Sentencia SL 11151-2017/52316 de Julio 26 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente

Dr. Ernesto Forero Vargas

SL11151-2017

Rad.: 52316

Acta 03

Bogotá, D.C., veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

Extractos: «IV. Recurso de Casación

Interpuesto por Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la Impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto confirmó la decisión condenatoria del inferior y la confirme en cuanto a la decisión de no imponer condena en costas en esa instancia; y que una vez constituida en sede de instancia se sirva modificar las decisiones contenidas en los numerales 2º, 3º, 4º, 5º y 7º de la parte resolutiva de la sentencia de primera, en los siguientes términos: previo estudio de las condiciones acreditadas en el proceso, solicita estudiar y resolver que en el caso el reintegro resulta desaconsejable, y optar por la compensación indemnizatoria, absolviendo a la recurrente de las demás pretensiones de la demanda. En cuanto a las costas, que se module su estimación en razón a la prosperidad parcial de las pretensiones.

Con tal propósito formuló un cargo, el cual fue oportunamente replicado y se decidirá a continuación.

VI. Cargo Único

Por la vía indirecta acusa la aplicación indebida de los artículos 467, 468, 469 y 470 del CST, este último subrogado por el artículo 37 del Decreto Ley 2351 de 1965 y de los artículos 66 y 66 A del CPTSS y del art. 201 del C. P. C., aplicable por remisión expresa del art. 145 del CPTSS, como violación medio que lo condujo a la aplicación indebida del art. 8º num. 5º del Decreto Ley 2351 de 1956, en concordancia con los art. 55, 56, 58, num. 1º, 60, 61, éste último subrogado por el art. 5º de la Ley 50 de 1990; art. 62, modificado por el art. 7º lit. A del num. 6º del Decreto Ley 2351 de 1965; art. 104 y siguientes 107, 108 al 122 del CST vigentes en la época de los hechos; art. 127 del CST.

Indicó que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1.1. Dar por demostrado, cuando la evidencia es totalmente contraria, que la L-Carnitina y su uso es por prescripción médica.

1.2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el reglamento interno de trabajo y el manual de auxiliares de vuelo debían consagrar la expresa prohibición para los auxiliares de vuelo de portar en su equipaje de mano, la sustancia L - Carnitina.

1.3. Dar por demostrado sin estarlo, que la compañía invocó como justa causa para el despido del demandante, el contrabando.

1.4. No dar por probado, estándolo de manera evidente y contundente que la demandada si demostró las causas por las cuales se decidió a dar por terminado el contrato de trabajo del demandante.

1.5. Tener como probado, en contra de la evidencia que obra en el proceso, que la compañía demandada incumplió el procedimiento consagrado en la cláusula 6a convencional, sin identificar las razones por las cuales estima dicho incumplimiento.

1.6. No dar por demostrado, a pesar de estar claramente evidenciado, que en el presente caso, las circunstancias que dieron lugar y rodearon la desvinculación del actor, condujeron inexorablemente a la pérdida de la confianza en él depositada y que por tanto su reintegro resulta totalmente desaconsejable.

Sostuvo la censura que los mencionados errores surgen de la errónea apreciación y falta de apreciación de las pruebas obrantes en el proceso, así:

En lo que respecta a las pruebas erróneamente apreciadas, enlistó todos los documentos que se adjuntaron en la demanda en número de 24, f.º 12 a 14 del legajo de la Corte. Sin embargo, a folio 15 del mismo dossier, nuevamente se plasmó otro acápite relativo a medios de prueba erróneamente apreciados, pero denominado “errónea apreciación de los siguientes documentos autenticos”, y allí refirió la demanda, la contestación de la demanda, el recurso de alzada, el trámite disciplinario, la carta de despido y la convención colectiva de trabajo, con lo cual en realidad los únicos documentos que sirven para estructurar un ataque por la vía escogida por la recurrente, son aquellos que la misma relacionó y clasificó como documentos auténticos, es decir los del segundo enunciado y no los del primero que se allegaron con la demanda, pues solo a estos últimos los consideró que reunían la exigencia legal para ser prueba especial o calificada en casación. A renglón seguido, hizo referencia a la prueba testimonial rendida en el proceso.

