Sentencia SL11200-2017/75007 de julio 18 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente

Dr. Jorge Luis Quiroz Alemán

SL11200-2017

Radicación 75007

Acta 26

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil diecisiete.

(…)

Extractos: «III. Recurso de Anulación de la Empresa Prodenvases SAS.

1) A manera general, plantea la anulación total del laudo arbitral, pues a su juicio, carece de motivación y desconoce lo dispuesto en el Decreto 89 de 2014.

1.1.) Argumentos de la impugnante.

En cuanto al primero de los temas mencionados, cita una Sentencia del 14 de noviembre de 1995, sin indicar número de radicación, e informa que todo fallo proferido en equidad debe estar acompañado de las razones con las que adopta la decisión, y realiza un amplio discurso respecto a la equidad en los laudos arbitrales, para informar que los mismos, por delimitación de su competencia, se encuentran sometidos a la ley y a la Constitución Política, estándoles prohibido decidir contra legem, y que la misma debe ser jurídicamente aceptable, situación que no sucedió en este asunto.

Respecto al segundo, afirma que el Decreto 89 de 2014 regula la unidad de negociación y de convención, con el objeto de “conocer la representación sindical, con una sola vigencia, pero de nuevo antes que dictar un laudo que tiene efectos de convención duplicando prestaciones, aquí era decidir una ausencia de conflicto, ya que en la empresa existen convención 2014-2016 y 2015-2018 con un ámbito de aplicación que también comprende a los afiliados de Sinaltrametal”.

1.2.) La oposición.

Expresa que el Decreto 89 de 2014 no es aplicable al presente asunto, en atención a que el conflicto colectivo inició en el año 2012.

IV. Consideraciones.

A. Carencia de motivación.

Para dar respuesta a esta inconformidad, suficiente es con señalar que las decisiones arbitrales que se profieren con ocasión de un conflicto económico o de intereses, encuentran fundamento en el criterio de equidad, en tanto su finalidad se traduce en otorgar mejores beneficios a los trabajadores sindicalizados, tomando en consideración la situación económica y financiera de la empresa.

Por manera que, según lo ha adoctrinado esta Corte, las decisiones de los árbitros no requieren de argumentos iguales o similares a los que se harían en tratándose de sentencias judiciales, en tanto los primeros no son fallos emitidos en derecho, como sí lo son los segundos. De allí que cuando el artículo 136 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, preceptúa que el laudo “deberá acomodarse en lo posible a las sentencias que dicten los jueces en los procesos del trabajo”, solo implica que debe tener una estructura similar.

Así lo ha dicho esta Sala, por ejemplo en la Sentencia CSJ SL 9346 2016, Rad. 66596 jun. 1 de 2016, en la cual se asentó:

Frente a lo anterior debe anotarse, que como la decisión de un Tribunal de arbitramento obligatorio que resuelve un conflicto de carácter económico se dicta en equidad, no exige la motivación amplia y propia de una sentencia judicial o de la jurisdicción ordinaria de trabajo que resuelve un conflicto jurídico; por esto, mientras las consideraciones del laudo permitan establecer los motivos que llevaron a los árbitros a tomar la determinación que corresponda, así los fundamentos se hubieran expresado brevemente, resulta dable su contradicción y la Corte no podría por una insuficiente motivación anular una decisión de esta naturaleza.

Sobre la circunstancia de no estar suficientemente motivado el laudo arbitral, en Sentencia de Anulación de la CSJ SL 8693-2014, 26 feb. 2014, rad. 59713, se puntualizó:

También intenta la nulidad del laudo con el argumento de que éste no fue lo suficientemente motivado.

Para responder a la inquietud del recurrente, empieza la Sala por recordar que conforme a la jurisprudencia laboral de esta Corte, las decisiones de un tribunal de arbitramento obligatorio como instrumento de solución de los conflictos colectivos económicos, se toman con base en criterios de equidad mas no jurídicos o legales, lo que quiere decir que a los árbitros no se les puede exigir la motivación jurídica de su fallos, precisamente porque los mismos se producen en equidad como ya se anotó, deber que sí lo tienen aquellos que resuelven conflictos jurídicos quienes deben observar el cumplimiento de las normas citadas por el impugnante en relación con la motivación de las sentencias judiciales.

En atención a lo anterior, no asiste razón a la empresa cuando reprocha al fallo arbitral, el no estar debidamente motivado, y en tal medida, no se encuentra fundamento para anular la decisión cuestionada.

B. Desconocimiento del Decreto 89 de 2014.

La inconformidad del recurrente la sustenta en la ausencia de conflicto colectivo al interior de la empresa, en atención a que en el año 2015 se suscribió una convención colectiva de trabajo, que aplica a los trabajadores afiliados a Sinaltrametal, situación que llevó a desconocer el Decreto 89 de 2014, en tanto reconoce la representación sindical con una sola vigencia.

Al respecto, debe resaltar esta Corporación que después de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 357 y 376 del Código Sustantivo del Trabajo, para efectos de la negociación colectiva, con independencia de si se tiene la condición de mayoritaria, cada organización sindical tiene su propia representatividad, y en tal medida, válidamente pueden adelantar un conflicto colectivo hasta su culminación, lo que posibilita la existencia de varias convenciones colectivas de trabajo al interior de una misma empresa, tal como lo ha dicho esta Sala, entre otras, en la Sentencia CSJ SL 891 - 2017, Rad. 69721 ene. 25 de 2017, que reiteró la CSJ SL 8693 - 2014.

Además, contrario a lo sostenido por el recurrente, el Decreto 89 de 2014, implementó un mecanismo de unidad de negociación concentrada, de racionalidad y economía en el procedimiento, con el objeto de que “los diferentes pliegos de peticiones estén expresados y representados respectivamente, en la mesa de negociación y en la comisión negociadora” y en su artículo 1º, dispuso la posibilidad de que las organizaciones sindicales comparezcan con un solo pliego de peticiones, e integren conjuntamente la comisión negociadora, si así lo estiman pertinente, ello en ejercicio del principio de la autonomía sindical.

De allí que no sea correcto afirmar que la existencia de una convención colectiva de trabajo al interior de la empresa, signifique que no exista ningún conflicto colectivo con Sinaltrametal, pues ese Decreto reconoce el derecho de los trabajadores de crear organizaciones sindicales y de afiliarse a ellas, así como el de presentar pliegos de peticiones; lo que sucede es que apoya la concentración de negociación, razón por la cual, en su artículo 2º, insta para que en las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, se articule en forma progresiva las fechas de vigencia, para lograr la unidad de pliegos y de convención o laudo, situación que en nada comporta, como lo pretende el recurrente, la inexistencia del conflicto suscitado en este asunto.

