Sentencia SL11084 de julio 26 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota

SL11084-2017

Radicación 47896

Acta 03

Bogotá, D.C., veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

El recurso fue interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

La parte recurrente pretende que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto confirmó la decisión de primer grado que condenó al ISS a pagar la suma de $14.300.643 por concepto de cesantías adeudadas, así como la indemnización moratoria, y en sede de instancia, se absuelva a la demandada de estas dos pretensiones.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia de segunda instancia de ser violatoria de la ley sustancial, «al haber aplicado indebidamente los artículos 467 y 469 del CST, que definen y dan fuerza normativa a las convenciones colectivas de trabajo, y el artículo 11 de la Ley 6º de 1945 y el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, que reglamenta el anterior al establecer la indemnización por perjuicios por falta de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones en el régimen de derecho individual de trabajo de los trabajadores oficiales».

Aduce que la infracción de las disposiciones enunciadas se produjo como consecuencia de los siguientes errores manifiestos de hecho:

1) Haber dado por probado, sin estarlo, que la cifra de $14´300.643 «es exactamente la cantidad descontada de más», de la liquidación final de auxilio de cesantía.

2) No haber dado por probado, estándolo, que en la demanda inicial claramente está escrito que la suma de $13´701.243 «es exactamente la cantidad descontada de más», del auxilio de cesantía de Eleonor María Miranda Torres.

3) Haber dado por probado, sin estarlo, que el 31 de diciembre de 2001 se liquidó definitivamente el auxilio de cesantía de Eleonor María Miranda Torres.

4) No haber dado por probado, estándolo, que la cantidad de $25´656.355 que en la demanda inicial se indica que fue deducida por el Instituto de Seguros Sociales a Eleonor María Miranda Torres, por concepto de cesantías parciales, fue descontada al efectuar la liquidación de cesantía acordada en el artículo 62 de la convención colectiva de trabajo.

5) No dar por demostrado, estándolo, que la liquidación definitiva del auxilio de cesantía, la hizo el ISS, incluyendo el tiempo laborado hasta el 30 de marzo de 2004, mediante la Resolución 293 de ese año, por valor de $4.989.824.

6) No haber dado por probado, estándolo, que la Resolución 1982 del 6 de noviembre de 1997 y la Resolución 267 del 26 de marzo de 1999 y las planillas de cheques recibidos firmadas por la demandante por $2´972.758 y $ 11´357.885, hacen parte de la hoja de vida o historia laboral de la señora Eleonor María Miranda Torres, que en la demanda inicial se pidió al juez decretar, para que obre como prueba.

7) Dar por demostrado, sin estarlo, que la mala fe del empleador es evidente.

8) No haber dado por probado, estándolo, que la circunstancia de ser la cantidad de $14´300.643 “un monto considerable” hace evidente la conducta fraudulenta de Eleonor María Miranda Torres, quien pretendió cobrar nuevamente las sumas de $2´972.758 y $11´327.885 que recibió en 1997 y 1999 por concepto de sendos anticipos de cesantías.

9) No haber dado por probado, estándolo, que Eleonor María Miranda Torres recibió $2´972.758.oo en 1997 y $11´327.885.oo en 1999, cantidades de dinero que sumadas dan exactamente $14´300.643.oo.

Asegura que los anteriores errores de hecho fueron producto de la errónea valoración de las siguientes piezas procesales y pruebas:

i. Demanda inicial y la confesión espontánea que allí hace el apoderado judicial de la actora.

ii. Resoluciones, planillas de cheques y demás documentos que hacen parte de la “hoja de vida” de la demandante.

Además, señala que tales errores también se derivaron de la falta de valoración de la convención colectiva de trabajo.

Como demostración del cargo, recuerda que para la aplicación de la sanción por mora prevista en el artículo 1 del Decreto 747 de 1949, es necesario, al igual que ocurre con la sanción establecida en el artículo 65 del CST, verificar si existen elementos de juicio que respalden la buena fe del empleador al haber dejado de pagar o pagado de forma insuficiente los salarios o prestaciones debidos; y en este caso, el ISS procedió conforme los postulados de la buena fe, ante la absoluta certeza de haber pagado al término del contrato de trabajo, el total de las cesantías, pues además del valor ordenado pagar mediante Resolución 923 de 2004, durante la relación laboral se efectuaron pagos anticipados por valor de $25.656.355 y no solo $11.955.112 como lo afirma la demandante.

