sin que para su demostración se necesita una cantidad inusitada de explicaciones para su acreditación.

Afirma igualmente que el ataque no explica los errores que individualiza en el cargo, esto es, no precisa cual fue la distorsión que cometió al valorar las pruebas sobre las cuales se estructuran, pues se dedica a plantear una extensa alegación que carece de nexo con lo que resolvió el Tribunal, prácticamente propone un nuevo proceso dentro de unas condiciones que no fueron en su totalidad las que se ventilaron en la fase probatoria. Por demás, el cargo se estructura sobre la prueba testimonial, que como se sabe no es prueba calificada en casación.

En cuanto al fondo del asunto, señala que el fallador de segundo grado no se equivocó en su decisión, pues las faltas endilgadas a Ricardo Garzón están debidamente comprobadas.

VIII. Consideraciones

La Sala comienza por precisar que, si bien es cierto la demostración de los dos errores fácticos atribuidos al sentenciador, en la cual involucra las pruebas denunciadas, no se caracteriza por su claridad y síntesis, su extensión no le resta eficacia, en la medida en que tales cuestionamientos satisfacen mínimamente las exigencias técnicas de que tratan los artículos 87 y subsiguientes del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, así como las normas que las han modificado.

Precisado lo anterior, esta Sala de la Corte se adentra en el estudio de los yerros atribuidos al fallador de segundo grado, para ello, es oportuno recordar, que en materia de despidos “(…) sobre el trabajador gravita la carga de demostrar que la terminación del contrato fue a instancia del empleador, y a este, si es que anhela el éxito de su excepción, le corresponde demostrar que el despido se basó en las causas esgrimidas en el documento con el que comunicó su decisión” (CSJ SL592-2014) y además que tales motivos sin justas causas conforme al ordenamiento legal.

En este orden de ideas, tal cual se dejó anotado en la síntesis del fallo gravado, luego de reproducir el contenido de la carta de despido (f.º 23), el ad quem tuvo por acreditada la justeza del despido con los hechos descritos en la nota que aparece al reverso de la orden de aseo 63028070 (f.º 7 y 252), los que, según dijo, fueron corroborados con las declaraciones rendidas, principalmente, por los ingenieros Hernán Restrepo (f.º 884 a 885) y Oscar Bladimir Ramírez (f.º 905 a 912) quienes dan cuenta del incumplimiento de las tareas asignadas a Garzón Romero; asimismo porque infirió un “comportamiento censurable”, al negarse a firmar el acta de descargos, en tanto ello denotaba “un proceder desleal que no se compadece con quien aparentemente está entregando una declaración atada a la verdad”.

Entonces, para dilucidar si el ad quem incurrió o no en los dislates fácticos que le atribuye la censura, la Sala toma como punto de partida los hechos descritos en la carta con la cual Bavaria S.A. le dio por finalizado el vínculo laboral a Ricardo Garzón Romero (f.º 23), la que al efecto dice:

Bogotá, D.C. octubre 21 de 2003

Señor

RICARDO GARZÓN ROMERO

Ciudad

Ref.: Terminación del Contrato de Trabajo por Justa Causa.

El 18 octubre del año en curso, usted se encontraba programado para laborar en el 8:00 a 12:00 m., recibiendo la instrucción por parte del Ingeniero del área, de adelantar el aseo a la envasadora 5B efectuada la revisión de dicho aseo se encontró mugre, vidrio, lama en los manejos de botellas, en las bandejas de los trasportadores de entrada y salida; lo mismo que alrededor (sic) de los pistones elevadores, como también en el enfilador de entrada y los gabinetes inferiores de la máquina estas circunstancias, obviamente atentan contra las Buenas Prácticas en Manufactura.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Compañía inició la investigación disciplinaria respectiva, por considerar que era una falta grave, es así, como usted fue citado a diligencia de descargos el día 21 de octubre de 2003, garantizándole el derecho de defensa y el debido proceso, usted hace acto de presencia en compañía de la comisión designada por la Subdirectiva sindical a la cual usted pertenece, sus explicaciones no justificaron en manera alguna la conducta por usted asumida, haciendo más gravosa su situación al negarse a suscribir el acta de la diligencia de descargos, y ante estas circunstancias, reiterando la gravedad de los hechos, la Empresa no tiene otra opción que dar por terminado su contrato de trabajo por justa causa a partir de finalizada su jornada de trabajo del día hoy 21 de octubre del 2003, con fundamento en el literal A del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, el Reglamento Interno de Trabajo y demás normas concordantes y complementarias del Código Sustantivo del Trabajo.