Ya en la demostración de los errores endilgados al Tribunal, la impugnante luego de trascribir el aparte que a su juico condujo al Tribunal a incurrir en esos yerros manifiestos, se dedicó a demostrar lo que probaba la demanda, en cuanto que la sustancia que transportaba la demandante, L-Carnitina, era un producto cosmético y no un medicamento; el correo electrónico adiado 10 de febrero de 2009, junto con los soportes del mismo, el trámite disciplinario y la carta de despido, de los cuales dijo demostraban los hechos imputados a la extrabajadora, la fecha de conocimiento del hecho por parte de la demandada, tanto en Perú como en Colombia, que sirvió de base para el fenecimiento del vínculo contractual laboral, e igualmente, que la sanción de comiso aplicada le fue impuesta el 3 de febrero de 2009, y por último que demostraba la prohibición para los tripulantes de vuelo, para llevar equipaje no permitido por la empresa demandada y por las normas internacionales.

De igual manera, frente al manual de auxiliares, se recordó su obligatoriedad en la aplicación por el personal de auxiliares de vuelo de la demandada; a su turno el reglamento aeronáutico colombiano, norma con carácter de ley, en relación con la observancia de las leyes, reglamentos y procedimientos de otros Estados en los que se realizan operaciones de vuelo; la prohibición para transportar mercancías, salvo los objetos de uso personal establecido en la ley; los implementos que están permitidos portar a los auxiliares de vuelo; la prohibición de transportar equipaje que exceda las especificaciones y cantidades, y que tanto el referido manual como el reglamento aeronáutico, fueron conocidos por la demandante, pues así lo confesó en el interrogatorio de parte, afectando con su conducta el buen nombre de la compañía demandada.

Del reglamento interno de trabajo, luego de hacer mención a su existencia, publicidad y vigencia, le achacó al Tribunal no haberlo apreciado, junto con las resoluciones aprobatorias, en donde está la calificación de falta grave de las conductas endilgadas a la accionante.

En relación con el trámite disciplinario y las convenciones colectivas, estos documentos demostraban que no se vulneró a la demandante el derecho a la defensa y debido proceso y que su trámite se ajustó a los plazos allí previstos, tal como se dijo en la contestación a la demanda, que también fue mal apreciada.

Por último, la casacionista consignó una petición subsidiaria, consistente en que dada la pérdida de confianza de la empresa demanda en la extrabajadora demandante, el reintegro no solo sería inconveniente, sino desaconsejable, rememorando un criterio jurisprudencial sobre ese particular, sin referir su número de radicación, fecha, o cualquier información para su debida identificación.

VII. Réplica

Centró su crítica en dos acápites. El primero para señalar aspectos sobre "Impropiedades" de la demanda de casación, señalando, que la censura no indicó cuales fueron las pruebas que supuestamente dejó de apreciar el Tribunal y por ello, por ejemplo, incurrió en la contradicción de señalar que el reglamento interno de trabajo había sido erróneamente apreciado y a la vez manifestar que no fue valorado, lo que debe conducir a desestimar el cargo.

Incluso recordó, que sí el Tribunal sostuvo en su sentencia que ella se soportaba en: “el análisis conjunto de la prueba recaudada”, no se podía acusar la falta de apreciación de algunas de esas pruebas, lo que demuestra una evidente contradicción, e impide a la oposición saber si se censura al Tribunal por pretermitir algunas pruebas, o por apreciarlos mal y en este último caso, estaba obligada a demostrar la contraevidencia entre lo que la prueba acredita y lo que de ella dio por probado el Tribunal, por lo que si no se cumple con esa obligación, imposibilita que la réplica se pronuncie sobre el particular.