En relación con los medios probatorios que aduce, fueron erróneamente apreciados o no valorados, sustenta lo siguiente:

Demanda inicial: en esta pieza procesal se afirma por el apoderado, que el valor recibido por la actora durante la vigencia de la relación laboral por concepto de anticipo de cesantías, correspondía a $11.955.112, y que el valor que le fue deducido de más en la liquidación ascendía a $13.701.243. Sin embargo, la condena impuesta lo fue por un valor superior al pretendido, pues se ordenó pagar $14.300.643 por concepto de cesantías.

Esta diferencia la resalta el censor, para indicar que dentro de los valores que la parte actora admite haber recibido, se encuentra el anticipo de cesantías ordenado en la Resolución 896 de 1997, documento que, al igual que la demanda inicial, no fue apreciado en debida forma por el tribunal.

Equivocación en la valoración probatoria, que generó el desatino de concluir que la entidad demandada actuó de mala fe, por no haber pagado a la actora, nuevamente, la suma de $14.300.643 por concepto de cesantías.

Agrega el censor, que la conducta de la demandante si resulta fraudulenta y animada por el propósito de inducir en error a los jueces, porque no resulta creíble que la actora no conociera del pago efectivo de anticipos parciales de cesantías, por valor de $2.972.758 en noviembre de 1997, y $11.327.825 en marzo de 1999.

Reprocha la conclusión de la «sentencia de primera instancia», en relación con que, al tratarse de un monto considerable, el que se adeuda por concepto de cesantías, era evidente la mala fe del empleador; pues advierte que precisamente, siendo “considerable” el monto que se alega adeudado, no fue un error de la demandante iniciar el presente asunto, para reclamar el pago de conceptos que ya había recibido, sino que la actora obro de manera fraudulenta y de mala fe.

Confesión judicial espontánea: El apoderado de la demandante confiesa en la demanda que ella recibió el pago de la bonificación convencional y la pensión de jubilación; afirmaciones que evidencian el recto proceder del empleador, que sumado a la absoluta certeza de haber cancelado el auxilio de cesantía de manera completa, evidencian la buena fe con que actuó el ISS. Más aún cuando, como lo admite el apoderado de la actora, ella recibió igualmente un pago por concepto de cesantías definitivas al término de la relación laboral ($4.989.824), más los anticipos parciales de cesantías que se describen en la demanda, entre los cuales se omiten los realizados en los años 1997 y 1999, por valor de $2.972.958 y $11.327.885, respectivamente.

Hoja de vida: En la petición de pruebas formulada en la demanda, la parte actora solicitó que el ISS aportara el documento denominado «hoja de vida o historia laboral», prueba que en efecto presentó el demandado, mediante oficio del 30 de abril de 2007 remitido por el coordinador de nómina, una vez decretada como tal.

Afirma que con los documentos obrantes en la referida «hoja de vida», se lograba acreditar el pago de $11.355.712 por concepto de anticipo de cesantías, según conclusión del a quo. Y agrega, que también hacen parte de esta «hoja de vida», las Resoluciones 1982 de 1997 y 267 de 1999, así como las planillas de cheques firmadas por la demandante, con las que se prueba que adicionalmente a la suma referida, el ISS pagó $14.300.643 por el mismo concepto. Sin embargo, el Tribunal no observó los documentos que sustentan el pago de éste último valor.

En ese orden, resalta que la condena impuesta por concepto de cesantías, corresponde a lo ya pagado por esta prestación, antes de terminar el contrato de trabajo, tal como lo determinan los documentos mencionados, que si bien fueron presentados con el escrito de apelación, hacen parte de la “hoja de vida” que fue pedida y decretada como prueba de manera oportuna. Advierte también que esa condena, conllevó igualmente a la orden de pagar una gravosa sanción moratoria.

