Sentencia SL11119-2016/48226 de agosto 10 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL11119-2016

Rad.: 8226

Acta 29

Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de Lady Leonor Domínguez, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de junio de 2010, en el proceso que instauró la recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales, en liquidación, y al cual fue llamada como litisconsorte necesaria Zoila Inés Parra de García.

Acéptese como sustituta procesal del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, según la petición que obra a folios 61 y 62 del cuaderno de la Corte, en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social por expresa remisión del artículo 145 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social.

I. Antecedentes

Lady Leonor Domínguez llamó a proceso al Instituto, con el fin de que fuera condenado al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en su condición de compañera permanente del pensionado fallecido Hermínsul Enríquez, a partir del 1º de abril de 2002 fecha de la muerte de este último. Pidió además los intereses o la indexación.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que su compañero permanente falleció el 1º de abril de 2002; el Instituto mediante Resolución 10057 de 1997, lo pensionó por vejez desde el 1º de noviembre de ese año. Convivió con el causante por más de 39 años y procrearon dos hijos, ahora mayores de edad. La relación de pareja duró hasta la muerte, habiendo participado ella en los cuidados de su compañero enfermo en los últimos meses de vida. Dependía económicamente del pensionado, quien la tenía afiliada al Instituto en salud. Presentó reclamación administrativa, pero obtuvo respuesta negativa mediante resoluciones 3040 de 2004 y 50702 de 2005, por ausencia del requisito de convivencia.

Al dar respuesta a la demanda, el Instituto se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, admitió que el de cujus era pensionado de la entidad, así como el agotamiento del procedimiento administrativo y la respuesta adversa a las pretensiones de la peticionaria. Los demás los negó o manifestó no constarle su existencia. Adujo que no demostró la demandante el requisito de tiempo mínimo de convivencia con el pensionado antes del fallecimiento, exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para ser beneficiaria de la prestación periódica por muerte.

En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción y la innominada.

El Instituto solicitó la integración del litis consorcio necesario con la señora Zoila Inés Parra de García, a lo cual accedió el Juzgado (fl. 106).

Esta última contestó el libelo y manifestó que a ella le asistía el derecho a la prestación y a la indexación de la deuda, como compañera permanente del difunto por espacio de 27 años, como lo declaró éste en la Notaría Octava del Círculo de Cali el 25 de febrero de 2002. Que conocía de los amoríos de su pareja con la señora Lady Leonor Domínguez, y de la existencia de los dos hijos, pero la convivencia entre ellos no se dio en el periodo anterior al deceso, pues en esa época tenían residencia separada.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 31 de marzo de 2009 (fls. 471 a 483), absolvió al Instituto de todos los cargos y ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, respecto de la conducta en que pudo incurrir la litis consorte Zoila Inés Parra de García en sus declaraciones.

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, conoció en virtud de la apelación de la demandante Lady Leonor Domínguez, y mediante fallo del 30 de junio de 2010, confirmó el del Juzgado en su integridad.

En lo que interesa al recurso extraordinario, estimó el Tribunal que la normatividad que gobernaba la controversia era el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, el cual exigía a la compañera permanente para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, convivencia al momento de la muerte y en un lapso de no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a ésta, salvo que en ese periodo hubieran procreado hijos. De las pruebas analizadas concluyó que no se encontraba satisfecho el requisito de convivencia en los términos de ley.

Precisó el sentenciador ad quem:

Que se observa, de los testimonios de Maria Patricia Domínguez, Virgilio Barco Sinisterra y la declaración extra-juicio del señor Herminsul Enriquez (causante), los que considera el recurrente no fueron tenidos en cuenta por el A quo, permiten deducir que por lo menos hasta el 13 de junio de 1997 el causante Herminsul Enriquez convivió por espacio de 35 años con la señora Lady Leonor Dominguez (fl. 324), pero la Sala al igual como lo consideró el A quo, no puede llegar a la conclusión que los últimos dos años con anterioridad a la muerte del señor Enriquez haya convivido con la señora Dominguez, ya que los testimonios de Maria Patricia Dominguez, aduce que no se acuerda del lugar de residencia; Virgilio Barco Sinisterra menciona que fue en la calle 19 Nº 26 70 Barrio Santa Elena y la propia actora, se contradicen respecto al último domicilio del causante, al manifestar que lo fue la Cra. 4º A Nº 71 E 05.

