Sentencia SL11123-2017/51313 de mayo 31 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL11123-2017

Rad.: 51313

Acta 19

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación.

Interpuesto por el demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.

V. Alcance de la impugnación.

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda «dejando sin efecto la destitución del cargo de que fue objeto el actor junto con la inhabilidad por cinco (5) años (…)».

Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula un cargo, oportunamente replicado.

VI. Cargo único.

Por vía directa, acusa falta de aplicación del artículo 7 del Decreto 2123 de 1992, inciso 2, que reestructuró a Telecom, lo cual generó aplicación indebida de los artículos 469 del Código Sustantivo del Trabajo, y 50, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo, en relación con los artículos 11, 12, 17 de la Ley 6 de 1945, 4, 19, 47-g-, 48 a 52 del Decreto 2127 de 1945, 1 del Decreto 797 de 1949, 11, 16 y 19 a 21 del Código Sustantivo del Trabajo, decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, Ley 100 de 1993 y artículos 25, 29, 48, 53 y 228 de la Constitución Política.

Para demostrar la acusación, asevera que contrario a lo considerado por el Tribunal, del artículo 7º del Decreto 2123 de 1992, por el cual se reestructuró a la enjuiciada, se deduce la prohibición de despido sin justa causa, de donde se sigue que «es obvio colegir su derecho a la estabilidad laboral, es decir a permanecer en su cargo. Pues tal debe ser la consecuencia de dicha prohibición. Si así no lo fuera la norma no tendría sentido alguno, su contenido sería vacuo».

Copia un pasaje del fallo de casación del 26 de octubre de 1982, relativo a la interpretación del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y sostiene que mutatis mutandis, en este caso deben tomarse en cuenta las mismas razones allí esgrimidas. Enseguida, escribe:

En el sublite resulta evidente conforme al texto del precepto legal vulnerado que solamente podría haberse concluido el vínculo laboral-contractual si existiere causal justificativa, pues si ello no ocurre, la consecuencia lógica es el derecho a la estabilidad del trabajador y por tanto el derecho a reclamar el reintegro a su cargo si en el proceso no se encuentra demostrada la causal justificativa del despido.

Así las cosas, no es cierto que en el asunto bajo examen (sic) no tuviera respaldo jurídico la pretensión del actor sobre su reintegro, tal y como fue solicitado en su demanda y por ello el yerro jurídico en el cual incurrieron los juzgadores de instancia se encuentra plenamente demostrado.

Y que no se diga que la norma jurídica invocada en respaldo de la petición de reintegro eventualmente podría dar lugar a diversas interpretaciones, es decir, que al no demostrarse la causal justificativa del despido la consecuencia fuese el reclamo por una indemnización económica, pues en tal evento es forzoso para el Jugador optar por la exégesis más favorable al trabajador, como así lo dispone (…) el artículo 53 de la Carta Política colombiana. Quebranto que significaría una vía de hecho contra la norma superior, como bien lo ha precisado la propia Corte Constitucional:

(…).

Finaliza con algunas alegaciones que aspira, sean tomadas en cuenta en sede de instancia.

VII. Réplica.

El apoderado de la demandada se opone a la prosperidad del cargo planteado por el accionante; se refiere al análisis elaborado por el Tribunal y sostiene que a su juicio no le cabe algún reproche, dado que el artículo 7 del Decreto 2123 de 1992 no contempla el reintegro como derecho del trabajador que ha sido despedido, «como quiera que su correcta inteligencia denota que se prohibió finalizar un contrato a través de la figura del plazo presuntivo».

Adicionalmente, que la terminación unilateral del contrato de trabajo tuvo fundamento en la conducta en que incurrió el trabajador.

IX. Consideraciones.

Para concluir en la improsperidad de la única acusación, bastaría memorar que en Sentencia CSJ SL3243-2015, en un proceso contra la misma demandada, la Sala reiteró las orientaciones vertidas en pronunciamientos anteriores, en los siguientes términos:

No obstante debe recordar la Sala lo enseñado en el supuesto de la imposibilidad material y jurídica que resulta de la liquidación definitiva de la empresa para conservar la vigencia de la relación laboral y que, en tal razón, no permite la permanencia de la garantía foral, como lo hiciera en sentencia reciente CSJ SL CSJ SL 7392-2014 que reitera la SL, 1247, de 29 de enero de 2014 rad 47751:

Al margen de lo anterior, lo cierto es que el Tribunal no pudo haber incurrido en infracción jurídica alguna al concluir que resultaba imposible impartir una orden de reintegro, ante la extinción y liquidación definitiva de la entidad empleadora. Y aunque, en estricto sentido, como lo reclama la censura, en la demanda no fue suplicado un reintegro, para los efectos que aquí interesan, esa misma premisa de extinción y liquidación definitiva de la entidad resultaba válida para sostener que no era posible mantener vigente alguna relación laboral o, como corolario, ordenar el pago de salarios y prestaciones sociales, como se pidió en la demanda.