Convención colectiva de trabajo: si el Tribunal hubiese apreciado esta prueba, habría concluido que la liquidación de cesantías realizada hasta diciembre de 2001, obedeció a lo acordado en el artículo 62 extralegal, y que fue en dicha liquidación, en la que se descontó la suma de $25.656.355 por concepto de valor total de anticipos de cesantías parciales, conforme se establece del documento que contiene la mencionada liquidación y que hace parte de la “hoja de vida” decretada como prueba.

VII. Réplica

Vencido el término del traslado, la parte opositora no presentó réplica.

VIII. Consideraciones

El censor ataca la sentencia de segundo grado, por considerar que fueron aplicadas de manera indebida las normas citadas en la proposición jurídica, y aunque no señala de manera expresa la vía mediante la cual formula tal reproche, de la sustentación del cargo bien puede establecerse que corresponde a la vía indirecta, dado que plantea los errores de hecho que endilga a la decisión impugnada, así como las pruebas que considera no fueron apreciadas en debida forma y las que no fueron valoradas. Por ende, el recurso presentado se adecua correctamente a la senda de los hechos, sin que la omisión referida sea un obstáculo para definir de fondo el presente asunto.

En ese orden, verifica la Sala que los cuestionamientos que presenta el recurrente, hacen relación, en síntesis, a las equivocaciones en que considera, incurrió el Tribunal al no dar por probado el pago del saldo de cesantías y al establecer que la entidad actuó de mala fe.

En relación con el primer reproche, el recurrente disiente de la conclusión del juez colegiado, cuando confirmó la sentencia de primer grado, sin considerar el pago completo del valor de las cesantías, pues advierte que si se hubiesen apreciado en debida forma las pruebas calificadas que refiere en el recurso, habría concluido la existencia de tal hecho.

Aunque en la individualización de las pruebas calificadas, en punto a este primer reparo, se refiere a «las resoluciones, planillas de cheques y demás documentos que hacen parte de la hoja de vida o historia laboral», en la demostración del cargo precisa que son las Resoluciones 1982 del 6 de noviembre de 1997 y 267 de marzo de 1999, así como las planillas de cheques firmadas por la demandante, los documentos integrantes de la hoja de vida o historia laboral de la actora que el Tribunal no apreció. Aunque en un comienzo se denuncian estas documentales como indebidamente apreciadas, al sustentar el cargo explica que las mismas no fueron valoradas.

Revisada la decisión atacada, se advierte que el Tribunal hizo referencia a los documentos presentados con la sustentación del recurso de apelación por la demandada, pues, aunque no los describe, si los reprocha al indicar que «solo frente al resultado adverso a los intereses de su cliente, allega pruebas documentales referentes a supuestos pagos efectuados al actor (sic) por concepto de cesantías», es decir, luego de la condena impuesta en primera instancia.

La remisión que hace el sentenciador de segundo grado a los referidos documentos, únicamente lo es, para advertir que no los valorará, dado que fueron presentados por fuera de las oportunidades perentoriamente establecidas en la ley.

En relación con ellos, consideró que «pretende el apelante, apoyar su defensa ante este Tribunal blandiendo un acervo probatorio que a todas luces no podía ser valorado pues se aportó por fuera de las oportunidades que perentoriamente ha establecido el legislador» y luego de citar la sentencia CSJ SL 30 mar. 2006, rad. 25889, concluye que «no podría la Sala edificar una decisión sobre el material probatorio aquí cuestionado por extemporáneo».

Afirmación de la cual se deriva, que en efecto, como lo denuncia el censor, el juez colegiado no apreció las Resoluciones 1982 del 6 de noviembre de 1997 y 267 de marzo de 1999, así como las planillas de cheques firmadas por la demandante, pese a que correspondían a pruebas debidamente decretadas en el proceso.

En efecto, la parte demandante solicitó en el escrito de demanda, que se tuviera como prueba la «hoja de vida o historia laboral» de la señora Eleonor Miranda Torres (f.° 3), y de manera oportuna, el juez de primera instancia decretó como prueba este documento, tal como da cuenta el acta de audiencia de conciliación y primera de trámite surtida el 12 de diciembre de 2006, en los términos de la Ley 712 de 2001 (fls. 101 y 102).