De otra parte, los testimonios de Daniel García Parra, (hijo de Zoila Parra), Alonso Sanchez, Maria Elena Triviño de Segura son claros en señalar que al momento del fallecimiento el señor Herminsul Enríquez se encontraba viviendo al lado de la señora Zoila Inés Parra de García en la carrera 12 Nº 22 34 barrio Obrero, testimonios que además tienen respaldo en la correspondencia del 8 de junio de 2001, que obra a folio 118 del plenario, por el cual el ISS le envía documentación al causante, a la factura de venta Nº 35755 (fl. 122) expedida por Armando Toledo y Cía. Ltda., en la cual figura la misma dirección; oficio GSV EPS 1254 del 06 de junio de 2001, expedido por el Gerente del I.S.S, en el cual se menciona una silla de ruedas para el señor Enríquez y nuevamente se menciona como su lugar de residencia la carrera 12 Nº 22 34 barrio Obrero, elementos más que suficientes con los que se desvirtúa que la demandante y el señor Enríquez convivieron por lo menos dos años con anterioridad al deceso de este último; y que además tienen respaldo en la investigación del Departamento de Trabajo Social del ISS, documento en el cual la señora Lady Leonor Domínguez manifestó que durante los 20 meses anteriores al fallecimiento, el señor Herminsul tenía un lugar de residencia diferente al suyo (fl. 222 a 224), aunque después en el interrogatorio de parte que obra a folio 443, adujo que el último domicilio del causante y de ella fue en la Cra. 4 A Nº 71 E 05 y que durante el periodo de convivencia nunca hubo una separación, pues siempre estuvieron juntos.

Como se observa, la demanda formulada por la señora Lady Leonor Domínguez por la que reclama la pensión de sobrevivientes de Herminsul Enríquez, esta soportada en un mar de mentiras e inconsistencias con las que se pretendió inducir a error al a quo, y con las cuales es imposible edificar el reconocimiento de una prestación de la magnitud de una pensión de sobrevivientes, por lo que no son de recibo para la Sala, los argumentos de la apelación cuando pretende en esta instancia modificar los hechos y aducir en el recurso que la señora Lady Leonor Domínguez, no abandono el hogar ya que siguió viviendo en el mismo sitio y Herminsul hizo un abandono parcial, toda vez que iba diariamente y nunca el señor Herminsul Enríquez dejó de responder económicamente por ella y que de él recibía el servicio médico, hechos que debieron ser expuestos y argumentados en la demanda y no en este momento, para que fueran objeto de controversia tanto por el I.S.S como por la señora Zoila Inés Parra de García, por lo que sus manifestaciones no pueden ser tenidas en cuenta, además de que no encuentran respaldo en las pruebas legalmente allegadas al proceso.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de la demandante Lady Leonor Domínguez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver, previo estudio de la demanda del recurso extraordinario y la réplica del Instituto. La litis consorte Zoila Inés Parra de García no presentó escrito de oposición.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, y en sede de instancia, revoque el fallo del Juzgado, y en su lugar conceda las súplicas de la demanda inicial.

Con tal propósito formula un único cargo, por la causal primera de casación, así:

VI. Cargo único

Acusa la sentencia por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida de los artículos 46, 47, 74, 151 y 289 de la Ley 100 de 1993, y 1º y 2º de la Ley 50 de 1990, en relación con el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual implicó la aplicación indebida entre otras normas, de los artículos 1º, 42, 48, 53 y 58 de la Constitución Política, 1º del Decreto 758 de 1990, y 72 y 76 de la Ley 90 de 1946.

Se refiere también a la infracción medio de los artículos 51, 60, 61 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, varias normas del Código de Procedimiento Civil que relaciona y el artículo 596 del Estatuto Tributario, concordados con el artículo 145 del Estatuto Procesal Laboral, por “manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba”.