Así mismo, señaló que la censura sólo examinó una mínima parte de todos los medios de convicción anunciados como mal valorados, y en consecuencia, aun cuando eso fuera verdad, la sentencia se seguiría soportando sobre los demás elementos de convicción que no se analizan.

También adujo que la sentencia acusada se cimentó sobre argumentaciones que el cargo no controvertía, como la que tiene que ver con la falta grave y la necesidad que estuviera prevista como tal en algún estatuto normativo, sin que esa calificación, la de falta grave, se pudiera probar por medio de deducciones o valoración de las pruebas del proceso; y por lo tanto, esa referencia jurídica de la segunda instancia, debió ser controvertida como consideración de puro derecho, lo que no ocurrió; pues la acusación se dedicó a examinar algunas pruebas tratando de derivar de ellas indicios, que le permitieran tipificar como “grave” la falta invocada para despedir a la demandante, lo que impone la desestimación del cargo.

Para terminar este primer capítulo, la parte opositora en lo que tiene que ver con la petición subsidiaria solicitada por la recurrente, indicó que era improcedente por ser inadmisible en el recurso extraordinario de casación, pues no se trataba de una tercera instancia y que pedirle a la Corte que si el único cargo formulado con la demanda no prospera, de todas maneras debe infirmarse la sentencia del Tribunal y revocarse la sentencia para absolver del reintegro, era una pretensión completamente ilógica. Incluso, que la cita jurisprudencial para apoyar la petición subsidiaria, dejaba en evidencia que la impugnante estimaba el recurso extraordinario de casación como una tercera instancia, a más de presentar un error en la interpretación de una norma, lo que se ha debido contrarrestar por la vía directa, al ser un aspecto eminentemente jurídico.

Se suma a lo anterior, expresó la réplica, que en el alcance de la impugnación la recurrente no solicitó modificación alguna del numeral primero de la sentencia de primer grado que decretó la ilegalidad del despido, por violación del trámite convencional, y por lo tanto, al quedar en firme, el tema de la desaconsejabilidad del reintegro no podía ser revisado.

En lo que tiene que ver con el segundo acápite, referido a la inexistencia de los errores de hecho endilgados; manifestó que el primer error nada de lo que se dijo lo cometió el Tribunal. Lo que sí se dio, es que el Tribunal consideró que la L-Carnitina era un producto de uso personal de la demandante, de su tratamiento para adelgazar y atacar el sobrepeso, de venta libre y sin restricciones y que además su uso por la demandante tenía prescripción médica.

Recordó lo que sobre la falta grave concluyó el Tribunal en cuanto a su tipificación, para señalar que ese tema era un asunto eminentemente jurídico y en tal virtud, no podía confutarse por la vía indirecta; que no era cierto que las razones por las cuales la demandada dio por terminado el contrato de trabajo de la actora, hubieran quedado demostradas, tal como se afirma en el cuarto error y que en relación con el incumplimiento del trámite convencional para despedir a la demandante, tanto el a quo como ad quem lo dieron por acreditado, recordando que la demandada tuvo conocimiento el día 9 de febrero de 2009, f.º 353, la citación a descargos debió hacerse dentro de los tres días siguientes, f.º 549, es decir a más tardar el 10 del mismo mes, habiéndola realizado el día 16 de febrero de 2009,fl. 28, y que incluso tanto el Comité de Revisión como la Comisión de Asuntos Sociales, también había sido convocado en forma extemporánea, lo que avalaba la conclusión del Tribunal al compartir los fundamentos de la primera instancia.

Finalmente y en relación con los errores quinto y sexto, dijo que frente al primero de los esgrimidos, se citó por la recurrente una sentencia impertinente que gobernaba otro caso completamente distinto, y que frente al sexto error no tenía cabida, en tanto que tratándose de un despido ilegal como el de este asunto, la desaconsejabilidad del reintegro no era un tema que pudiera tener en cuenta el juez, como si se tratara de un despido simplemente justo.