Esa hoja de vida, fue aportada por el ISS mediante oficio del 30 de abril de 2007 (fls. 109 a 351), y en ella se integraron todos los documentos que podían dar cuenta de las condiciones laborales de la actora, situaciones administrativas, pago de prestaciones sociales, vacaciones, novedades de nómina, memorandos, etc. Es decir, correspondía al compendio de todos aquellos documentos emitidos con ocasión del contrato de trabajo que existió entre las partes, y que entre otras circunstancias, hacían constar los haberes laborales percibidos por la demandante, y que se reitera, conforman la hoja de vida de la trabajadora, la cual se encontraba en poder del ISS demandado, para lo cual fue menester solicitarla mediante oficio 1954 del 12 de diciembre de 2006 (fls. 104).

En ese orden, acierta el censor al señalar que las Resoluciones 1982 del 6 de noviembre de 1997 y 267 de marzo de 1999, así como las planillas de cheques firmadas por la demandante, hacían parte integral de la mencionada hoja de vida, pues si se revisan, se constata que las referidas resoluciones informan el reconocimiento y orden de pago de $2.972.758 y $11.327.885 por concepto de anticipo de cesantías, a favor de la demandante (fls. 361 a 365), y la planilla de cheques para firma – liquidación de cesantías de noviembre de 1997 y de 1999 acta 01-99, hace constar el pago efectivo de dichos valores a la demandante (fls. 366 a 369). Es decir, daban cuenta del pago de las cesantías a favor de la demandante con ocasión de su vinculación de trabajo con la entidad.

Así las cosas, se equivocó el tribunal al considerar que al haber allegado los documentos cuestionados con la sustentación del recurso de apelación, éstos correspondían a pruebas extemporáneas.

En efecto, la conclusión a la que arriba el juez colegiado, en relación con la naturaleza extemporánea de los mencionados documentos, la deriva de su presentación en momento posterior a la sentencia de primer grado, y por ello trae a colación las consideraciones que hizo esta corporación en sentencia CSJ SL, 30 mar. 2006, rad. 25889, en torno a la improcedencia de valorar documentos aportados fuera de término o que no se decretaron como prueba.

Sin embargo, la situación en el presente asunto es diferente a la considerada por esta Corte en la referida decisión, porque la hoja de vida de la que hacen parte las Resoluciones 1982 del 6 de noviembre de 1997 y 267 de marzo de 1999, así como las planillas de cheques firmadas por la demandante, sí fueron pedidas y decretadas como prueba en la primera instancia y en la etapa procesal prevista por el legislador, cuando, en la audiencia celebrada el 12 de diciembre de 2006, decretó como prueba los oficios solicitados en la demanda donde estaba incluida la hoja de vida de la demandante (fls.101 a 102).

Por tanto, no se trata de documentos allegados sino de pruebas que ya habían sido pedidas y decretadas en tiempo en la primera instancia, pero agregadas inoportunamente, por razón de estar en poder, no de la parte actora sino de la demandada, que por tanto, servían para ser consideradas por el superior cuando el proceso llegara para su estudio en apelación, como lo permite el artículo 84 del CPTSS.

Se trata entonces, de dos presupuestos fácticos disímiles, el primero, cuando lo reclamado es que se valoren como pruebas, documentos no decretados como tales y allegados por fuera de término; y el segundo, que acontece en este evento, cuando se requiere la valoración de documentos que fueron decretados como prueba, pero que son allegados inoportunamente. Pues en este último evento, es permitido apreciarlos, por así haberlo dispuesto el legislador.

Así lo ha considerado esta corporación, en asunto similar al presente, en que las pruebas decretadas se allegaron luego de la sentencia de primer grado. En sentencia CSJ SL, 19 may. 2009, rad. 35908, se indicó:

En efecto, para el caso específico objeto de estudio, si la cuestionada prueba documental fue solicitada y decretada en oportunidad legal, el hecho de incorporarse después de haber proferido su decisión el juez de primera instancia, no priva al fallador de segundo grado de valorarla, conforme lo establece el artículo 84 del Código de Procedimiento Laboral, tal cual lo ha precisado esta. (ver sentencia del 24 de febrero del presente año, radicación 30854).