Cita como errores manifiestos de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que Lady Leonor Domínguez, no convivió con el causante Herminsul Enríquez, no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante cumple los requisitos exigidos en la ley para tener derecho a la pensión de sobrevivientes en la condición alegada de compañera permanente del causante, por haber convivido con el fallecido, no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte.

Denuncia como no apreciados:

a) La entrevista 728, contenida en el documento visible a folios 105 y 274. Dice el censor que la Trabajadora Social del Instituto que realizó dicha entrevista con ocasión de la solicitud de pensión impetrada por la señora Zoila Inés Parra de García, consignó allí que el causante al radicar la petición de su pensión de vejez relacionó como beneficiaria a Lady Leonor Domínguez, de quien manifestó que vivían bajo el mismo techo desde hacía 36 años; y que acotó que había una declaración extra juicio rendida ante la Notaría Doce, el 13 de junio de 1997.

b) También se refiere a la tarjeta especial para cuidar al paciente fl. 69, emitida por el Instituto, con la cual se probaría el cuidado que prodigó la demandante al pensionado enfermo, en los últimos meses de vida.

c) Declaraciones de Renta y Patrimonio de los años 1964 a 1976, de 1980 a 1984, visible a los folios 182 a 204, que aparece firmada por la pareja Enríquez – Domínguez, como cónyuges registrando el mismo domicilio, lo cual demostraría la unión permanente.

d) Registros civiles de los hijos Enrique y Yolanda (fls. 56 a 57), lo cual demuestra la unión marital de hecho y la convivencia permanente.

e) Formulario de inscripción a la EPS del Instituto presentado por el causante el 22 de julio de 1999, visible a folio 58, donde se demuestra la unión marital y la dependencia económica de la demandante.

f) Carnet de salud (fl. 179).

g) Comprobantes de pago de la pensión del Instituto enviados al causante a la dirección que fue domicilio de la pareja (fls. 212, 297 y 298).

h) Solicitud de la Sociedad de Pensionados Jubilados por el Instituto, referente a una silla de ruedas para el causante que prueba la atención y cuidado prodigado por la reclamante.

i) Fotos del grupo familiar Enríquez - Domínguez, que los muestra como una familia estable.

j) Cédula de ciudadanía de la demandante para demostrar su edad avanzada (fl. 59).

k) Copia de la nota publicada en el periódico El País de Cali, con ocasión del fallecimiento del causante y donde le dan las condolencias a la demandante.

l) Historia clínica del pensionado y de la actora donde se demuestra las afectaciones de salud de ambos (fls. 339 a 391, y 70 a 77).

ll) Factura de los servicios prestados por Sercofun a nombre de Yolanda Enríquez Domínguez, hija de la pareja, y de la hermana del difunto, donde se registra una dirección que debe entenderse también de esta última, que era el lugar frecuentado por el causante (fls. 61 y 62).

m) Citación del Instituto al pensionado en el domicilio de los compañeros de fecha 29 de diciembre de 1977.

n) Certificación de Colmena de 1º de marzo de 2002, donde aparece como dirección del causante la misma de la señora Lady Leonor.

o) Declaraciones extra juicio de Alba Lucía Romero de Camacho y María Patricia Domínguez sobre convivencia de la pareja y dependencia económica de la demandante respecto del difunto (fls. 66 y 178).

p) Declaraciones de Salomón Fernández, Adela Fernández Valencia y Bárbara Valencia Enríquez sobre residencia de la pareja y unión marital permanente (fls. 174 a 176).