Por lo visto, no se atenderá la solicitud de anular la totalidad del laudo arbitral.

De manera específica, se solicita la anulación de las siguientes clausulas:

2) Pliego de peticiones.

Indemnización.

Cláusula Especial de Indemnización. En La (sic) eventualidad de la terminación del contrato sin justa causa la empresa pagará a todos los trabajadores beneficiarios de esa convención la siguiente tabla de indemnización en caso de terminarse el contrato de trabajo sin causa legal:

Para aquellos trabajadores que hubieran prestado sus servicios continuos por más de un (1) año y hasta cinco (5) años, noventa (90) días por el primer año, más cuarenta (40) días por cada año adicional o proporcionalmente por fracción de año.

Para aquellos trabajadores que hayan prestado servicios continuos a la empresa por más de cinco (5) años y hasta diez (10) años, noventa (90) días por el primer año y sesenta y cuatro (64) días por cada año adicional o proporcionalmente por fracción de año.

Para aquellos trabajadores que hayan prestado servicios continuos a la empresa por más de quince (15) años, noventa (90) días por el primer año y sesenta y seis (66) por cada año adicional o proporcionalmente por fracción de año.

Se aclara expresamente que estas indemnizaciones comprenden lo concedido por la ley. Además no son acumulables sino totales según el número de años servidos y proporcionalmente por fracción de año.

2.1.) Laudo arbitral.

ART. Indemnización.—Para los trabajadores beneficiarios del Laudo Arbitral, vinculados a la empresa Prodenvases SAS., en caso de terminarse el contrato de trabajo sin justa causa legal, la empresa les pagará la indemnización por finalización del contrato en los términos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la empresa Prodenvases SAS. y Sintraime Seccional Medellín el 1 de marzo de 2001 de la siguiente manera:

Para aquellos trabajadores que hubieran prestado sus servicios continuos a la Empresa por más de dos (2) meses y hasta un (1) año, ochenta y tres (83) días de salario en total.

Para aquellos trabajadores que hubieran prestado sus servicios continuos por más de un (1) año y hasta cinco (5) años, ochenta y dos (82) días por el primer año, más treinta y siete (37) días por cada año adicional o proporcionalmente por fracción de año.

Para aquellos trabajadores que hayan prestado sus servicios continuos a la Empresa por más de cinco (5) años y hasta diez (10) años, ochenta y dos (82) días por el primer año más cincuenta y seis (56) día por cada año adicional o proporcionalmente por fracción de año.

Para aquellos trabajadores que hayan prestado servicios continuos la empresa por más de diez (10) años y hasta quince (15) años, ochenta y dos (82) días por el primer año y cincuenta y ocho (58) días por cada año adicional o proporcionalmente por fracción de año.

Para aquellos trabajadores que hayan prestado servicios continuos a la Empresa por más de quince (15) años, ochenta y dos (82) días por el primer año y sesenta (60) días por cada año adicional o proporcionalmente por fracción de año.

Se aclara expresamente que estas indemnizaciones comprenden lo concedido por la Ley. Además no son acumulables sino totales según el número de años servidos y proporcionalmente por fracción de año.

2.2.) Pliego de peticiones.

“ART. 43— Permisos Sindicales.

La empresa concederá a los trabajadores afiliados a la organización sindical los siguientes permisos remunerados:

a) Para asistir a las asambleas del sindicato por un tiempo de (5) horas para cada asamblea, por dos (2) veces al año.

b) Para asistir a cursos de capacitación sindical para todos los trabajadores afiliados y trabajadores directivos ciento noventa (190) días en total por año acumulables, de un año para otro. Estos permisos también aplican para las reuniones de todos los miembros de la junta directiva.

(…)

2.3.) Laudo arbitral.

“ART. 43—Permisos Sindicales. La empresa concederá los siguientes permisos remunerados a Sinaltrametal, que son parte en este Laudo Arbitral, así:

a) Para concurrir a la Asamblea del sindicato tres (3) horas, dos (2) veces por cada año de vigencia, siempre y cuando no afecte la producción normal de la Empresa.

b) Para asistir a las capacitaciones sindicales, a los congresos, plenums o asambleas sindicales de carácter regional y/o nacional, y para cumplir diligencias de carácter sindical, se concederán ciento cincuenta y un (151) días en total por año.

2.4) Argumentos de la impugnante.

Afirma que el fallo cuestionado se limitó a copiar las prestaciones con anterioridad reconocidas, duplicándolas en algunos aspectos, tales como fondos, auxilios y permisos sindicales, para una organización que solo cuenta con 34 afiliados en Barranquilla.

Advierte que no se solucionó un diferendo, por el contrario, se duplicaron permisos, y se extendió la tabla indemnizatoria, tema que fue objeto de regulación desde la fusión de empresas y que aplica a todos los trabajadores vinculados con Prodenvases SAS., “pero como fue decidido por los señores Árbitros, eventualmente puede traer como consecuencia que las personas de Barranquilla y de Medellín que venían en Crown se adhieran a esta convención para tener esa indemnización”, y para reforzar su argumento, rememora que en el año 2001 se realizó la unión de Crown Litometal y Prodenvases, dando lugar a Prodenvases Crown S.A., y que al unificar convenciones se pactaron prestaciones según la empresa de origen y destinatarios, entre ellas, la relativa a la indemnización; que en los términos en los que se concedió esa prerrogativa, se decidió más allá de lo pedido y no debatido, ya que se extendieron esos beneficios de indemnización a los afiliados a dicho sindicato.

Muestra su inconformidad respecto de los permisos sindicales, porque estos se encontraban regulados en la convención colectiva suscrita con Sintraime, que agrupa 72 trabajadores, y que en el fallo arbitral se reconoció la misma prestación, pero para una organización creada con la única finalidad de generar estabilidad en los fueros. Dice lo siguiente:

5. El Decreto (sic) 2351 de 1965 artículo 25, regula el trámite de cierre de la empresa, lo que se produce en 2015, y con ello que los permisos en los términos concedidos no sea equitativo, ya que lo que se configuró fue una simulación y fraude al derecho de asociación sindical y a la negociación colectiva, cuando existe en la empresa convención colectiva de trabajo vigente.

6. Es desproporcionado y sin equidad de creación de derecho, repetir un texto de convención anterior, para una empresa que se cierra en la ciudad de Barranquilla y aquí las prestaciones de vinculación hijos, restaurante, transporte, días de permiso en carnaval, cartelera, estabilidad, reintegro, ingreso de nuevos trabajadores, aguinaldo, aguinaldo para los hijos de los trabajadores entre otros.

7. Cuando la empresa se cierra en el 2015 y a quienes se les terminó el contrato, por no tener fuero sindical o de estabilidad de convención, se les indemnizó con la tabla legal, estas personas afiliadas a Sinaltrametal, por tener uno de estos fueros y su contrato va a finalizar cuando el juez autorice la terminación del contrato, previo un proceso especial, según este laudo tendrán adicionalmente esta tabla de indemnización, no hay equidad, es un enriquecimiento sin causa, que nace desde una asociación simulada en abuso y fraude al derecho, no hay trato igual a iguales.

2.5.) La oposición.

Advierte que la empresa pretende restarle fuerza al laudo arbitral, escudada en la inactividad en la ciudad de Barranquilla, olvidando que ese trámite fue declarado ilegal el 8 de julio de 2014, producto del proceso administrativo sancionatorio realizado por la Dirección Territorial del Atlántico; que a Sintraime no se le ha aplicado los beneficios reconocidos, y que los otorgados no son desproporcionados, en tanto obedecen a 4 años de lucha, sin que se puedan beneficiar dos veces de un mismo concepto.

En cuanto a la tabla indemnizatoria, aduce que lo manifestado por la empresa corrobora lo expuesto en su recurso de anulación, en atención a que se presenta un vacío que se puede prestar a varias interpretaciones, lo que generaría una controversia, y por lo tanto, al momento de desarrollar su recurso de anulación, solicita revisar este aspecto.

Que aun cuando se concedieron unos permisos sindicales para Sintraime, dispuestos ya en la convención colectiva de trabajo, es una situación que obedece a la intención de la organización sindical para que los mismos fueran concedidos, tal como sucede con el sindicato mayoritario.

V. Consideraciones.

El recurrente parte de la premisa del cierre de la empresa en la ciudad de Barranquilla, y con sustento en lo anterior, concluir que los permisos concedidos no son equitativos, en la medida que se configuró una simulación y fraude al derecho de asociación sindical y a la negociación colectiva, al existir convención colectiva de trabajo vigente, y que, además, es desproporcionado repetir un acuerdo convencional.

En lo referente a la indemnización por despido, sostiene que las personas afiliadas a Sinaltrametal, por tener fuero sindical, se beneficiarían de la tabla indemnizatoria ordenada en el laudo, lo que conllevaría a un enriquecimiento sin causa, que nace desde una asociación simulada en abuso y fraude al derecho.

En lo concerniente al cierre de la empresa, conforme a los documentos que obran en el expediente, la Resolución 04791 del 29 de octubre de 2014, en su parte resolutiva dispuso lo siguiente:

“ART. 1º.—Modificar. el artículo primero de la resolución (sic) 0253 del 21 de marzo de 2013, el cual quedará así:

“ART. 1º—Autorizar a la Empresa Prodenvases Crown S.A. (…), el cierre de la planta de producción de la ciudad de Barranquilla, (…), de conformidad con las consideraciones planteadas en el presente acto administrativo y como consecuencia de lo anterior Autorizar la terminación de los 26 contratos de trabajo, correspondientes a 23 cargos de su área operativa y 3 cargos del área administrativa, conforme con el estudio técnico económico que obra en el expediente.

(…)

“ART. 4º—Notifíquese a las partes intervinientes el contenido de la presente determinación, en los términos de los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, informándoles que contra esta decisión no procede ningún recurso, quedando agotada la vía gubernativa.

De cara a los reproches que formula la recurrente a los argumentos expuestos por la organización sindical, en cuanto que a su juicio el trámite de cierre de la empresa fue declarado ilegal, advierte la Sala, conforme al documento de folios 201 a 202, que ante el Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial del Atlántico, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Metal, Metalmecánica, Metalúrgica, Siderúrgica y afines —Sinaltrametal—, presentó una solicitud de investigación por cierre ilegal, para lo cual narró que el 11 de septiembre de 2011, el representante legal de Prodenvases Crown S.A. y/o Prodenvases SAS., requirió autorización para terminar los contratos de trabajo y cerrar la planta en la ciudad de Barranquilla, y que el Ministerio, mediante la Resolución 253 del 21 de marzo de 2013, resolvió afirmativamente esa petición, y advirtió que contra la misma procedían los recursos de reposición y apelación.

Fue así como las organizaciones sindicales Sintraprodenvasescrown y Sinaltrametal recurrieron dicha resolución, y no obstante que el acto administrativo con el que se autorizó el cierre de la empresa no se encontraba en firme, el 8 de julio de 2014, la administración central de la compañía, por conducto del Gerente General, así como del Gerente de Manufacturación, se presentaron en la planta de la ciudad de Barranquilla con el objeto de ofrecer transacciones laborales, bajo el argumento de que mantener la producción era inviable por el tema de costos, con lo cual, además, se pretendió extraer la maquinaria de ese lugar.

Lo anterior motivó que con la Resolución 0366 del 12 de noviembre de 2014, se iniciara procedimiento administrativo sancionatorio contra Prodenvases Crown S.A., y con Resolución 000149 del 5 de marzo de 2015, se le impusiera una multa de $22.552.250, porque se constató que no se estaba desarrollando actividad comercial, decisión que fue recurrida y confirmada mediante las Resoluciones 000277 y 000607 del 29 de abril y 26 de agosto de 2015, respectivamente.

Entonces, fueron dos situaciones independientes las que se originaron respecto a Prodenvases SAS., a saber: (i) la autorización de cierre de la planta en la ciudad en Barranquilla, y (ii) la sanción que se le impuso por vulnerar el ordenamiento jurídico laboral, lo que no implica, tal como lo entiende el opositor, que el permiso otorgado por el Ministerio de Trabajo hubiera sido declarado ilegal, pues para ello, y porque con la Resolución 04791 del 29 de octubre de 2014, se entendió agotada la vía gubernativa, lo pertinente era iniciar la respectiva acción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En perspectiva con lo anterior, esta Corporación, sustentada en los derechos de asociación y negociación colectiva, consagrados en los artículos 39 y 53 de la Constitución Política, así como en los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, recuerda que entre las finalidades de un sindicato, se encuentra aquella relativa a la de promocionar las mejores condiciones laborales de los trabajadores afiliados, quienes pueden hacerse acreedores de los beneficios obtenidos a través de una negociación colectiva, que termina con una convención, o con un laudo arbitral.

En tal medida, los árbitros no se equivocaron cuando decidieron el conflicto económico suscitado entre las partes, pues lo único que se autorizó fue el cierre de la planta de producción en la ciudad de Barranquilla, situación que no impedía adelantar una negociación colectiva con un sindicato válidamente constituido, con personería jurídica vigente, que representa a los trabajadores, y por consiguiente, podía promover conflictos colectivos de trabajo.

Ahora bien, y en lo que sí acompaña la razón a la empresa recurrente, es frente a los permisos sindicales previstos en el literal b) del artículo cuatrigésimo tercero del laudo, pues tiene decantado esta Corporación, que estos son una herramienta eficaz para el desarrollo de la actividad sindical, que encuentra su fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política, en concordancia con los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT, siendo, por lo tanto, deber del empleador otorgarlos, siempre que su concesión no afecte el normal funcionamiento de las actividades de la empresa. De allí que se ha sostenido que los árbitros tiene la facultad para pronunciarse sobre los mismos, siempre y cuando resulten razonables y proporcionados, tal como se dijo en la Sentencia CSJ SL 9347 - 2016, reiterada en la CSJ SL 8948 jun. 14 de 2017, rad. 76691, en la cual se dijo:

La Corte ha sostenido que los árbitros gozan de facultades para pronunciarse sobre el otorgamiento de permisos sindicales remunerados para atender las responsabilidades inherentes al ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical, en la medida que resulten razonables y proporcionados. En Sentencia de anulación CSJ SL17654-2015, 24 nov. 2015, al respecto se precisó:

(…) ha de recordarse que desde la Sentencia de anulación del 28 de octubre de 2009 rad. 40534, reiterada en Sentencias SL8693-2014 y CSJ SL 8896-2015, ha señalado la Sala que los árbitros pueden regular permisos sindicales remunerados para atender las responsabilidades inherentes a la ejecución del derecho de asociación y libertad sindical, siempre y cuando la decisión resulte razonable y proporcionada.

Se dijo en la última de las citadas, que el Tribunal de Arbitramento deberá tener en cuenta, en cada caso particular, entre otros aspectos, “que su concesión no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento, que no sean de carácter permanente, que tengan plena justificación, que sea sólo para atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical y, que esa decisión resista un juicio de razonabilidad y proporcionalidad, así como que el permiso sea racional y equitativo”.

Por manera que la Sala, y con sustento en la sentencia anterior, encuentra que el Tribunal, en la forma como otorgó los permisos sindicales del literal b) del artículo Cuadragésimo Tercero, “Para asistir a las capacitaciones sindicales, a los congresos, plenums o asambleas sindicales de carácter regional y/o nacional, y para cumplir diligencias de carácter sindical, se concederán ciento cincuenta y un (151) días en total por año.”, no consultó la razonabilidad y proporcionalidad que deben acompañar sus decisiones, dado que pasó por alto que el sindicato cuenta con 7 afiliados, tal y como lo dejó consignado el mismo Tribunal en el acta 7 de 2016, obrante a folios 207 y 208, siendo por tanto inequitativa la forma en la que los concedió. De todos modos, estos permisos quedan regulados conforme a los términos legales.

Por lo visto, se anulará esta disposición del laudo.

Entre tanto, otra suerte corre el literal a) del artículo recurrido, que otorga tres horas de permiso para asistir a las asambleas generales del sindicato hasta dos veces por cada año de vigencia del laudo, pues no se observa que la forma como el Tribunal los otorgó, esto es, supeditándolos a que no afectaran la producción normal de la empresa, resultara desproporcionada, en la medida que no rebasaron los límites que deben acompañar sus decisiones.

Frente al punto de la indemnización por despido, no se observa que los árbitros hubieran decidido más allá de lo pedido y debatido, pues dicho tópico se insertó en el pliego de peticiones (fl. 50), y para decidir, según se desprende de su motivación, acordaron adoptar la tabla consagrada en la convención colectiva de trabajo suscrita entre Prodenvases SAS. y Sintraime Seccional Medellín, la cual es inferior a la solicitada por Sinaltrametal, situación que no comporta una duplicidad de beneficios, en la medida que los trabajadores solo pueden beneficiarse de una convención colectiva de trabajo.

3) Pliego de peticiones.

“ART. 6 —Salario.

El salario se pagará con una vigencia contada a partir del 1º de enero de 2012.

La empresa incrementará el salario básico a los trabajadores que se beneficien de la presente convención colectiva y que estén prestando sus servicios a la misma el día del acuerdo así:

A partir del 1º de enero de 2012 en un 9% sobre los salarios básicos devengados en esa fecha.

(…)

3.1.) Laudo arbitral

“ART. 6:—Salario. Artículo Salario. Para efectos de este artículo, se tendrán en cuenta los incrementos salariales establecidos en la Convención Colectiva suscrita entre Prodenvases S.A.S. y Sintraime, así:

a) Para el año 2016: A partir del 15 de Febrero de 2016, el aumento será el índice de precios al consumidor (IPC) acumulado para el año 2015, más 1.3 puntos porcentuales, es decir, un incremento salarial del 8.07%.

b) Para el año 2017: A partir del 15 de febrero de 2017, el aumento será el índice de precios al consumidor (IPC) acumulado para el año 2016, más un punto porcentual, es decir, IPC + 1.

3.2.) Argumentos de la empresa.

Aduce que no es legal, ni jurídicamente posible, conceder efecto retroactivo a la cláusula que ordena un incremento salarial para una primera convención.

3.3) La oposición.

En su sentir, no se puede hablar propiamente de un retroactivo de salarios, ya que lo decidido solo propende por traer al presente los mismos aumentos graduales que han tenido los trabajadores beneficiarios de la convención suscrita con Sintraime.

VI. Consideraciones.

En cuanto al efecto retroactivo del salario para una primera convención, entiende la Corte que dicha inconformidad se refiere al artículo 6º del laudo arbitral, que trata sobre los incrementos salariales para los años 2016 y 2017.