Y en la sentencia que allí se rememora, CSJ SL, 24 feb. 2009, rad. 30854, se precisó aún más:

No se discute, pues el Tribunal nada dijo al respecto, que dichas pruebas han debido ser apreciadas, ya que si bien es cierto fueron allegadas después de haberse producido la decisión de primer grado, también lo es que fueron pedidas en la demanda inicial del proceso y debidamente decretadas por el juzgado en la primera audiencia, de donde, conforme al artículo 84 del C. P. del T., no cabía al sentenciador de segundo grado eludir su apreciación y como si simplemente se limitó a señalar que no habían sido aportadas, sólo cabe concluir que no las vio.

Decisiones que recientemente fueron recordadas por esta Corte, en sentencia CSJ SL 5620-2016, precisamente para concluir que una prueba decretada oportunamente pero aportada luego de dictada la sentencia de primer grado, no se puede considerar extemporánea, y por ende, se debe valorar al proferirse la sentencia de segundo grado.

En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia CSJ SL13682-2016, que se profirió en un caso donde se debatía una situación con características similares, en la que puntualizó:

[…]Cabe recordar, que de conformidad con el art. 60 del CPT y SS, «El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo». De ahí, que como lo prevé la citada normativa, allegar a tiempo las probanzas, implica que las partes las aporten dentro de las oportunidades legales o etapas procesales correspondientes, esto es, con la demanda inicial, su respuesta, la reforma a la demanda y su contestación, o en el transcurso del proceso cuando no se tengan en su poder, antes de que se profiera la decisión que ponga fin a la instancia, siempre y cuando hubieran sido solicitas como prueba y decretadas como tal. Por consiguiente, los documentos que no son incorporados debidamente resultan inoponibles, no siendo viable que de manera desprevenida los litigantes aporten cualquier prueba en estas condiciones, para que se les imparta valor probatorio y se tengan en cuenta en la decisión de fondo.

Sobre este puntual tema de aportación de pruebas en tiempo y en legal forma, en sentencia de la CSJ, SL 30 mar. 2006, rad. 26.336, que fue reiterada en decisiones SL 12 nov. de igual año, rad. 34267, y SL5620-2016, 27 abr. 2016, rad. 46209, se dijo:

Los jueces están obligados a proferir su decisión apoyados únicamente en las pruebas que regular y oportunamente se han allegado al proceso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, y a su vez para que una prueba pueda ser apreciada deberá <solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello> conforme lo enseña el artículo 183 ibídem.

Lo anterior guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 60 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que reza: <El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo>.

Así las cosas, importa destacar que una prueba es inexistente o más bien inoponible en la medida que no sea debidamente incorporada al proceso, esto es, de manera regular y en tiempo, dado que no basta con que una de las partes en forma desprevenida o extemporánea la hubiera allegado y que como consecuencia de ello obre en el expediente, para que el juzgador pueda válidamente considerarla e impartirle valor probatorio al momento de proferir la decisión de fondo, pues en estos casos se requiere del pronunciamiento previo del juez de conocimiento en relación a su aportación, a efecto de cumplir con los citados principios y por ende con el debido proceso al tenor del artículo 29 de la Carta Mayor.

Lo dicho significa, que no es viable la apreciación de una prueba inoportunamente allegada y menos que no hubiese sido decretada como tal en alguna de las etapas procesales prescritas para esos específicos fines, puesto que permitirlo, sería ir en contra del mandato de la mencionada norma constitucional que señala como <nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso>”.

A su turno, el art. 54 ibídem regula las pruebas de oficio, y al respecto estipula que además de los medios de convicción pedidos por los contendientes, «el juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o de ambas, según a quien o quienes aproveche, la práctica de todas aquéllas que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos», eventualidad en la cual dichas probanzas se incorporarán en el momento en que se practiquen o recauden.

Adicionalmente el artículo 83 del CPT y SS, modificado por el artículo 41 de la Ley 712 de 2001, establece los casos en que se puede ordenar y practicar pruebas en la segunda instancia, el primero «Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte, ordenar su práctica» y la segunda, cuando el Tribunal dispone la práctica «de las demás pruebas que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta» que corresponde a las facultades oficiosas del ad quem. En uno y otro caso es potestad del Juez Colegiado, de la cual podrá hacer uso durante el trámite de la segunda instancia, y no una imperativa obligación. Y el art. 84 ibídem estipula «Consideración de pruebas agregadas inoportunamente. Las pruebas pedidas en tiempo, en la primera instancia, practicadas o agregadas inoportunamente, servirán para ser consideradas por el superior cuando los autos lleguen a su estudio por apelación o consulta». (resaltado del texto original).