Enumera como medios probatorios erróneamente apreciados:

a) Investigación del Departamento de Trabajo Social del Instituto (fls. 222 a 224), donde aparece que la demandante manifestó que el causante en los 20 meses anteriores al deceso tuvo un lugar de residencia diferente al suyo. El Tribunal tergiversó la prueba porque en ella se advierte que la deponente afirmó que el causante “abandonó el hogar parcialmente, durante 20 meses”, pero añadió que él “iba diariamente a su casa” y “nunca le faltó con su platica”. Esto demuestra que la relación de pareja y de familia no se interrumpió.

b) Referente a las declaraciones rendidas por los testigos citados por la litis consorte Zoila Inés Parra de García, expone que el Tribunal no debió acudir a esas pruebas porque el Juzgado con ellas negó la pretensión de la litis consorte, quien no apeló la sentencia, situación que limitaba su marco de actuación, en la medida en que la demandante Lady Leonor Domínguez no se refirió a ellas en la alzada, con lo cual se vulneró el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Lo anterior conduce a que el fallo deba anularse en ese aspecto.

c) Acusa como erróneamente apreciados los testimonios de María Patricia Domínguez y Virgilio Barco Sinisterra quienes dice, son contestes sobre la convivencia hasta el momento del fallecimiento. De la misma manera el interrogatorio de parte de la demandante Lady Leonor Domínguez (fl. 443) donde manifiesta que siempre convivió con el causante y precisa el domicilio de la pareja, y que a pesar del abandono parcial de su compañero, nunca dejó de responder económicamente por ella y la tuvo como beneficiaria del servicio médico.

VII. Réplica 

El Instituto esgrime que no se cumplen los requisitos de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, para que la demandante acceda a la pensión solicitada, pues no se demostró la convivencia de manera permanente durante los dos últimos años de vida como lo exige dicha normatividad. La misma reclamante confesó ante la entidad cuando tramitó la solicitud de la prestación que no hubo tal convivencia, puesto que el causante “abandonó el hogar durante los últimos 20 meses y que durante ese lapso de tiempo vivió donde otra familia ‘… 20 meses, lo que hace que se fue del lado mío’”.

VIII. Consideraciones

1. Ha precisado la jurisprudencia de la Sala en innumerables oportunidades, que para que un cargo por vía indirecta tenga posibilidades de prosperidad, el yerro fáctico que se le impute a la sentencia tiene que ser evidente, manifiesto, que brille al ojo, esto en razón a que la sentencia de segundo grado viene amparada por las presunciones de legalidad y acierto. Además debe constituirse sobre prueba calificada, lo que abriría la puerta a un análisis posterior de la que no tenga tal connotación.

Esta reflexión tiene cabida en el sub lite, porque el censor apartándose de dichos lineamientos, lo que pretende en esencia es desvirtuar los razonamientos del Juzgador ad quem, pero no demostrando ante el Tribunal de casación la existencia de un error en la sentencia de la magnitud del que se exige en el recurso extraordinario, sino tratando de imponer su propia visión del pleito con un análisis personal y subjetivo de la prueba acopiada en el proceso —calificada y no calificada—, por encima del criterio razonable expresado en la sentencia gravada.

Lo anterior da pie a que, al no demostrarse error evidente en prueba calificada por las razones que adelante se indicarán, de entrada se descarte el análisis de la Corte respecto a la prueba testimonial, la cual se insiste, por sí misma no es apta en casación, de conformidad con la restricción establecida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que asigna tal carácter al documento auténtico, la confesión e inspección judiciales.

De la misma naturaleza participan el interrogatorio de parte que sólo es calificado cuando contenga confesión que no es aquí el caso, porque lo que se pretende derivar de las respuestas de la demandante es el cumplimiento del requisito de convivencia con el causante. Para que se estructure confesión exigía el artículo 195 del C. de P. C. aplicable al caso, “2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria”.

Referente a los documentos provenientes de terceros, tampoco son medios demostrativos aptos, porque para efectos de la casación se aprecian como el testimonio. Adicionalmente, la solicitud de silla de ruedas en beneficio del pensionado de la Sociedad de Pensionados y Jubilados del Instituto Sopenjusvalle (fl. 68), nada indica respecto de la convivencia de la pareja Enríquez – Domínguez. De la misma manera el contenido de la nota de condolencia del Periódico El País de Cali, de la factura por los servicios de la Funeraria Sercofun y del certificado de Colmena, son del todo ajenos a lo que le incumbía probar de manera fehaciente a la demandante para ser acreedora a la pensión de sobrevivientes en los términos del artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, y es la convivencia al momento de la muerte, y esa vida marital por no menos de dos años continuos con anterioridad al fallecimiento.