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 le informamos que estaremos enviando por correo certificado en su dirección registrada en la Empresa que es Calle 73 A Nº 85-76, Barrio Almería de esta Ciudad, los documentos relacionados con el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social y parafiscales sobre los salarios de los últimos tres meses con los comprobantes de pago que lo certifiquen.

En la Gerencia de Relaciones Laborales de esta Cervecería podrá reclamar el valor correspondiente a la liquidación definitiva de sus salarios y prestaciones sociales a las cuales tiene derecho.

Atentamente (…)

Para la Sala, no hay duda que Garzón Romero y otro de sus compañeros —Nelson Zárate—, fueron programados para ejecutar diversas actividades, en la “Envasadora 5B”, el día 18 octubre de 2003 en el turno de 8:00 am 12:00 m. de esto da cuenta la orden de aseo 63028070 (f.º 7 y 252).

De lo que no hay certeza y ahí está la grave equivocación en la cual incurre el ad quem, es que los hechos descritos en la nota consignada al reverso de la citada orden de aseo, por los ingenieros Hernán Restrepo y Oscar Bladimir Ramírez (f.º 7 vto y 252 vto), que a la postre sirven de soporte para darle por terminado el vínculo laboral, se hubiesen cometido por el demandante.

En efecto, dicha nota dice lo siguiente:

Se encontró mugre en enfiladores entrada en todo el manejo de botellas, transp (sic) de entra (sic) y salida y enfiladora entrada máquina. También se encontró mugre y vidrio alrededor de pistones elevadores, gabinetes inferiores de la máquina y bandejas transportadoras de botellas entrada y salida.

Una lectura objetiva e integral de la citada glosa, en momento alguno muestra o pone en evidencia que tales hechos estaban atribuidos a Garzón Romero; es más, ni siquiera especifica en cual envasadora se encontraron tales deficiencias; puntos de trascendental importancia en razón a que la citada orden de aseo (f.º 7 y 252), no solo estuvo dirigida a Ricardo Garzón y Nelson Zárate para efectuar diversas actividades en la “Envasadora 5B”, sino también tenía como destinatarios a Germán Garzón y Edmundo Huertas, para realizar las mismas actividades pero en la “Envasadora 5A”, lo cual, sin mayores razonamientos, indica que deviene en equivocada la conclusión del Tribunal en atribuirlas, prima facie, al demandante, pues como se vio, la orden estuvo dirigida a cuatro trabajadores que, en parejas, se ocuparon de envasadoras diferentes.

Es más, como también lo pone de presente la censura y la Sala lo comparte, resulta inexplicable o por lo menos paradójico, que en la citada orden de trabajo aparezca que los ingenieros a cargo, verificaron una a una las diferentes tareas encomendadas al actor, entre otras las referidas a “coordinar con la cava para hacer el aseo a la línea de cerveza desde la cava hasta la entrada de las envasadoras”, “limpiar el piso alrededor de la máquina”, “retirar las devoluciones del área de las envasadoras” y “Aseo de transportadores entrada y salida máquina - Estructuras - Bandejas - Cadenas - Eje conductor y conducido - Piñones - Carretes - Acrílicos - Bases y pisos”, para luego y al reverso de la citada orden describir unas conductas que contradicen lo verificado en un comienzo por ellos.

Dicho de otra manera, para la Sala no resulta lógico, menos razonable, ni siquiera a la luz de los artículos 60 y 61 del CPTSS, que la empleadora le endilgue a su trabajador la ejecución deficiente de las labores a él encomendadas, cuando previamente al verificar uno a uno tales trabajos, encontró que las mismas fueron ejecutadas a satisfacción, hecho que debió advertirlo el sentenciador de alzada, más como no lo hace, termina cometiendo el dislate fáctico atribuido por el recurrente.

En este orden de ideas, resulta de bulto el yerro fáctico cometido por el Tribunal, cuando para hallar por demostrada la justa causa atribuida al demandante, infiere que los hechos descritos en la nota que aparece al reverso de las documentales 7 y 252, que se repiten en la carta con la cual se da por finalizado el contrato, son atribuibles al citado trabajador, pues en verdad y como se precisó al trascribirla, en momento alguno se especifica que las mismas hubiesen sido cometidas por Garzón Romero, fallas que por demás contradicen de manera evidente lo verificado en un comienzo por la misma empleadora.