Por ende, resulta evidente el yerro en que incurrió el Tribunal, al no apreciar los documentos que hacían parte de la hoja de vida, prueba decretada oportunamente, y con tal omisión, confirmó la condena impuesta por el a quo; pues de haberlos estimado, hubiera concluido que el valor que se ordenó pagar en la sentencia de primera instancia por concepto de cesantías insolutas, ya se había cancelado a la trabajadora, como anticipo parcial durante la vigencia de la relación laboral, específicamente, en los años 1997 y 1999. Obsérvese que, los documentos no apreciados, informan no solo el reconocimiento sino el pago de $14.300.643 por concepto de anticipos de cesantías para esas anualidades.

Este error ostensible conllevó a confirmar la condena por concepto de cesantías que ya habían sido pagadas, y por ende, a la indebida aplicación del artículo 1º del Decreto 797 de 1949, que establece el reconocimiento y pago de una indemnización moratoria, cuando el empleador no pone a disposición del trabajador el valor de todos los salarios, prestaciones e indemnizaciones que le adeude; pues en este caso, conforme las pruebas calificadas indicadas por el censor, se acredita el pago de las cesantías, evidenciando el cumplimiento del empleador en el pago de las prestaciones debidas al término de la relación laboral, razón por la cual no había lugar a imponer la referida indemnización por mora.

Ahora bien, con la evidencia de este yerro, la sentencia impugnada se quiebra, pues se encuentra probado que el Tribunal incurrió en los errores que le enrostró la censura, pues, se repite de haber valorado las pruebas antes referidas, llegaría a la conclusión de que las cesantías solicitadas fueron pagadas, y por tanto, otra habría sido su decisión.

En ese orden, resulta innecesario analizar los demás yerros planteados por el recurrente, referentes al cuestionamiento sobre la conclusión del juez colegiado sobre la mala fe en la actuación de la entidad demandada, como soporte de la condena por concepto de indemnización moratoria.

Con todo, adviértase que esta conclusión no fue formulada por el Tribunal, pues el argumento que se reprocha por el recurrente en este segundo aspecto, esto es, que «la mala fe del empleador es evidente» y que la cantidad de $14.300.643 era «un monto considerable», fueron razonamientos expuestos por el a quo para imponer dicha indemnización, no por el ad quem, sin que tampoco en la sentencia recurrida, se hubiesen tomado como propios los argumentos de primer grado, pues el pilar fundamental de la decisión, lo fue la no valoración de los documentos presentados con el escrito de apelación.

En virtud de lo señalado, el cargo formulado resulta fundado, por lo que se casará la sentencia.

Sin costas en sede de casación.

IX. Sentencia de instancia

En casación quedó evidenciado que la falta de apreciación de las Resoluciones 1982 del 6 de noviembre de 1997 y 267 de marzo de 1999, así como las planillas de cheques firmadas por la demandante, conllevó a una conclusión errada del Tribunal, al confirmar la condena impuesta en primera instancia por concepto de cesantía.

También se concluyó en sede de casación, que los referidos documentos eran parte de la prueba de «hoja de vida o historia laboral» peticionada en su oportunidad por la parte demandante, y decretada como tal en la oportunidad debida.

Tratándose entonces de documentos decretados oportunamente como prueba, en sede de instancia, deberán ser valorados para desatar la alzada, tal como lo dispone el artículo 84 del CPTSS, al establecer que «las pruebas pedidas en tiempo, en la primera instancia, practicadas o agregadas inoportunamente, servirán para ser consideradas por el superior cuando los autos lleguen a su estudio por apelación o consulta», más aún, cuando en verdad resultan determinantes para definir la apelación, tal como lo indica la parte demandada.

Debe recordarse que en virtud del principio de comunidad de la prueba, una vez aportados en debida forma los documentos decretados como prueba, pertenecen al proceso, sin que sea relevante que la misma se hubiese solicitado por la parte actora y allegado por la demandada, más cuando ello obedeció a que los documentos integrantes de la hoja de vida de la actora, estaban en poder del ISS. En efecto, esta Corporación puntualizó en sentencia CSJ SL, 7191-2016, que «ninguna importancia tiene de cuál de las partes provinieron los elementos de juicio que demuestran la suspensión del contrato de trabajo, puesto que según el principio de comunidad de la prueba, una vez incorporadas regularmente, los instrumentos demostrativos pertenecen al proceso».

Conforme lo anterior, siendo claro que los documentos atrás referidos, correspondían a una prueba decretada, aunque allegada inoportunamente, y no, a un documento pedido como prueba de manera extemporánea, deben estimados, como sigue:

La Resolución 267 del 24 de marzo de 1999, permite acreditar que a Eleonor Miranda Torres le fue reconocida y pagada la suma de $11.327.885 por concepto de anticipo de cesantías (fs.° 361 a 365).

A su turno, el acto administrativo 1982 del 6 de noviembre de 1997, informa el reconocimiento y orden de pago a la demandante de $2.972.758 por el mismo concepto indicado en la resolución anterior (fs.° 364 y 365).

Finalmente, los documentos vistos a folios 366 a 369, denominados «Liquidación de cesantías – planilla de cheques para firma», permiten establecer que el pago ordenado en las mencionadas resoluciones, fue efectivamente realizado a la demandante, quien firma tales planillas en constancia de haber recibido el cheque correspondiente al valor reconocido por concepto de anticipo de cesantías.

Pruebas que no fueron tenidas en cuenta en primera instancia, para el cálculo de los valores reconocidos anticipadamente y en vigencia de la relación laboral, toda vez que no se contaba con ellas al momento de proferir la decisión del a quo. Por ello, en la sentencia apelada, se concluyó que por anticipo de cesantías, se acreditaba el pago de $11.355.712 únicamente.

Ahora, siendo que el demandado acreditó válidamente, un pago adicional de $14.300.643 por el mismo concepto, a través de las pruebas que se mencionaron y que fueron aportadas conforme al artículo 84 del CPTSS, se debe concluir que el valor total cancelado a la demandante por anticipo de cesantías durante la vigencia del contrato de trabajo con la entidad, correspondió a $25.656.355, suma que efectivamente fue descontada en la liquidación de cesantías efectuada a corte 30 de diciembre de 2001 (folio 10), que bien puede colegirse, obedeció al acuerdo convencional de liquidar esta prestación causada hasta esa fecha, en atención al pacto para congelar la retroactividad de las cesantías por 10 años, como se indica en el artículo 62 de la convención colectiva de trabajo celebrada entre el ISS y Sintraseguridadsocial (f.° 40 a 74).

En ese orden, el reparo que presenta la demandante Eleonor Miranda Torres, frente al descuento por concepto de anticipo de cesantías efectuado en la mencionada liquidación, resulta infundado, toda vez que, contrario a lo que argumentó en la demanda inaugural, el valor deducido, en verdad le fue cancelado en vigencia de la relación laboral.

Por estas razones, debe la Sala, en sede de instancia, revocar la condena impuesta por el a quo a la entidad demandada ISS en liquidación, y en su lugar, absolver de la pretensión de pago de la diferencia dejada de pagar por concepto de auxilio de cesantías, así como de la indemnización moratoria impuesta, dado que ésta se fundaba en la falta de pago completo de la referida prestación, que aquí se desvirtúa.

No se impondrá condena en costas en casación, dado que el recurso prosperó. Las costas de la primera instancia estarán a cargo de la demandante, y sin condena de ellas en la alzada por no haberse causado.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 28 de mayo de 2010 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario laboral que Eleonor Miranda Torres adelantó contra Instituto de Seguros Sociales en Liquidación.

En sede de instancia, REVOCA el fallo de primer grado y, en su lugar, resuelve:

Primero: Absolver a la demandada ISS en liquidación, de todas las pretensiones formuladas en su contra por la demandante, entre ellas, el pago de cesantías insolutas e indemnización moratoria.

Segundo: Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».