VIII. Consideraciones.

Con el fin de resolver el recurso interpuesto, estima la Sala necesario recordar, cuáles fueron los soportes principales sobre los que apoyó su decisión el juez colegiado para confirmar la sentencia apelada, y que en síntesis consisten en que el Tribunal dijo:

[…] En este orden de ideas, la sala comparte los fundamentos que propuso el ad quo para imponer las condenas en cabeza de la demandada, pues en verdad no se tipificó la justa causa alegada por la demandada, como tampoco se probó la gravedad de los hechos imputados a la demandante, infringiendo a la vez con su conducta la demandada el trámite convencional en la medida que desconoció lo preceptuado en las cláusulas 6 y 7 de la convención al dar por terminado el contrato sin justa causa comprobada, […]

Para destruir las anteriores conclusiones del Tribunal, la censura propone sus errores fácticos, que giran en torno a acreditar: i) que el despido fue justo, por cuanto la demandante sí cometió falta grave imputada; ii) que la compañía cumplió con el procedimiento establecido en la cláusula 6ª de la convención colectiva de trabajo y iii) que el reintegro de la actora es desaconsejable por pérdida de confianza, por lo cual le atribuye la errónea apreciación de unas pruebas y la falta de valoración de otras.

Al respecto observa la Sala, que la razón le asiste al Tribunal y no a la sociedad recurrente en casación, por lo siguiente:

1. El hecho del despido quedó demostrado con la carta de terminación del contrato que obra a folio 48 del cuaderno de 1ª instancia que reza:

Señora:

Maria Constanza Torres Herrera Reg. 920695

Auxiliar de Vuelo

Respetada Señora:

Nos permitimos comunicarle que a partir de la terminación de la jornada laboral del día 8 de mayo de 2009, la Empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente con justa causa el contrato de trabajo que había celebrado con usted, con fundamento en la causal prevista en el literal a) numeral 6 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, configurado en los hechos que se relacionan y que la empresa considera de suma gravedad.

Conducta Analizada

De acuerdo con la investigación adelantada por la Compañía y, la Resolución de la División de Despacho de Equipajes, Aérea del Callao Perú, se pudo establecer que usted el día 9 de enero de 2009, llegando a Lima en el vuelo 075 llevaba equipaje no permitido por la Compañía para tripulantes, consistente en ocho (8) cajas de solución L-Carnitina.

Fundamento Jurídico y Evaluación de los Cargos

La Empresa después del proceso disciplinario encontró demostrado que durante la asignación vuelo 075, usted llevaba equipaje no permitido por la Compañía para tripulantes, consistente en ocho (8) cajas de solución L-Carnitina.

Es claro para la Empresa que está permitido llevar como equipaje lo establecido en el Manual de Auxiliares de Vuelo: Dotación equipo requerido maletín de vuelo, camisa del uniforme, un delantal área servicio y uno de repuesto, unas medias veladas de repuesto, un par de zapatos de calle, ropa interior, ropa de calle, se debe tener en cuenta el clima ser acorde con la imagen que debemos proyectar de la empresa tener en cuenta viajes de regreso a las bases como auxiliar de vuelo no activo, elementos de aseo y uso personal y maquillaje, aretes de repuesto, manual de anuncios, carpeta de boletines operacionales y circulares administrativas, guantes de galley, linterna de mano cargada y con pilas de repuesto ( frescas tipo alcalina), elementos para lustrar zapatos, botiquín, pita o cordón costurero incluyendo botones de repuesto del uniforme, guantes de cirugía y toallas higiénicas.

De otra parte, resulta extraño para la Empresa la cantidad llevada por usted a LIM (80 Ampolletas), toda vez que de su explicación no resulta lógico a qué horas se aplicaría el contenido de las ampolletas transportadas, teniendo en cuenta las horas de vuelo y disposición que debe tener para su aplicación, situación que no puede ser manejada durante el vuelo, en atención al servicio que presta para la Compañía. Adicionalmente, no son claras para la Empresa las razones para transportar las referidas ampolletas.