De ahí que queda demostrado con prueba calificada el primer yerro fáctico endilgado.

A igual puerto se llega si se analiza en su justa dimensión la prueba no calificada, como es el testimonio rendido por el ingeniero Hernán Restrepo —quien se recuerda suscribe la nota— quien es claro en señalar que los hechos no ocurrieron en la “Envasadora 5B”, que se itera era la asignada al promotor del proceso, sino en la “Envasadora 6B”, esto es, en una envasadora diferente a la referida en la orden de aseo 63028070.

En efecto, cuando a instancia de la demandada se le preguntó: “Informe al despacho si sabe o le consta que la empresa demandada haya citado al acá demandante a rendir declaración o descargos sobre los hechos presentados el 18 de octubre de 2003, en la envasadora 5B”, contestó “primero quiero aclarar que los hechos ocurrieron en la envasadora 6B y no en la 5B…” (se resalta f.º 884 vto).

Igualmente, si se analiza con detenimiento la declaración que rinde el ingeniero Oscar Bladimir Ramírez Espinosa -persona que también suscribe la nota objeto de la controversia-, puede advertirse con facilidad que es claro en precisar que no hizo “seguimiento” a las labores ejecutadas por el demandante, menos que estuvo presente en el sitio de trabajo donde Garzón Romero, el 18 de octubre de 2003, ejecutó las actividades asignadas en la tantas veces mencionada orden de trabajo, en razón a que se “encontraba haciendo otras labores”, simplemente fue llamado por el ingeniero Ricardo Garzón para conceptuar sobre las labores desarrolladas por el actor, las que dice no fueron ejecutadas en debida forma, de lo cual, como lo acepta expresamente, no hay constancia o fotografía alguna que así lo demuestre, hechos suficientes para concluir que tal declaración, en momento alguno podía servirle al Tribunal como soporte para hallar acreditados los hechos imputados al demandante.

Por otra parte, aparece también de bulto que se incurrió en el segundo error fáctico atribuido al fallador de segundo grado, pues revisada cuidadosamente el acta de descargos (f.º 247) se encuentra que el demandante en momento alguno despreció “el ejercicio del derecho de defensa” como lo sostiene el Tribunal, todo lo contrario, ante la pregunta incriminatoria referida a los supuestos incumplimientos a las labores a él asignadas el 18 de octubre de 2003, el encartado claramente manifestó: “el aseo quedó perfectamente hecho”; esto es, con dicha respuesta, Garzón Romero, no solo ejerció su derecho de defensa, sino que fue contundente en precisar que cumplió a cabalidad con las labores a él encomendadas, lo cual bajo ninguna perspectiva podía ser desconocido o soslayado por el sentenciador de alzada.

De otro lado, no es exacto sostener que el hecho de no haber suscrito la citada a acta de descargos, per sé conllevaba a que tales incriminaciones debían tenerse por ciertas, todo lo contrario, y como se dijo al inicio de las presentes consideraciones, al no aceptar el demandante tales imputaciones, correspondía a la demandada probar los hechos en que se soporta el despido, máxime que, se repite, el demandante es claro en expresar que “el aseo quedó perfectamente hecho”.

Menos podía considerarse que la no suscripción del acta de descargos denotaba un proceder “desleal” y “censurable” que agravaba su situación disciplinaria y con ello configuraba la justeza del despido a la luz del literal e) del artículo 71 del reglamento interno de trabajo de la demandada; ello es así, en razón a que en aparte alguno del citado literal se expresa lo sostenido por el Tribunal, baste para ello transcribirlo:

La renuencia o la demora injustificada del trabajador y/o de los representantes sindicales para presentar los descargos o tratar lo concerniente a la falta imputada, según el caso, no será obstáculo en ningún evento, para la aplicación y ejecución de una sanción.

Aquí, es importante señalar, que la diligencia de descargos prevista en la ley, convención, pacto o reglamento interno de trabajo, se constituye en una garantía para que el trabajador inculpado pueda defenderse de los hechos que se le endilgan, que en este caso así lo hizo Garzón Romero, nunca en una patente de corso para el empleador poder despedirlo; ello es así, en razón a que, en el transcurso de la misma, el empleado tiene la opción de aceptar los hechos si ellos efectivamente ocurrieron, guardar silencio o negarlos, inclusive tiene la opción de no asistir a ella.

La consecuencia jurídica de esto, no es que los hechos imputados se tengan como ciertos o que dicho actuar agrave las imputaciones que se le atribuyen para dar por terminado el vínculo laboral, como lo sostiene el fallador de segundo grado, sino que el trabajador simplemente desaprovecha una etapa en la cual podía desmentir los cargos o imputaciones, pero ello en momento alguno implica que le precluyó la oportunidad para con posterioridad desvirtuar los hechos en que está soportada la terminación del contrato, toda vez que y así lo enseña la experiencia, como la sana lógica que el trabajador encuentra mayores garantías a sus explicaciones ante un juez, que ante un comité designado para tales efectos.

Aun cuando lo anterior es suficiente para encontrar demostrado el segundo de los dislates fácticos con prueba apta en casación, la Sala se adentra en el estudio de la prueba testimonial rendida por Mario Froilán Reyes Becerra (f.º. 790 a 794 y 806 a 807), quien es claro en señalar que no estuvo presente en la práctica de la prueba que motiva la terminación del vínculo laboral, pues simplemente fue “encomendado por la dirección de la cervecería para levar (sic) a cabo la diligencia de descargos al demandante en razón a un informe disciplinario que suscribieron los ingenieros Hernán Restrepo y Oscar Ramírez fue citado por parte de la empresa”, esto es, que tal testimonio no le podía generar al Tribunal el pleno convencimiento para dar por demostradas las causas endilgadas al actor.

Menos podían otorgarle tal convencimiento, los testimonios rendidos por Jairo Roberto Varón Luque —gerente de relaciones laborales— y Gabriel Antonio Rodríguez Pacheco —gerente de envases— (f.º 897 a 900 y 901 a 904), pues si bien es cierto tales directivos, en su orden, aceptan que suscribieron las comunicaciones para que el trabajador asistiera a la diligencia de descargos y tales hechos fueran conocidos por el “director” de la cervecería (f.º 248 y 249), la verdad es que ninguno de ellos tuvo conocimiento directo de los hechos que motivaron el despido; el primero dice: “tuve conocimiento por la comunicación que entregó el Director de la Planta a Ricardo Segura, corrige Ricardo Garzón informándole la cancelación de su contrato de trabajo con justa causa”.

El segundo precisa que tuvo conocimiento de los hechos por el informe que le presentaron los Ingenieros Hernán Restrepo y Oscar Ramírez, personas estas qué, como arriba se dejó precisado, en momento alguno incriminan directamente al demandante en las deficiencias encontradas, antes por el contrario, Restrepo es claro en señalar que tales deficiencias se detectaron en la “Envasadora 6B” y no en la “Envasadora 5B”, que era la asignada al actor, y el ingeniero Ramírez fue enfático en explicar que no estuvo presente y menos hizo seguimiento a los trabajos ejecutados por el demandante, simplemente fue llamado como testigo a suscribir los hechos descritos en la nota de marras.

Lo dicho en precedencia, es suficiente para concluir que el cargo está llamado a prosperar, en tanto salta a la vista los dos yerros protuberantes atribuidos a la decisión recurrida, pues la demandada no demostró los hechos en que soporta la terminación del vínculo laboral que la unió al demandante.

Sin costas en casación.

IX. Sentencia de instancia

En sede de instancia, son suficientes los razonamientos expuestos en el estadio de la casación para confirmar la decisión de primer grado, en tanto la demandada no demostró los hechos en que soportó la terminación el vínculo laboral del demandante, misma conclusión a la cual arribó el sentenciador de primer grado, máxime que el único tema que distanció a la convocada a juicio con la sentencia del a quo, fue precisamente el que se estudió en casación (f.º 954 a 955).

Lo anterior significa, que lo referente a que la empresa demandada se encontraba en conflicto colectivo para la fecha del despido del demandante, 21 de octubre de 2003, no fue objeto de discusión en la apelación, y por ello, este gozaba de fuero circunstancial, que sumado al despido injusto, lleva a conceder el reintegro impetrado como lo determinó el a quo.

En consecuencia, en sede de instancia, como se dijo, se confirma integralmente el fallo de primer grado.

Costas de ambas instancias a cargo de la demandada.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de julio de 2010, dentro del proceso que Ricardo Garzón Romero le adelanta a Bavaria S.A.

En sede de instancia, resuelve:

1. Confirmar en su integridad la sentencia proferida, el 30 de noviembre de 2009, por el Juzgado Noveno de Descongestión Laboral del Circuito de Bogotá.

2. Costas conforme se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».