Respecto de la tarjeta de visita de folio 69 con fecha marzo 28 de 2002, hay que anotar que es ilegible el nombre en favor de quien se expidió, y según lo que argumenta el impugnante le da tratamiento de indicio sobre la convivencia en los últimos momentos de vida del pensionado, y como se sabe el indicio no es prueba calificada en casación. También es prueba indiciaria las fotografías con las cuales se pretende probar una convivencia permanente hasta el momento de la muerte del pensionado como una familia estable.

En lo que atañe al Informe de la Trabajadora Social del Instituto (fls. 105 y 274), que contiene sus conclusiones sobre la investigación de convivencia a efectos del derecho en discusión, la jurisprudencia de la Sala tiene definido el criterio de que estos informes para efectos de determinar la convivencia o la dependencia económica para discernir la condición de beneficiario de un derecho pensional, deben tenerse como “documento declarativo emanado de terceros”, cuya valoración se hace en forma similar al testimonio y en esa medida no son prueba calificada en casación, salvo que previamente se demostrara esa clase de error en prueba idónea lo que se itera aquí no acontece.

En sentencia CSJ SL, 17 mar. 2009, rad. 31484, reiterada en la CSJ SL, 23 feb. 2010. rad. 36615, dijo la Sala: “En este orden de ideas cabe seguir sosteniendo que, por su naturaleza intrínseca testimonial, los documentos simplemente declarativos emanados de terceros, no constituyen prueba calificada en casación, por lo que no se podrá asumir su estudio, sino en la medida que se demuestre error respecto de una prueba que sí lo sea”.

Frente al documento que contiene la investigación del Departamento de Trabajo Social del Instituto (fls. 222 a 224), dice el censor que el Tribunal tergiversó su contenido porque allí aparece que actora dijo que su compañero a pesar de haber abandonado el hogar 20 meses antes del fallecimiento “iba diariamente a su casa” y “nunca le faltó con su platica”, sin embargo, se trataría de una simple declaración de parte que no es prueba calificada, ni tiene la virtualidad de dar al traste con la decisión de segundo grado.

2. En cuanto a la prueba calificada que se acusa de no apreciada como son las declaraciones de Renta y Patrimonio de los años 1964 a 1976, y 1980 a 1984, la cita al causante por parte del Instituto de 29 de diciembre de 1997, el carnet de salud donde se consigna fecha de afiliación 22 de julio de 1999 (fl. 179) y el formulario de inscripción a la EPS en el que se registra a la actora como beneficiara del de cujus de fecha 6 de septiembre de 1999 (fl. 58), resultan intrascendentes de cara a la decisión acusada porque se refieren a épocas anteriores a la que aquí interesa, esto es, el 1º de abril de 2002 data de la defunción, y los dos años inmediatamente anteriores que van hasta el 1º de abril de 2000. Y porque además, el Tribunal dedujo que “por lo menos hasta el 13 de junio de 1997 el causante Herminsul Enríquez convivió por espacio de 35 años con la señora Lady Leonor Domínguez (fl. 324)”, y lo que echó de menos fue “que los últimos dos años con anterioridad a la muerte del señor Enríquez haya convivido con la señora Domínguez”, lo cual no se desvirtúa con estas pruebas que se dicen pasadas por alto.

Aquí cumple precisar adicionalmente, que esta Sala de la Corte ha señalado que la sola inscripción de la cónyuge o de la compañera permanente como beneficiarias de la seguridad social en salud o pensiones, o en otros beneficios económicos, no es prueba por sí misma de la presencia de convivencia ni de su lapso, sino que la situación debe ser analizada en cada caso y de conformidad con los demás elementos demostrativos obrantes en el proceso.