De otra parte, la autoridad administrativa de Perú - División de Despacho de Equipajes, Aérea del Callao Perú, resolvió realizar el Comiso Administrativo de las cajas de solución L-Carnitina.

En este orden de ideas, la conducta desplegada por usted atentó contra el buen nombre de la Empresa de forma grave, a tal punto que la autoridad peruana decomisó las cajas, cuyo transporte no ha sido autorizado por la Compañía, así mismo, actuó en contra de las normas básicas de conducta, las reglamentaciones que existen en la Compañía para el correcto desempeño de sus funciones, y que usted conoce perfectamente.

Conforme a lo anterior, una vez escuchado en descargos y habiéndole garantizado durante todo el proceso disciplinario, el debido proceso y derecho de defensa, así como el procedimiento señalado en la Cláusula Sexta de la Convención Colectiva de Trabajo Vigente, la Empresa considera que con los antecedentes relacionados anteriormente es claro que usted violó las normas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 62 literal A numeral 6; artículo 58 numeral 1, el Contrato de Trabajo suscrito por usted al iniciar la relación laboral y el Reglamento Interno de Trabajo, artículo 77 literal d y h; artículo 82 numerales 1, 7 y 42; artículo 84 numeral 18; artículo 92 primera parte numeral 6 y artículo 93 numerales 5 y 15.

Cumplimiento de los paramentros legales

A la luz del procedimiento establecido para el trámite disciplinario, y en virtud de los hechos y motivos anteriormente explicados, la Compañía respetando siempre el debido proceso y el derecho de defensa, se ve en la necesidad de determinar que usted ha atentado gravemente contra las obligaciones previstas en el Código Sustantivo del Trabajo, el Contrato de Trabajo, el Reglamento Interno de la Compañía, y es evidente que para la Empresa resulta incompatible mantener en su cargo a una persona que ha quebrantado el mandato de confianza delegado por la Compañía al momento de contratar sus servicios.

Por lo tanto y de acuerdo al tenor de lo previsto en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo literal A, numeral 6 y el Reglamento Interno de Trabajo conforme a los artículos inicialmente relacionados, la Empresa ha decidido terminar su contrato de trabajo con justa causa a partir de la finalizacion de la jornada del día viernes 8 de mayo de 2009. (Negrillas del texto original)

Por último, le solicitamos hacer entrega a su jefe inmediato de todos los elementos que le fueron facilitados para el ejercicio de sus funciones, al igual que entenderse con el departamento de Relaciones Laborales para lo relacionado con el pago de sus acreencias laborales y la práctica del examen médico de egreso, que si usted lo solicita será realizado dentro de los cinco (5) días siguientes a su retiro.

2. El primer error endilgado al Tribunal, consistió en que se dio por demostrado sin estarlo, que el uso de la L–Carnitina se dio por prescripción médica. Sin embargo, esa conclusión de la segunda instancia para nada afecta la médula de la decisión acusada, en tanto que como se recordará, el báculo de la misma estuvo en que no se logró acreditar la gravedad de la falta, al margen de la discusión sobre si era o no un producto cosmético o de prescripción médica, sobre el cual vale la pena señalarlo ahora, el Tribunal no concluyó lo que le achaca la censura, sino que era de uso personal y para un tratamiento de adelgazamiento, que fue lo que también concluyó el a quo.

En todo caso, lo cierto es que para el juez colegiado, el hecho de que la demandante hubiera llevado con sigo dicha sustancia, no constituyó una falta grave, ante la ausencia de prueba que así lo acreditara, y en consecuencia, se insiste, la naturaleza cosmética o no del producto L –Carnitina, para nada desvanece la conclusión vertebral, consistente en que la conducta de la actora al llevar consigo dicho producto, constituía una falta grave, capaz de soportar la decisión justa de fenecimiento del vínculo contractual laboral, lo que desvirtúa la afirmación de la recurrente, respecto a que con la categorización del producto L – Carnitina como un medicamento por parte del Tribunal, éste lo utilizó: “exclusivamente para condenar”.

3. El segundo error lo hizo consistir la impugnante, en que se dio por demostrado sin estarlo, que el reglamento interno de trabajo y el manual de auxiliares de vuelo, debían consagrar la expresa prohibición para las auxiliares de vuelo, de llevar en su equipaje de mano el producto L – Carnitina. Se equivoca la censura al endilgar tal yerro, pues lo que en verdad concluyó el Tribunal, fue que: “la conducta desplegada por la demandante no se encuentra tipificada como falta grave dentro del contrato de trabajo, como en el reglamento interno de la empresa o en la convención colectiva de trabajo”; lo que pone de relieve que el Tribunal se refirió a la conducta desplegada y no al tipo de sustancia o producto, como lo entendió erradamente la censura.

Adicionalmente, y aunque la recurrente no identificó con precisión como correspondía, en qué parte del contrato de trabajo, reglamento interno o la convención colectiva estaba la consagración de que la conducta cometida por la demandante tenía la calificación de grave; lo cierto es que revisados esos documentos, (f.º 24, 252 a 276, 278 a 321, 337 a 350 del legajo de 1ª instancia), no se encontró referencia expresa sobre ese particular, como sí para otras conductas.

4. El tercer dislate endilgado, estuvo cimentado sobre que la segunda instancia había dado por acreditado, sin estarlo, que el motivo que invocó la demandada para terminar con justa causa el contrato de trabajo de la accionante, había sido el contrabando. Para desestimar esa equivocada afirmación, basta con reiterar lo que se dijo para el segundo error endilgado, a propósito de la falta de consagración normativa como falta grave, de la conducta desplegada por la demandante, que como se vio, no estaba consagrada en el contrato de trabajo, reglamento interno de la empresa y mucho menos en la convención colectiva de trabajo, y que le permitió al Tribunal afirmar que la accionada había aplicado erradamente la cláusula 6ª, literal A) del artículo 62 del CST.

5. El cuarto error lo hizo consistir, en que la segunda instancia no dio por demostrado, que la demandada si acreditó las causas por las cuales se decidió dar por terminado el contrato de trabajo de la actora; lo cual no tiene fundamento porque si bien el Tribunal sí dio por demostrada la ocurrencia efectiva de los hechos invocados en la carta de despido, lo que sucedió es que consideró que no era una conducta grave, que se constituyera en una justa causa de despido; al punto de señalar que:

[…] No cabe duda para esta Sala que los hechos relacionados en la carta de terminación se encuentran debidamente acreditados dentro del proceso, como en efecto los halló probados el juez de primera instancia. Sin embargo, no se probó la gravedad con los que lo calificó la demandada para imponer en forma ineludible como única sanción, el despido de la actora, conclusión que deja sin sustento la queja de la recurrente, pues se insiste, las causas por las cuales fue despedida la demandante fueron plenamente demostradas, no corriendo la misma suerte que ese comportamiento de la demandante, estuviera tipificado como grave.

6. El quinto error consiste en que el sentenciador de segundo grado, contra la evidencia, vio que la demandada había incumplido el procedimiento establecido en la cláusula 6ª de la convención colectiva de trabajo, sin identificar las razones de esa conclusión. El Tribunal acertó al concluir que se había conculcado la cláusula sexta de la convención colectiva de trabajo, y en efecto al revisar la misma, sobre conflictos y procesos disciplinarios f.º 548 a 560, se observa:

a. Diligencia de descargos: la demandada conoció el hecho con fundamento en el cual decidió terminar el contrato de trabajo de la demandante, con justa causa, el día 6 de febrero de 2009, tal como aparece a folio 353 del dossier de 1ª instancia. El inciso segundo de la cláusula sexta convencional, señala que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de conocimiento o comprobación de la falta por parte del empleador, la empresa debe citar al trabajador por escrito a una audiencia especial para descargos. Pues bien, si la demandada conoció de la aludida conducta el día 6 de febrero de 2009, la citación a descargos debió hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, quiere decir que máximo hasta el día 11 de febrero de esa anualidad la accionada tenía la posibilidad de dar cumplimiento al término aquí previsto. Sin embargo, la aludida citación se efectuó el día 16 de febrero de ese año, es decir, cinco (5) días después de vencido el término allí previsto.

b. Comité de revisión: consagra la norma convencional en el inciso 11 de la cláusula sexta, que dicho comité deberá llevarse a cabo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la carta de apelación. A folio 422 del legajo de 1ª instancia, está la comunicación adiada 4 de marzo de 2009, por medio de la cual la organización sindical pidió la convocatoria del aludido comité, el cual se llevó a cabo el día 17 de marzo de 2009, folio 35 del primer cuaderno, resaltando que dicho término vencía entonces el día 11 de marzo de 2009.

c. Comisión de asuntos sociales: esta comisión, al tenor de los estipulado en la varias veces citada cláusula sexta convencional, debía reunirse a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a recibir la respectiva petición de convocatoria, que se hizo con fecha 8 de abril, pero recibida efectivamente por la demandada el día 14 del mismo mes y año, folio 437 del cuaderno de 1ª instancia; es decir que sí se radicó la petición de convocatoria el día 14 de abril, los cinco (5) días hábiles vencían el día 21 del mismo mes, y de conformidad con la documental obrante a folio 42, dicha comisión solo vino a reunirse el día 27 de abril de 2009, es decir, seis (6) días después del vencimiento del término convencional.

Con el anterior panorama, se puede colegir que no se equivocó el Tribunal al haber concluido, que la demandada desconoció el trámite convencional, sobre procesos y conflictos disciplinarios que culminó con el despido de la demandante.

7. Finalmente, el yerro sexto endilgado por la impugnante, estriba en que el Tribunal no dio por establecido, contra la evidencia, que resultaba desaconsejable el reintegro de la demandante, por la pérdida de confianza de la enjuiciada.

Al respecto, debe recordarse que una expresión material del principio de estabilidad laboral, está representada en el reintegro y en consecuencia, le corresponde al juzgador escoger entre el reintegro y el reconocimiento y pago de la indemnización por terminación unilateral sin justa causa.

No siempre es posible que se pueda ordenar el reintegro de un trabajador que ha sido despido injustamente, pues pueden existir circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores al despido, que hagan desaconsejable el mismo, y en esos eventos, como de lo que se trata es de preservar la armonía de las partes de la relación de trabajo, puede el juez ordenar el pago de la indemnización respectiva.

Para poder privilegiar la indemnización frente al reintegro, el juez está obligado a revisar cuidadosamente la plataforma probatoria, con miras a encontrar en ella circunstancias que objetivamente lo lleven a la convicción de que el reintegro es inconveniente. Por manera que no es cualquier circunstancia la que invocada por el empleador, pueda dar al traste con la pretensión de reintegro, amparado en su desaconsejabilidad, y que en tratándose de un contrato de trabajo, en donde una de sus características es ser intuitu personae, la confianza adquiere especial preponderancia en el mantenimiento del vínculo contractual y su armónico desarrollo. (CSJ SL 745-2013.)

Ahora bien, la parte demandada ha invocado ese elemento de la confianza, para endilgarle al Tribunal enjuiciado la comisión de un error fáctico protuberante, al mantener la orden de reintegro, a pesar de existir circunstancias que lo hacen inviable o desaconsejable y por ello deprecó una petición subsidiaria a la Corte, en procura de lograr que no se ordenara el reintegro por su inconveniencia, derivada de la pérdida de confianza.

Sí como ya se dijo y el mismo Tribunal acusado lo dio por probado, la conducta que suscitó la terminación del contrato de trabajo de la actora con justa causa por parte de la demandada, en efecto ocurrió; solo que el juez de alzada no encontró prueba que acreditara que ese comportamiento estaba calificado como “grave”; la consecuencia natural de esa conclusión, no puede ser otra, que sí el accionar de la demandante no tuvo esa característica de gravedad que le endilgó la entidad demandada, mal puede predicarse la existencia de hecho o elemento alguno que pueda generar tal nivel de desconfianza que haga desaconsejable el reintegro, por la inexistencia de la misma por parte de la empresa demandada.

Aquí y ahora, debe iterarse que no es cualquier circunstancia, la que alegada, hace desaconsejable el reintegro, sino aquella que revista tal nivel de importancia, que de no valorarse en su verdadera dimensión, terminaría por afectar la sana ejecución del contrato de trabajo, fin último del restablecimiento perseguido, ante la presencia de elementos de pugnacidad que la afectarían seriamente y que en este asunto no existen, por la misma inexistencia del calificativo de grave en la conducta endilgada por la empleadora a la demandante.

A pesar de lo anterior, quiere la Corte señalar que en este conflicto jurídico, como bien se ha señalado, se trata de un reintegro con fundamento en una cláusula de estirpe eminentemente convencional, más exactamente la prevista en el artículo 7 de la convención colectiva de trabajo vigente entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de junio de 2010, f.º 536 a 560 del legajo de 1ª instancia, relativo a la estabilidad, previó: “la empresa no dará por terminados los contratos de trabajo sin justa causa cuando el trabajador tenga ocho (8) o más años de servicio continuos. Caso contrario se dará aplicación al numeral quinto (5º) del Artículo 8 del Decreto 2351/65”.

Lo anterior, por cuanto no se escapa a esta Corporación, que en tratándose de reintegros con origen en una convención colectiva de trabajo, se tiene adoctrinado por este órgano de cierre, que el juez no está obligado a estudiar la conveniencia o inconveniencia del reintegro, si sobre ese particular nada dice la cláusula convencional.

Al respecto la corte ha señalado:

[…] Empero lo precedente, del texto del artículo que se considera quebrantado no se desprende que sea obligatorio para el juez que siempre se ordene el reintegro del trabajador a su cargo y que ese derecho esté consagrado en una convención colectiva de trabajo, o determinar su conveniencia atendiendo las circunstancias de la entidad, pues sobre ese particular nada se establece. Y si ello es así, no puede hablarse de su utilización maquinal por parte del juez de la alzada que, por tal motivo, no pudo violarlo. CSJ SL, 23 en. 2007, rad. 27731.

En el mismo sentido se ha expresado:

[…] Asimismo, del texto del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, denunciado por el impugnante como aplicado indebidamente por el juez de alzada, tampoco aflora que sea obligatorio para el juez siempre que ordene el reintegro de un trabajador y que ese derecho esté consagrado en una convención colectiva de trabajo, determinar su conveniencia atendiendo las circunstancias de la entidad, habida cuenta que sobre ese particular nada estatuye. Y si ello es así, no puede hablarse de su utilización automática por parte del juez plural que, por tal motivo, no pudo violarlo. En igual sentido se pronunció esta Corporación en las sentencias de 13 de septiembre de 2006, radicación 26539 y 3 de diciembre de 2007, radicación 31193. CSJ SL, 8 jul. 2008, rad. 32394

Ahora bien, en este asunto, como la norma convencional citada remite al numeral 5 del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, y esa disposición prevé revisar la conveniencia o no del reintegro, por eso esta sala se detuvo en ese análisis, lo que para nada significa el desconocimiento de la doctrina referida.

Lo expuesto es suficiente para desestimar el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de parte recurrente, por cuanto su acusación no salió victoriosa y la demanda fue replicada. Como agencias en derecho se fija la suma de $7.000.000.oo, que se incluirán en la liquidación con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia proferida el 13 de mayo de 2011, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso ordinario adelantado por la señora Maria Constanza Torres Herrera, contra la sociedad Aerovias del Continente Americano S.A. Avianca S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva de la sentencia.

Notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen».