Sentencia SL11215-2017/52906 de julio 25 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL11215-2017

Rad.: 52906

Acta 03

Magistrado ponente:

Dr. Carlos Arturo Guarín Jurado

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil diecisiete.

Extractos« IV. Recurso de Casación

Interpuesto por Emilsen de las Mercedes Castro Castrillón, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones

El Tribunal fundamentó la decisión de absolver a la demandada, con el argumento de que a pesar que la demandante se hallaba inmersa en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, perdió dicho beneficio, al trasladarse del régimen de prima media con prestación definida, al régimen de ahorro individual con solidaridad, y no contar con 15 años de cotización antes de la entrada en vigencia de esa ley. (fls. 70-81)

Adicionó requisitos no previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para negar su derecho a la pensión de vejez, pues dicha norma regula tres situaciones diferentes, no concomitantes, para ser beneficiario del régimen de transición, sin que establezca la exigencia de 15 años de aportes a la entrada de dicha ley, cuando la mujer satisface 35 años de edad. (fls. 7-10 cuaderno de casación)

La réplica, a su turno, enrostra a los ataques yerros que conspiran contra su prosperidad y, en general, defiende la legalidad del segundo fallo de instancia. (fls. 26-29 cuaderno casación)

En cuanto a las falencias técnicas que se enrostran al cargo, debe decir la Sala que no las advierte, pues la censora cumplió con la carga de concretar el error jurídico que le endilga a la sentencia que ataca, señalando la interpretación que, en su criterio, debe hacerse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Sin embargo, superada la discusión formal planteada por la réplica, desde ya se advierte que el cargo está llamado a fracasar, pues el tribunal no incurrió en el error de apreciación jurídica que se le señala.

En efecto, la censura, que no cuestiona las conclusiones fácticas de la sentencia, pasó por alto que la norma aplicable al caso no es el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como lo indicó, sino el inciso 4º del mismo precepto, que fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia CC C-789 de 2002, que previó la pérdida del régimen de transición para aquellas personas que, gozando de él, se trasladaran del régimen pensional de reparto simple al de ahorro individual con solidaridad, con la precisión, de que solo quienes deciden retornar al de prima media con prestación definida y hubiesen prestado servicios o cotizado por 15 o más años, con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, pueden recuperarlo.

Así lo ha dicho esta Corporación, por ejemplo, en la Sentencia CSJ SL9163-2017, que reiteró lo expuesto en sentencias CSJ SL5339- 2016, reiterada en la CSJ SL16356-2016, en la que concluyó:

[…] la población beneficiaria del régimen de transición que no lo pierde por el hecho del traslado al régimen de ahorro individual, es aquella que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones tenía 15 o más años de servicios, lo que significa que los afiliados que eran beneficiarios de esa excepcional regulación por razón de su edad sin la concurrencia de la temporalidad exigida, pese a su retorno al régimen de prima media con prestación definida, pierden la posibilidad de pensionarse bajo la égida de las disposiciones legales anteriores a la Ley 100 de 1993.

Por tanto, el cargo no prospera.

Las costas del recurso extraordinario serán a cargo de la demandante recurrente, pues su acusación no salió avante. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C, el treinta (30) de junio de dos mil once (2011), en el proceso que instauró la Emilsen de las Mercedes Castro Castrillón contra el Instituto de Seguros Sociales Liquidado, hoy Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones—.

Costas en casación, como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».