Y ello es así porque, una vez que ha operado la desaparición total de una persona jurídica y se han suprimido sus cargos, cualquier elemento propio de las relaciones laborales, como el pago de salarios y prestaciones sociales, no encuentran soporte jurídico alguno.

En ese orden, así se concluyera que el inciso 2 del artículo 7º del Decreto 2123 de 1992, consagraba el derecho del reintegro del trabajador oficial injustamente despedido, el retorno del servidor a la empresa demandada se exhibe imposible física y jurídicamente, en tanto, como bien se sabe, mediante Decreto 1615 de 2003, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones fue suprimida.

Sin embargo, antes que llegar a la solución precedente, lo que se observa es que el reintegro impetrado por el accionante, con base en el precepto legal que estima preterido, no fue precisamente el fundamento de dicha pretensión, sino que la ilegalidad de la terminación unilateral del contrato, fue construida a partir de su condición de trabajador oficial para ese momento, y su injusticia, en que no había cometido el hecho que justificó la adopción de la medida.

No empecé, si de la aplicación del principio iura novit curia se tratara, de ninguna manera es dable colegir que el artículo 7º del Decreto 2123 de 1992, consagra en forma implícita, el derecho del trabajador que ha sido despedido sin justa causa a obtener el reintegro a su puesto de trabajo, junto con el pago de salarios y prestaciones sociales. Así dice el inciso 2 del precepto legal que se comenta.

Los contratos de trabajo de los funcionarios que de acuerdo con el presente decreto sean trabajadores oficiales y que estén incorporados en la planta de personal de Telecom en la fecha de su transformación, se celebrarán a término indefinido y no será de aplicación el plazo presuntivo a que alude la ley. A estos mismos funcionarios, no podrá dárseles por terminado unilateralmente el contrato de trabajo sin que medie justa causa, entendiéndose por éstas, sólo las que establece el régimen de administración de personal vigente en Telecom a la fecha de expedición del presente decreto.

En su primera parte, la norma establece la abolición del término presuntivo de que tratan los artículos 40 y 43 del Decreto 2127 de 1945, lo cual es perfectamente válido en términos de legalidad, tal cual lo consideró la Sala en Sentencia CSJ SL1497-2014, respecto de estipulación contractual o convencional, de suerte que tal inferencia, con mayor razón, opera en los casos en que es una norma legal la que consagra la excepción a la regla general.

En cuanto a la segunda parte del enunciado que se reprodujo, la Sala estima que de su lectura no es posible derivar una acción de reintegro, sino simplemente la reiteración de la prohibición de despedir establecida en las normas legales de cobertura nacional, aplicables al sector de los trabajadores oficiales, como el mismo Decreto 2127 de 1945, en su artículo 51.

La asimilación que pretende la censura que se haga entre el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y el precepto que se viene comentando, no halla de donde asirse, en la medida en que la protección dispensada por aquella norma, tiene el evidente propósito de garantizar el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores que han presentado un pliego de peticiones al empleador; más concretamente, la prohibición persigue neutralizar un eventual ejercicio desmedido del poder subordinante radicado en cabeza del segundo, ante la presentación de un pliego de peticiones, como lo ha considerado esta Sala de la Corte, por ejemplo en sentencia de casación 39453 de 10 de junio de 2012, cuando expuso:

Es indudable que la teleología de las normas apunta a mantener el equilibrio de fuerzas entre los trabajadores comprometidos o interesados en el conflicto —sean o no sindicalizados— y el empleador con el fin de evitar que éste, prevalido de su poder subordinante, utilice el despido de sus servidores para mermarles su capacidad de negociación y de contratación. Y por ello se ha dicho que un despido producido en esas circunstancias resulta inane, lo cual conlleva el restablecimiento del contrato de trabajo. Es decir que se trata de una protección eficaz.

Aunque la redacción del artículo 7º del Decreto 2123 de 1992, guarda una gran similitud con la norma jurídica que la Sala ha interpretado reiterada y pacíficamente, en el sentido de que su violación genera ineficacia y el consecuente restablecimiento del contrato de trabajo, es claro que más allá de la estabilidad laboral de cada uno de los trabajadores, el bien jurídico que el legislador de 1965 quiso proteger, es el derecho que tienen los trabajadores en general de procurar el mejoramiento de sus condiciones laborales, mediante el libre ejercicio del derecho a la negociación colectiva, en los términos del artículo 55 de la Constitución Política y el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo.

Estima la Sala que una sanción adicional a la indemnizatoria prevista en la ley, frente a la prohibición expresa de despedir, como la de ineficacia, solo es considerable en la medida en que la adopción de la medida comprometa derechos fundamentales, como el de negociación colectiva, con la consecuente repercusión negativa en el ejercicio del derecho de asociación, lo cual no sucede en este caso, en el que el eventual reintegro se ampara en la supuesta injusticia e ilegalidad de la desvinculación del demandante, que no fueron objeto de análisis en esta sede de casación.

Ahora bien, cumple acotar que la potestad de que está investido el empleador para poner fin al contrato de trabajo, es una de las manifestaciones más palpables del poder subordinante que le conceden las normas jurídicas, con el inocultable propósito de permitir que organice la empresa conforme a su criterio y procure el mantenimiento de la disciplina y el orden, en perspectiva de alcanzar mejores resultados en su ejercicio empresarial. De esta suerte, ante la comisión de una falta disciplinaria, el empleador cuenta con la facultad de imponer las sanciones legalmente consagradas, o despedir al trabajador cuando se trate de una de las causales establecidas en la ley o en los reglamentos de trabajo.

El proceso que se examina cuenta con la particularidad de corresponder a la de una persona a la que la enjuiciada sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 5 años, debido a que para la época en que cometió la infracción ostentaba la calidad de empleado público, y que pasó a ser trabajador oficial, en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto 2123 de 1992.

Tal cual da cuenta la Resolución 11934 de 9 de diciembre de 1992 (fls. 879 a 886), la sanción fue impuesta luego del adelantamiento del trámite propio del proceso disciplinario, dentro del cual quedaron demostrados los faltas disciplinarias que le fueron imputadas. Dicho acto administrativo fue confirmado mediante la Resolución 2369 de 25 de marzo de 1993.

Aunque en las instancias, los juzgadores no se ocuparon de discurrir en torno a las faltas que dentro del trámite disciplinario se acreditaron como cometidas por el actor, sino que el de primera se limitó a verificar la inexistencia del reintegro para los trabajadores oficiales y, el ad quem, a lo que ya se expuso en el resumen de ese fallo, y además, el único cargo devino infundado, conviene referir que la decisión disciplinaria adoptada guarda coherencia con lo que muestran las pruebas incorporadas, en tanto evidencian la comisión de los hechos imputados por la empleadora, como el de exigir y recibir de un agente indirecto de Telecom unas sumas de dinero, sin expedir recibos, ni entregarlos a la tesorería de la empresa; también, omitió exigir la presentación de cuentas a otras 9 agencias.

Por lo menos, tales conductas encuadran en las causales 2, y 5 del artículo 48 del Decreto 2127 de 1945, que legitiman al empleador para poner fin unilateralmente y por justa causa, de la cual tuvo todas las posibilidades de defenderse durante el proceso disciplinario.

De lo que viene de decirse, se concluye que el cargo es impróspero, y dado que se formuló oposición, las costas por el recurso son a cargo del impugnante, con la inclusión de $3.500.000 a título de agencias en derecho; dese aplicación al artículo 366-6 del Código General del Proceso.

VIII. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2008, por una Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Osmiro Arcángel Castillo Flórez contra Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en liquidación.

Costas, como se dijo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

Aclaración de voto

Como lo manifesté en la sesión que debatimos el asunto, aunque estoy de acuerdo con el sentido de la sentencia, discrepo de su motivación. Son varias las razones:

En primer término, considero que la imposibilidad del reintegro derivado de la liquidación total y definitiva de la entidad, no es un obstáculo que impida hacer valer y respetar los derechos de los trabajadores que han sido violados por la acción u omisión de la administración pública. Sobre el particular, esta Sala en Sentencia SL8155-2016, reiterada en SL4984-2017, señaló que en esta hipótesis el juez del trabajo se encuentra en la obligación de «acoger otras soluciones jurídicas que compensen en forma adecuada y proporcional los derechos que le fueron vulnerados», pues es impensable que un hecho externo y ajeno al trabajador, como la supresión de una entidad, haga declinar la realización de la justicia material.

Al compás de lo anterior, esta Corte ha adoctrinado que la mejor forma de hacer efectivos los derechos laborales de un trabajador al que se le frustró su derecho al reintegro por liquidación de la entidad, es mediante el pago de dos componentes: (1) los salarios y prestaciones legales y extralegales dejados de percibir desde su desvinculación hasta la fecha de la supresión total de la entidad, bajo la idea de que el vínculo nunca finalizó, y (2) el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión durante el mismo lapso. Adicionalmente, la extinción de la entidad y la consecuente eliminación de los empleos, da lugar a un tercer reconocimiento, por concepto de (3) indemnización por despido injusto.

Así pues, el argumento utilizado en el fallo según el cual Telecom fue liquidado mediante el Decreto 1615 de 2003, razón que conducía al fracaso de las pretensiones, es inadmisible, pues este hecho no impedía concretar otro tipo de condenas económicas.

En segundo lugar, a mi modo de ver el artículo 7º del Decreto 2123 de 1992 prevé la estabilidad en el empleo de los trabajadores oficiales de Telecom frente a despidos injustificados. El precepto en mención señala:

Los contratos de trabajo de los funcionarios que de acuerdo con el presente Decreto sean trabajadores oficiales y que estén incorporados en la planta de personal de Telecom en la fecha de su transformación, se celebrarán a término indefinido y no será de aplicación el plazo presuntivo a que alude la ley. A estos mismos funcionarios, no podrá dárseles por terminado unilateralmente el contrato de trabajo sin que medie justa causa, entendiéndose por éstas, sólo las que establece el régimen de administración de personal vigente en Telecom a la fecha de expedición del presente decreto.

Es muy clara la disposición transcrita en prohibir la terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Y aunque la norma en cuestión no emplea frases tales como «no producirá efectos el despido» o «genera el reintegro», si utiliza una expresión que a mi modo de ver es determinante: «no podrá» darse por terminado el vínculo laboral sin que medie justa causa. Tal locución denota una prohibición categórica de retirar unilateralmente a los trabajadores sin un justo motivo, so pena de que el acto jurídico que así lo disponga quede privado de eficacia.

Pero surge otra razón. Concluir que la consecuencia de la inobservancia de esta disposición es la indemnización por despido injusto, implica dejar sin contenido o eficacia práctica su proposición, que pasaría a ser una tautología o repetición vacua de lo que ya se sabe y está consagrado en la ley, esto es, que es posible rescindir los contratos de trabajo sin justa causa con el pago de una indemnización. Contrario a ello, me parece que la comprensión de este texto presupone indagar por su utilidad o eficacia real, en el sentido que allí se consagró una garantía adicional para los trabajadores de Telecom de no ser desvinculados sin motivos.

Con todo, si la norma provocara una duda insuperable, tal impase debería resolverse acogiendo la interpretación más favorable al empleado, conforme al artículo 53 de la Constitución Política.

No obstante las anteriores razones de disenso, considero que la decisión de no casar la sentencia es acertada, pero porque en este asunto las conductas con fundamento en las cuales fue despedido el actor encuadran dentro de las justas causas previstas en los numerales 2 y 5 del Decreto 2127 de 1945. En efecto, en desarrollo de sus funciones, el demandante exigió, recibió y retuvo indebidamente dineros entregados por un contratista de la Agencia Indirecta de Molineros, según da cuenta la Resolución 11934 del 9 de diciembre de 1992, a través de la cual fue destituido e inhabilitado por 5 años.

Vale la pena aclarar que si bien el procedimiento disciplinario estatuido en el Decreto-Ley 2200 de 1987 solo aplicaba a los empleados públicos, de cualquier modo, las pruebas y las conductas atribuidas al actor tipificaban una justa causa de despido con arreglo a las normas de los trabajadores oficiales, y es por esta razón que el reintegro era improcedente.

Fecha ut supra.

Magistrada, Clara Cecilia Dueñas Quevedo.