Para dar respuesta a ese cuestionamiento, suficiente es señalar, que esta Corporación, de manera pacífica, ha asentado que aun cuando el laudo arbitral tiene efectos hacía el futuro, es viable que se adopten medidas retrospectivas, cuando el conflicto colectivo no se soluciona en la etapa de arreglo directo, y sea necesaria la intervención de un tribunal de arbitramento, con la finalidad de corregir un desequilibrio económico, tal como se dijo, entre otras, en Sentencia CSJ SL 7769 - 2016.

Así, no se observa error alguno por parte del Tribunal cuando decidió en la forma como lo hizo, respecto a los incrementos salariales.

4) Pliego de peticiones.

“ART. 39— Tiempo de Vigencia y Campo de Aplicación.

a) Tiempo de Vigencia.

La presente convención colectiva de trabajo se pacta con una vigencia contada desde el 1º de enero de 2012 hasta el 1o de enero de 2013.

(…)

4.1.) Laudo arbitral.

“ART. 39.—Tiempo de Vigencia y Campo de Aplicación.

a) Tiempo de vigencia. El presente Laudo Arbitral rige a partir de la firma y hasta el Quince (15) de marzo de 2018.

4.2.) Argumentos de la impugnante.

Cita la cláusula 39, e indica que solo debe operar desde su ejecutoria y no desde su expedición, y en consecuencia, debe ser anulado.

4.3.) La oposición.

En defensa de lo decidido por los árbitros, anota que fue un punto claro y sencillo para las partes, cobijado bajo un marco legal.

VII. Consideraciones.

No asiste razón a los reparos que realiza el impugnante a la decisión del Tribunal sobre la vigencia del laudo, pues, por regla general, y dada la finalidad de la convención colectiva, a la que se asemeja por cuanto fija las condiciones de los contratos de trabajo, las cláusulas dispuestas por los árbitros rigen a partir de su expedición.

Además, conforme al numeral 2º del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, corresponde al tribunal de arbitramento establecer el tiempo durante el cual el laudo tendrá efecto y vigencia, eso sí, sin exceder el término legal de dos años.

En tal medida, se observa que el laudo arbitral se profirió el 20 de mayo de 2016, y se dijo que tendría una vigencia, contada a partir de esa fecha, hasta el 15 de marzo de 2018, tiempo que está dentro del término máximo legal, por lo que no asiste razón al recurrente.

5. Pliego de peticiones.

“ART. 38 —Bonificación por Firma.

La empresa pagará a cada trabajador sindicalizado, la suma de quinientos noventa mil pesos ($590.000), como bonificación por la firma de esta convención Colectiva (sic) y la pagará inmediatamente se dé el acuerdo.

5.1. Laudo Arbitral.

“ART. 38.—Bonificación por Firma. La empresa entregará a cada beneficiario un auxilio económico, por una sola vez, no constitutivo de salario por valor de quinientos ochenta mil pesos ($580.000), con el pago de la próxima nómina.

PAR.—Los trabajadores que hayan recibido este beneficio, no podrán hacerse acreedor por segunda vez.

5.2. Argumentos de la impugnante.

A folio 8 a 21 del cuaderno de la Corte, el apoderado de la empresa solicitó su anulación, en atención a que esa contraprestación se repitió para duplicarla frente a personas a las que se les entregó de conformidad con la convención colectiva de la empresa.

No hubo oposición.

VIII. Consideraciones.

Cabe precisar que la inconformidad planteada respecto a la bonificación por firma se formuló extemporáneamente, pues el apoderado de la recurrente no se ocupó del mismo en su escrito con el que sustentó el recurso de anulación.

IX. Recurso de Anulación del Sindicato.

Se solicita la anulación del artículo segundo; del parágrafo del artículo trigésimo octavo; del literal b) del artículo trigésimo noveno; del literal a) del artículo cuadragésimo tercero; el artículo cuadragésimo quinto y el artículo cuadragésimo noveno.

En tanto al resolver el recurso de la empresa se transcribió lo relativo a la indemnización por despido sin justa causa, permisos sindicales, y bonificación por firma, no hay lugar a reproducirlos nuevamente.

1) Argumentos del impugnante relativos a la indemnización dispuesta en el artículo segundo.

Indica que su encabezado limita el acceso a los trabajadores a ser beneficiarios del mismo, en la medida que se encuentra supeditado “a estar vinculado a una determinada fecha con una empresa que en el presente inmediato no existe; y por otro lado, se remite para su aplicación a unos términos establecidos en una convención colectiva suscrita entre otra empresa como lo es Prodenvases, que de igual forma no existe”.

Que la redacción de ese encabezado, “al parecer tampoco acogería a todos los afiliados a Sintraime, dado que lo que se entiende es que aquel trabajador que no estuviese vinculado hasta la citada fecha, no estaría llamado a que dicha indemnización se le aplique”, presentándose una controversia que puede ser objeto de debate, y que debería atender la justicia ordinaria laboral, y en consecuencia, la redacción del encabezado de esa cláusula es desfavorable para la organización sindical.

1.2.) La oposición.

Más que atacar el recurso de anulación formulado por el sindicato, cuestiona el laudo arbitral en cuanto a la motivación de los fallos en equidad, la vulneración al derecho a la igualdad, en la medida que los árbitros extendieron lo acordado en la convención colectiva vigente, celebrada con Sintraime y Sinaltrametal, específicamente en lo relativo a la bonificación por firma, y la indemnización por despido, situación que también se predica respecto de las otras cláusulas cuestionadas por el recurrente, por lo que, al referirse a las mismas, se hace innecesario remitirse nuevamente a esta alegación.

X. Consideraciones.

No asiste razón a los reparos que formula el recurrente respecto al laudo arbitral que hoy ocupa la atención de la Sala, pues la posibilidad de beneficiarse del laudo arbitral es inicialmente posible para los afiliados al sindicato que dio origen al conflicto colectivo de trabajo, o en los términos de los artículo 470 y siguientes del C.S. del T., de donde se colige que la argumentación del sindicato recurrente no tiene la virtualidad para anular esta disposición.

2) Pliego de peticiones

“ART. 45— Auxilio al Sindicato.

La empresa auxiliará al sindicato firmante (Sinaltrametal) de esta convención colectiva, con la suma de novecientos mil pesos ($900.000) mensuales para el año de vigencia de esta convención colectiva.

Además entregará al sindicato firmante (Sinaltrametal) por una sola vez a la firma de esta convención colectiva, la suma de ($9.000.000).

2.1) Laudo arbitral.