En sentencia CSJ SL14237-2015, expuso la Corte:

Ahora, respecto de la documental denunciada por el censor como erradamente apreciadas y consistentes en las certificaciones de afiliación a Colmédica S.A. (fl .18), paz y salvo de auxilio póstumo (fl. 21), certificado laboral emitido por Avianca S.A. (fli.22) y certificado AJUCAX, acerca del pago de póliza de salud (fl. 23), documentos donde la cónyuge fue incluida como beneficiaria del causante, se tiene que el Tribunal fue claro en señalar que eran indicativos de que el de cujus inscribió como amparados por esas pólizas a sus hijos y a su esposa, pero que de ellos no se podía establecer la convivencia con esta.

Deducción que comparte esta Magistratura, pues en realidad, la sola inclusión de la cónyuge como favorecida de determinados beneficios económicos, no implican esa noción de convivencia…

Frente a los comprobantes de pago de nómina de la pensión de vejez, el de folio 297 corresponde a la señora Zoila Inés Parra de García, y los otros dos (fls. 212 y 298) si bien son del causante referidos a los meses de febrero y marzo de 2002, no significa que la dirección que en ellos se registra esté actualizada y de todos modos lo que sugiere el censor es que de ellos se deduzca convivencia por el término de ley, cuando las inferencias y suposiciones son extrañas al yerro fáctico manifiesto en casación, donde la prueba calificada debe demostrar de manera objetiva y patente el hecho discutido.

En relación con la cédula de ciudadanía de la demandante, su historia clínica y la del difunto, son irrelevantes frente a la controversia, y si con ellas se pretende probar que vivían separados o tenían domicilio diferente en razón de la enfermedad, es un hecho nuevo inadmisible en casación, y tal como se plantea de una manera tan simple, no sería justificativo para entender que en este caso pervive la convivencia en el sentido que lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte, y es que “no se desvirtúa el concepto de familia en la separación siempre que ésta obedezca a una causa razonable que la justifique, porque de lo contrario lo que no existiría es esa voluntad de conformar un hogar y tener una comunidad de vida”. CSJ SL, 8 sep. 2009, rad. 36448.

En lo atinente a los registros civiles de los hijos de la pareja (fls. 56 y 57), no afectan la legalidad del fallo acusado, porque la existencia de hijos comunes solo exime de probar convivencia en los dos años precedentes a la muerte cuando sean procreados en ese lapso o se trate de un hijo póstumo, y en este caso los descendientes nacieron en 1964 y 1967, muchos años antes del fallecimiento de su padre.

Lo que emerge de lo anterior, es que no se logró demostrar error fáctico manifiesto por parte del Tribunal, y que éste se apoyó en los medios de convicción que le dieron mayor credibilidad, y para ello se encontraba facultado por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que reconoce en principio, libertad probatoria al juez laboral para formar razonablemente su convencimiento.

3. En lo referente a la solicitud de nulidad por haber apreciado el sentenciador de segundo grado las pruebas aportadas por la litis consorte Zoila Inés Parra de García, no obstante que ella no recurrió el fallo del Juzgado, se ha de señalar que la nulidad no está consagrada como causal de casación en el artículo 87 del CPT y de la SS, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, y derogado el inciso 3º por la Ley 16 de 1968. En efecto, no son causales de casación los errores in procedendo, relacionados con las nulidades que hubieren ocurrido en el decurso de las instancias, sino exclusivamente los provenientes de errores in judicando (CSJ SL2479-2015).

Por lo demás como ha dicho la Corte, entre otras en sentencia CSJ SL, 24 ene. 2012, rad. 36074, “en virtud del principio de la comunidad de la prueba, también conocido con el nombre de la adquisición, una vez la probanza sea promovida y aportada al proceso no pertenece a ninguna de las partes, de manera que para su valoración no se toma en consideración los fines que con su aducción quiso demostrar el interesado, sino lo que objetivamente de ella se deduzca”.

Por las razones indicadas, no prospera el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante recurrente, y en favor del Instituto como único opositor. Las agencias en derecho se fijan en la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3’250.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de junio de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Lady Leonor Domínguez contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y al cual fue llamada como litis consorte necesaria Zoila Inés Parra de García.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.