“ART. 45.—Auxilio al Sindicato. La empresa auxiliará a Sinaltrametal, contratante de este Laudo Arbitral, con la suma (sic) Dos Salarios Mínimos por la vigencia del Laudo Arbitral.

Además entregará, por una sola vez a la firma del Laudo Arbitral, la suma de un millón de pesos ($1.000.000) para Sinaltrametal.

(…).

2.2.) Pliego de peticiones.

“ART. 39— Tiempo de Vigencia y Campo de Aplicación.

(…)

b) Campo de Aplicación.

Esta convención se aplica a todos los trabajadores al servicio de la empresa Prodenvases Crown S.A., o como se llame en el futuro y sus empresas filiales y asociadas y las que se creen en el futuro, siempre y cuando no lesione los derechos que la misma ley consagra a favor de estos trabajadores; cualquiera sea la forma de contratación.

La empresa retendrá la cuota establecida por los estatutos de los sindicatos, inclusive cuando el trabajador se encuentre incapacitado y de conformidad con la Ley, le entregará al tesorero de dicha organización en los diez (10) primeros días de cada mes.

Las partes convienen en que los empleados de carácter administrativo, que no se acojan a los beneficios de esta convención, solo podrán hacer uso de los servicios del restaurante y de los deportes, sin que por ello se entienda que se acogen a los beneficios de esta convención.

La empresa pagará a Sinaltrametal la suma de tres millones de pesos ($3.000.000) mensuales por los empleados no beneficiarios de ésta convención colectiva de trabajo, durante el año de vigencia.

Si se da el caso de que renuncien a la convención uno o varios de los trabajadores que están beneficiados de ella, el sindicato continuará recibiendo las cuotas sindicales correspondientes retenidas a esos trabajadores hasta el fin de la vigencia de la convención, si es que desean hacer uso de restaurante y de los deportes.

2.3) Laudo arbitral.

“ART. 39.—Tiempo de Vigencia y Campo de Aplicación.

a) Tiempo de vigencia. El presente Laudo Arbitral rige a partir de la firma y hasta el Quince (15) de marzo de 2018.

b) Campo de Aplicación: Este Laudo Arbitral rige para los trabajadores afiliados a Sinaltrametal, cualquiera que sea la forma de contratación, por consiguiente la Empresa retendrá la cuota establecida por los estatutos del sindicato, inclusive cuando el trabajador se encuentre incapacitado y de conformidad con la Ley, le entregará al tesorero de dicha organización en los diez (10) primeros días de cada mes.

El presente laudo beneficiará a los trabajadores de la Empresa Prodenvases S.A.S., afiliados a Sinaltrametal, en los términos de Ley.

Las partes convienen que los empleados de carácter administrativo o técnico que no se acojan a los beneficios de esta convención, podrán hacer uso de los servicios del restaurante y de la recreación y deporte, sin que por ello se entienda que se acogen o se benefician de este Laudo Arbitral.

2.4) Argumentos del impugnante.

Respecto al artículo trigésimo noveno, afirma que se eliminó lo concerniente “al pago que realiza la empresa a la organización sindical Sintraime por los empleados no beneficiarios y por otro lado de las cuotas que se continúan recibiendo hasta la terminación de la vigencia de la convención colectiva”, que sí se encontraba prevista en el acuerdo firmado con Sintraime, con el objeto de no dejar “a merced el uso desbordado para todo aquel trabajador que ingresando a laborar hiciera algunos servicios contemplados dentro de la misma, sin que la organización sindical se beneficiara del acceso por parte de aquellos a los mismos”, situación de la que no se percató el Tribunal, ya que, se limitó a “comprimir todo en un literal denominado “campo de aplicación” pero eliminando de raíz el complemento que versaba precisamente sobre el asunto que ahora nos ocupa y que es materia de rechazo dentro del recurso”, y con ello, desconoció lo previsto en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, en la medida que el trato es diferente para dos organizaciones sindicales, al negarle al sindicato minoritario recibir el auxilio que recibe el mayoritario.

Aduce que también se eliminó, de manera arbitraria, el auxilio reconocido para aquellos empleados de carácter administrativo o técnicos “hacia algunos servicios estipulados en la convención colectiva firmada con la organización Sintraime”, como también en el siguiente aparte que dice: “Si se da el caso de que renuncien a la convención unos o varios de los trabajadores que están beneficiados de ella, el sindicato continuara (sic) recibiendo las cuotas sindicales correspondientes retenidas a esos trabajadores hasta el fin de la vigente convención, si es que desean hacer uso de restaurante y de recreación y deportes” (resaltado del texto).

Concluye que el literal b) dejó a la voluntad de la empresa la aplicación del laudo, sin que se le auxiliara en los mimos términos que se logró con Sintraime.

Para solicitar la anulación del auxilio sindical, informa que se intentó “imprimirle una proporción con respecto a lo que establece el mismo articulado de la convención colectiva vigente 2016 - 2018”, la cual, en todo caso, “no se ajusta a una fórmula que muestre un resultado ajustado a la realidad”, en atención a que no se estableció que el mismo fuera mensualmente, “y por otro lado no siendo consecuente con respecto a lo que se le concede por Una Sola Vez a la mayoritaria organización cuando ocurre la firma de la convención, en este caso con el laudo arbitral” (negrillas y mayúsculas fuera de texto).

Expone que no se estipuló si ese auxilio debía cancelarse en determinado momento, y por lo tanto, su contexto, en la forma como fue dispuesto, debe ser interpretado, lo cual es inequitativo, más aún si se tiene en cuenta que su aplicación puede ser objeto de discusión entre las partes, y además, porque desde la presentación del pliego de peticiones — 29 de noviembre de 2012 —, la organización sindical ha tenido un decrecimiento en cuanto a sus afiliados.

XI. Consideraciones.

Recuerda esta Sala, según lo previsto por el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que la competencia de la Corte se limita al examen de la regularidad del laudo arbitral.

Por manera que si encuentra que los árbitros no se extralimitaron en sus funciones, le otorga fuerza de sentencia; pero, si ese pronunciamiento afecta derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales, lo procedente será anular las cláusulas viciadas, e igual sucede en los excepcionales casos de inequidad manifiesta.

Además, no le es permitido a la Sala, una vez anulada una cláusula, reemplazar a los árbitros con el fin de emitir una nueva decisión en equidad, porque su función, como ya se dijo, se circunscribe a verificar la regularidad del laudo, así como su legalidad. En tal medida, ningún beneficio reporta a la organización sindical que se anule lo dispuesto frente a la primera parte del auxilio sindical, en atención a la imposibilidad de esta Corte para actuar como fallador en equidad y emitir una decisión en reemplazo.

Respecto al auxilio que se dispuso fuera por una sola vez, se observa que la inconformidad del sindicato radica en que no se ordenó la misma suma que se le reconoció al sindicato mayoritario —Sintraime—.

Frente a ese argumento se reitera que los árbitros, al adoptar una decisión, deben respetar el principio de igualdad, circunstancia que en todo caso no significa que en el laudo deban concederse las mismas prerrogativas que se encuentran estatuidas a favor de otras organizaciones sindicales, por cuanto, después de realizar un examen sobre el pliego de peticiones y de lo consagrado en los convenios colectivos vigentes, debe propender por establecer si existe un problema de igualdad, y a partir de allí, adoptar una decisión que no involucre tratos discriminatorios, para lo cual, debe sustentarse en criterios objetivos, eso sí, sin perder de vista que los árbitros pueden tomar como referencia otras convenciones colectivas de trabajo o laudos arbitrales, sin que ello sea una camisa de fuerza, puesto que si no se acude a otros acuerdos colectivos como punto de referencia, no implica violación al principio de igualdad.

En Sentencia CSJ SL 18572 2016, al respecto se anotó:

En cuanto a la igualdad, supuestamente desconocida si se toma en cuenta lo acordado con el otro sindicato, si bien ha dicho la Sala que los consensos alcanzados con otras organizaciones de trabajadores pueden servir de referente al Tribunal para resolver, dejar de lado dicho parámetro no siempre traduce una afrenta al derecho a la igualdad. Recientemente, en Sentencia CSJ SL10212-2016, discurrió así la Sala:

Esta Corporación tiene dicho que los árbitros deben tomar en consideración, cuando sea necesario, lo estatuido en otras convenciones o pactos colectivos, vigentes en el respectivo ámbito laboral.

Por ejemplo en Sentencia de anulación CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 50995, la Corte sostuvo que los beneficios contenidos en una convención colectiva de trabajo que rigen en determinada empresa, pueden servirle de referencia o de parámetro a los árbitros en trance de solucionar un conflicto colectivo suscitado entre esa misma empresa y otro sindicato que en ella también funcione.

Sin embargo, la Sala en dicha providencia también sostuvo que “al tomar tal referencia los árbitros han de efectuar un juicio de igualdad, o sea, decidir teniendo en cuenta la prescripción fundamental contenida en el principio de igualdad y no discriminación. Ello no necesariamente significa que deban adoptar en el laudo exactamente las disposiciones de otros estatutos colectivos, sino que, luego de un examen cuidadoso de las peticiones consignadas en el respectivo pliego sometidas a su arbitrio, y de lo preceptuado sobre la materia en otros estatutos colectivos vigentes en el respectivo contexto laboral, diluciden si existe en juego un problema de igualdad —a la luz de los principios fundamentales ya señalados— y decidan —dentro de las posibilidades fácticas concretas, esto es, en forma ponderada—, de modo que en el laudo no se entronicen tratos discriminatorios, vale decir, tratamientos diferentes que no obedezcan a criterios objetivos. En otros términos, los tratos diferentes que se consagren en el laudo han de ser —se itera, mirando las características concretas— objetivos y debidamente justificados”.

En el asunto bajo examen se observa que la decisión atacada no fue adoptada de manera caprichosa, sino que fue fruto de un ponderado estudio no solo del principio de igualdad, sino que se soportó en sentencias tanto de la Corte Constitucional, como de esta Sala.

Nótese que los árbitros de una forma juiciosa analizaron las particularidades que hacen diferente a la planta de Tuta con las demás; luego la decisión no es discriminatoria, en la medida en que tuvieron como báculo motivos razonables, objetivos y legítimos para explicar que los trabajadores que allí prestan sus servicios se encuentran en un contexto laboral diferente a los otros, lo que descarta una decisión arbitraria e injusta.

Sobre el principio de igualdad y no discriminación en la contratación y los estatutos colectivos y su incidencia en el recurso de anulación, ver sentencia de anulación CSJ SL del 4 de dic. 2012, rad. 55501.

Igualmente debe memorarse no solamente que si los árbitros no acogen en su integridad las decisiones de otros estatutos colectivos, ello no implica necesaria y rigurosamente que el laudo sea inequitativo, como lo pretende hacer ver el recurrente, sino también que no existe ninguna norma constitucional o legal, y menos una contenida en una convención colectiva, que le imponga a los arbitradores el deber inexorable de acceder a lo pretendido por el sindicato o por los trabajadores que buscando mejorar sus condiciones generales de trabajo generan el conflicto colectivo.

En tal medida, no se observa que el auxilio único afecte el derecho a la igualdad, en la medida que el Tribunal, aun cuando tomó como parámetro la convención colectiva suscrita con Sintraime, para imponer esa obligación, se percató de la existencia de otros documentos, así como de las intervenciones realizadas por las partes.

Es así como en la presentación realizada por la empresa, se detalla que 72 trabajadores se encontraban afiliados al sindicato mencionado, mientras que solo 7 lo estaban respecto a Sinaltrametal, de allí que no se observe un trato discriminatorio frente a esta última organización, en la medida que el rubro a cancelar a la firma del laudo, se hizo en perspectiva al número de empleados que la conforman.

Lo relativo al derecho a la igualdad, también es válido respecto al tiempo de vigencia y campo de aplicación, pues, lo que se cuestiona es que no se hubiera previsto sobre el reconocimiento de $4.879.200 y $5.098.764 por la vigencia del laudo para los empleados no beneficiarios de la convención colectiva, así como el pago de las cuotas de aquellos trabajadores que renuncien a la convención colectiva, en el evento que estos quisieran hacer uso del restaurante, de la recreación y deporte, ya que cada organización presenta situaciones diferentes, en atención a su número de afiliados, sin que la determinación del Tribunal se muestre inequitativa, menos que afecte el derecho a la igualdad.

Por lo tanto, no se anularán esas disposiciones.

3) Argumentos del impugnante relativos a los permisos sindicales.

En cuanto a los permisos sindicales, manifiestan que son abiertamente inequitativos, en atención a que se apartan de lo dispuesto en la convención colectiva 2016-2018 suscrita con Sintraime, y porque se suprimieron aquellos necesarios para atender diligencias de carácter sindical, y se le adicionó con “una especial condición como lo es “siempre y cuando no afecte la producción normal de la empresa”, la cual no existe dentro del pliego de peticiones, como tampoco del acuerdo colectivo que le sirvió de referencia, con lo cual, se vulnera el derecho de reunión, agrupación, y el de asociación sindical.

XII. Consideraciones.

Como quiera que el literal b) del artículo cuatrigésimo tercero será anulado, conforme a las consideraciones expuestas al resolver el recurso de la empresa, la Sala se atiene a lo dicho en precedencia.

Igual consideración se hace en punto al literal b) ibídem, que por las razones expuestas con antelación, no se anulará

4. Pliego de peticiones

“ART. 38—Bonificación por Firma.

4.1 Laudo arbitral.

“ART. 38.—Bonificación por Firma. La empresa entregará a cada beneficiario un auxilio económico, por una sola vez, no constitutivo de salario por valor de quinientos ochenta mil pesos ($580.000), con el pago de la próxima nómina.

PAR.—Los trabajadores que hayan recibido este beneficio, no podrán hacerse acreedor por segunda vez.

5. Pliego de peticiones.

5.1) Laudo arbitral.

“ART. 49—No duplicidad de beneficios: En el evento en que un trabajador beneficiario de este Laudo Arbitral hubiere recibido ya un Auxilio o un Beneficio establecido en otra Convención Colectiva, no tendrá derecho a recibirlo nuevamente.

5.2) Inconformidad del recurrente.

Frente al artículo trigésimo octavo, reprocha que aun cuando se tomó como referencia la convención colectiva 2016 -2018, suscrita entre Sintraime y Prodenvases SAS., antes Prodenvases Crown S.A., se adicionó un parágrafo que establece una condición para hacerse acreedor al auxilio económico, situación que desborda la competencia del Tribunal en la medida que esa circunstancia “no existe en el pliego objeto del conflicto colectivo y mucho menos existe en la convención arriba mencionada”; que el hecho de que en la empresa coexistan dos sindicatos, siendo uno de ellos mayoritario —Sintraime—, no implica que los trabajadores tengan una duplicidad de beneficios, ya que, con la inexequibilidad de los artículo 357 y 376 del Código Sustantivo del Trabajo, y con lo dicho en Sentencia con radicación 33988, se descarta la preocupación de los árbitros, de que los trabajadores se beneficien de dos convenciones.

En cuanto al artículo cuatrigésimo noveno, aduce que por la circunstancia de existir al interior de la empresa dos organizaciones sindicales, no por ello puede concluirse que los trabajadores “vayan a tener duplicidad de beneficios”, y reitera los argumentos expuestos frente al artículo trigésimo octavo.

XIII. Consideraciones.

Rememora la Sala que los árbitros en sus fallos, no pueden afectar los derechos reconocidos en la Constitución Política, las leyes, ni en las convenciones cuando se consolidaron situaciones subjetivas concretas o porque no fueron propuesta de variación por la parte legitimada para ello, tal como se dijo en Sentencia de anulación CSJ SL 4206 2017, providencia, donde además, se expresó:

Igualmente, esta Corte ha enseñado con profusión, que los derechos y facultades que no pueden afectar los árbitros con sus fallos son: (i) los reconocidos en la Constitución Política, tales como el de propiedad y demás derechos adquiridos, el de asociación, reunión, huelga y todos aquéllos que establecen directa o indirectamente un régimen de protección al trabajo y garantizan al empresario el ejercicio de su actividad; (ii) los reconocidos por las leyes cuando desde el punto de vista del trabajador constituyen un mínimo que no puede afectarse y los que por ser de orden público son irrenunciables; y respecto del empleador los que emanan de su calidad de subordinante, de propietario y director de la empresa y establecimiento, y (iii) en relación con los convencionales son aquéllos que por haber consolidado situaciones subjetivas concretas o que por no haber sido propuesta su variación por parte legalmente habilitada para hacerlo, deben ser respetados en el laudo.

Entonces, a la luz de lo estatuido en el mencionado artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, el marco de competencia de los árbitros, se circunscribe a decidir sobre los puntos respecto de los cuales no se hubiera producido acuerdo entre las partes en la etapa de arreglo directo, esto es, su obligación es la de emitir un pronunciamiento de fondo en torno a los temas propuestos y que generaron su convocatoria. Dicho en breve: el Tribunal de Arbitramento desborda su competencia cuando resuelve temas sobre los cuales hubo acuerdo entre las partes, o simplemente no fueron objeto del conflicto colectivo de trabajo y, por ende, no se incluyeron en el pliego de peticiones.

De conformidad con lo anterior, cabe precisar que el Tribunal, al haber dispuesto en el parágrafo del artículo trigésimo octavo y en el cuatrigésimo noveno, cláusulas relativas a la no duplicidad de beneficios, no excedió su competencia, pues esta restricción está contemplada en la misma ley y ha sido objeto de infinidad de pronunciamientos de esta Corte, en tanto solo es posible beneficiarse de una sola convención colectiva de trabajo o de un solo laudo arbitral.

En efecto, ha dicho la Sala, cuando en una empresa coexistan varias convenciones colectivas de trabajo, los trabajadores sólo pueden beneficiarse de una de ellas, la que más convenga a sus intereses, sin que se pueda perder de vista que frente a la suscripción de diversas convenciones por parte no solo de sindicatos minoritarios sino de cualquier organización sindical, cada afiliado en principio será beneficiario de la convención que suscriba el sindicato al cual pertenezca, tal como quedó fijado en la Sentencia de anulación con radicación 33988 del 29 de abril de 2008, con lo cual también se descarta la posibilidad de que los trabajadores promotores del presente conflicto puedan resultar beneficiosos de más de una convención colectiva de trabajo.

Por manera que no pueden ser de recibo los argumentos expuestos por el apoderado judicial del sindicato, y en consecuencia, no se anularán estas cláusulas.

XIV. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

ANULAR del laudo arbitral proferido 20 de mayo 2016, con el que se dirimió el conflicto colectivo económico de trabajo, suscitado entre Prodenvases SAS., antes Prodevanses Crown S.A. y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Metal, Metalmecánica, Metalúrgica, Siderúrgica y Afines -Sinaltrametal- Seccional Barranquilla, el literal b) del artículo cuatrigésimo (sic) tercero. No lo Anula en lo Demás.

Cópiese, notifíquese, publíquese y remítase al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia».